Panamá
Se acabó la luna de miel
La llegada del "pueblo al poder" llenó de esperanzas a los panameños. Ahora, ya todo ha cambiado. Muchos ya ven que las políticas económicas no sólo no los favorecen sino que están planeadas para sacarlos del juego.
Ricardo G. Montenegro
Puede ya afirmarse que la luna de miel del gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares llegó a su fin. Después de más de medio año de "tregua", diferentes sectores del país han comenzado a pronunciarse, cada vez con más fuerza, en reacción contra las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo y avaladas por la "aplanadora perrediana" en el Legislativo.
Una herencia pesada y complejaCuando el gobierno del "Toro" Balladares asumió el poder el 1 de septiembre, se encontró con un panorama económico sombrío. Y aunque es cierto que a inicios de los 90, Panamá ocupaba uno de los primeros lugares entre los países latinoamericanos por su crecimiento económico algo más del 9% , este crecimiento distó mucho de ser sostenido, al punto que en 1995 se estima que será inferior al 4% anual. Y no fue equitativo. El desempleo afecta hoy al 13% de la población económicamente activa sin tomar en cuenta a los subempleados y la pobreza golpea al 50% de los panameños.
Otra faceta sombría: las principales actividades nacionales de exportación se encuentran en crisis. El Canal de Panamá mantiene una tasa de crecimiento anual de sólo un 2%. El oleoducto ha decrecido en un 60% en los últimos 4 años. La producción bananera, debido a los conflictos comerciales con la Unión Europea, se encuentra estancada (0%). La Zona Libre ha sido la única actividad con crecimiento aceptable: 21%.
En lo que respecta a la producción interna, el sector de la construcción, principal vitalizador de la economía panameña, está próximo al agotamiento. Y la recesión en la construcción está afectando sustancialmente a la rama de la industria vinculada a ella, la más floreciente dentro del sector industrial.
El gobierno pretendía sustituir el vacío que dejará la disminución de la actividad de construcción de viviendas con los proyectos de construcción de la carretera Panamá Colón y los corredores Norte y Sur, pero ambos proyectos tienen meses de retraso. La producción agropecuaria históricamente la actividad más abandonada en Panamá está viviendo un período de incertidumbre como consecuencia de las políticas de liberalización de precios de los productos del campo impulsada en los últimos años.
Y también el "efecto tequila". La crisis mexicana está provocando no sólo la desviación hacia México de las inversiones externas sino también de las inversiones de los nacionales. Los altos incentivos que México está ofreciendo para revitalizar su maltrecha economía perjudican a Panamá. Esta es la compleja herencia que se encontró Pérez Balladares al llegar a la silla presidencial.
Modelo agotado: por quéEl gobierno es consciente de que el modelo económico que ha sido impulsado en Panamá en los últimos años se encuentra agotado. Pero la interpretación que hace de las causas de este agotamiento es errada. Según la versión oficial, la principal causa son las distorsiones macroeconómicas creadas por las políticas proteccionistas impulsadas por el propio Estado, que obstruyen el libre funcionamiento del mercado. El proteccionismo estatal tendría dos manifestaciones básicas:
* Excesivos incentivos al capital a través de subsidios, altos aranceles y tarifas impositivas, que no han permitido la práctica de una libre competencia en Panamá.
* Una legislación laboral que ofrece excesivas garantías y privilegios a los trabajadores, lo que genera un aumento exagerado en los costos de producción y un alza en los niveles de desempleo.
Nuevas reglas del juegoComo fórmula para remediar estos problemas el gobierno ha decidido una serie de acciones que crearían "las condiciones necesarias de libre mercado para incentivar la inversión efectiva de capital privado y poder abrir nuevos espacios de exportación". La meta es generar divisas y revitalizar la economía. Con esta lógica, está implementando una serie de acciones. Destacan:
* Liberalizar el mercado interno de forma rápida (shock) y universal (sin favorecer a ningún sector en especial).
* Liberalizar la competencia, sacando del juego al Estado y potenciando al empresario privado.
* Privatizar los bienes públicos.
El gobierno panameño hace una distinción implícita entre "empresarios administradores" y "empresarios capitalistas". Las políticas proteccionistas de los gobiernos anteriores habrían fomentado el predominio de "empresarios administradores": gente que no ha logrado desarrollar su capacidad de innovación para adaptarse y hacer frente con éxito a las expectativas reales del mercado porque nunca se ha visto en la necesidad de competir. Esta situación ha creado una seudo cultura capitalista que habría sido responsable en parte de la situación de estancamiento económico que vive el país.
Ante esto, el gobierno ha optado por incentivar al capital modernizante nacional y transnacional (sector financiero, bancario, minero, turístico) en claro detrimento del capital tradicional (industrial y agropecuario), históricamente subsidiado y con pocas posibilidades de afrontar con éxito la arremetida de un mercado abierto y competitivo. Según esta lógica, los pequeños productores del campo y la ciudad ni siquiera están siendo tomados en consideración y pasan a la categoría de los "excluidos". Las nuevas reglas del juego buscan incentivar a los "empresarios capitalistas" innovadores y arriesgados, con la esperanza de que serán éstos quienes en el mediano plazo se convertirán en los pilares de una economía panameña fuerte y competitiva.
Cambio de leyesImplementar la mayoría de estos cambios exige modificar el marco legal vigente en Panamá. El gobierno ha impulsado dos tipos de acciones:
* Crear la Ley de universalización de los incentivos fiscales, con el argumento de que el Estado debe crear condiciones de libre competencia en donde no se favorezca ni perjudique a ningún sector en especial.
* Impulsar la Reforma al Código del Trabajo, planteando la necesidad de modernizar la legislación laboral para que esté en consonancia con las nuevas exigencias de la economía mundial.
Existe otra reforma que, aunque impulsada por el anterior gobierno, cae como anillo en el dedo de las actuales metas gubernamentales: la Ley de reforma tributaria de 1991, que gradualmente "universalizó" las tarifas arancelarias en materia de impuesto sobre la renta a las empresas. La ley rompe la antigua norma de "quien más gana, más paga", favorece claramente a las grandes corporaciones y afecta negativamente a la pequeña y mediana empresa, como lo muestra el cuadro.
La intención es clara. La "universalización" abre las puertas a un mundo de "libre y sana competencia" que requiere un certificado de membresía, cuyo precio no todo el mundo puede pagar. La Ley de universalización de los incentivos establece que los usuarios de la Zona Libre deberán aportar al fisco nacional un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas. Antes sólo pagaban el 8%. "Se acabó la Zona Libre de Colón": ésta fue la afirmación de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre en reacción contra el nuevo tributo impuesto por el gobierno.
Crisis en la Zona LibreDurante varios meses, el gobierno y los "zonalibreros" desarrollaron una batalla campal a través de los medios de información, exponiendo sus razones. Los zonalibreros sostenían que un impuesto de ese tipo los pondría en desventaja con otras zonas libres de América Latina y afirmaban que, de aprobarse la ley, se daría una emigración masiva de capital hacia otras áreas, lo que haría crecer la tasa de desempleo del país.
Obviamente, la ley fue aprobada. Ahora nos toca esperar los resultados de su implementación, que no parecen fáciles de prever en el corto plazo. Un primer signo es que la empresa Samsung, distribuidora de electrodomésticos, anunció ya su intención de trasladarse a Miami porque le resulta más rentable esa ciudad.
¿Coincidencia o consecuencia? Las políticas de reforma tributaria y de universalización de los incentivos tienen como objeto ofrecer mejores condiciones para la inversión de capitales. Tal vez lo logran, pero a un costo muy alto. Al conceder a los empresarios el pago de menos impuestos, las entradas del gobierno han mermado sustancialmente, al punto de que el fisco tiene actualmente un déficit que supera los 10 millones de dólares. Con el aumento del impuesto a la zona libre sector en pleno auge el gobierno espera cubrir ese déficit.
Celulares: el colmoEn medio de todos estos debates sobre nuevas leyes, causó inmenso disgusto a la opinión pública la actitud de la mayoría de los parlamentarios, que no sólo aprueban leyes que van contra los intereses populares, sino que también utilizan su condición para obtener provecho personal. No les basta con tener salarios que sobrepasan los 10 mil dólares mensuales o el derecho a importar vehículos de marca exonerados de impuestos, sino que en el marco de las discusiones de una ley que establece derechos de uso de frecuencia de telefonía celular incluyeron en uno de los artículos el derecho de cada legislador a adquirir gratuitamente dos teléfonos celulares. ¿El argumento? Así podrán "estar comunicándose continuamente con sus bases". Más bajo no podían caer.
Hablan las encuestasEl 4 de julio salió a luz pública el resultado de unas encuestas realizadas por la Empresa Dichter & Neira y por el Consejo Editorial, la Unidad Investigativa y la Dirección del diario "La Prensa". Algunas de sus conclusiones:
* El 49% de los encuestados está de acuerdo con la reforma al Código Laboral. Un 37.4% se opone.
* El 74.2% está de acuerdo con que los sindicatos obreros participen en las negociaciones para reformar el Código.
* El 51.3% afirma que la economía nacional se ha mantenido igual desde la llegada del nuevo gobierno. El 28.5% dijo que había mejorado y el 20.2% que había empeorado.
* En cuanto a la popularidad del gobierno, el 58.9% dijo tener buena impresión, contra un 27.9% que habló de mala impresión.
La encuesta revela también que el desempleo es considerado el mayor problema que enfrentan los panameños y que las políticas para combatirlo son vistas como ineficientes, que crece la desconfianza en la justicia panameña, que se opina que la Asamblea va de mal en peor, que se cree que está disminuyendo la eficiencia gubernamental contra la corrupción y que el plan económico sigue siendo desconocido.
Y los gringos, ¿se van o se quedan? En noviembre, se quiere celebrar en el país algo más que una encuesta. Un plebiscito nacional para determinar si las bases militares estadounidenses deben permanecer en Panamá más allá del año 2000, cuando se harían realidad los acuerdos canaleros. Lo curioso es que esta consulta no la está promoviendo ni el gobierno ni la oposición ni ningún sector de la sociedad civil, sino un panameño nacionalizado estadounidense que vino desde Miami siguiendo instrucciones del senador Jesse Helms. El jurásico Helms está convencido de que este plebiscito aclarará de una vez por todas las dudas, tanto del gobierno de Estados Unidos como del panameño, en lo que respecta al deseo de la mayoría de seguir o no protegidos por el paraguas del Pentágono.
Esperanzas frustradasNo cabe duda de que el actual gobierno alimentó un mar de expectativas en la población, cansada de soportar durante cuatro años a un gobierno incompetente y corrupto. La llegada del "pueblo al poder" ofreció al nuevo gobierno un largo período de gracia para implementar el plan de desarrollo integral para todos que tanto predicó en su campaña electoral. Hoy las cosas ya cambiaron. A diez meses de gobierno del PRD, las promesas incumplidas han frustrado las esperanzas de muchos sectores de la población. Las políticas económicas no sólo no los favorecen sino que ya van viendo que han sido planeadas con la intención de excluirlos del desarrollo nacional.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica