Nicaragua
Ultraderecha: 10 meses a la ofensiva
En los tres primeros meses del año la situación ha sido de creciente polarización. La política de confrontación que desde 1992 venía impulsando la ultraderecha, Liderada por Alfredo César, Virgilio Godoy y el Alcalde Arnoldo Alemán polarizó a toda la sociedad.
Equipo Envío
La ofensiva de la ultraderecha ha tenido bases objetivas en las que montarse. Los muchos efectos negativos del plan económico del gobierno, los problemas derivados de la no resolución del asunto de la propiedad y la insatisfacción que genera en diversos sectores la política del gobierno de no cumplir los acuerdos a los que llega son tres pilares sobre los que ha podido asentarse con solidez la embestida ultraderechista que ha caracterizado la más reciente coyuntura.
Pero no sólo existen condiciones objetivas. También las hay subjetivas. Y van desde lo que la UNO considera incumplimiento por parte del gobierno de lo que era el programa de esta coalición hasta la discusión que existe entre sus dirigentes políticos sobre cuáles son y hasta dónde llegan los espacios del FSLN tras su derrota electoral y si éstos deben o no ser respetados o en qué medida hacerlo.
Presiones de la ultraderecha sobre Clinton Estos y otros elementos objetivos y subjetivos han sido explotados eficazmente por la ultraderecha nicaragüense, especialmente ante el gobierno de los Estados Unidos - el pasado y el actual - y más especialmente, ante sus sectores más ultraderechistas, que se han mostrado muy activos en presionar al recién estrenado gobierno de Clinton para que llegue en Nicaragua a una definición que sea favorable a sus intereses.
Todos los sectores políticos nicaragüenses - el gobierno, la UNO, el FSLN, los contras, los recontras, los recompas y los revueltos, todos sin excepción - consideran y declaran que el país necesita estabilidad y paz, que es urgente una reconciliación entre los nicaragüenses y que sólo dando garantías a todos y a cada uno de los sectores nacionales se podrá asegurar que Nicaragua entre en una etapa de recuperación económica y posteriormente, en una etapa de desarrollo.
Sin embargo, aunque en la teoría todos coinciden, en la práctica, para cada una de las fuerzas políticas nicaragüenses, la reconciliación, la estabilidad, la paz y también el desarrollo significan cosas diferentes. Y buscan imponer o hacer prevalecer su versión de estas realidades a expensas de las que tienen otras fuerzas políticas.
Un plan económico polarizanteEl plan económico del gobierno está en la base de la crisis nacional. El conjunto de políticas macroeconómicas que el gobierno ha estado impulsando pretende estabilizar a toda costa la moneda y partir de ahí para alcanzar el crecimiento económico por la vía de las exportaciones. Estas medidas se han mantenido sostenidamente desde marzo/91 y los anuncios económicos con los que el gobierno inauguró 1993 no fueron más que una reedición de las mismas. El gobierno insiste en reducir el consumo público y el privado y en controlar sus gastos sociales. En enero/93 decidió cierta reducción en las importaciones suntuarias, cierto aumento en la inversión y en la importación de insumos para la producción y lanzó lo que llamó un programa de empleos "solidarios" (temporales, no productivos y muy mal pagados).
No hay variantes. Y el conjunto de estas medidas macroeconómicas continúa teniendo un gran impacto en la microeconomía de prácticamente todos los ciudadanos. El desempleo es creciente y alcanza ya a cerca del 60% de la población económicamente activa. Los servicios de salud y educación públicos cada vez están más deteriorados y han dejado de ser gratuitos. Cada vez es más difícil tener y asegurar la salud y con el grueso de los servicios de educación de primaria y secundaria de todo el país ya de pago se incrementará la deserción escolar, con lo que el futuro del pueblo de Nicaragua, en las generaciones nuevas, las que tomarían el relevo, está en un serio riesgo.
Por otra parte, el plan económico del gobierno nunca ha contemplado ningún tipo de apoyo, ni técnico ni financiero, para los medianos y pequeños productores nacionales, que no sólo son mayoría sino que son los agentes económicos que más podrían contribuir a una reactivación económica del país si se les garantizara estabilidad en su propiedad productiva, un financiamiento flexible, ayuda técnica y facilidades para la comercialización a precios favorables de sus productos. En el plan económico los créditos no se han orientado a la producción sino al comercio y las altas tasas de interés han desestimulado o quebrado la producción nacional.
Tampoco el plan económico del gobierno ha contemplado ningún proceso de estabilización real de la propiedad, redistribuida durante el período revolucionario, siendo este elemento fundamental para garantizar estabilidad en la producción y el primero de los pasos a dar para que Nicaragua salga de la situación de postración económica en la que se encuentra.
Al cumplirse dos años del inicio del plan económico de corte neoliberal del nuevo gobierno, los resultados son el mejor caldo de cultivo para la polarización nacional: más desempleo, inestabilidad generalizada en la propiedad, producción nacional en bancarrota y un futuro sombrío para más de la mitad de los nicaragüenses - niños y adolescentes - por la crisis en la educación y en la salud.
Salud y educación en crisisLa salud es una de las áreas más sensibles de esta crisis: al constante incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos a los que llega con los trabajadores de la salud, se suma la desatención a la población en general, afectada hoy por todas las plagas que llegan con un empobrecimiento tan masivo y acelerado y que está ahora obligada a pagar los servicios de salud. En la educación, le toca a la población pagar por la enseñanza de sus hijos y al magisterio, enfrentarse a las políticas del Ministro de Educación, Humberto Belli, uno de los más revanchistas de la administración Chamorro, que ha despedido ya a unos 4 mil trabajadores de la educación, especialmente de la administración central y de una serie de escuelas, en las que ya ha hecho habitual el ligar los cargos de dirección no a méritos profesionales sino a lealtades políticas y el hacer exámenes de suficiencia a los educadores vinculados al sindicato sandinista ANDEN, con el fin de descalificarlos y colocar en su lugar a otros profesores, a los que se está convirtiendo en una especie de "colaboradores políticos" del Ministro.
Crisis de la propiedad y rearme: un círculo viciosoEl no resuelto problema de la propiedad es fuente de los mayores conflictos y está estrechamente vinculado al incumplimiento de las promesas gubernamentales. Es en la zona Norte de Nicaragua - campo y montaña de Matagalpa y Jinotega y parte del campo de Estelí - donde se presentan con mayor crudeza las consecuencias de la no resolución de este polémico asunto. Y es allí donde, enarbolando distintas banderas, una variedad de grupos armados han empezado a actuar impune y continuamente, atacando cooperativas, impidiendo el tránsito de vehículos, robando, intimidando - hasta el asesinato y la tortura - a la población campesina, y hostigando unidades de policía e incluso, unidades militares.
El rearme de antiguos combatientes de la Resistencia, del EPS o de la Policía Sandinista -o de otros campesinos- tiene orígenes muy diversos. La no entrega de tierras a desmovilizados de la ex-Resistencia y del EPS y del MINT, ha llevado a muchos de ellos a rearmarse. Después de estar bastante tiempo a la expectativa y sin obtener ninguna respuesta, se han decidido a usar las armas como medio para presionar al gobierno a cumplir.
Otro sector de desmovilizados que sí recibió tierras y decidió dedicarse a las actividades productivas, recibió sólo eso: tierras. Ningún tipo de financiamiento ni de apoyo técnico. Como sólo con las tierras y en este antipopular plan económico no pudieron prosperar, han abandonado la tierra para reintegrase a grupos armados.
Por una u otra razón, el fenómeno del rearme ha traído gran inseguridad a la mayoría del campesinado. La vida y la propiedad de muchos está en peligro y en la medida en que el gobierno se resiste o no afronta decididamente el poner punto final al conflicto de la propiedad, será mayor la inseguridad. Sin ese punto final, antiguos terratenientes y somocistas, grandes acaparadores de tierras, se sienten con las manos libres para estimular a cualquier grupo rearmado a que ataque cooperativas o a que se tome tierras en disputa con el propósito final de reapropiarse de ellas por la vía de los hechos consumados.
Se trata de un círculo vicioso. Porque esta situación de inseguridad de la vida y de la propiedad ha llevado, a su vez, a otros sectores campesinos a integrarse a grupos armados con el único objetivo de defenderse. Especialmente sucede esto en las cooperativas sandinistas y entre dirigentes políticos o militares del sandinismo o de la ex-Resistencia.
Otro factor que ha alimentado a los grupos rearmados es la alta tasa de desempleo que existe en el campo y la falta de actividad productiva que garantice ocupación y posibilidades de sobrevivencia a la mayoría. Naturalmente, también se rearman algunos haciendo de la delincuencia una forma de vida o a causa de planteamientos puramente políticos. Aunque son una minoría, en la amplia gama de los rearmados,estos grupos delictivos y políticos no pueden ser desestimados, porque con la situación de descomposición social que existe en el campo, a causa de la falta de empleo y la inseguridad en la propiedad, podrían terminar siendo un motor que generalice el rearme y la confrontación en las zonas rurales.
Un gobierno con falta de sensibilidadLa población campesina que no está integrada a ninguno de tantos grupos rearmados se siente totalmente indefensa ante los incumplimientos del gobierno en materia de tierras o de financiamiento y ante el mismo gobierno, insensible a la problemática campesina, incapaz de elaborar ningún plan que les dé garantías para producir y para vivir. Por esto, sienten en peligro su familia, su parcela y hasta su libre tránsito por cualquier camino. Tampoco el EPS o la Policía les dan seguridad ni representan ninguna garantía ni para su vida ni para sus propiedades. De manera constante, los campesinos del Norte han estado señalando la necesidad de que el gobierno y sus instituciones - especialmente el EPS y la Policía - les den esa seguridad, pues si no, no les quedaría más alternativa que rearmarse para la autodefensa, decisión que de multiplicarse y generalizarse, significaría entrar de nuevo en una guerra civil.
Los rearmados que aducen motivos políticos para volver a las armas señalan siempre, como sus demandas principales, la destitución del Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, y del Jefe de Ejército, Humberto Ortega y el que se le cierren espacios a los sandinistas, coincidiendo en esto exactamente con la exigencia que ha sido constante en las acciones antigubernamentales de la ultraderecha nicaragüense, que liderea Alfredo César, y de la norteamericana, que tiene al frente al senador republicano Jesse Helms.
El origen más profundo de la remilitarización en el campo está por un lado en la ausencia de políticas gubernamentales hacia el campesinado: créditos, intereses, incentivos, nuevas líneas de producción, etc. Y por otro, en las fallas del sistema jurídico legal: no existen ni titulaciones ni ningún aval oficial que sirva para obtener créditos en el banco. Hasta hoy, los títulos de reforma agraria entregados por el gobierno sandinista, aunque oficialmente reconocidos por el actual gobierno, no son garantía para ningún banco nicaragüense, que no otorga ningún tipo de financiamiento a los que presentan estos títulos.
La presencia del EPS como fuerza pacificadora en las zonas rurales debe ir unida, para ser eficaz, a una política de solución de todos estos problemas económico-sociales. La respuesta militar de los organismos armados institucionales es insuficiente si no va combinada con una respuesta política del gobierno a los problemas campesinos. Sin esto, sólo la fuerza militar no puede ser garantía de estabilidad y de paz permanentes.
Otros conflictos relacionados con la propiedad Otro elemento que afecta la estabilidad del país tiene que ver también con la propiedad garantizada a los trabajadores en los acuerdos de la concertación. En la fase II de la Concertación, el gobierno, los sindicatos y los productores representados por la UNAG acordaron que los trabajadores de las empresas estatales tendrían derecho a optar a la compra de por lo menos el 25% de la propiedad estatal que sería licitada para su privatización.
El derecho a este 25% fue peleado por los trabajadores de todos los rubros en todas las instancias de negociación, hasta llegar tras largas luchas a la firma de acuerdos con el gobierno para la venta de esa cuota de la propiedad a los trabajadores, que pagarían en un plazo determinado y favorable - de 10 años para arriba -, con intereses blandos y en cantidades aceptables o posibles para sus bolsillos. Algunos interpretan que este acuerdo fue una especie de regalo del Estado a los trabajadores y otros lo miran únicamente como un derecho ganado por los trabajadores sin otro precio que sus propias luchas, olvidando que ese 25% reportará también beneficios al gobierno, que cobrará a los trabajadores por estas propiedades.
El gobierno inclumpleEn cualquier caso, y a pesar de los acuerdos, no siempre el gobierno los ha cumplido. Un último ejemplo, en el mes de febrero, fue la huelga de los ingenios azucareros en respuesta al incumplimiento de los acuerdos sobre la privatización de este rubro firmados después de largas discusiones a finales de 1992. La huelga, que paralizó todos los ingenios en plena zafra, tuvo consecuencias trágicas en el Ingenio San Antonio, del que es dueña una de las familias más ricas y de más tradición económica del país, oligarcas históricos de Nicaragua. La policía reprimió exageradamente a los trabajadores en huelga y les disparó con armas de fuego, causando un muerto, varios heridos y 60 detenidos.
Este estilo de represión y la beligerancia de los trabajadores al enfrentar a la policía ejemplifica que la falta de decisión del gobierno para resolver de una forma definitiva todo lo referente a la propiedad, no hace otra cosa que tensionar más y más a las fuerzas en conflicto y llevarlas a enfrentamientos que no convienen a nadie. No es la primera vez que los trabajadores de los ingenios realizan este tipo e huelga, ni es la primera vez que se enfrentan con la policía. Lo que indica la última de estas huelgas es que en la medida en que se prolongue la inestabilidad nacida de la no resolución del tema de la propiedad, continuarán produciéndose situaciones más violentas entre quienes reclaman como suya la propiedad y la policía, que resguarda el orden de quienes no resuelven este problema. De ahí la urgencia de una definición gubernamental sobre el tema, y no sólo para garantizar el futuro productivo de Nicaragua, sino también la vida y la seguridad de los nicaragüenses.
El detonante de la polarizaciónA los elementos objetivos de la crisis del país, se agrega un elemento político que funcionó como detonante de la intensa actividad desplegada por la ultraderecha en los últimos tres meses. La pérdida de espacio y posiciones que sufrió la ultraderecha en la Asamblea Nacional en los primeros días de enero alentó su ofensiva.
Desde septiembre 92, la Asamblea - con una junta directiva que presidía Alfredo César desde inicios del 91 - venía sesionando sólo con diputados de ultraderecha y con un quórum creado por César con otros diputados que nunca fueron elegidos, pero que llenaban los asientos para las sesiones. Desde esta Asamblea Legislativa así conformada, César lanzó una sostenida campaña de confrontación con el Ejecutivo y con el sandinismo. Los 39 diputados sandinistas y no más de diez diputados de la UNO - que al separarse de estas posiciones confrontativas fueron conocidos como el "grupo de centro" - enfrentaban esta situación y no acudían al Parlamento.
Desde que se produjo esta situación anómala, la ultraderecha de la UNO que "legislaba" en el Parlamento pasó a ser minoritaria en la Asamblea Nacional y a la hora de elegir la nueva junta directiva en enero/93 no logró ganarla para prolongar así por dos años más esta situación polarizante y desgastante.
El Ejército en la Asamblea NacionalLa votación del 9 de enero del 93 tuvo que ser garantizada por el Ejecutivo con presencia militar en la Asamblea y la ultraderecha la boicoteó. La nueva junta directiva electa ese día quedó integrada únicamente por diputados "de centro" y diputados sandinistas, ausente de la sesión la ultraderecha parlamentaria.
Consumados los hechos, esta nueva realidad, esta nueva mayoría en la Asamblea Nacional sirvió de detonante para que César y la ultraderecha movilizaran todas sus fuerzas en Nicaragua y en Estados Unidos contra el gobierno Chamorro. En el exterior, la actividad fue aún más intensa y estaba orientada a demandar de la ultraderecha norteamericana que presionara al nuevo gobierno Clinton, aún lleno de indefiniciones, para que se definiera por una política dura contra Nicaragua, contra el gobierno y contra los sandinistas.
La campaña propagandística fue amplia. Y si en Nicaragua una mayoría de la opinión pública está clara de que la ultraderecha es y representa a una minoría, en Estados Unidos y en el escenario internacional las cosas se vieron de otra manera. En los Estados Unidos privó la percepción de la utraderecha nicaragüense, que no solamente ganó espacios en los sectores gubernamentales sino también en la opinión pública norteamericana, que terminó creyendo que lo ocurrido legalmente en la Asamblea fue el fin arbitrario del único poder independiente que quedaba en el país y que estos hechos, propios de cualquier institucionalidad democrática, significan que los sandinistas han retomado el poder en Nicaragua, a pesar de haber perdido las elecciones.
Estados Unidos: un espacio de Alfredo CésarLa debilidad del gobierno, la falta de articulación de sus políticas, su incapacidad para abrir y cubrir espacios en Estados Unidos, profundizó la crisis. Como un ejemplo, conviene recordar que durante casi tres años, el gobierno Chamorro mantuvo como su embajador en Estados Unidos a Ernesto Palazio, un "hombre de César", que respondía a los intereses políticos de César y de la ultraderecha y no a los del Ejecutivo nicaragüense. El embajador Palazio nunca realizó ningún esfuerzo para llevar a los círculos del gobierno de Estados Unidos ni a la opinión pública de ese país la versión del gobierno que representaba. Siempre dio la versión de César - la de la ultraderecha - o abrió espacios para que otros dieran esa versión. Palazio no fue sustituido hasta enero/93, por Roberto Mayorga, quien supuestamente responderá al Ejecutivo nicaragüense.
Un gobierno que por la Constitución vigente en Nicaragua podía y debía tener una gran fortaleza en su Ejecutivo, demostró una gran falta de capacidad para orientar correctamente sus políticas en el frente más importante de sus relaciones internacionales, el de los Estados Unidos. Basta esto para dar la medida de su debilidad e incoherencia y de la falta de articulación de su gestión, características que ha mantenido durante tres años y que han multiplicado los últimos problemas que ha tenido que enfrentar.
La carta del Contralor Guillermo PutoyCuando la ultraderecha nicaragüense perdió en la Asamblea Nacional su más importante espacio institucional con el cambio de junta directiva, no quedó suficientemente debilitada o neutralizada, precisamente porque conservó integro el espacio que tenía en Estados Unidos y eso le permitía presentar allí la versión de que la pérdida de la Asamblea - originada fundamentalmente en la debilidad política que tiene al interior de Nicaragua - se debió a una arbitrariedad del Ejecutivo y al totalitarismo sandinista, que se aliaron para cerrar por la fuerza el último reducto que le quedaba a la democracia nicaragüense. Sectores ultraderechistas e interesados del gobierno norteamericano - con todo y nueva administración Clinton - y sectores ingenuos de la opinión pública de Estados Unidos hicieron suya esta versión.
Con este trascendental espacio internacional, abierto y receptivo, le interesaba a la ultraderecha seguir desarrollando acciones que lo abrieran más y lo fortalecieran. Así se explica el cartucho que quema Alfredo César con la acción llevada a cabo en febrero por el Contralor de la República, Guillermo Putoy, del partido de César, que "destituyó" de su cargo, ilegal y aparatosamente, al Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, basándose para ello en una interpretación arbitraria de varios artículos del reglamento de la Contraloría.
¿Por qué gastó Alfredo César esta última carta que conservaba dentro de las instituciones del Estado en una jugada tan obviamente desesperada? Es claro que al perder la ultraderecha la mayoría y la directiva de la Asamblea Nacional, Putoy estaba sin respaldo y podía ser destituido legalmente en cualquier momento, con lo que la ultraderecha perdería ese su último espacio institucional sin pena ni gloria. César decidió perderlo "con gloria", sumando un nuevo impacto propagandístico a su ofensiva. Perdió, porque después de su acción ilegal e injustificada, Putoy fue inmediatamente destituido por la Presidenta Chamorro y la Asamblea Nacional.
Pero perdió "con gloria" porque la acción de Putoy contenía relieve político. Que el Contralor - encargado por la Constitución de velar por la ética gubernamental - señalara al hombre fuerte del gobierno, Antonio Lacayo, como anti-ético y por lo tanto susceptible de destitución era simplemente otro mensaje hacia los Estados Unidos para seguir abonando un terreno ya abonado. La destitución de Putoy fue presentada inmediatamente por César en el esquema de propaganda que trabaja: el Contralor había sido otra "víctima" del co-gobierno Chamorro-Lacayo-FSLN. Así transformó César una "pérdida anunciada" en un nuevo dato a incluir en su versión sobre los "desmanes" del co-gobierno. César no quiere perder el trabajo de mucho tiempo, que le ha preparado el terreno en el gobierno y la opinión pública norteamericana, y tiene posibilidades de conservar posiciones ya ganadas. Durante mucho tiempo supo cabildear y mantuvo amigos en el gobierno Bush, que aún siguen en sus puestos.
La ultraderecha liderada por César ha tenido en el corte de la asistencia económica a Nicaragua que Bush decidió en mayo/92 por motivos políticos una buena carta a su favor. Y aunque de los 104 millones cortados, 50 fueron liberados a finales del pasado año, después del triunfo de Clinton, el que la nueva administración mantuviera "trabados" los restantes 54 alentó a la ultraderecha nicaragüense en su batalla contra el gobierno.
La carta de Antonio IbarraNaturalmente, la ultraderecha se enfrenta a la desventaja de que los demócratas de Clinton no son los republicanos de Bush y que para persuadirlos, algunos de sus argumentos deben variar o tener otra contundencia. En esta encrucijada, de forma providencial o como trama bien preparada, apareció en la mesa de juego una carta nueva e ideal: Antonio Ibarra, ex-Viceministro de la Presidencia, acusado de fraude por el gobierno de Nicaragua y que huyó a mediados de 1992 a Estados Unidos.
Ibarra, un hombre de trayectoria que se puede calificar por lo menos de sospechosa, es miembro del Partido Socialdemócrata de Alfredo César y fue hombre de su confianza durante el período en que César era dirigente civil de la contra. Rápidamente supo convertirse en hombre de confianza de Lacayo, que le dio mucho poder y atribuciones. Al huir de Nicaragua y refugiarse en Estados Unidos firmó en Miami una declaración jurada afirmando que estaba siendo víctima de un chantaje por parte de César y del Contralor Putoy para que declarara en contra del Ejecutivo y especialmente para que acusara a Antonio Lacayo de haber sobornado con fuertes sumas de dinero a los diputados de la UNO para hacerlos de "centro" y así cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional.
Antonio Ibarra, un hombre sospechosoUn año después, el mismo personaje aparece en la ciudad boliviana de Cochabamba y vuelve a hacer declaraciones juradas, pero en sentido totalmente contrario: acusa al Ejecutivo de corrupción y a Lacayo de sobornar con dinero a los diputados de la UNO. Pero llega a más: señala a Lacayo como jefe del narcotráfico en Nicaragua. "Casualmente", estas declaraciones las hace ante una comisión enviada a Bolivia por el senador republicano Jesse Helms, el más destacado de los ultraderechistas anti-sandinistas en el Congreso de los Estados Unidos y el mejor aliado de César en estos meses de su ofensiva.
En el tema del narcotráfico las acusaciones de Ibarra tocaron también al Ejército de Nicaragua. Van orientadas, evidentemente, a la destitución de Antonio Lacayo como Ministro de la Presidencia y del General Humberto Ortega como Jefe del Ejército. Pero van más allá: Ibarra señala como implicados en el narcotráfico a todos los militares que son la sucesión orgánica y natural de Ortega al mando del EPS: Joaquín Cuadra, Osvaldo Lacayo, Javier Carrión y Ricardo Wheelock, los más destacados miembros del Estado Mayor del EPS. Se trata de una clara maniobra que apunta a lograr objetivos políticos, usando para ello el delito de narcotráfico, tal vez el más sensible ante para el gobierno y la opinión pública norteamericanos. Clinton quedaría así sin alternativa frente a un gobierno de corruptos y narcotraficantes - el que describe Ibarra en su declaración jurada de casi 150 páginas -.
Los triángulos armadosLa ultraderecha desarrolló al interior de Nicaragua actividades que pudieran ser proyectadas hacia el exterior y fueran sumadas a una misma y amplia maniobra. La más sonada, la manifestación con la que el 28 de febrero la UNO celebró, sin la Presidenta Chamorro, el tercer aniversario de su triunfo electoral. Fue presidida por César, Godoy y Alemán, exigiendo los tres un "golpe de timón", que no es otra cosa que la inmediata destitución de Lacayo y Ortega y el cierre de los muchos espacios que, por ley de la democracia, el sandinismo conserva en la sociedad y en las instituciones del país.
Pero no fue sólo la manifestación. Los partidos de la UNO están buscando cómo reactivar sus comités en todo el país, con el fin de tenerlos listos en cualquier momento para "tomarse las calles" o para otras acciones. Han buscado también cómo rearticular los llamados "triángulos armados" de la ex-Resistencia, que son una especie de células armadas destinadas a desarrollar actividades guerrilleras y trabajo político-militar en el campo, especialmente en las zonas más cercanas a las principales ciudades del interior del país.
Estos "triángulos armados" -los grupos de rearmados realmente politizados- están vinculados a autoridades gubernamentales ultraderechistas: alcaldes de varios municipios y autoridades locales del Ministerio de Gobernación pertenecientes a partidos de la UNO y nuevos policías, que son antiguos miembros de la ex-Resistencia. Como figura articuladora de estos rearmados se ha ido perfilando el diputado socialcristiano Humberto Castilla, que visita a estos grupos en Matagalpa, Jinotega y Chontales, motivándolos políticamente a sus acciones armadas. Ya a finales de febrero, Castilla fue invitado a Washington por el senador Helms para ser nuevo vocero de las posiciones de César en los Estados Unidos, donde Castilla se ha ido abriendo significativos espacios de cabildeo.
Otro capítulo: secuestro en la embajada ticaPero la acción armada más importante desarrollada por la ultraderecha en esta articulada ofensiva no fueron los hostigamientos, asaltos, robos, o también asesinatos, realizados por estos grupos internos. Su acción estelar la desarrollaron en el exterior, donde siempre buscan compensar su debilidad interna. La toma de la embajada de Nicaragua en Costa Rica fue su "gran" acción en el mes de marzo.
Después de concluido un hecho tan deprimente y confuso, todo evidencia una complicidad entre los secuestradores y el personal de la embajada. La complicidad o la indolencia de la guardia civil costarricense contribuyó también a este show propandístico, destinado a servir a los intereses políticos de la ultraderecha. Las demandas de los secuestradores eran prácticamente idénticas a las formuladas por los políticos de la UNO en Nicaragua y por los congresistas anti-sandinistas en Estados Unidos. El eje central era la destitución de Ortega y Lacayo, a lo que añadieron - como para poner la firma de César en los hechos - la restitución en su cargo del Contralor Putoy. Desde el primer momento, el secuestro de la embajada en Costa Rica se convirtió en una comedia mal organizada pero muy bien proyectada propagandísticamente hacia los Estados Unidos, a lo que contribuyeron por comisión o por omisión las autoridades costarricenses.
En el secuestro se manifestó una vez más la inexperiencia política y la ya característica irresponsabilidad del gobierno, que se plegó a negociar con los secuestradores - quitándole así espacio a la responsabilidad que le correspondía al gobierno de Costa Rica en la resolución del caso - y que terminó entregándoles directamente 250 mil dólares y comprometiéndose a buscar entre organismos internacionales nada menos que 6 millones de dólares para "obras sociales" que administraría el Cardenal Obando, que también administrará - según acuerdo con los secuestradores - las inversiones sociales ya estipuladas en el Presupuesto nacional para 1993. Con esto, el gobierno - aunque lo niegue -, llegó a acuerdos políticos con los secuestradores. Y aunque siguiendo su estilo, lo hizo seguramente para no cumplirlos después, demostró con ello una plena irresponsabilidad política. Aunque la toma de la embajada se resolvió de esta forma - de todas formas se hubiera tenido que resolver -, este final no feliz del show vino a debilitar más a la administración Chamorro, a darle un aval político a los secuestradores y un nuevo brillo a la propagandización de sus demandas políticas.
En Nicaragua, emisoras como Radio Corporación o Radio Noticias, entre otras, alentaron abiertamente el secuestro de la embajada, clamando por nuevas y más contundentes acciones de esta índole. Pero aparte de toda la propaganda radial y escrita con la que la ultraderecha criolla acompañó y alentó el secuestro, sólo desarrolló una acción concreta dentro de Nicaragua en su apoyo: un supuesto comando armado tomó la Radio Mundial para pasar un comunicado grabado en apoyo a los secuestradores. Los tres miembros de este grupo fueron inmediatamente detenidos por la policía e inmediatamente liberados de forma arbitraria por el gobierno, que pasó por encima de todo trámite judicial.
Todo esto contribuye a reafirmar lo que el gobierno quiere evitar: una imagen internacional de creciente debilidad y de estar sobrepasado por presiones a las que cede fácilmente, la imagen de estar permanentemente chantajeado. Esa imagen que el gobierno se ha ganado ya dentro y fuera de Nicaragua es el presupuesto con el que trabaja la ultraderecha de Estados Unidos que, contando con el eficaz apoyo de la ultraderecha nicaragüense encabezada por César, pretende llevar hasta el fondo las presiones y chantajes sobre el gobierno Chamorro con el fin de obtener de él todas las concesiones políticas posibles.
Los 54 millones de dólares que permanecían retenidos hasta el anuncio de su destrabe el 2 de abril, le dan gran fuerza a esta presión. Para la ultraderecha nicaragüense y especialmente para César, esos millones en disputa, se convirtieron en pieza esencial para recuperar posiciones y ganar más espacios dentro de Nicaragua. Como es una realidad que el gobierno de Nicaragua necesita este dinero y además es sensible a presiones y chantajes y está actualmente en clara debilidad, no es descaminado pensar que estará dispuesto a plegarse de una forma o de otra a las concesiones políticas que le han demandado a cambio del dinero.
Antonio Lacayo en WashingtonEl viaje de doce días de Lacayo por Estados Unidos en el mes de marzo tenía por objeto dar a conocer personalmente la versión del gobierno de Nicaragua sobre lo que está sucediendo en el país. Estuvo precedido por toda esta ofensiva ultraderechista, interna y externa, que intenta hacer prevalecer otra versión. La comisión que, previo a la visita de Lacayo, le elaboró al Presidente Clinton el informe sobre Nicaragua sólo conoce la versión de la ultraderecha y expresó interés en conocer la versión de Lacayo para contrastarla con la que ya tienen. En este escenario, las presiones sobre Lacayo en Washington fueron muy intensas y éste hizo demasiado evidente la necesidad que tiene de que se destraben los 54 millones retenidos.
En una de las sesiones que tuvo el Ministro Lacayo con congresistas, dos senadores republicanos, Smith y Livingston - vinculados al grupo de Helms - le sugirieron la formación en Nicaragua de una "Comisión de la Verdad" - estaba caliente la noticia de la Comisión que con este nombre actuó en El Salvador- para dilucidar la problemática interna de Nicaragua. Con escasa perspicacia y perspectiva política, Lacayo aceptó la idea de inmediato y posteriormente, fue a reunirse con los máximos dirigentes de la ONU y la OEA para iniciar el proceso por el cual un conjunto de personalidades vendrían a Nicaragua a conocer y a enjuiciar la situación del país.
Hasta el momento, abundan más versiones que datos concretos sobre cuál sería el papel de estas personalidades o de esta Comisión - que incorporaría a la ONU y a la OEA - y el mismo Lacayo no ha querido hablar ni con claridad ni con sinceridad sobre los alcances de sus compromisos sobre este tema. Lo cierto es que aceptar que una comisión internacional venga a Nicaragua a verificar o a observar o a juzgar no sabemos qué complicará más el ya complicado panorama político nicaragüense y lejos de resolver las situaciones internas de confrontación - que nunca resuelven comisiones internacionales -, agravará aún más las tensiones y polarizará todavía más el país. Dirigentes políticos de la UNO - con César a la cabeza - aplaudieron la iniciativa de la Comisión y declararon que esta propuesta fue trabajada conjuntamente por ellos y Helms como única salida a la crisis. Es claro que lo hicieron así para seguir dando su batalla política en Nicaragua, pero ahora con el apoyo concreto de figuras internacionales.
Lacayo: un paso en falso, un paso negativoHay por lo menos dos elementos negativos que señalar a la tan precipitada aceptación de esta iniciativa. El Ministro de la Presidencia ha abierto con ello una brecha claramente intervencionista. La posibilidad de que por la intervención abierta o encubierta de Estados Unidos - presente en la Comisión, naturalmente - o de otros países o instancias se diluciden los problemas internos de Nicaragua no es positivo. Se ha especulado que será competencia de la Comisión determinar sobre la legitimidad del actual gobierno, sobre los espacios que corresponden en la política y en la sociedad a los sandinistas, sobre la validez o no de instituciones nacionales como la Asamblea Nacional y su actual directiva, el Consejo Supremo Electoral y su reglamento, la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados, etc. Las elecciones de 1984 y de 1990, que legitimaron la institucionalidad política del país y la representatividad que los porcentajes de votos dieron a cada una de las fuerzas políticas nacionales no pueden ser sometidos a arbitraje internacional.
Un segundo elemento negativo es que una Comisión de este tipo en un momento tan crítico, lejos de propiciar el diálogo y la convergencia entre los nicaragüenses permitirá a la ultraderecha atrincherarse con nueva beligerancia, mientras se prepara para ver cómo instrumentaliza a la Comisión según sus intereses. El coordinador político de la UNO, Wilfredo Navarro - del PLI de Virgilio Godoy - afirmó que los partidos de la UNO ya conocían de la formación de esta Comisión porque fueron consultados para ello por el senador Helms y que la UNO estaba ahora a la espera de quiénes serían sus integrantes para impedir que se le dé paso en ella a elementos pro-sandinistas que - según Navarro - existen en la ONU, en la OEA y en el Congreso norteamericano.
Aceptar esta tal Comisión de la Verdad no ha sido otra cosa que abrirle una nueva trinchera también a la ultraderecha para cuestionar la legitimidad del actual gobierno, ofensiva en la que viene trabajando desde abril de 1992, con los viajes de César a Estados Unidos pidiendo el corte de la asistencia económica norteamericana. Una trinchera para cuestionar la legitimidad del sandinismo, propósito mucho más antiguo y acariciado en el tiempo. Es de prever, pues, que con este nuevo paso en falso del gobierno, la confrontación, el tensionamiento y la polarización ya existentes se agudizarán en los próximos meses.
Hay una conclusión objetiva frente a la actual realidad. Durante diez años Nicaragua padeció una guerra que fue financiada y promovida por los Estados Unidos, pero que tuvo como protagonistas a los nicaragüenses y más específicamente, a los campesinos nicaragüenses que, componentes mayoritarios de las filas de la contra o del EPS, se enfrentaron y se mataron. Las elecciones fueron un NO mayoritario y masivo a la guerra: tanto los votos a favor de la UNO como los votos a favor del FSLN expresaban esto, aunque cada sector ponía su confianza en los unos o en los otros para que pusieran punto final a los combates.
Este NO a la guerra dio impulso a la política de desarme y de reducción del ejército que inició el nuevo gobierno. En ambos bandos hubo desarme y a pesar de tan encarnizada confrontación, el grueso de los desarmados aceptaron la política de reconciliación promovida por el nuevo gobierno y apoyada decididamente por el sandinismo. Hoy, los que estuvieron realmente enfrentados hace unos años, los que disparaban, arriesgaban la vida y morían, son los que realmente se han reconciliado. Son los que quieren la paz y no la confrontación, son los que han llegado a trabajar la tierra juntos y en cooperativas y son los que están defendiéndose de los rearmados politizados. Son los que piden tierra y financiamiento para producir. Ha habido una real reconciliación y existe en ellos, que son mayoría, una real preocupación por el país. Quienes están alentando la confrontación y buscan la polarización son las cúpulas ultraderechistas, que en la guerra no arriesgaron nada. Los César, Ferrey o Castilla jamás estuvieron en un frente de guerra sino que vivieron de la guerra y hoy siguen viviendo de la polarización, buscando ahora que ésta sea apoyada desde los Estados Unidos.
El aporte de los sandinistasEl sandinismo no tuvo nunca mayoría en el Legislativo. La UNO sí la tuvo, pero la empezó a perder en septiembre/92, cuando César inició sus maniobras para deslegitimar desde el Legislativo al Ejecutivo. Hoy el sandinismo no es mayoritario en el Legislativo, pero tampoco la UNO es mayoritaria. Y la Asamblea Nacional dejó de ser un foro de confrontación con el Ejecutivo y con el sandinismo. Después de que los diputados sandinistas, unidos a los diputados de la UNO que hoy conforman el grupo de centro, eligieran una nueva directiva, la bancada sandinista anunció que está elaborando e introducirá para su discusión un paquete de leyes que considera serán beneficiosos para la mayoría de los nicaragüenses: suspensión del servicio militar de la Constitución, reformas al Código Civil para que los desalojos no puedan ser ejecutados hasta ser confirmados en los juzgados de segunda instancia, exoneración a los jubilados del pago por servicios y espectáculos públicos, suspensión de los juicios agrarios cuando los demandados posean títulos de reforma agraria, ley contra el agiotismo y la usura con normas de procedimiento contra los prestamistas, etc.
Además de dar con esto una dinámica positiva y más popular al trabajo de la Asamblea Nacional, el FSLN destacó a dos miembros de la Dirección Nacional, Henry Ruiz y Víctor Tirado, para que vinculados con las estructuras territoriales, y especialmente con los productores agrícolas de la UNAG, busquen una respuesta a la realidad de los rearmados en el Norte, particularmente en Matagalpa y Jinotega.
Desde hace un mes ambos dirigentes trabajan en esa dirección, buscando vincularse con miembros de la ex-Resistencia, estén o no rearmados, para entender y tratar de dar respuesta adecuada a la problemática económico-social en la que estos hombres se encuentran. El 13 de marzo, Ruíz y Tirado se reunieron con unos 100 dirigentes de la ex-Resistencia, organismos no gubernamentales nicaragüenses e internacionales - incluso de la ONU - y embajadores europeos - Francia, España, etc. -, con el propósito de abordar la problemática socio-económica de los campesinos nicaragüenses, especialmente la de los afectados por la guerra para estudiar las posibilidades de organizar un programa, financiado por esta red de organismos, que dé respuesta a tantos problemas postergados.
Está programada una reunión similar con dirigentes campesinos sandinistas - de las cooperativas o productores individuales - afectados por los rearmados e incluso con recompas realzados. Aunque son intentos aún iniciales y en busca de respuestas sólo paliativas, indican que para el FSLN el problema de los rearmados, más que político-ideológico, es principalmente económico-social.
Otro aporte del FSLN fue la preparación y la celebración de la Asamblea Sandinista, no sólo para discutir problemas internos del partido sino también la compleja problemática nacional. La Asamblea Sandinista se reunió en sesión ordinaria el 27 y 28 de marzo, incluyendo en su agenda el informe sobre el Patrimonio y el Presupuesto del FSLN, el informe de la Comisión de Etica del partido, el informe de la Dirección Nacional sobre lo actuado en 1992 y en los primeros meses de 1993 y las líneas de acción de los sandinistas en la actual crisis. La militancia del FSLN y los círculos políticos del país tenían grandes expectativas en esta Asamblea - postergada durante meses - y sus resultados parecen haber satisfecho algunas de éstas.
Según la información que dio a conocer la misma Asamblea, en la reunión hubo franqueza para discutir los problemas y hubo espíritu crítico y autocrítico ante fallas cometidas por los miembros de FSLN que estaban desgastando a la organización, entre los que se señalaron: ostentación, falta de solidaridad entre los sandinistas, uso indebido de métodos y estilos de trabajo para abordar los problemas internos, etc. Los asmableístas quedaron satisfechos con el informe acerca del Patrimonio del FSLN- uno de los temas que más división ha causado en las bases sandinistas - y con el informe de la Comisión de Etica - estrechamente relacionado con el del Patrimonio-. Sin embargo, "es mucho el camino que nos queda por andar y mucho lo que algunos dirigentes tienen aún que aprender", nos dijo un asambleísta.
Henry Ruiz, Tesorero del FSLN, dio a conocer toda la información y controles que posee sobre el patrimonio del FSLN y la forma en que se elabora el presupuesto del partido. La Comisión de Etica informó acerca de los casos que le fueron presentados. En la Asamblea se organizó una comisión de apoyo al Tesorero, que le permitirá tener un mejor ordenamiento en la administración del patrimonio y del presupuesto, temas especialmente sensibles.
Discusiones y conclusionesEn sus discusiones, los asambleístas pusieron particular énfasis en cómo fortalecer la unidad y la coherencia política y orgánica del FSLN, recomendando a la militancia que con el mismo espíritu con que esta Asamblea discutió los problemas de todos así cada grupo de base discuta los suyos en particular. Se insistió en que la acción del FSLN vaya prioritariamente orientada a las mayorías populares, en que el FSLN cumpla el papel de ser gestor del consenso nacional y se ponga a la cabeza del mismo para enfrentar los problemas del país y en que el sandinismo no se desgaste en discusiones estériles sino en fortalecerse en el trabajo directo con el pueblo, solucionando sus problemas, convencidos de que para ello hay que ajustar flexiblemente las estructuras del FSLN y potenciar los espacios institucionales con los que cuenta el sandinismo: diputados, alcaldes, concejales, etc.
Con este propósito se reorganizaron las comisiones permanentes de la Asamblea Sandinista que tienen que ver con: economía, área organizativa, asuntos del campo y Costa Atlántica, creándose otras dos comisiones: salud-educación y medios de comunicación social. Se aprobó también que los miembros de la Dirección Nacional se distribuyan según áreas territoriales para apoyar el trabajo de los comités departamentales de dirección con las bases populares y el trabajo de los dirigentes de los diversos sectores organizados. Finalmente, se acordó realizar una próxima Asamblea Sandinista a mediados de abril para discutir un planteamiento acerca de la economía elaborado por la Dirección Nacional denominado "Para una salida nacional a la crisis".
La Asamblea Sandinista aprobó también una declaración general sobre los aspectos políticos nacionales. Lo más sobresaliente en ella es el señalamiento de que la actividad ultraderechista está socavando la legitimidad constitucional, generando inestabilidad y caos social y fomentando la polarización y el revanchismo, lo que podría desembocar en un nuevo enfrentamiento armado en Nicaragua. También se señaló la necesidad de buscar un consenso entre todos los nicaragüense para superar la crisis actual y se expresó la decisión del FSLN de tomar la iniciativa en este sentido y de trabajar por un entendimiento nacional con todos los sectores políticos y productivos -empresarios, trabajadores y políticos-, por lo que la Asamblea respaldó la reciente convocatoria del gobierno a realizar a lo inmediato un Diálogo Nacional, sin ponerle condiciones y cuyo objetivo - dicen los sandinistas - debe ser abortar el curso de una nueva guerra y hallar solución a la grave crisis económica y social que el pueblo nicaragüense está soportando.
El FSLN condenó el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones y la persecución desatada en las áreas rurales contra las cooperativas, los ex-militares y militantes sandinistas y en todo el país contra funcionarios y servidores públicos - maestros, sindicalistas, trabajadores - por el simple hecho de ser sandinistas.
La Asamblea rechazó el programa de estabilización y ajuste estructural emprendido por el gobierno por el desempleo y el deterioro en el nivel de vida de la población que está causando y condenó de forma plena y decidida cualquier pretensión de utilizar la asistencia económica para intervenir en los asuntos internos de Nicaragua, señalando como un acto criminal y contrario a la estabilidad e institucionalidad del país la actividad de personas y organizaciones que han promovido y han trabajado para que Estados Unidos corte esa asistencia a Nicaragua. El FSLN hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que actúe conforme a las normas de la justicia internacional y se decida, mostrando voluntad política, a iniciar y desarrollar nuevas relaciones de mutuo respeto con Nicaragua y su pueblo.
Ocupar todos los espaciosPara la Asamblea Sandinista lo más preocupante en el actual panorama político es la posibilidad de que se desencadene un nuevo conflicto armado, señalando que el esfuerzo de todos los nicaragüenses debe estar orientado a evitarlo. Señaló que el FSLN promueve la estabilidad, la paz y la democracia y es por eso que respeta al gobierno constitucionalmente electo en 1990, rechazando la idea de que en Nicaragua exista algún tipo de co-gobierno en el cual esté participando el FSLN, precisando que su participación en las elecciones y la cantidad de votos recibidos en ellas le dan al sandinismo todos los derechos para estar presente y actuar en los poderes Legislativo, Judicial y Electoral y en cualquier otro tipo de instituciones del poder local, para desde ellos hacer los esfuerzos que hace cualquier partido político en cualquier país del mundo para sacar adelante a su pueblo.
Señala el FSLN que el origen de la actual crisis nacional no está - como viene afirmando la ultraderecha - en un supuesto co-gobierno, sino en los intentos de esa misma ultraderecha y de sus políticos ambiciosos, dependientes de los Estados Unidos, de desconocer la constitucionalidad del gobierno de Nicaragua y el espacio, histórico y real, que el FSLN se ha ganado en el espectro político y socioeconómico del país.
El FSLN hace un llamado a todo el campesinado, sin exclusión de colores políticos, a luchar por la unidad campesina para defender el derecho a la propiedad de la tierra, a su legalización y al acceso a créditos oportunos, señalándole que evite ser manipulado por los sectores oportunistas de la ultraderecha, interesados en revivir el conflicto armado en Nicaragua.
Perspectivas sombrías Indican los sandinistas que promoverán el desarrollo del bloque económico emergente, conformado por los nuevos propietarios de Nicaragua -los campesinos organizados en la UNAG, la federación de cooperativas, los ex-miembros de la Resistencia, los ex-militares del EPS y de la Policía que han recibido tierras, los beneficiados por la revolución con la reforma agraria, los que manejan pequeñas industrias y los trabajadores recientemente beneficiados por propiedades estatales privatizadas -. Y con el propósito de fortalecer a este bloque, el FSLN anuncia que diseñará y pondrá en práctica una política que le dé coherencia a todas estas fuerzas económicas.
Señala también el FSLN que siendo 1993 el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas, el gobierno debe ejecutar programas productivos y sociales que constribuyan a aliviar el aislamiento y marginación que padece actualmente la Costa Atlántica. El FSLN rechaza toda iniciativa del gobierno de privatizar los servicios públicos y exige a la Presidencia de la República el envío a la Asamblea Nacional de ternas a partir de las cuales nombrar el nuevo Contralor de la República. Indica cuáles son sus convergencias con el actual gobierno: la búsqueda de la estabilidad, de la paz y de la construcción de un régimen de derecho y de convivencia nacional. Llama a toda su militancia y a todos los identificados con el sandinismo a movilizarse y a luchar desde la oposición en la defensa de los derechos económicos y sociales del pueblo e informa que el FSLN trabajará por un proyecto económico alternativo que incorpore realmente a las mayorías en la producción, el empleo y la satisfacción de las necesidades básicas, dedicando a este tema la próxima Asamblea Sandinista de abril.
Después de concluir la Asamblea, la dirigencia sandinista se movilizó a distintos foros y territorios del país con el fin de explicar los resultados de la misma, buscando cómo dinamizar a la base partidaria para que los apoye. En opinión de un miembro de la Asamblea Sandinista, beligerante en el planteamiento de posiciones más decididas y sinceras del sandinismo respecto al tema ético, la Asamblea representó "un avance". "No avanzamos todo lo que queríamos - dijo - pero no hubo ni retrocesos ni estancamiento."
Un punto final al problema de la propiedadAún con el destrabe de la ayuda norteamericana y con el aval político que significa la renovada ayuda del FMI, la situación del país es grave. Si Nicaragua no logra muy pronto cierta estabilidad económica y política, las perspectivas son sombrías, incluso trágicas. El actual plan económico del gobierno debe variar en función de lograr esa mínima estabilidad que no se agota en la estabilidad monetaria conseguida sino que requiere de estímulos reales a la producción en forma de créditos, de bajos intereses, de asistencia técnica a los productores - especialmente a los medianos, pequeños y cooperativizados.
Poner un punto final al problema de la propiedad, rural y urbana, es condición esencial para esa estabilidad mínima. Resolver el conflicto de la propiedad agraria es lo más urgente si se quiere hacer repuntar la producción y el empleo en las zonas rurales. El EPS y la Policía deben dar también una importancia adecuada al fenómeno de los rearmados, tomando medidas integrales que sean respuestas reales a las causas que llevaron a este rearme, cuando la mayoría quería y sigue queriendo la paz. Estas medidas integrales nunca serán de represión militar sino que pasan por una modificación en el trato económico que se ha dado a estos ex-combatientes.
La actual polarización debe ser correctamente entendida como fruto de la actividad de un reducido grupo de políticos. Más grave que la polarización política es el desastre económico, que afecta a todos los grupos, a las mayorías. Reducir el espacio y la importancia a estos políticos y abrir espacios económicos a las mayorías es lo único que despolarizará al país.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica