Guatemala
"Luchamos como hormigas contra un elefante"
Después de la euforia de enero por el retorno triunfal de 2,400 refugiados, febrero y marzo fueron meses muy tensos para quienes los apoyaron y para quienes presionaron para que Guatemala fuera castigada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reunida en Ginebra.
Emma G. Martínez
Una nueva ola de amenazas y agresiones contra la prensa, las organizaciones de derechos humanos y el movimiento popular se ha desatado en el país. Los ataques y amenazas se aceleraron en cuanto se acercaba la decisión en Ginebra de pasar a Guatemala de la categoría 21 -país donde las violaciones no son sistemáticas- a la 12, donde son sistemáticas y organizadas y requieren en nombramiento de un Relator, lo que se considera como una sanción. Este año la decisión sobre el caso Guatemala fue más reñida que en otras ocasiones por la presión de la Comunidad Europea y de muchas organizaciones nacionales e internacionales, empeñadas en sancionar a Guatemala. A pesar de las presiones, la comisión optó al final por dejar a Guatemala en la categoría 21 y por prorrogarle el mandato a Christian Tomuschat, experto independiente en derechos humanos de la ONU.
La tensión nacional aumentó con el reinicio del diálogo entre la URNG y el gobierno guatemalteco en México, después de meses de estar estancado. Como de costumbre, las pláticas de febrero fueron acompañadas por una ola de bombas en la capital y de declaraciones de ambos bandos. Después de reunirse con la URNG en México antes de las pláticas, varios dirigentes de partidos políticos recibieron amenazas de muerte de un grupo conocido como "Oficiales del Ejército". En un comunicado, este grupo acusó al gobierno, al Estado Mayor y a los políticos de estar "negociando el futuro de las fuerzas armadas".
¿Quién pagará la cuenta de Ginebra?"La organización de Naciones Unidas puede ser cómplice de las futuras violaciones a los derechos humanos en el país, entre las que no se desechan hechos de sangre como los sucedidos durante los últimos 30 años", declaró Rosalina Tuyuc, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) a un diario local.
La decisión adoptada en Ginebra de no castigar a Guatemala fue lamentada por muchos sectores, en particular por las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo. Y aunque la Comunidad Europea declaró que era "una vergüenza", los gobiernos latinoamericanos, liderados por México y la nueva administración norteamericana, consiguieron favorecer al gobierno de Guatemala. En Ginebra, fueron Cuba y Haití los únicos países de América Latina castigados, a pesar de las graves violaciones que se cometen en otros países.
El obispo Gerardi habla en GinebraLa jerarquía católica fue ambivalente ante lo decidido en Ginebra. En su discurso ante la Comisión de la ONU, el obispo auxiliar de ciudad Guatemala, Monseñor Juan Gerardi, señaló la responsabilidad del Estado en los ataques lanzados contra la prensa y los organismos de derechos humanos. En particular, cuestionó la voluntad del Presidente Serrano para mejorar la situación: "Debo señalar con mucha pena que ciudadanos con alta responsabilidad en el Estado no muestran una actitud que contribuya a madurar el marco institucional y participativo. Esfuerzos serios para informar y debatir son asumidos como ataques personales o conjuras subversivas".
Gerardi añadió que las estadísticas citadas en diferentes informes sobre las violaciones a los derechos humanos sólo eran "la punta del iceberg". Pero a pesar de esta crítica, una semana antes de la decisión en Ginebra, la Iglesia cambió su discurso. Gerardi dijo que una condena a Guatemala dañaría más a la población que al gobierno y "quien pagaría los platos rotos sería el país porque se disminuirían muchas fuentes de desarrollo".
Meses antes de la reunión de Ginebra, varios sectores nacionales fueron blanco de atentados con el fin de acallarlos. En noviembre y diciembre, la campaña se concentró en la prensa guatemalteca, con amenazas y ataques a varios periodistas, bombazos a asociaciones de prensa y asaltos contra distribuidores de ciertos medios. Uno de los casos más sonados fue el exilio el 10 de febrero de Omar Cano, reportero del diario Siglo Veintiuno. Cano - que había regresado de cubrir el retorno de los refugiados a Ixcán - salió del país después de amenazas de muerte contra él y su hijo de diez años. Con Cano son tres los periodistas nacionales que han tenido que abandonar el país durante el gobierno de Serrano.
Estas amenazas contra variados sectores fueron acompañadas por una vociferante campaña de desprestigio de parte del ejército en contra de defensores de los derechos humanos, dirigentes del movimiento popular y extranjeros. En febrero y marzo, la campaña se centró en Rosalina Tuyuc, a quien el ejército acusa de haber sido guerrillera. Cada día más, Tuyuc se proyecta como una dirigente política a nivel nacional. El organismo que dirige, CONAVIGUA, está llevando a cabo una campaña en contra del reclutamiento forzoso.
No hay nada nuevo en este tipo de persecución, lo novedoso está en la reacción de Tuyuc y de otros. En vez de abandonar el país, como ha sido costumbre en estos casos, Tuyuc rechazó las acusaciones públicamente y exigió que el ejército presentara pruebas. Ante la furia expresada por el Ministro de Defensa, General José García Samayoa, por semejante atrevimiento de parte de una mujer indígena, Tuyuc echó mas leña al fuego y lo retó a un debate público en la televisión. Bastante molesto, el Ministro declinó.
"Estamos luchando contra un monstruo muy grande, como hormigas en contra de un elefante. Es tan difícil enfrentar una acusación de esta naturaleza. Muchas veces uno se siente tan sola y lo primero que piensa es: cuándo me van a matar. Querían que al siguiente día me hubiera marchado. Pero nuestro pueblo tiene dignidad y yo pertenezco a una organización de mas de 13 mil mujeres. Si yo salgo, ¿qué pasa con las demás? Nosotras entendemos que este revanchismo se debe a que tomamos el tema del reclutamiento forzoso. Eso le ha de doler mucho al ejército", explicó Tuyuc.
Victoria Veinte de EneroLos refugiados que retornaron en enero al Polígono 14 en Ixcán eligieron líderes locales y bautizaron su nuevo hogar "La Comunidad Victoria Veinte de Enero". Demostrando esa gran organización y unidad que las autoridades guatemaltecas tanto temen, han transformado en dos meses el lugar, de ser sólo un claro en la selva hasta convertirlo en una aldea con clínica, escuela, centro de reuniones y un concurrido mercado.
Los vecinos de los retornados, militares de un destacamento situado a 7 kilómetros, tenían bien preparada "la bienvenida". Durante la segunda semana de estancia en la nueva comunidad, empezaron los sobrevuelos del lugar con helicópteros y patrulleros civiles rodeaban el Polígono. El 15 de febrero, los retornados enviaron una pequeña comisión de tierras a explorar el área que les pertenecía, para escoger parcelas. La comisión tropezó con una patrulla militar que interrogó a los representantes, que decidieran abandonar su misión y regresar a la aldea. En el camino, cerca de donde habían encontrado la patrulla, un retornado pisó una mina que explotó a medias y le causó heridas leves.
Inmediatamente, el gobierno y el ejército acusaron a la URNG de haber minado el área para echarle la culpa al gobierno a nivel internacional. Los retornados acusaron al ejército por la presencia de la patrulla y también porque un destacamento militar estaba ubicado dentro del Polígono desde año y medio antes de que llegaran los refugiados. Una semana antes de la llegada de los refugiados, el Presidente Jorge Serrano había ordenado el retiro del destacamento, según lo establecido por el gobierno en los acuerdos con los refugiados en octubre/92, decisión que seguramente provocó rechazo entre los militares locales.
Es conocido que hace años el área fue minada, tanto por la guerrilla como por el ejército. Según un funcionario de la Comisión Nacional para la Atención a Repatriados, Refugiados y Desplazados, el ejército había limpiado el área de minas antes de la llegada de los refugiados y argumentó que el incidente demuestra la necesidad de que haya fuerzas armadas dentro de la comunidad, porque sólo los militares tienen capacidad de desactivar explosivos. "El ejército tiene que hacer un rastreo y limpiar el área. Los retornados tienen que comprender y reflexionar sobre el papel del ejército en este lugar", declaró.
Pronto, el ejército empezó a pasar la factura a los que habían apoyado el retorno. El 23 de febrero, las Comisiones Permanentes (CCPP), que representan a los refugiados, denunciaron que residentes de Chisec e Ixcán habían recibido amenazas de muerte por parte de patrulleros civiles. Cientos de chisequeños se habían volcado a las calles a darle una calurosa bienvenida a los refugiados cuando la caravana paró una noche allí. Por esto, los patrulleros los acusaron de ser guerrilleros. Otro grupo de refugiados que debían haber retornado en febrero a una zona de Huehuetenango, pospusieron el viaje por tiempo indefinido. El gobierno no ha podido comprarles tierras en esta área, donde los gastos se han quintuplicado por la especulación de grandes finqueros, que esperan beneficiarse al máximo con el retorno.
Comunidad en resistenciaEn términos de repatriación, Guatemala es un país con una puerta giratoria: mientras algunos regresan a su país, otros siguen yéndose por la puerta trasera y en medio de la noche. El 21 de febrero, más de mil indígenas de las Comunidades de Población en Reistencia (CPR) huyeron de los bombardeos del ejército en el norte del Quiché, buscando refugio en Chiapas, México. Doce niños llegaron heridos de bala. Las CPR son miles de indígenas que se refugiaron en las montañas durante los 80, convirtiéndose en refugiados internos. Han sobrevivido por su alta organización y capacidad de desplazarse ante el constante acoso del ejército, que les acusa de ser la base social de la guerrilla. En enero y febrero, el ejército lanzó una ofensiva militar en la zona de las CPR.
Con escenas que reviven el horror de los 80, soldados del ejército guatemalteco incursionaron en territorio mexicano al menos cinco veces en marzo, persiguiendo a estos nuevos refugiados, según denunció el gobierno de México. Los refugiados fueron protegidos por funcionarios de ACNUR y los ONGs. Cuando las autoridades mexicanas les preguntaron a unos "kaibiles" - tropas élite del ejército de Guatemala, famosos por su sanguinario comportamiento - qué hacían un kilómetro dentro de territorio mexicano, contestaron que andaban perdidos. Después de una protesta oficial de la cancillería mexicana, el ejército de Guatemala admitió que habían cruzado la frontera. El Ministro de Defensa aclaró entonces que "a México solo se penetró, no se incursionó" y que "la penetración fue accidental".
Los ataques a las CPR y las incursiones vinieron después de la primera visita masiva que por tierra realizaron a las CPR 410 representantes de organizaciones nacionales e internacionales entre el 15 y el 25 de febrero. El objetivo del viaje fue apoyar a las CPR en la apertura de un camino para que puedan comercializar sus productos y salir del aislamiento. Esto no fue muy bien visto por el ejército, que se resiste a reconocer a estas comunidades como civiles. Apenas el grupo de visitantes abandonó el lugar, empezaron los ataques verbales y físicos en contra de sus integrantes. El Ministro de Defensa acusó a los extranjeros que participaron de "manipular a la población y de actuar de una manera abusiva y arrogante", advirtiendo que "los que siembran tormentas y espinas, cosecharán tormentas y espinas".
Carlos Ranferi Gómez, un líder sindical que participó en la visita, fue baleado y herido gravemente al regreso del viaje, en un bus público que fue parado por varios hombres armados y enmascarados que le arrebataron un video que él había filmado en las CPR, y que después le dispararon a quemarropa. No robaron ni atacaron a los otros pasajeros. El video contenía múltiples denuncias hechas por miembros de las CPR, información que supone una condena de muerte para los que aparecen en esas imágenes. Las organizaciones populares responsabilizaron de este hecho al ejército, por ser el único grupo con algún motivo para llevarlo a cabo y porque la policía nacional no ayudó a la víctima ni persiguió a sus asaltantes. Este comportamiento es frecuente en misiones de inteligencia militar. El vocero militar, Capitán Yon Rivera, dijo que lo ocurrido fue un "típico asalto".
Justicia "a la chapina"El caso judicial de Michael Devine, considerado por la embajada norteamericana y algunas organizaciones de derechos humanos como otra prueba del inoperante sistema legal, dio un giro negativo en febrero. Devine, un ciudadano norteamericano que vivía en el Petén, fue asesinado por militares en 1990. Algunos militares guatemaltecos declararon entonces que Devine era un agente de la CIA.
Enrique González Rodríguez, abogado de la viuda de Devine, desapareció durante tres días a finales de febrero, para después aparecer en un hospital con múltiples fracturas y en estado semicomatoso. González tenía que realizar la vista pública del caso el 9 de marzo y sólo "apareció" después de que la embajada norteamericana expresó públicamente su preocupación, advirtiendo que si no lo encontraban vivo, esto perjudicaría la decisión en Ginebra. Antes de su desaparición, el abogado había recibido varias amenazas de muerte.
