Las muchas guerras del Centauro

Con la paz aún lejana, pero reclamada con urgencia, el Estado guatemalteco, ese Centauro avasallador, emprende batallas en todas direcciones y desarrolla sus muchas y variadas guerras con un único objetivo: no perder su poder.

Gonzalo Guerrero

Junio fue un mes de enfrentamientos. El ejército le ganó un pulso importante al ministerio público y al estado de derecho oponiéndose a la exhumación del cadáver del guerrillero Efraín Bámaca, supuestamente enterrado en un cementerio clandestino detrás de un destacamento militar en San Marcos. Mientras, en el departamento de El Quiché, 300 refugiados que retornaban de México a su pueblo se enfrentaban con campesinos militarizados del lugar. La confrontación dejó varios heridos. Un día después, las patrullas de autodefensa civil tomaron como rehenes a cinco extranjeros para presionar al gobierno a negociar con ellos. Y durante todo el mes, los seguidores del General Efraín Ríos Montt se enfrentaron con la clase política del país, con el gobierno, con el Tribunal Supremo Electoral y con la Corte de Constitucionalidad, en lo que parece ser un último capítulo en la lucha del Frente Republicano Guatemalteco para llevar a la Presidencia de la República a su candidato General.

Estado guatemalteco: un monstruo bifronte

El hilo que une todos estos conflictos es lo que el sociólogo guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra calificaba ya hace años como la coexistencia en el país de "diversas posturas, enfrentadas entre sí, aun cuando coinciden en un propósito común: derrotar política y militarmente al movimiento revolucionario, y a partir de esto, fortalecer y consolidar al Estado".

El Estado se legitima con un Ministerio Público que investiga la muerte de un guerrillero a manos del ejército, pero los militares se niegan a aceptar que alguien se inmiscuya en sus actividades contrainsurgentes. Retornan miles de refugiados, lo que muestra que el gobierno busca "promover un proceso de reconciliación y construir las bases para una paz firme y duradera", pero el ejército sigue adiestrando a los campesinos organizados en patrullas para que ataquen a los retornados considerándolos guerrilleros disfrazados.

Los conflictos de Ríos Montt contra todas las instituciones son producto de las divergencias entre dos proyectos políticos: uno, autoritario y paternalista y los demás, aperturistas, modernizantes y algo más tolerantes, pero nacidos ambos de las mismas entrañas del Estado. Un Estado que Figueroa Ibarra caracteriza como "una entidad mitad bestia, mitad humana, monstruo bifronte o centauro avasallador". Todas las contradicciones son manifestación de esa "centaurización" del Estado guatemalteco.

Esqueletos desconocidos

Después de recibir informaciones de ex oficiales del ejército guatemalteco, de un ex guerrillero y de informantes del gobierno de Estados Unidos, el fiscal del Ministerio Público inició la búsqueda de los restos del guerrillero Efraín Bámaca en los alrededores del destacamento militar Las Cabañas, aldea La Montañita, departamento de San Marcos.

Acompañado de antropólogos forenses, de representantes de la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), de la viuda de Bámaca, Jennifer Harbury, y de periodistas nacionales y extranjeros, el fiscal, Julio Arango Escobar, se presentó al destacamento el 13 de junio para iniciar la exhumación. El comandante del destacamento, Coronel Fernando Sáenz Bran, les negó el permiso para actuar si no llevaban la orden de un juez, procedimiento considerado innecesario bajo el nuevo código procesal penal. Para evitar problemas, el fiscal fue a buscar la orden. Nuevo obstáculo: en una actitud inexplicable, el Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, Ramsés Cuestas, dio plazo de un solo día para la exhumación, lo que imposibilitó una búsqueda que hubiera abarcado cientos de metros cuadrados. Cuando los forenses señalaron esta limitación, la exhumación fue cancelada.

No todos se sintieron decepcionados. Según el Vicepresidente de la República, Arturo Herbruger, "sólo iban a encontrar esqueletos desconocidos". Sin querer, el cínico comentario de Herbruger coincidió con el testimonio de varios vecinos del destacamento que afirmaban que durante muchos años el ejército usó esos terrenos para arrojar los cadáveres de sus víctimas.

El caso Bámaca es un ejemplo elocuente de la existencia de un estado "bifronte". El fiscal Arango ha sido víctima de numerosas amenazas de muerte y después de la fallida exhumación sufrió un atentado cuando hombres desconocidos dispararon contra las ventanas de su oficina desde un carro. Lo innovador de quienes se oponen a la investigación es haber incorporado a sus tácticas recursos legales. Los abogados de los oficiales encausados por el caso Bámaca han lanzado acusaciones en contra de Arango, afirmando que es simpatizante de la guerrilla y que tiene predisposición en contra de los militares y clara parcialidad en su investigación. Y pidieron que Arango fuera removido del caso. En conferencia de prensa, Ramsés Cuestas insistió en que Arango continuaría con el caso, pero no logró explicar convincentemente a los periodistas por qué había imposibilitado la exhumación dando un plazo de sólo 24 horas.

El largo retorno

El gobierno de Guatemala y los propios refugiados guatemaltecos en México han calificado 1995 como "el año del retorno". En lo que va del año, 5,376 refugiados ya han regresado al país. Otros 6 mil están negociando su inminente retorno y se espera que antes de que termine el año, 17 mil más regresarán, después de 14 años de vivir en campamentos en el sur de México.

Aunque el ritmo de retorno se ha acelerado durante el gobierno de De León Carpio, la decisión de regresar parece ser independiente de las condiciones que les esperan en Guatemala. Los retornados se quejan de falta de apoyo del gobierno, de incumplimiento de los compromisos adquiridos con las comisiones permanentes de refugiados y del rechazo de los terratenientes y hasta de algunos de los campesinos que han ocupado las que fueron sus tierras. Pero regresan. El 28 de junio, un grupo de más de 300 refugiados fueron violentamente rechazados por patrulleros de autodefensa civil cuando llegaban a su aldea de origen, San Antonio Tzeja, en el municipio de Ixcán, en El Quiché.

La historia comenzó el 18 de abril. Ese día, 64 familias salieron de México de regreso a sus parcelas en San Antonio y San Juan Ixcán. Su retorno fue precedido de largas negociaciones con el gobierno de Guatemala, con representantes de ACNUR y con los campesinos que habían ocupado las parcelas abandonadas en el éxodo a México. Estos campesinos aceptaron un arreglo: el gobierno les entregaría nuevos terrenos y les pagaría por las mejoras que habían hecho en las parcelas.

Pero cuando los retornados llegaron a La Mesilla, en la frontera México Guatemala, se enteraron de que el jefe de la patrulla de autodefensa civil de San Antonio, Raúl Martínez, había destruido las viviendas construidas para ellos y estaba amenazando con no permitirles la entrada e incitando a los vecinos en su contra. Para evitar problemas, los retornados fueron a Cantobal, Alta Verapaz, donde se hospedaron en la iglesia del pueblo a la espera de un arreglo con los patrulleros. Pero, a pesar de las promesas oficiales de que se desarmaría a los patrulleros de San Antonio y a pesar de una orden de captura en contra de Martínez por amenazar a miembros de ACNUR, pasaron dos meses sin lograr un arreglo definitivo.

El 26 de junio, después de 67 días alojados en la iglesia de Cantobal, los retornados decidieron regresar y no esperar más. El 28, a la entrada de la aldea, Raúl Martínez y los patrulleros los atacaron. En el enfrentamiento, varias personas sufrieron heridas de machete. Desde la capital, el gobierno mandó dos pelotones antimotines de la policía y cinco miembros de organizaciones internacionales llegaron a negociar con el grupo de Martínez. Pero en lugar de resolver el conflicto, los extranjeros fueron tomados como rehenes por Martínez y los patrulleros, que exigían negociar con el gobierno.

Sólo con armas blancas

Los rehenes fueron liberados después de 26 horas y a pesar de la orden de arresto en su contra y de la cantidad de agentes de seguridad que había en la zona, Martínez logró evadir la captura.

Al día siguiente se organizó una reunión entre el comandante de la base militar, los patrulleros, los retornados, el gobierno, MINUGUA y ACNUR. Los patrulleros trataron de convencer a todos de que los refugiados son guerrilleros y afirmaron que el ejército les había dado orden de dispararles. Cuando el coronel de la base les corrigió, un patrullero aclaró: "Sí, es cierto, en la base nos dijeron que solamente podríamos usar armas blancas en contra de los refugiados". El coronel quedó callado y el resto de los reunidos, atónito.

En los meses anteriores al conflicto, un patrullero de San Antonio Tzeja había resumido así a unos periodistas la situación en el norte del Quiché: "Los últimos 14 años de guerra han sido como una escuela para nosotros. No vamos a bajar nuestra guardia". Las 64 familias de los refugiados quedaron acampadas a medio kilómetro de su aldea, esperando que la paz llegue a San Antonio Tzeja.

Maniobras del General

El telón parece estar cayendo para el General Efraín Ríos Montt. Los últimos intentos de inscribirlo como candidato a la Presidencia han fallado y en lugar de ganarle apoyos han consolidado a las fuerzas que se le oponen.

En su estrategia final, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Ríos Montt ha buscado desprestigiar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tratando de influir para que se elija a nuevos magistrados más tolerantes con la candidatura del General. A la vez, han tratado de tachar a su principal contrincante, el Partido de Avanzada Nacional (PAN), de partido "oficial" que recibe apoyo económico del gobierno.

Los resultados de estas maniobras han sido un boomerang. Cuando el partido acusó al presidente del TSE de nepotismo, los medios de comunicación recordaron que la hija de Ríos Montt trabajaba como secretaria de la Presidencia del Congreso, al lado de su papá. Cuando diputados del FRG presentaron un casette con conversaciones telefónicas que supuestamente vinculaban al PAN con el gobierno, saltó en el país el tema del delito de espionaje telefónico y el acento se puso en la ilegalidad del FRG al obtener y usar la grabación. Todas las maniobras legales o no tan legales que ha emprendido el FRG han terminado mal. Mientras las puertas se están cerrando para la candidatura de Ríos Montt, las encuestas mas recientes muestran que un creciente sector de la población está perdiendo interés en el partido del General.

Sin embargo, la torpeza con que han actuado los seguidores de Ríos Montt pudiera obedecer a una estrategia cuidadosamente preparada. Con todos los caminos legales ya cerrados, tratarían de crearle al General la imagen de un líder político popular acosado por el sistema tradicional. No se puede descartar la posibilidad de ver a los líderes del FRG en los tribunales o en la cárcel, como una manera de añadir tintes dramáticos a su situación para así aumentar su caudal político.

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ENFRENTANDO AL CENTAURO

"No basta con desmilitarizar al Estado y a la sociedad en su conjunto. Es preciso fortalecer a la sociedad civil para que tenga la capacidad y posibilidad de ocupar los espacios antes detentados por la militarización y para coadyuvar a satisfacer las necesidades de la población.

El desequilibrio entre el ejército y el resto de instituciones del Estado ha impedido el desarrollo de tres características básicas de toda sociedad democrática:
* La existencia de un sistema político representativo.

* La vigencia efectiva de un sistema de administración y
justicia basado en el respeto de los derechos humanos.

* La existencia de un sistema de seguridad ciudadana basado
en la convivencia pacífica y en el bienestar de los habitantes.

Transición del ejército actual al ejército en una sociedad democrática

El fortalecimiento del poder civil conlleva la reconversión de las funciones del ejército e implica hacer un análisis de nuestra realidad nacional. En un plazo no mayor de dos años después de la firma de paz.

* El ejército no debe realizar actividades de desarrollo, ni en otro campo que no sea el de la defensa de la soberanía nacional.

* Debe trasladarse a los ministerios y organismos correspondientes la maquinaria, equipo y material, actualmente en poder del ejército y que es destinado a obras de desarrollo social (salud, educación, infraestructura, etc.).

* El Estado y la Sociedad Civil deben analizar conjuntamente las actuales funciones del ejército para adaptarlas a la realidad nacional:

- Funciones relativas a la Defensa Nacional.

- Reducción progresiva y funcional del ejército.

- Revisión del curriculum en los centros militares, orientado a fortalecer la formación cívica, jurídica y de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos específicos y culturales de los pueblos que habitamos Guatemala.

* Debe desmantelarse la fábrica de materiales bélicos.

* Debe readecuarse la política de adquisición de armas y equipos militares a la nueva función del ejército.

* Las demandas de desarme real deben aplicarse tanto al ejército como a otras fuerzas (PMA, PAC, EMP y otros) y en su momento, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), mediante mecanismos de verificación, deberá entregar las armas y municiones, señalando buzones o lugares donde las guardaron las mismas durante el enfrentamiento armado interno.

(De la Propuesta de Consenso presentada por la Asamblea de la Sociedad Civil a las pláticas Gobierno-URNG).

Comisionados: un vacío

El 30 de junio día del ejército en Guatemala el Presidente De León Carpio anunció la disolución de la institución de los comisionados militares. Los comisionados militares, que durante mas de tres décadas fueron "la encarnación del poder militar en el microcosmos social" según el analista Edgar Gutiérrez y que cuentan con 15 25 mil miembros, han sido "el poder real" en las comunidades rurales. Los comisionados han recogido información de inteligencia para los militares, han dirigido el reclutamiento forzoso en los pueblos y hasta en las más remotas comunidades han representado al ejército, la institución más poderosa del país. En muchos casos han dirigido directamente la represión en contra de las comunidades. En las zonas más conflictivas, el comisionado militar había sido ya reemplazado por el comandante de las patrullas de autodefensa civil. La decisión tomada por el gobierno hace un año de eliminar el reclutamiento forzoso redujo también el papel de los comisionados.

La reciente decisión presidencial se dirige fundamentalmente a satisfacer a la comunidad internacional, que durante años ha estado insistiendo en la supresión de los comisionados y de las patrullas, por considerar a estos grupos armados como violadores de los derechos humanos. La supresión del comisionado podría crear una especie de vacío político en las comunidades, afirma Gutiérrez. "Podría dar paso a una camada de líderes políticos locales, una suerte de Ríos Montt en chiquito". "Una militarización sin armas", opina.

La noticia de la disolución de los comisionados se dio dos días después de los ascensos militares del año. Una cosecha de medallas benefició a la corriente "modernizante" o "reformista", que ya está al timón en muchas de las decisiones del Alto Mando. El único ascenso a General a pesar de varias vacantes fue para el Jefe del Estado Mayor Presidencial, Coronel Otto Pérez Molina. No hubo ni una promoción a Coronel, lo que confirmó la existencia de lo que se conoce como una peligrosa y exagerada "barriga" en el cuerpo de oficiales. Varios analistas ven en ella un potencial factor de desestabilización para el proyecto "institucionalista" en vigor.

Millones para la paz

Las negociaciones de paz no registraron avances notables durante el mes de junio. Sin embargo, la comunidad internacional ofreció un apoyo financiero importante para consolidar los esfuerzos por poner fin al conflicto armado. 19 países y varias agencias multilaterales se comprometieron a entregar 153 millones de dólares en donaciones y 400 millones en préstamos concesionales para proyectos de inversión social y de infraestructura. La cantidad equivale al 40% del presupuesto guatemalteco para 1994.

La ayuda llega en un momento especialmente delicado del proceso de paz. De acuerdo con fuentes cercanas a las pláticas, los avances en el tema actualmente en discusión Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria están siendo obstaculizados por la fuerte oposición de sectores empresariales. En particular, los empresarios están en desacuerdo con las propuestas de la URNG de crear un impuesto sobre tierras ociosas y de ampliar la definición constitucional de propiedad incorporando el concepto de su función social.

Con el aval del FMI

El hermetismo que rodea las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno ha aumentado las sospechas y las inquietudes de los grupos más conservadores del sector privado. "Si como consecuencia de estas pláticas se violan derechos ciudadanos, acudiremos a los recursos necesarios para defender el futuro de Guatemala", amenazaron recientemente los empresarios de la Coordinadora Nacional Agropecuaria (CNA).

Todo tipo de dudas sobre el real contenido de las discusiones alimenta la oposición a las negociaciones con la guerrilla que ha mantenido siempre este sector agroexportador. "Si la extorsión, la destrucción y los ataques a la autoridad continúan de parte de la subversión, las pláticas de paz deben suspenderse de inmediato", clama la CNA. Dos aspectos de la intervención de la comunidad internacional en el proceso de paz podrían reducir la suspicacia del sector privado. Las propuestas del gobierno y de la URNG están pasando por un proceso previo de discusión de ambas partes con representantes de organismos multilaterales Banco Mundial, FMI, BID y CEPAL . Así, los acuerdos finales tendrán el aval de estas poderosas instituciones.

Por otro lado, la millonaria ayuda de la comunidad internacional servirá para financiar los gastos sociales del Estado sin que éste tenga necesidad de recurrir a mayores impuestos. Esto podría evitar al gobierno la continuación de su desgastadora batalla con el sector privado en torno a la reforma tributaria. En marzo, el sector privado logró impugnar los nuevos impuestos aprobados a fines de 1994, con lo que Guatemala sigue siendo el país de América Latina donde los ricos pagan menos impuestos.

Nuevo Frente político

El primero de julio se formalizó la creación del Frente Democrático Nueva Guatemala, con el apoyo de numerosos líderes populares y sindicales y miembros de partidos progresistas. El Frente ha logrado unir en un proyecto político electoral a muchos de los sectores que históricamente han rechazado las elecciones por considerarlas un mecanismo de legitimación del Estado que no deja espacio a alternativas que respondan a las necesidades populares.

En las próximas semanas el Frente elegirá a sus candidatos para las elecciones, convocadas para el 12 de noviembre. Entre los que se mencionan como candidatos presidenciales está Alfonso Bauer Páiz, asesor legal para los refugiados guatemaltecos en México y Ministro de Agricultura durante el gobierno de Jacobo Arbenz, y el economista Gert Rosenthal, actual director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL.

Las posibilidades de éxito del nuevo Frente dependen en gran parte de su capacidad para ganarse al 80% de los 3.5 millones de empadronados que se abstuvieron de votar en las últimas elecciones. Y de sus esfuerzos por empadronar a un millón de guatemaltecos más, que aún no están registrados. De hecho, varios de los grupos populares integrados en el Frente ya han empezado a inscribir votantes en áreas de conflicto. Y mientras el Padrón Electoral ha crecido sólo en un 11% a nivel nacional en los últimos 5 años, en el norte del Quiché (Ixcan y Chajul) a donde ya llegó el Frente los listados de votantes han crecido en un 30%.

Está aún pendiente la incógnita URNG elecciones. Aunque los líderes del nuevo Frente no se oponen a la participación de las organizaciones guerrilleras en su proyecto, existe el temor de que esto pudiera dar pretextos para desatar una ola de represión contra el Frente.

En su declaración inaugural, el Frente critica "el modelo económico actual, con raíces en el siglo pasado, que se caracteriza por ser excluyente, dependiente y pone en pocas manos la propiedad de la tierra y los bienes de capital y mantiene una creciente concentración de la riqueza y del ingreso, frente a un empobrecimiento creciente de la mayoría de la población".

Y plantea "la necesidad de privilegiar el protagonismo de la sociedad civil para lograr el bien común, fundamentado en el respeto a la identidad y derechos de los pueblos maya, garífuna, xinca y ladino, y en la equidad de género".

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