De la locura, ¿a la esperanza?

"De la locura a la esperanza" es el título del Informe de la Comisión de la Verdad, una verdadera bomba social. Tan es así, que ARENA promovió y aprobó en la Asamblea Legislativa una Ley de Amnistía para que el "perdón" y el "olvido" borren los crímenes y a los criminales señalados en ese Informe.

Omar Serrano

Mientras en diferentes partes de El Salvador el pueblo conmemoraba el 13 aniversario del martirio de Monseñor Romero, el gobierno de ARENA y la Asamblea Legislativa, con los votos de los tres partidos políticos de la derecha, aprobaban una "Ley de Amnistía inmediata e incondicional", con el objeto de que haya "perdón y olvido" para todos los crímenes y criminales que señaló el Informe de la Comisión de la Verdad.

Vísperas difíciles

Desde antes de la fecha señalada para dar a conocer públicamente el Informe de la Comisión de la Verdad, el gobierno salvadoreño y los sectores afines a él iniciaron su campaña con el objetivo de que la Comisión no hiciera públicos los nombres de los implicados en el Informe y señalara únicamente hechos y responsabilidades genéricas.

La unanimidad que en contra de esta pretensión tuvieron los sectores opositores al gobierno, la discrepancia de algunas personalidades del partido ARENA - la de su mismo secretario general y candidato presidencial para 1994, Armando Calderón Sol - y la clara postura adoptada por la comunidad internacional, especialmente la de las más altas autoridades de la ONU, cerraron las puertas al gobierno y al mismo Presidente Cristiani en su deseo de ocultar la verdad.

En vísperas del acto de entrega del Informe en la ONU, la única salida que le restaba al gobierno y a la derecha era la de desacreditar por todos los medios posibles tanto el Informe como a la Comisión que lo había elaborado. El Diario de Hoy inició una campaña de descalificación moral de dos de los miembros de la Comisión, el ex-presidente de Colombia, Belisario Betancourt, y el ex-canciller de Venezuela, Reinaldo Figueredo, acusándolos de violación de los derechos humanos y de corrupción en sus respectivos países, y por lo tanto, carentes de moral para juzgar a otros. El Viceministro de Defensa, General Juan Orlando Zepeda - uno de los señalados por el Informe - sostuvo que la Comisión había tenido escasos meses para efectuar investigaciones que en diez años no había podido llevar a cabo el sistema judicial salvadoreño.

Un día antes de la presentación del Informe, el 14 de marzo, el presidente Alfredo Cristiani, sostuvo que lo más urgente era "cerrar de una vez por todas la última página de dolor de la historia del pueblo salvadoreño". Para eso, pidió a la nación "perdón y olvido" de todos los hechos de violencia acaecidos en el pasado y solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de una amnistía general para todas las personas cuyos nombres aparecieran en el Informe.

Una bomba social

La Comisión de la Verdad entregó el Informe al Secretario General de la ONU, al FMLN y al Gobierno de El Salvador el 15 de marzo en Nueva York, sede de la ONU. Una hora después, el Informe era conocido por la comunidad nacional e internacional. Los medios de comunicación salvadoreños, especialmente los radiales y televisivos, cubrieron la noticia de forma fiel, clara, rápida y concisa.

El impacto que produjo en El Salvador el conocimiento de los autores directos o intelectuales de los más significativos crímenes de la década fue grande. Y eso, a pesar de que la Comisión no hizo, en algunos casos, otra cosa que confirmar lo que ya todos sabían. Sin embargo, el hecho de ver aparecer esos nombres en las pantallas o impresos en el papel o pronunciados abiertamente a través de las ondas radiales produjo reacciones muy emotivas, en uno y otro sentido. Salió a flote la polarización nacional, pero esta vez con mayor beligerancia en los sectores pro-gubernamentales.

La derecha ataca

Descalificar el Informe fue el objetivo prioritario de la derecha. El mismo día 15, Armando Calderón Sol, reaccionó defendiendo al ya desaparecido fundador de ARENA Roberto D'Aubuisson, sosteniendo que en vida y hoy ya muerto, "el insigne patriota" ha sido objeto de calumnias que nunca se han podido comprobar rotundamente. La descalificación del Informe fue planteada también otros partidos en derecha, el Partido de Conciliación Nacional y por el Movimiento Auténtico Cristiano.

Distintos gremios del país, como la Asociación de Abogados, la Asociación de Jueces, los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia - apoyados por largos listados de firmas de los empleados de su institución -, rechazaron de manera enfática el Informe.

Lo sospechoso y hasta contradictorio es que todos estos sectores, a la vez que descalificaban la veracidad del Informe, se pronunciaban por la aprobación "inmediata e incondicional" de una amnistía general, para los en él citados.

Por otra parte, pasaban los días y los militares no daban la cara. "El que calla otorga", pensaban los salvadoreños. Después de un extenso despliegue de pronunciamientos y comunicados en contra del Informe, los militares tuvieron la fuerza que necesitaban para aparecer en público. Como en los más nefastos tiempos de la represión, la "Tandona", encabezada por Ponce y Zepeda, expresaron en cadena de televisión su posición oficial. Calificaron el Informe de "ilegal, injusto, incompleto, parcial y antiético", entre otros adjetivos. Pero nunca dijo Ponce - que - fue el único que habló - que fuera "falso".

Los argumentos de la derecha

Desde el primer momento, el gobierno sostuvo que el Informe "no contribuye a la reconciliación nacional", siendo éste uno de sus principales objetivos. Pero también la Comisión de la Verdad tenía otros dos objetivos: señalar a los responsables de los crímenes y establecer justicia.
Los principales argumentos que la derecha ha sostenido para restar credibilidad al Informe son:

1) No contribuye en nada a la reconciliación nacional. Al contrario, exalta la polarización de la sociedad y fomenta el odio en el pueblo.

2) Es incompleto y parcial, porque sólo ha recogido una pequeña muestra de hechos de violencia de la década pasada y olvida muchos de los crímenes cometidos por la izquierda.

3) Es ilegal, porque en sus recomendaciones viola la Constitución Política del Estado salvadoreño en algunos de sus artículos, al cuestionar el marco jurídico institucional.
4) Representa una injerencia en la soberanía de la nación, pues no se puede permitir que un grupo de extranjeros dicten las líneas que el país debe seguir.

5) Adolece de muchas contradicciones e imprecisiones en toda su investigación.

Ponce: "Sólo hemos hecho lo que debíamos"

En ningún momento los militares han negado haber cometido los crímenes de los que se les acusa. Rechazan el Informe, pero no niegan que las masacres del río Sumpul o del cantón El Mozote, que los asesinatos de las monjas norteamericanas, de los periodistas holandeses, de los padres jesuitas y las dos mujeres que los acompañaban, y de tantos miles de salvadoreños, fueran cometidos por ellos. Mucho menos han dado la más pequeña muestra de arrepentimiento o han mostrado la intención de pedir perdón al pueblo salvadoreño, como sí lo hicieron los dirigentes del FMLN. Naturalmente, tampoco expresan el propósito de no volver a reincidir en estos hechos de violencia. Idéntica actitud manifiestan los magistrados, y en especial el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro.

Los militares creen profundamente - y así lo expresan - que todo lo que hicieron lo hicieron por el bien de la patria, para salvar a El Salvador de las garras de la agresión marxista-leninista. Al anunciar su retiro, los máximos jerarcas del ejército, Ponce y Zepeda, manifestaron que "han cumplido con su deber y le han servido a la patria a lo largo de toda su carrera".

La corrupción del sistema judicial

El Informe de la Comisión de la Verdad tocó las estructuras que han tenido crucificado al pueblo salvadoreño. Además de sacar a la luz la verdad de lo que han sido y han hecho los militares, iluminó también las sombrías estructuras del sistema judicial. No se atreve la Comisión a recomendar el seguimiento de procesos legales para los señalados en su Informe, porque el sistema judicial "adolece de muchas deficiencias, por lo que no está en capacidad de dirimir los casos como la justicia lo demanda". Recomienda por eso, que antes que nada se reestructure profundamente la administración de justicia, para después dar seguimiento a los casos señalados.

El Informe toca así a "intocables" de la sociedad salvadoreña: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Incluso, señala directamente a su Presidente, Mauricio Gutiérrez Castro, por interferir en las investigaciones sobre la masacre del Mozote. La comisión recomienda la renuncia de él y de todos los magistrados de la Corte. Este es uno de los puntos que más ha herido a la derecha. Una gran cantidad de pronunciamientos han salido en defensa de Gutiérrez Castro, quien declaró que sólo Dios podría quitarle su cargo, aunque, al igual que los militares, no se ha atrevido a afirmar que aquello de lo que se le acusa sea falso.

Verdad - justicia - perdón

Con mucho menos despliegue ,en campos pagados en los medios de comunicación, algunos sectores sociales y políticos democráticos del país se han pronunciado a favor de la validez del Informe de la Comisión de la Verdad y en contra de la ley de amnistía en los términos en que el gobierno la implementó.

El Arzobispado de San Salvador, la Universidad de El Salvador y la UCA, organizaciones sociales que aglutinan a campesinos, estudiantes y obreros, los partidos políticos Convergencia Democrática, FMLN y el MNR reconocieron la trascendencia y la validez del Informe. Y contra el "perdón y olvido", demandaron "verdad-justicia-perdón". Los involucrados en el Informe deben primero reconocer su participación en los hechos que se señalan y sólo después tendría razón de ser el perdón.

Pero casi todas las manifestaciones a favor del Informe y en contra de la amnistía, han surgido, de las dirigencias de movimientos y organizaciones. El gran ausente en esta coyuntura ha sido el pueblo, "popular y espeso", que no se ha volcado, como en otras ocasiones, a protestar o a reclamar. El apoyo de toda la derecha a la iniciativa de amnistía del Presidente Cristiani y las escasas expresiones de protesta popular facilitaron el contexto para la aprobación de la ley de amnistía.

La polémica Ley de Amnistía

ARENA, el Partido de Conciliación Nacional y el Movimiento Auténtico Cristiano, aprobaron con mayoría simple de votos el 20 de marzo la Ley General de Amnistía, que beneficia a los implicados en el Informe de la Comisión de la Verdad. Resulta sorprendente la manera cómo el gobierno promovió, tan a la desesperada, esta ley de amnistía. ¿Por qué el miedo? Por lo menos, hasta que no haya una verdadera reestructuración del Poder Judicial, hoy controlado por la derecha, era inverosímil que los implicados en el Informe fueran sancionados.

En su pretensión de restarle validez al Informe, los partidos políticos que aprobaron tan apresuradamente la amnistía lo que hicieron fue reconocer su validez. Una amnistía no se concede a los inocentes. Acogerse a esta disposición, implica reconocer que los beneficiados son culpables de los crímenes que se les atribuyen. Ninguno de los implicados en el Informe - a excepción del FMLN - han reconocido su culpabilidad, ninguno ha pedido la misericordia de la justicia mediante una amnistía. Es chocante entonces la empecinada actitud del gobierno de favorecer con una amnistía a quienes supuestamente no la necesitan.

Desde el punto de vista jurídico, la amnistía es una clara violación del artículo 244 de la carta Magna salvadoreña: "La violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley; y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, NO ADMITIRAN AMNISTIA, conmutación o indulto, durante el período presidencial durante el cual se cometieron". Es sorprendente que el gobierno, que aparece como acérrimo defensor de la constitucionalidad, viole tan claramente la Carta Magna, favoreciendo a funcionarios que cometieron delitos durante el período de Cristiani.

Desde el punto de vista internacional, también existen violaciones legales. El Salvador es sucriptor de los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos, en los que se especifica claramente que los hechos catalogados como "masacres y desapariciones" no son amnistiables. La Constitución de El Salvador establece que todos los pactos internacionales sobre derechos humanos "forman parte de la legislación salvadoreña".

La ley de amnistía viola también los Acuerdos de Paz de Chapultepec. En ellos se establece que los casos que presente la Comisión de la Verdad serán asumidos por los tribunales correspondientes para resolverlos y aplicar sanciones a los responsables. ¿Por qué entonces Alfredo Cristiani, un hombre tan calculador y con tan evidente empeño en mantener su "imagen" ante la opinión pública nacional e internacional, promueve, aún antes de conocer el Informe, la ley de amnistía? Están de fondo, por lo menos, dos motivos de carácter político.

En primer lugar, con esta amnistía Cristiani expresa su decisión de perpetuar la impunidad en El Salvador. Lo que persigue es no dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y esto ya lo expresaron así los representantes gubernamentales en la Comisión para la Paz, COPAZ, máximo organismo nacional creado para velar por la implementación de todos los acuerdos de paz.

En segundo lugar, la aprobación de la amnistía tiene el objetivo de mantener en la población salvadoreña una "psicosis de terror y escepticismo". La Comisión de la Verdad pone ante los ojos del pueblo la verdad y la amnistía dice al pueblo: son los culpables, pero no les pasa absolutamente nada.

La ejecución de las recomendaciones de la Comisión sería el último cartucho para terminar o, por lo menos, para sentar, un precendente contra la impunidad, tan natural históricamente en El Salvador. El escepticismo y la desesperanza ya se hacen sentir en la población. Ya se sabe quiénes son los culpables y ahí siguen, entonces esto parece que no tiene solución".

CASOS ESTUDIADOS EN EL INFORMEDE LA COMISIÓN DE LA VERDAD

VIOLENCIA CONTRA OPOSITORES POR PARTE DE AGENTES DEL ESTADO

Caso ilustrativo: El asesinato de los sacerdotes jesuitas (1989)
Ejecuciones extrajudiciales
- San Francisco Guajoyo (1980)
- Los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (1980)
- Las religiosas norteamericanas (1980)
- El Junquillo (1981)
- Los periodistas holandeses (1982)
- Las Hojas (1983)- San Sebastián (1988)
- Ataque contra un hospital del FMLN y ejecución de una enfermera (1989)101
- García Arandigoyen (1990)
- FENASTRAS Y COMADRES (1989)
- Oquelí y Flores (1990)
Desapariciones forzadas
- Ventura y Mejía (1980)
- Rivas Hernández (1986)
- Chan Chan y Massi (1989)
Masacres de campesinos por la Fuerza Armada
- Caso ilustrativo: El Mozote (1981)
- Río Sumpul (1980)- El Calabozo (1982)
Asesinatos de los escuadrones de la muerte
- Caso ilustrativo: Monseñor Romero (1980)
- Zamora (1980)
- Tehuicho (1980)
- Viera, Hammer y Pearlman (1981)
Violencia contra opositores por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
-Caso ilustrativo:Ejecución sumaria de alcaldes (1985-88)
Ejecuciones extrajudiciales
- Zona Rosa (1985)
- Anaya Sanabria (1987)
- Romero García "Miguel Castellanos" (1989)
- Peccorini Lettona (1989)- García Alvarado (1989)
- Guerrero (1989)
- Militares norteamericanos sobrevivientes de un helicóptero derribado (1991)
Secuestros: Duarte y Villeda (1985)
Asesinatos de jueces: Juez de Paz de Carolina (1988)

Respaldo internacional

La Comisión de la Verdad y su Informe gozan de un respaldo prácticamente absoluto a nivel internacional. La ceremonia de entrega del Informe así lo expresó: El Salvador la más pequeña de las naciones del continente, sigue siendo noticia a nivel internacional. El Salvador por lo que su proceso de paz representa para el mundo entero y para las Naciones Unidas en especial. El salvadoreño es el único proceso de paz que se ha realizado con éxito. Los esfuerzos de la ONU en Bosnia, Camboya, Yugoslavia, Angola, etc. no han tenido frutos ni cercanos a los que se han producido en este diminuto país. El Salvador es, por esto, como un modelo y un aval para uno de los nuevos papeles que la ONU se ha planteado para el futuro.

Alvaro de Soto, representante del Secretario General de la ONU en todo el proceso de negociación en El Salvador, ha sostenido que "todas" las recomendaciones del Informe son de carácter obligatorio para el gobierno. En la misma dirección se pronunciaron Boutros Ghali, el Grupo de Países Amigos y la mayoría de naciones europeas. Desde antes de publicado el Informe, los Estados Unidos han retenido la ayuda militar al gobierno salvadoreño. En estos momentos, la presión de los norteamericanos es clave para la ejecución de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. A nivel internacional, la correlación de fuerzas es más que favorable para que avance el proceso democratizador salvadoreño, que pasa por el cumplimiento de todos los Acuerdos de Paz.