Diferentes versiones circularon en la prensa guatemalteca, especulando que González había sido secuestrado por las fuerzas de seguridad. Según la versión oficial, González sufrió "un accidente de tránsito" y fue llevado al hospital por los bomberos el 28 de febrero, el mismo día de su desaparición, pero como no llevaba identificación, el hospital no tenía a quién avisar. Días después, cuando González empezó a hablar, declaró que todo había sido un accidente.
La embajada norteamericana expresó dudas sobre esta versión y no tiene mayores esperanzas en el juicio. El capitán Hugo Roberto Contreras - según unos soldados fue él quien ordenó el asesinato de Devine - resultó absuelto por un tribunal militar. Contreras es un oficial de inteligencia con amigos poderosos cercanos al Presidente Serrano. Estos oficiales de inteligencia operan como un clan dentro del ejército y siempre se defienden unos a otros.
Sin embargo, el caso Devine no está cerrado. Cuatro soldados de una base del Petén que fueron absueltos declararon posteriormente que Contreras había ordenado el asesinato. Los cuatro quisieron declarar en la vista pública, pero su salida de la base militar fue obstaculizada por el comandante. Ellos lo denunciaron después y pidieron protección del arzobispado y de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ahora los cuatro están en el cuartel general de la capital en calidad "de huéspedes" para su protección.
Nunca antes miembros del ejército habían pedido la protección de la Iglesia católica y actualmente existen en Guatemala varios casos judiciales en los que soldados rasos están siendo sentenciados por haber cumplido las órdenes de sus superiores. El hecho de pedir protección a la Iglesia podría ser una señal de que la base del ejército, en su gran mayoría indígena y reclutada forzosamente, está empezando a reaccionar en un país en donde no puede olvidarse que hace 30 años la guerrilla se inició a partir de una escisión en el ejército.
Cayó el primer ladrillo del muro de la impunidadEl 12 de febrero, la jueza del proceso judicial por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack sentenció al ex-sargento Noel de Jesús Beteta a 30 años de prisión por haberlo cometido. Cuando asesinó a Mack, Beteta estaba trabajando en una unidad élite de inteligencia militar en el Estado Mayor Presidencial.
"No tengo miedo, ni he recibido amenazas", dijo la jueza, Carmen Figueroa, mientras su labio inferior temblaba visiblemente. Ella fue la decimotercera jueza en llevar este proceso, después de que sus antecesores rechazaron el caso o renunciaron por las presiones y amenazas. Durante el proceso, ya de dos años y medio, 6 testigos se han exiliado y unos 30 periodistas guatemaltecos han recibido amenazas de muerte por cubrir el caso. José Mérida Escobar, jefe del departamento de homicidios y autor del informe policíaco que señaló a Beteta como principal sospechoso, fue asesinado frente al cuartel general de la policía en 1991.
"Cayó el primer ladrillo del muro de la impunidad. Es una sentencia histórica, sin precedentes. La condena es también para la política de terror de 30 años impulsada por el Estado Mayor Presidencial. Pero hemos ganado sólo una primera batalla y esperamos seguir librando las demás hasta que quede firme la sentencia. Queremos llegar a los autores intelectuales del crimen. Los reglamentos militares son muy claros y los jefes inmediatos deben responder por sus subordinados. Beteta no pudo haber matado a mi hermana sin recibir una orden", dijo Helen Mack, hermana de la víctima. Mack añadió que apelaría la sentencia porque estipula el cierre de los procesos judiciales pendientes en contra los superiores de Beteta, entre ellos el General Hector Godoy Gaytán, ex jefe del Estado Mayor Presidencial.
La sentencia se dio justamente en los momentos en que el gobierno guatemalteco quería mejorar su imagen a nivel internacional por la decisión en Ginebra. Beteta también está apelando la sentencia y muchos dudan que realmente cumplirá los años de cárcel a los que se le condenó. Se le ha visto fuera de la cárcel en varias ocasiones, donde recibe un trato preferencial. La prensa local le llama el "Pablo Escobar" de Guatemala. En enero, funcionarios del ministerio de salud fueron a visitarle y fue grande su asombro cuando les dijeron que no se encontraba en aquel momento. El joven parece tener una bien agitada agenda social...
El proceso sigue atravesado de tensiones y hay nuevas amenazas contra los testigos. Los trabajadores del centro de investigación AVANCSO -donde Myrna Mack laboraba- han sido amenazados de muerte y están siendo vigilados. En febrero dos testigos claves tuvieron que salir del país por amenazas.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica