Nicaragua

“Las ONG internacionales no vamos a renunciar a nuestro trabajo ni a nuestra razón de ser”

José María Castán, representante en Nicaragua de la ONG vasca Mundubat (Un solo Mundo), compartió con Envío una visión de las ONG internacionales ante las acciones gubernamentales iniciadas en septiembre contra las ONG, calificadas por medios oficiales como “los caballos de Troya del imperialismo”, en una charla que transcribimos.

José María Castán

Mundubat pertenece al Secretariado de ONG Internacionales en Nicaragua, organismo que agrupa a más de 70 entidades de las alrededor de 300 que cooperan en el país. En el actual conflicto el gobierno apuntó a dos ONG del Secretariado: Oxfam Gran Bretaña y Forum Syd, de Suecia, responsabilizándolas de entregar fondos a la ONG nacional CINCO (Centro de Investigaciones para la Comunicación), fondos que CINCO compartía con el MAM (Movimiento Autónomo de Mujeres). El gobierno llamó “triangulación” a esa relación entre organizaciones y la declaró ilegal, porque aunque CINCO tiene personería jurídica, el MAM no la tiene.
No es un argumento sustentable que esta llamada “triangulación” de fondos sea un delito. Las ONG internacionales canalizamos fondos que conseguimos de donantes internacionales a ONG nacionales que tienen personalidad jurídica, que se responsabilizan de la administración de esos fondos, y que pueden decidir trasladar parte de esos fondos a organizaciones “de segundo piso”, sin personalidad jurídica. Hay infinidad de ejemplos de este procedimiento, llamado “triangulación” por el gobierno. Se hace con todo tipo de organizaciones de base, incluso con organizaciones vinculadas al actual gobierno. Que una organización o asociación no tenga personalidad jurídica no significa que es ilegal. A estas organizaciones las cubre y las garantiza el derecho constitucional a organizarse y a asociarse.

Menos sustentación tiene lo que también el gobierno dijo al inicio de este conflicto: que el dinero entregado a CINCO por Oxfam Gran Bretaña -administradora del Fondo Común de Gobernabilidad- y el entregado al MAM por Forum Syd -administradora del Fondo Común para Equidad de Género- era sospechoso de provenir del lavado de dinero. Todos sabemos que quien lava dinero tiene la intención de hacerlo porque ese dinero lo ha obtenido de forma fraudulenta o por una acción ilegal. Los fondos administrados por Oxfam y por Forum Syd tienen un origen legal, abierto y transparente y provienen de contribuciones de diez países y gobiernos europeos. La aseveración fue irresponsable. Tanto, que enseguida el planteamiento oficial de la ilegalidad de la triangulación y de la sospecha de que se estaba lavando dinero varió, y el gobierno comenzó a hablar de “actividades irregulares” o “actividades ilícitas”, entendiendo que son ilícitas por ser actividades de incidencia política.

Desde nuestro punto de vista el objetivo prioritario del gobierno no es la cooperación internacional. La prioridad son las ONG nicaragüenses. Quieren regular el trabajo que hacen, especialmente el de formar una conciencia crítica, una conciencia de ciudadanía y de derechos, autónoma de intereses partidarios. Como las ONG y los movimientos sociales nicaragüenses tienen vínculos con ONG internacionales por razón del financiamiento, ahí es donde aparecemos nosotros. El gobierno considera que las actividades de incidencia política que desarrollan las ONG nacionales no son lícitas y, como las ONG internacionales financiamos esas actividades, somos cómplices de la ilegalidad.

No nos sentimos objetivo prioritario. El objetivo prioritario está en Nicaragua. Nosotros sólo acompañamos y en ningún momento pretendemos suplantar a las organizaciones nacionales ni arrogarnos una representatividad o una influencia que no tenemos. El protagonismo tiene que ser de los movimientos sociales y de los organismos de Nicaragua.
La reacción inmediata de las ONG internacionales fue de solidaridad con Oxfam Gran Bretaña, con Forum Syd, con CINCO y con MAM. El Secretariado de ONG Internacionales emitió un comunicado en el que lamentaba lo que estaba ocurriendo por no ajustarse a la realidad y en el que ratificaba que las ONG no se dedican a actividades ilícitas, mucho menos al lavado de dinero, sino que llevan muchos años trabajando por el desarrollo de Nicaragua. Después de esa expresión de solidaridad, nos hemos reunido y hemos ido madurando cuál debe ser nuestra respuesta.

Pensamos que no nos corresponde ni confrontar ni refutar. Hay espacios locales, instancias nicaragüenses, que deben tener el protagonismo. Como ONG internacionales no nos planteamos salir a la palestra. ¿Eso es miedo? Creemos que es respeto, respeto a quienes deben ejercer el protagonismo en Nicaragua. No somos de aquí y por eso somos vulnerables. No es temor, es ceder la palabra a quien la debe tener, la sociedad organizada de Nicaragua. Por otra parte, nuestros gobiernos y nuestras embajadas también están haciendo algunas actividades de cabildeo con el gobierno y dando algunas respuestas, como lo fue la nota del 22 de octubre que emitieron los 27 gobiernos de la Unión Europea.
Desde que comenzó este conflicto, hemos mantenido conversaciones con el Ministerio de Gobernación y con la Cancillería. Lo que nos han dicho, fundamentalmente desde Cancillería, es que a las ONG internacionales nos van a mirar desde tres puntos de vista: desde la legalidad, desde el control y desde los objetivos.

En que nos vean desde la legalidad no vemos mayor problema. Este gobierno, como cualquier otro, tiene todo el derecho a exigirnos que acatemos la legalidad vigente. El gobierno ha dicho que hay organizaciones nacionales que no están legales. Y ha dicho que las ONG internacionales debemos estar también legales, interpretando que debemos regirnos también por la Ley 147, que regula a las ONG nacionales y que, por eso, debemos estar registradas en el Ministerio de Gobernación, con toda la documentación al día y cumpliendo con todo lo que establece la Ley 147. Hasta ahora, para poder actuar legalmente en Nicaragua, nos regíamos por un convenio suscrito con Cooperación Externa en la Cancillería.

La segunda perspectiva con que nos quieren medir es la del control. Rendición de cuentas: cuántos fondos estamos destinando, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y con quiénes lo hacemos. Según se establece en el convenio con Cooperación Externa, cada año (año calendario) tenemos que presentar a la Cancillería un reporte de lo que ingresamos y lo que trasladamos a las ONG nacionales. Lo hacemos a través de un sistema informático que funciona muy bien y facilita el trabajo. Ahora, desde que empezó el conflicto, el gobierno estableció que toda esta información la debemos pasar también al Ministerio de Gobernación.

Históricamente, desde que se publicó la Ley 147, los anteriores Ministerios de Gobernación habían sido condescendientes y, como ya presentábamos la información en Cancillería, bastaba con eso. A partir de ahora se nos exige cumplir también con Gobernación. De este cambio se nos informó el 25 de septiembre y se nos dijo que estábamos obligados a entregar toda la información de los últimos cinco años a Gobernación, ya no por año calendario sino por año fiscal, el 30 de septiembre.

Todas las ONG internacionales estuvimos corriendo para poder cumplir con este nuevo requisito y, aunque no hay datos, yo calculo que sólo un 10% logramos presentar la documentación que nos pedían. Al 90% no le dio tiempo y la Ministra de Gobernación nos dio un mes más de prórroga. No sé si aun así todo el mundo podrá cumplir. El control se traduce en que ahora nos piden eso y ajustarnos a otros requisitos de la Ley 147. Creemos que el gobierno tiene perfecto derecho a actuar así y el único problema será cómo ponernos al día.

El problema lo vemos en el tercer punto de vista, el que tiene que ver con lo que estamos haciendo y con los objetivos de nuestro trabajo. En una reunión con ONG, el Vicecanciller encargado de Cooperación Externa, Valdrack Jaentschke, fue muy claro: el gobierno tiene mucho interés en que las ONG internacionales dejemos de financiar a las ONG nacionales que se dedican a actividades de incidencia política, a actividades que cuestionen políticas del actual gobierno. Estas actividades no sólo las considerarán ilegales e ilícitas, sino que -y así nos lo dijeron- las consideran un problema de seguridad nacional. Argumentan que como los fondos de cooperación son numerosos, si se canalizan en determinado volumen y porcentaje en la dirección de la incidencia política, podrían constituir una acción orquestada en contra del gobierno y afectarían su seguridad. En un momento matizaron y afirmaron que no podemos hacer “incidencia política”, pero sí “influencia en las agendas”, aunque no nos quedó claro cuál sería la diferencia.

En el convenio que tenemos firmado con Cooperación Externa lo único que aparece en relación a este tema es que las ONG internacionales no podemos participar en actividades políticas. Es lógico: sucede aquí y en cualquier otro país. Lo que nos dijo la Cancillería es que a partir de enero nos van a proponer una nueva redacción del convenio, en la que se aclarará este punto, en consecuencia con la advertencia que nos hicieron. Y aunque desde el Secretariado hemos solicitado participar en la redacción de ese nuevo convenio para que sea negociado, concertado, todavía no conocemos ninguna propuesta ni borrador. Suponemos que ahí aparecerán requisitos o limitaciones a la canalización de fondos para todo lo que tiene que ver con la incidencia política.
Así, bajo esos tres ángulos, colocarán ahora a las ONG internacionales. Se ha hablado de “persecución” a las ONG pero, en el caso de las internacionales, yo lo matizaría. De momento. Eliminando los dos primeros requisitos a cumplir, que son lógicos, será la redefinición de lo que es incidencia política, cuál será nuestra reacción a las limitaciones que nos imponga el gobierno y cómo orientaremos nuestra relación con las ONG locales, lo que determinará si hay o no hay persecución.

Auí vale la pena recordar nuestros orígenes, recordar cuál ha sido el papel de las ONG internacionales. Y especialmente, por su número y por los vínculos culturales con Nicaragua, el papel de las ONG del Estado español. Desde hace diez años coordino la ONG Mundubat en Nicaragua, una organización que inició su trabajo en 1990 junto con otras ONG del Estado español, la más antigua de ellas ACSUR-Las Segovias, que se llama así porque empezó trabajando en esa zona de Nicaragua.

Venimos de un movimiento de solidaridad que se generó en el Estado Español a finales de los años 80, cuando comenzaron a aparecer los nuevos movimientos sociales. Además de los movimientos tradicionales en la lucha antifranquista -sindicalismo, movimiento agrario y movimiento vecinal- surgieron en el Estado español, tardíamente con respecto al resto de Europa, nuevos movimientos: el feminismo, el ecologismo, el anti-militarismo y la solidaridad internacional. De esa cuna vienen nuestras ONG, como la que represento. Lo primero que miramos con simpatía fue lo que estaba ocurriendo en Centroamérica, especialmente la revolución en Nicaragua.

Ése es nuestro origen. Nuestro compromiso con los principios de aquella revolución fue uno de nuestros primeros esfuerzos. Y la solidaridad con esos principios es lo que nos ha mantenido aquí en Nicaragua. Esto desmiente afirmaciones intencionadas que pretenden vincularnos al imperialismo yanki. A lo largo de muchos años hemos mantenido una empatía y una continua colaboración con las organizaciones sociales nicaragüenses, trascendiendo los lineamientos políticos del gobierno de doña Violeta, del de Alemán, del de Bolaños, trabajando para sentar las bases de una ciudadanía participativa, fortaleciendo las capacidades críticas de la población con la que trabajamos. La mayoría de las ONG internacionales venimos de esta tradición.

Y viniendo de esta tradición y teniendo este origen, ¿vamos a permitir que no nos dejen trabajar en incidencia política? Yo pienso que el concepto de incidencia política no lo maneja muy bien el gobierno. Valdrack nos dijo: “La política es sólo para los políticos, para los partidos políticos y no para los movimientos sociales y las ONG”. Entonces, ¿dónde queda el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, el derecho de participación, de organización, de opinión sobre la política? ¿La propuesta del gobierno es que continuemos financiando únicamente actividades asistenciales?


Ante esta situación, tenemos que reflexionar si intervenimos en la negociación entre las contrapartes locales y el gobierno. Lo que queremos es respaldar a las organizaciones nacionales porque el protagonismo es de ellas. También somos conscientes de que si las ONG internacionales aceptamos cualquier convenio con el gobierno, donde se nos imponga cualquier limitación, estaremos sentando un precedente que también incidirá en las relaciones
del gobierno con las ONG locales. Lo que está sucediendo demuestra que el gobierno tiene una estrategia muy bien definida, que está influyendo a nivel de la sociedad nicaragüense, a nivel de las ONG nacionales, a nivel de las ONG internacionales y a nivel de los gobiernos donantes. En todos estos niveles las estrategias no parecen coordinadas. Ha habido respuestas de solidaridad, cabildeos diplomáticos, actitudes de resistencia, actitudes defensivas… Ha habido distintas estrategias. Y es lógico, porque están en juego muchos intereses. La reacción ha sido distinta en función del rol de cada quien. En el caso de las embajadas de los países de la Unión Europea, aunque hay la habitual diplomacia, hubo unanimidad para sacar un comunicado firme. Pero esto coexiste con compromisos diplomáticos. No podemos esperar que lo que está ocurriendo con las ONG sea la prioridad de los gobiernos. Sin embargo, en la medida en que vayamos consiguiendo apoyos, adhesión y posicionamientos públicos, estaremos más respaldados.

Algunos se han preguntado si el esfuerzo de la Unión Europea por conseguir un Acuerdo de Asociación con Centroamérica puede estar influyendo o condicionando la posición de los gobiernos europeos. Sinceramente, creo que esto no influye, aunque ciertamente ese acuerdo tiene un enfoque comercial y tendrá también aspectos relacionados con la cooperación y con el diálogo político de los países europeos con los centroamericanos. Por una parte, muchas ONG europeas y muchos movimientos sociales europeos cuestionamos ese acuerdo, por considerarlo nocivo en muchos aspectos y de muchas maneras, como ha sido demostrado. Creemos que en los aspectos comerciales las asimetrías son evidentes, que no se trata de un acuerdo entre iguales y que, por lo tanto, los beneficios aquí y allá no serán equitativos.

Desde la perspectiva del gobierno de Nicaragua, observamos que éste se coloca ante los acuerdos comerciales con una visión dual. Entiende claramente que en el CAFTA con Estados Unidos, en el tratado que tiene con Taiwan y también en este acuerdo con la Unión Europea quienes se benefician son los grandes empresarios y los productores de los rubros que entran en ese intercambio comercial y que los pequeños productores y las cooperativas no obtienen beneficios. Pero, a cambio, cuenta con la alternativa de los acuerdos comerciales del ALBA para compensar lo que no percibirá con los otros acuerdos. En ese sentido, hay un “dejar hacer” y el gobierno de Nicaragua no se va a oponer al acuerdo con la Unión Europea, no tiene razón de fondo para hacerlo. El interés mayor lo tiene la Unión Europea y el problema actual es de ritmos. De ese acuerdo se está hablando desde hace años y los pasos que se están dando para concretarlo son bastante lentos. De parte de la Unión Europea porque Centroamérica no es un socio tan importante -el volumen comercial que representa es mínimo- y de parte de Centroamérica por los problemas estructurales que aún tiene la integración regional.
El problema no está fuera, está aquí. Observamos en el gobierno de Nicaragua un interés por captar y administrar fondos de la cooperación o por controlar los que llegan y no gestiona. Y eso significa controlar las actividades a las que se dedican esos fondos. Pensamos que no habrá problemas con los fondos destinados a la economía popular o a la comercialización solidaria, pero sí los habrá en todo lo referido a la incidencia política, a la capacitación, al fortalecimiento institucional de las organizaciones. Es ahí donde van a querer controlar. Y, claro, no es lo mismo que los fondos, por ejemplo para “gobernabilidad” -que incluye el fortalecimiento de capacidades para la incidencia política- queden en manos de instituciones del gobierno o en manos de las ONG. El título de una capacitación sobre gobernabilidad puede ser el mismo, pero seguramente la orientación no será la misma.

Ante todo esto, la posición de los gobiernos donantes ha sido, por un lado, diplomática y, por otro lado -aunque no podría dar datos-, hay gobiernos que se están planteando si seguir o no cooperando con Nicaragua. ¿Por qué quedarse en Nicaragua donde hay tantos obstáculos, y hasta ofensas, y no irse a otro país donde también se necesita la cooperación? No sería el caso de España, por los vínculos históricos y culturales que tenemos con Nicaragua. Pero países que no tienen esos vínculos están planteándose reorientar su ayuda. Ésta podría ser una consecuencia negativa de la actual situación.

Nos preocupa estar ante una visión no coyuntural, sino ante una visión de fondo. El partido de gobierno desea hegemonizar el campo de la izquierda frente a una derecha políticamente dividida. Aspira a una alternancia del poder con la derecha, sin ningún competidor por la izquierda. De momento, los movimientos sociales de Nicaragua son incipientes y, por eso, su capacidad de respuesta es también incipiente. Pero el partido de gobierno teme que a mediano plazo esa capacidad de respuesta pueda crecer. Por eso, prefieren pagar el costo político de reducirlos a la mínima expresión ahora y no esperar más, temiendo que después haya más capacidad de respuesta y el costo sea mayor.

Aunque no hemos escuchado del gobierno que tengan priorizadas en este ataque a las organizaciones feministas, sí percibimos, como todo el mundo lo percibe, que son un objetivo prioritario. Los textos aparecidos en el semanario oficial “El 19” han sido muy explícitos en este sentido. Las ONG internacionales observamos que los movimientos de mujeres de Nicaragua -a pesar del debate interno en el movimiento feminista y de las dificultades para su cohesión- han luchado con un norte, con tesón y con una insistencia loable, por los derechos sexuales y reproductivos. Y esa lucha ha representado y está representando una de las luchas más importantes en estos últimos tiempos en Nicaragua. Esa acumulación de esfuerzos les está ganando cada vez más adhesiones y generando más simpatías a las mujeres. La combinación de esa importante incidencia política con las repercusiones que tiene la historia personal de Daniel Ortega ha puesto seguramente en el ranking de las primeros objetivos a las organizaciones de mujeres.

¿Cómo caracterizar a la sociedad civil nicaragüense? Antes de decir nada tendría primero que mirar críticamente a la sociedad civil española, que tiene muchísimas carencias y que, por muchas razones, se ha debilitado en su compromiso social en relación a la fuerza que tuvo en el postfranquismo. Yo creo que la sociedad civil organizada en Nicaragua está en un proceso de cambio, en un proceso de repensar sus horizontes. Reforzada después de la derrota electoral de la revolución en 1990, el huracán Mitch en 1998 la fortaleció, pero a la vez provocó una cierta dispersión en cuanto a sus miras, y determinadas estrategias que tenían las organizaciones sociales se vieron rotas y transformadas como consecuencia de las demandas derivadas del impacto del huracán. Se dio desde entonces una mayor orientación hacia el asistencialismo y hacia la ejecución de programas y actividades que eran prioridades en ese momento, pero que poco tenían que ver con estrategias más organizativas, más de incidencia política precisamente. Se generó una profusión de ONG, no sólo nicaragüenses, sino internacionales. También aumentó significativamente el volumen de la cooperación internacional.

La cooperación internacional puede llegar a ser perversa. Llega un momento en que condiciona tanto a las organizaciones nacionales, les pone tantos requisitos, que si a una organización le va bien en la captación de fondos, tiende a irse adecuando a las condiciones de los fondos. Y en ese proceso le cuesta muchas veces discernir entre lo que fue y es su norte y el tipo de cooperación que se le ofrece y para qué. En muchos casos, la cooperación internacional ha contribuido a distorsionar el movimiento social nicaragüense agotándolo en la gestión de proyectos.

La dispersión generada tras el Mitch se mantiene aún y lamentablemente la sociedad civil está hoy fragmentada. La diversidad es positiva. En el mundo de hoy hay que aprender a convivir con la diversidad de ideas y de enfoques. Lo negativo es que esa diversidad no está articulada y que las culturas organizacionales, centradas en liderazgos muy fuertes, dificultan vínculos y lazos. Creemos que actualmente la Coordinadora Civil representa un papel muy importante para canalizar espacios y para acumular esfuerzos.

Volvamos a los tres enfoques con que nos va a mirar el Gobierno. En los dos primeros, tanto las ONG nacionales con las que trabajamos, como nosotras, las ONG internacionales, vamos a cumplir. El quid de la cuestión está en el tercer enfoque. ¿Dónde nos pondrán el límite? Mundubat, por ejemplo, ha trabajado históricamente en varios barrios de Managua con las tradicionales juntas directivas. Ahora los CPC están también en los barrios. ¿Se nos limitará y no podremos capacitar en derechos ciudadanos a una junta directiva que no es CPC? ¿Se considerará esto incidencia política ilícita? Y este tipo de capacitaciones las hacemos todas las ONG. ¿Estará ahí el límite o nos lo pondrán en prohibirnos financiar otras actividades, como manifestaciones o marchas ciudadanas?

No sabemos cuál será el límite ni la intencionalidad y creemos que un marco legal no puede regular esto. Creemos también que las organizaciones locales no van a admitir -como ya lo han expresado las centenares de organizaciones agrupadas en la Coordinadora Civil- que se les limite la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de ejercer derechos políticos.

Entendemos, por el sondeo que hemos hecho con nuestras contrapartes nacionales, que nadie se va a limitar en el ejercicio y en la defensa y promoción de estos derechos. Por nuestra parte, como la razón de ser de muchas ONG internacionales es precisamente el fortalecimiento de la capacidad crítica de la población a la que acompañamos, no vamos a renunciar a nuestra razón de ser.

De hecho, la construcción de ciudadanía, que pasa por la participación de la gente en los asuntos de sus comunidades, por la organización de base, por el desarrollo de una capacidad de crítica frente a la realidad y ante las instituciones, es algo que está en la tradición del Sandinismo y constituye su esencia. Construir realidades sociales con vocación de incidencia política no es, necesariamente, crear espacios partidarios, ni pro-gubernamentales ni de oposición. Es construir algo que está en la base de la democracia: animar a la gente a que participe en la cosa pública.

A veces da la impresión de que el concepto de “incidencia política” manejado desde la izquierda es similar al manejado desde la derecha: un concepto que clasifica la acción política como propia de los profesionales y de los partidos, erigidos en una clase especial que está por encima de la población. Y no es así. Basta con reflexionar un poco sobre lo que debe ser la democracia participativa.

Para nosotros el escenario ha cambiado. No nos moveremos ya en un terreno como en el que nos hemos movido hasta ahora, cuando ni el gobierno de Bolaños ni el de Alemán nos limitaron. Si ahora nos limitan, haremos las cosas de otra forma. Ahí está nuestro reto y éste es ahora nuestro debate: cómo vamos a reaccionar si se limitan los espacios democráticos a la sociedad civil nicaragüense y si nos limitan el trabajo de incidencia política, un trabajo con el que buscamos que la gente con la que trabajamos sepa defender plenamente sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales.

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