Shafick Handal, coordinador general del FMLN, ha expresado reiteradamente que en la mesa de negociación quedó claro para el gobierno, el FMLN y la ONU que la Comisión de la Verdad estudiaría sólo una muestra de lo ocurrido en la década de los 80,, las violaciones a los derechos humanos más significativas. Los casos a estudiar quedaban a criterio de la Comisión En lo que respecta a las recomendaciones del Informe, se acordó dar una especie de "cheque en blanco" a la Comisión, comprometiéndose gobierno y FMLN, a aceptarlas e implementarlas.

En un primer momento, el ERP -única organización del FMLN cuyos principales dirigentes son señalados en el Informe- sostuvo que lo aceptaba plenamente y que acataría sus recomendaciones. Posteriormente, Joaquín Villalobos calificó el Informe de "incompleto" porque no aparecían señaladas en él otras organizaciones del FMLN, sólo la suya. Sin quererlo, Villalobos le dio así un arma a la derecha para descalificar el Informe en su totalidad. "Todos nosotros nos responsabilizamos de lo que nos señala el Informe, no es sólo el ERP, todos reconocemos la culpa y pedimos perdón al pueblo", manifestaron después Shafick Handal (FAL) y Leonel González (FPL).

La bomba social que ha sido el Informe de la Comisión de la Verdad tendrá resonancias durante mucho tiempo más. El documento es otro desafío para que El Salvador pase de la locura a la esperanza.

Fragmentos del Informe de la Comisión de la Verdad

Una lección de historia

"El acopio de Informes, testimonios, referencias de periódicos y de revistas, de libros publicados en español y en otros idiomas, dio lugar a la creación, dentro de la propia Comisión de la Verdad, de un Centro de Documentación sobre la tipología de la violencia en El Salvador. La información pública relativa al contexto de la guerra (libros, folletos, investigaciones de organismos salvadoreños e internacionales), así como los 2 mil testimonios de fuente primaria que suponen más de siete mil víctimas; la información de fuente secundaria que se refiere a más de 20 mil víctimas; la proveniente de entidades oficiales de los Estados Unidos y otros países; la proporcionada por entidades gubernamentales y por el FMLN; denso material fotográfico y videográfico sobre el conflicto y aún sobre actuaciones de la propia Comisión, todo esto representa un rico acervo - patrimonio de El Salvador por ser - aún con la lacerante realidad que recoge -, parte de la historia contemporánea del país -, enriquecedor para los historiadores y analistas de este trayecto desgarrador, a fin de fortalecer la pedagogía del "nunca más".(Informe, pág. 7).

¿Instituciones o nombres?

Al comienzo de su mandato la Comisión de la Verdad recibió insinuaciones del más alto nivel, en el sentido de que las instituciones no delinquen y, por tanto, las responsabilidades habían de señalarse con nombres propios. Al final de su mandato recibió, también, nuevas insinuaciones del más alto nivel en el sentido contrario. Es decir, en el de que no se consignaran nombres, quizá para preservar a determinadas personas, a manera de contraprestación por su real y laudable ahinco en participar en la creación de situaciones que facilitaron los Acuerdos de Paz y la reconciliación nacional.

Con todo, la responsabilidad de cuanto ocurrió durante el período del conflicto - piensa la Comisión - no podía ni debía recaer sobre la institución, sino sobre quienes ordenaron los procedimientos para operar de la manera como se hizo. Y sobre quienes, estando en situación de impedir tales procedimientos, se encontrasen comprometidos por el grado de tolerancia y permisibilidad con que hubieren actuado desde sus posiciones de autoridad o de liderazgo, o lo estén por su actuación de encubrimiento frente a los hechos que llegaron a su conocimiento, o porque ellos mismos hubieran dado la orden que generó la respectiva actuación. Se preservan así las instituciones; se sanciona a los infractores." (Informe, pág.5)

La bala que lo mató

"La bala expansiva que estalló en el pecho de Monseñor Romero cuando oficiaba la misa el 24 de marzo de 1980 en una iglesia de la capital, es la cruda síntesis de la pesadilla que atravesó El Salvador durante la guerra. Y el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas una década más tarde, fue la crisis final de un comportamiento delirante que había inficionado la institución armada y los más hondos repliegues de una parte de la dirigencia nacional. La bala en el retrato de Monseños Romero, testigo mudo de este nuevo crimen, repite la imagen de la pesadilla que entonces se vivía." (Informe, pág.5)

Gobierno y ejército: 85%

La Comisión de la Verdad registró más de 22 mil denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador durante el período de enero de 1980 a julio de 1991. También se registraron más de 18 mil denuncias provenientes de fuentes indirectas, de las cuales se analizaron más de 13 mil. Las cifras de las fuentes directas y de las indirectas no fueron sumadas. Se estima que hasta 3 mil denuncias se repitieron en ambas fuentes. La Comisión considera, en todo caso, que la cantidad total de denuncias registradas no es menos de 22 mil. Más de 7 mil fueron recibidas directamente en las oficinas de la Comisión en diversos lugares. Las demás llegaron por intermedio de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La Comisión también recibió miles de otras denuncias de instituciones, las que después de ser registradas no pudieron ser analizadas por la falta de los requisitos mínimos exigidos para este fin, a pesar de que éstos fueron comunicados oportunamente a las instituciones, o debido a que los hechos denunciados habían ocurrido fuera de los plazos del mandato. (Desde 1980 hasta el fin del conflicto).

Más de un 60% del total de las denuncias corresponden a ejecuciones extrajudiciales. Más del 25% a desapariciones forzadas. Y más del 20% incluyen denuncias de tortura.

Los testimoniantes atribuyeron casi el 85% de los casos a los agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados de éstos y a los escuadrones de la muerte.

Los efectivos de la Fuerza Armada fueron acusados en casi el 60% de las denuncias. Los miembros de los cuerpos de seguridad, en aproximadamente el 25%. Los miembros de los escoltas militares y de la defensa civil, en aproximadamente el 20%. Y los integrantes de los escuadrones de la muerte, en más del 10% de los casos. Las denuncias registradas responsabilizaron aproximadamente en el 5% de los casos al FMLN.

No obstante su gran cantidad, estas denuncias no representan la totalidad de los hechos de violencia. La Comisión sólo alcanzó recibir en su período de tres meses de recepción de testimonios una muestra significativa. Tampoco se afirma que cada uno de los hechos ocurrió tal y como lo expresan los testimonios. La Comisión investigó ciertos y determinados casos en circunstancias específicas, así como patrones de violencia. Son aproximadamente 30 casos los tratados en el Informe que ilustran los patrones de violencia. En otras palabras, son prácticas sistemáticas sustentadas por miles de denunciantes.

Los casos específicos, como los patrones, evidencian que durante la década de 1980 se desató en el país una inusitada violencia política. Todos los salvadoreños sin excepción, aun cuando unos más que otros, sufrieron esa violencia." (Informe, pág. 49)

Campesinos: principales víctimas

"En los primeros años de la década de los 80, la violencia en el campo alcanzó una indiscriminación extrema. Alrededor del 50% del total de las denuncias analizadas, sucedieron durante los dos primeros años, 1980 y 1981. Más del 20% ocurrieron en los siguientes dos años, 1982 y 1983. Es decir, en los primeros 4 años de la década se concentró más del 75% de los graves hechos de violencia denunciados por ante la Comisión de la Verdad. La violencia fue menos indiscriminada en las zonas urbanas, y en el campo mismo después de 1983. (95% de las denuncias registradas ocurrieron en zonas rurales, y 5% en lugares más urbanos)."(Informe, pág. 50)

Los escuadrones de la muerte

"Los escuadrones, ligados a estructuras estatales por participación activa o por tolerancia, alcanzaron un control de tal naturaleza que sobrepasó los niveles de fenómeno aislado o marginal para convertirse en instrumento de terror y de práctica sistemática de eliminación física de opositores políticos. Muchas de las autoridades civiles y militares que actuaron durante los años ochenta, participaron, promovieron y toleraron la actuación de estos grupos. Pese a que no ha sido evidente la presencia actual de estructuras aún latentes de estas organizaciones clandestinas, éstas podrían reactivarse cuando en altas esferas de poder se formulan advertencias de que se podría reanudar en El Salvador una "guerra sucia". Y siendo el fenómeno de los escuadrones el patrón por excelencia de esa guerra sucia que terminó por destruir cualquier vestigio de un Estado de Derecho durante el conflicto armado, se debe asumir en el Estado salvadoreño no sólo una actitud alerta y resuelta para prevenir el resurgimiento de este fenómeno, sino solicitar la cooperación internacional para su total y absoluta erradicación." (Informe, pág.158)

Un personaje clave: D'Aubuisson

"El ex-Mayor Roberto D'Aubuisson consiguió gran apoyo de personajes civiles con grandes recursos económicos, que temían que sus intereses fuesen afectados por el programa de reformas anunciado por la Junta de Gobierno de 1979. Estaban convencidos de que el país se encontraba seriamente amenazado por una insurrección marxista que debían vencer. La Comisión de la Verdad obtuvo muchos testimonios de que algunos de los mas ricos terratenientes y empresarios del país y fuera del país prestaron sus fincas, sus casas, sus vehículos y sus guardaespaldas para ayudar a los escuadrones de la muerte. También proporcionaron finanzas utilizadas para organizar y mantener escuadrones, en particular los dirigidos por el ex-Mayor D'Aubuisson.

D'Aubuisson promovió reuniones entre civiles de poder e intereses económicos, y grupos de militares. Logró así amalgamar dos ingredientes en una relación estratégica: el aporte de recursos (dinero, vehículos, armas, casas, etc.) por parte de los civiles y la definición de un norte político a las acciones de las unidades de inteligencia S-II. De esta manera, los ataques y amedrentamiento contra opositores civiles e individuos sospechosos de colaborar o pertenecer a la guerrilla, adquirían un sentimiento y propósito político." (Informe, pág.161)

Responsabilidad de Estados Unidos

Por su forma clandestina de actuar, no es fácil establecer todos los vínculos entre miembros de la empresa privada y los escuadrones. Pero la Comisión de la Verdad no tiene la menor duda de la relación estrecha y del peligro para el futuro de la sociedad salvadoreña, que empresarios o miembros de las familias adineradas sientan la necesidad y pudiesen actuar, como en el pasado, con impunidad en el financiamiento de grupos paramilitares asesinos.

A la vez, es necesario también señalar que el gobierno de los Estados Unidos toleraba, aparentemente con poca atención oficial, la actuación de exiliados salvadoreños viviendo en Miami, especialmente entre 1979 y 1983. Este grupo de exiliados directamente financiaron e indirectamente ayudaron a dirigir algunos escuadrones de la muerte, según testimonios recibidos por la Comisión. Sería útil que otros investigadores con más recursos y más tiempo esclarecieran esta trágica historia para asegurar que nunca más sea repetida, en los Estados Unidos, la tolerancia a personas vinculadas con actos de terror en otros países." (Informe, pág. 164)

Otro sistema judicial

"La cuestión que se plantea no es si se debe o no sancionar a los culpables, sino si se debe o no hacer justicia. La sanción a responsables de los crímenes descritos, es un imperativo de la moral pública. Sin embargo, no existe una administración de justicia que reúna los requisitos mínimos de objetividad e imparcialidad para impartirla de manera confiable. Esta es una parte de la realidad actual del país, cuya urgente superación debe ser objetivo de primer orden para la sociedad salvadoreña.

No cree la Comisión que pueda encontrarse una respuesta fiable a los problemas que ha examinado, reintroduciéndolos en lo que es una de sus causas más relevantes. El cuadro que presenta ese Informe no se habría configurado si el sistema judicial hubiera funcionado adecuadamente. Es obvio que aún dicho sistema judicial no se ha transformado lo bastante como para cimentar un sentimiento de justicia que impulse la reconciliación nacional. Por el contrario, un debate judicial en el actual escenario, lejos de satisfacer un honesto anhelo de justicia, podría servir para revivir viejas frustraciones. Siendo ése el contexto presente, es claro que en este momento la Comisión solo confía en una administración judicial renovada a la luz de los Acuerdos de Paz, para que se ella la que aplique cumplida y oportuna justicia."

(Informe, pág. 215).

Imprimir texto

Enviar texto