Adopción de niñas y niños: otra forma de violencia

Guatemala es, proporcionalmente a su población, el país del mundo que más niñas y niños provee en adopción. Este negocio viola leyes internacionales y nacionales, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, tiene su origen en los horrores de la guerra, se alimenta de la pobreza y de la codicia, resulta muy lucrativo y lo hacen funcionar diariamente redes muy bien organizadas.

Juan Hernández Pico, SJ

El crecimiento de la violencia en Guatemala horroriza cada vez más a la gente. La Conferencia Episcopal de Guatemala publicó el 18 de octubre un comunicado que expresa lo que muchos sienten. Dice así en uno de sus puntos: “Nos indigna la falta de respeto a la vida humana que hace que la ola de violencia en que vivimos inmersos sea cada día más grande. El narcotráfico, así como el crimen organizado, se enseñorean de más y más regiones del país captando a un mayor número de jóvenes como agentes, sicarios y encubridores de actos horrendamente criminales. Las cifras de homicidios en el país, así como la particular crueldad con que muchos de ellos son cometidos, nos indican que las fuerzas criminales son cada vez más poderosas y más impunes. La Iglesia proclama con la convicción de su fe en Cristo “que la violencia es un mal, que la violencia es inaceptable como solución a los problemas, que la violencia es indigna del hombre” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 496).”

LA JUSTICIA POR SU MANO

Hace unos días en Alta Verapaz los vecinos de una localidad respondieron con la fuerza que da la indignación e incautaron los vehículos de un grupo de narcotraficantes que transportaban cantidades importantes de droga hacia una pista de aviación clandestina. Mientras tanto, los narcos robaronlos vehículos de la Policía, que había acudido, y huyeron en ellos. No es extraño que los obispos continúen así su comunicado: “La administración de justicia goza cada vez de menor credibilidad. Se generaliza por todo el país la percepción de que la impunidad es la más poderosa aliada del crimen. Por ello, cada vez más personas consideran que la única salida es la actuación de grupos ciudadanos que, al margen de la ley y del derecho, toman acciones de hecho para eliminar presuntos o reales criminales. Por otra parte, la debilidad profunda del Estado para enfrentar, con eficacia y con la ley en la mano, al crimen organizado, y lo poderoso de éste último, nos está empujando como país hacia escenarios de ingobernabilidad, cosa que nos preocupa profundamente”.

No sé si los obispos pensaron a fondo lo riesgoso de encabezar con un “por ello” la frase sobre el tomarse la justicia por su mano de “cada vez más personas”. Sea lo que sea de esta ambigüedad, el diario “Prensa Libre” en su edición dominical del 26 de octubre, publicó fragmentos de entrevistas con unos ocho obispos de Guatemala, en las que todos ellos volvían a expresar su indignación frente a la violencia y su continuo incremento. Aun no sabiendo cómo los periodistas o los editores seleccionaron los trozos de las entrevistas que publicaron, en ellos sólo uno de los obispos mencionaba una, al menos una, causa de la violencia: la falta de trabajo. En los puntos de su comunicado citados arriba se mencionan otras dos causas: la invasión de Guatemala por el narcotráfico y la impunidad con que los organismos de justicia responden al desafío, que en algunos casos llega a provocar que algunos sectores de la población se tomen la justicia por su mano.

VIOLENCIA: RAÍCES ECONÓMICAS, HISTÓRICAS, CULTURALES...

Parece evidente que si no se investigan a fondo las causas de la violencia no será posible afrontarla con eficacia y contundencia en su raíz. Los jóvenes sicarios denunciados por los obispos son probablemente gente sin trabajo o con empleos precarios que pagan muy mal el trabajo. La incapacidad del Estado de expropiar terrenos urbanos baldíos -que esperan plusvalía- por razones plenamente constitucionales “de utilidad social” para construir en ellos viviendas populares asequibles con zonas verdes e instalaciones deportivas, perpetúa las inhumanas condiciones de vida en los asentamientos y barrancos, lugares que son caldo de cultivo de la violencia. Y si no existe el coraje para expropiar, se podría diseñar un plan alternativo de urbanización en esos asentamientos y barrancos. Tanto la construcción como la reurbanización darían empleo y vivienda dignos, a la vez que condiciones soportables o alentadoras de vida. Un verdadero plan de desarrollo para el agro guatemalteco ayudaría, además, a contener la migración hacia las ciudades y hacia la capital, disminuyendo así la proliferación de jóvenes sin educación ni trabajo. La multiplicación de modelos de atención a la juventud, parecidos al proyecto de educación y trabajo del Colegio Puente de Belice, permitiría imaginar la posibilidad de impedir la incorporación a las maras de niños y niñas que ingresan a la adolescencia.

La violencia tiene causas, tiene raíces. Si no se buscan las causas y no se va a las raíces, los despliegues policíacos o militares no son eficaces o se vuelven una guerra prolongada y aún más cruel, como lo muestra el ejemplo mexicano. Hay causas más difíciles de erradicar: se cumplieron los acuerdos de paz suprimiendo las temibles policías judicial, de hacienda y militar ambulante y se trató de reconvertir la brutal y corrupta Policía Nacional en Policía Nacional Civil. Pero se permitió a muchos de los miembros de los institutos policiales suprimidos integrarse a la nueva Policía Nacional Civil o volver a la vida civil con sus armas, como diciéndoles: ahí están sus herramientas de trabajo. Y los proyectos de ley para el control de armas nunca se convierten en ley en el Congreso.

Es posible que nuestra actual cultura haya sido brutalmente acostumbrada a la violencia por un Estado que cometió crímenes de lesa humanidad y cuyo brazo armado no ha tenido que responder por ellos ante la justicia. Tampoco los finqueros que los apoyaron. Alguno de ellos ha escrito recientemente en “El Periódico” que tal vez se apaciguaría la violencia si volvieran a aparecer cadáveres en las cunetas de las carreteras. Y aunque en menor grado, también los métodos violentos de la guerrilla participaron en esa incorporación de la violencia a la cultura guatemalteca. Algunos dicen que hay que ir más atrás y ponerse la meta de redistribuir la tierra y la riqueza que fue arrebatada con violencia a los indígenas y ladinos pobres por un Estado siempre fuerte para oprimir y reprimir y débil para invertir socialmente en las mayorías a las que gobierna. La mejor manera de redistribuir es llegar a imponer una importante carga fiscal, unos impuestos que representen un alto porcentaje del PIB, lo que en Guatemala es un acuerdo de paz nunca cumplido.

En definitiva, la pobreza injusta es una de las múltiples madres de la violencia. Y también lo son las raíces de violencia, incluso míticas, contenidas en la cultura ancestral y en formas de religión centradas en la muerte. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) publicó el estudio “Situación de la niñez en Guatemala 2004”, donde se afirma que la violencia en los hogares -donde no falta la violencia sexual- es la cuarta causa de muertes de niñas y niños en Guatemala.

HAY TAMBIÉN VIOLENCIA
EN LAS ADOPCIONES

Queremos fijarnos hoy en otra violencia: la que se encubre tras muchos de los procedimientos de adopciones en Guatemala. Esta violencia tiene con el narcotráfico un lejano parentesco: el del gran negocio que supone. Pone al descubierto otra de las causas de la violencia: el deseo codicioso de dinero fácil a través de una estructura ilegal de negocio que quebranta la ley nacional e internacional y pisotea la dignidad humana.

Varias organizaciones no gubernamentales y una gubernamental -Casa Alianza, Fundación Sobrevivientes, Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Fundación Myrna Mack, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República- han elaborado un estudio importante que lleva como título “Adopciones en Guatemala; ¿protección o mercado?” Se terminó en noviembre de 2007 y se nos ha permitido publicar algunos de sus resultados.

MARCO LEGAL INTERNACIONAL

En Guatemala existe un marco legal para las adopciones que se ajusta a los estándares internacionales. Como miembro de la ONU, obliga a Guatemala un documento votado por la Asamblea General en 1986: la “Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación de hogares de guarda, en los planos nacional e internacional”. Los principios fundamentales que se norman en este texto son la posibilidad de la adopción cuando los padres no puedan ocuparse de un vástago suyo o cuando sus cuidados sean inapropiados, y la preferencia por una adopción en el país de origen, a menos que no se den en ese país las condiciones necesarias.

Además, exige que los padres tengan tiempo y asesoría suficientes antes de tomar una decisión, prohíbe el secuestro o cualquier otro acto ilícito con fines de adopción, exige que se impida que quienes gestionan la adopción reciban beneficios financieros por hacerlo, y también establece la protección de los intereses jurídicos y sociales de los infantes.

También obliga a Guatemala la “Convención sobre los Derechos del Niño”, votada por la Asamblea General de la ONU en 1989 y expresamente aprobada por el Congreso guatemalteco en 1990. Para 2007 habían ratificado esta Convención 192 países, todos menos Estados Unidos y Somalia. Este dato es muy importante porque Estados Unidos es el país de donde proviene la mayor demanda de adopción de niñas y niños guatemaltecos: 26,783 de 30,434, el 88% de todas las adopciones realizadas entre 1997 y 2007.

El aumento de la demanda de adopciones provenientes de América Latina y la falta de control de los Estados llevaron a aprobar en La Haya en 1993 el “Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional” (Convenio de La Haya). Pretende que las adopciones prioricen “el interés superior del niño o de la niña”, que los Estados cooperen para asegurar esa garantía y prevenir el secuestro, la venta o la trata de niños y niñas, y establece que las adopciones se realicen según las normas del Convenio. Estas normas obligan a que las adopciones internacionales se den sólo cuando se establece que el niño o la niña son adoptables y cuando la adopción es imposible en la propia nación.

También cuando se asegura que se ha asesorado sobre las consecuencias de su consentimiento a personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiere para la adopción, y cuando ese consentimiento es libre, legal y por escrito y no se ha obtenido por él ningún pago o compensación. El consentimiento de la madre sólo es válido después del nacimiento del bebé o la bebé. En caso de que se trate de niños y niñas “con cierta edad y madurez”, es necesario que gocen de asesoramiento y que se tomen en cuenta sus opiniones y deseos, además de dar su consentimiento libre, legal y por escrito, y sin que sea objeto de pago o compensación. Las autoridades se obligan a constatar la idoneidad de los padres y madres que adoptan y su recepción de asesoría, además de que quienes sean adoptados tengan autorización para ingresar al país de adopción y residir allá permanentemente. Finalmente, cada Estado contratante del Convenio debe designar una Autoridad Central estatal, administrativa -no jurisdiccional-, encargada de dar cumplimiento a todas las obligaciones contraídas. El Congreso de Guatemala aprobó en 2002 la adhesión del Estado a este Convenio.

CIMIENTOS DEL GRAN NEGOCIO

En términos jurídicos nacionales, el primer texto importante es la Constitución de 1985. En su artículo 54 establece que “la protección de niñas y niños huérfanos y abandonados es de interés nacional y que el adoptado adquiere la condición de hijo del adoptante”. Anterior cronológicamente es el Código Civil de 1963, muy deficiente sobre el proceso de adopción. Contempla prácticamente la adopción en Guatemala, no la internacional, pero exige, con todo, que la solicitud de adopción se presente ante el Juez o Jueza de primera instancia correspondiente al domicilio de quienes solicitan la adopción y que haya testimonio de dos personas honorables sobre la capacidad, tanto moral como económica, de los solicitantes para cumplir con sus obligaciones de paternidad y maternidad adoptivas.

En 1977 el Congreso aprobó la “Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria”. Uno de esos asuntos es la adopción. La Ley modifica de hecho el Código Civil. Prescinde de la autoridad judicial; acepta que sea una persona con el título de abogacía y notariado público quien formalice la adopción y sólo requiere además la aprobación de la autoridad competente, que quedó delegada a la Procuraduría General de la Nación (PGN), es decir, a la persona encargada de la abogacía del Estado.

Con esta ley se pusieron en Guatemala los fundamentos para el negocio de la adopción, en el que participan oficialmente, o con relativa apertura, notarios y notarias, médicos y médicas gineco-obstetras y pediatras, comadronas, empresarios y empresarias de casas-cuna o de engorde y los mismos funcionarios de la PGN, y clandestinamente secuestradores y secuestradoras, roba niños, “jaladoras” o “mediadores”, violadores o amantes, madres o padres “vende niños”, además de padres y madres adoptivos dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero para adoptar y funcionarios y funcionarias de consulado que conceden las visas a adoptados y adoptadas. Todos ellos en conjunto forman lo que se conoce como las “redes de adopción”, o secuestro o robo para adopción, venta, trata de niños y niñas o incluso para tráfico de órganos.

IDAS Y VUELTAS
DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

En 2003 el Congreso guatemalteco aprobó la “Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia” (LPINA), que derogó de facto o tácitamente la Ley de 1977, con base en lo que los juristas llaman “principio de superioridad” jurídica. En realidad, esta Ley implica la adaptación de la legislación guatemalteca en materia de adopción nacional e nternacional al cuerpo jurídico de convenios internacionales a los cuales se había adherido Guatemala. Para ser justos, conviene hacer notar que fue durante la Presidencia de Alfonso Portillo, y con la mayoría absoluta legislativa del FRG de Ríos Montt, cuando se produjo tanto la adhesión de Guatemala al Convenio de La Haya (2002) como la aprobación de la LPINA (2003). Sin embargo, también en 2003 un grupo importante de profesionales del notariado con intereses en el negocio de las adopciones presentaron ante la Corte de Constitucionalidad -comprometida mayoritariamente con Ríos Montt- un recurso de inconstitucionalidad contra la adhesión de Guatemala al Convenio de La Haya de 2002. Y la Corte de Constitucionalidad les dio la razón. La base para esta decisión estaba contenida en las objeciones presentadas por el Estado guatemalteco en 1969 a los artículos 11 y 12 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, objeción confirmada en 1997 durante la presidencia de Arzú y el Congreso con mayoría absoluta del PAN, su partido. Se trataba de la preferencia del cuerpo jurídico internacional al que se adhirieran los Estados sobre el derecho constitucional propio.

Esta resolución de la Corte de Constitucionalidad en 2003 dio un impulso importante a los procedimientos notariales de adopción, a pesar de que, al aceptarlos en contra de la letra y el espíritu de la LPINA de 2003, la Procuraduría Nacional de la República actuaba ya ilegalmente, ateniéndose a la Ley de 1977, implícitamente derogada.

Finalmente, en julio de 2007, seis meses antes del final de su período presidencial, el Presidente Oscar Berger retiró las objeciones del Estado de Guatemala al Convenio de Viena, presentadas en 1969 y ratificadas en 1997. Con ello quedaba sin efecto la base jurídica para la inconstitucionalidad de la adhesión de Guatemala al Convenio de La Haya, aprobada por el Congreso en 2002. Se fijó el 31 de diciembre de 2007 para la entrada en vigencia del Convenio de La Haya, y se designó como Autoridad Central estatal administrativa de los procesos de adopción a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, que debería actuar en adelante en coordinación con la Cancillería, la PGN, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público.

COLOM: INCONSECUENCIA GRAVE

Antes del fin de su Presidencia, Berger dejó nombrados a los representantes de Relaciones Exteriores (la abogada constitucionalista Annabella Morfín) y de la Secretaría de Bienestar Social (Marvin Rabanales, abogado experto en violencia contra niños y niñas) para el Consejo Nacional de Adopciones, pero ambos fueron sustituidos por otras dos personas por el Presidente Colom en los primeros días de su Gobierno.

Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, criticó fuertemente al Presidente Colom por no ser consecuente en esto con su promesa de no prestarse a ningún tipo de intereses e intentar “controlar el negocio de la niñez”. Precisamente el temor de los autores del estudio que estamos resumiendo era que las redes del negocio de las adopciones intervinieran con todo su poder económico y su influencia política para controlar desde dentro de la Autoridad Central la continuidad de sus operaciones ilegales, y aun criminales, que constituyen ese “negocio” -realmente formidable- del que habla Helen Mack. Al intervenir así en un ente autónomo que ya estaba constituido, Colom provocó una brecha en la institucionalidad del país.

SÓLO CHINA PROVEE MÁS NIÑOS

Los resultados del estudio que estamos resumiendo explican de qué se trata en el negocio de las adopciones. Guatemala es “el cuarto país en el mundo que más niños y niñas provee para la adopción internacional, después de Rusia, China y Corea del Sur.” Pero “es el número uno en relación con su población total”.

“En 2006 se adoptaron 37 niños por cada 100 mil habitantes” y se dio en adopción al 1% de los niños y niñas nacidas en el país. “En 2003, seis países decidieron aplicar una moratoria a las adopciones de niños y niñas guatemaltecas, por considerarlas viciadas: Francia, España, Canadá, Holanda, Alemania y Reino Unido, países que ocupan los puestos segundo, cuarto, quinto, séptimo, décimo y undécimo entre los países que han adoptado niños y niñas guatemaltecos entre 1997 y 2006.

Francia había sido el destino de unas 1.400 adopciones, pero los demás países que declararon la moratoria habían sido el destino de sólo centenares o decenas cada uno. Las cifras de niños y niñas adoptados por padres y madres de estos seis países descendieron radicalmente desde 2003. El tercer puesto lo ocupa Guatemala misma. Estados Unidos ocupa el primer lugar (88% de todas las adopciones en 1997-2007 y 97% en 2006). La gran demanda de adopciones desde Estados Unidos es una de las causas principales del crecimiento de las adopciones en Guatemala.

Sólo China supera a Guatemala como proveedora de niñas y niños para ser adoptados en Estados Unidos. Pero Guatemala tiene algo más de 13 millones de habitantes y la República Popular China 1,300 millones, cien veces más.

ORIGEN: EL CONFLICTO ARMADO

Las adopciones forzadas comenzaron a ser masivas en Guatemala durante el conflicto armado interno “cuando muchos niños y niñas que quedaron huérfanos, perdidos o abandonados, fueron dados en adopción” sobre todo a familias de oficiales militares. “Según la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida” -colega de la salvadoreña “Pro Búsqueda”, fundada por el fallecido jesuita Jon Cortina-, “cerca de 5 mil niños y niñas fueron desaparecidos, separados de sus familias o dados en adopción” durante los años de guerra. “Para 2003 esta Comisión había documentado 1 mil 84 casos de niños desaparecidos, de éstos 500 (46%) eran bebés menores de un año, que habían sido secuestrados y dados en adopción”. No pocos de entre ellos fueron “salvados” de las masacres en las que sus papás, mamás, hermanos y hermanas mayores perdieron la vida.

Es difícil obtener un cuadro más completo por la inaccesibilidad de los archivos militares, de orfanatos, albergues y de los mismos expedientes de adopción. El 25 de febrero del 2008, en el noveno aniversario del Informe “Guatemala, Memoria del Silencio”, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el Presidente Colom ordenó la apertura de todos los archivos militares. Pero octubre, el Ministro de la Defensa, General Marco Tulio García Franco, informó públicamente que no obedecerá esa orden del Presidente, por ser anticonstitucional y dijo que quedará en suspenso hasta que no se resuelva la demanda presentada ante la Corte de Constitucionalidad.

UNA REALIDAD A GRAN ESCALA

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía infantil, ha afirmado que lo que en Guatemala comenzó como un intento de dar solución a los casos brutales originados en el conflicto armado, se convirtió con el tiempo “en una operación comercial rentable, cuando se hizo evidente que había un importante ‘mercado’ para la adopción de bebés”. Y determinó que “la trata de bebés y niños de corta edad existe a gran escala en Guatemala”. Ante todo esto, parece estar justificado hablar de otro tipo de violencia proveniente del conflicto armado interno, cuando se escarba en el origen del aumento exponencial de las adopciones en Guatemala desde la década de los 80. El estudio añade que otras causas hay que buscarlas en las altas tasas de fecundidad de jóvenes adolescentes o mujeres jóvenes (entre las de 15 a 19 años, 113 por mil dan a luz anualmente) y en la pobreza (51% de la población) y extrema pobreza (15.2%).

MÁS POBREZA, MÁS COACCIÓN

El estudio afirma que “las mujeres más propensas a la coacción y el engaño para dar a sus bebés en adopción son jóvenes menores de 25 años, madres solteras, sin educación y sin recursos económicos para acceder a una atención” prenatal, en el parto y postnatal. Y continúa diciendo que “la violencia contra las mujeres es otro factor, ya que bebés producto de violación sexual están siendo dados en adopción” con engaño y coacción.

La Fundación Sobrevivientes siguió los casos de cinco niñas entre 10 y 11 años que fueron violadas y resultaron embarazadas y cuyas familias se negaron a dar los bebés en adopción por motivos religiosos. Concluyen que no siempre se pretende alejar de las familias a bebés nacidos después de que las madres fueron violadas.

Se lee en el informe que la situación de “vulnerabilidad económica, social y cultural y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres está siendo aprovechada por las redes de trata de niños que se dedican a las adopciones”. Existe además el negocio de “vientres de alquiler”, documentado, por ejemplo en Alta Verapaz en una casa dedicada a guardar a las mujeres durante su gestación y hasta el parto. Y existe también el “robo, secuestro y desaparición de niñas y niños”.

LA TOLERANCIA ESTATAL

A juicio de las instituciones que elaboraron el estudio, todo esto es posible por la tolerancia del Estado guatemalteco a procedimientos de adopción que son ilegales nacionalmente desde 2003, desde la promulgación de la LPINA, pero que ya eran ilegales antes, desde que el Congreso de Guatemala adoptó en los 90 los instrumentos jurídicos internacionales a los que nos hemos referido.

Esto significa al menos cuatro años (2003-2007) no sólo de tolerancia, sino de claro quebrantamiento estatal de la legalidad respecto de los procedimientos usados para gestionar las adopciones, porque la Procuraduría General de la nación ha continuado aceptando actas notariales como instrumento único para los procedimientos de adopción en contra de lo establecido en la LPINA. No es extraño, dado el peso de la corrupción en no pocas instituciones estatales guatemaltecas y los elevados montos del procedimiento notarial de adopción. El estudio los calcula entre 13 y 40 mil dólares por caso. Los casos de adopción fueron 1,265 en 1997 y 4,918 en 2006, casi el cuádruplo en 10 años. Las cifras de 2007 ascendían a 3,694, menores que en 2006 porque el estudio terminó antes de finalizar el año. Entre 1997-2007, once años, hubo un total de 30,434 adopciones.

UN MILLONARIO NEGOCIO

Haciendo unos sencillos cálculos a partir de las cifras del estudio, si cada una de las adopciones hubiera costado la cifra mínima (13 mil dólares), estaríamos hablando en esos once años de un monto total de 395 millones 642 mil dólares. Y si cada una de ellas hubiera costado la cifra máxima (40 mil), estaríamos hablando de 1 mil 217 millones con 360 mil dólares.

Entre esas dos cifras estaría el costo real de las adopciones: entre 395 millones y medio de dólares y algo más de 1 mil 217 millones de dólares. Así pues, al hablar de las adopciones, no estamos hablando del negocio de una pequeña o mediana empresa, sino del de una gran empresa. El estudio afirma que un trámite normal de adopción por canales plenamente legales puede costar unos mil dólares, más de tres veces menos que la cifra mínima calculada por las instituciones que elaboraron el estudio.

GRAVES FALLAS DEL ESTADO

Las conclusiones del estudio son importantes. En la primera se establece que el Estado guatemalteco ha estado violando la Convención sobre Derechos del Niño. No ha cumplido durante una década los instrumentos jurídicos internacionales a los que se adhirió. Ni siquiera ha esto cumpliendo la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LPINA) de 2003 y se ha regido en cambio por una Ley de 1977 derogada de facto por ésta.

Niños y niñas están siendo dados en adopción en la mayoría de los casos sin el pleno conocimiento y consentimiento de sus madres biológicas. El Estado no ha velado para que sea preferencialmente en Guatemala donde se realicen las adopciones y tampoco hay convenios entre el Estado guatemalteco y Estados Unidos para garantizar los intereses superiores de niños y niñas llevados allá en adopción. El Estado permite que los procesos de adopción proporcionen beneficios financieros indebidos a quienes los tramitan en cualquiera de sus pasos.

Finalmente, al aceptar como válidas las actas notariales, el Estado no ha hecho lo posible por impedir que los niños y niñas dados en adopción hayan sido dados sin información suficiente o con coacción, o peor todavía, hayan sido robados o secuestrados. En el caso de niños de cierta edad o adolescentes no se ha asegurado que no vayan a ser usados en prostitución o pornografía o, peor aún, para traficar con sus órganos.

QUIÉNES PARTICIPAN
EN LAS REDES DE ADOPCIÓN

La segunda conclusión se refiere a las redes de adopción. Fundamentados en un subestudio específico de 1,083 avisos de adopciones ingresados a la Procuraduría General de la Nación de mayo a agosto de 2007, los elaboradores del estudio obtuvieron los datos. En el proceso de adopción “participan un total de 1 mil 607 personas. De éstas, 392 son gineco-obstetras y comadronas, 110 son pediatras, 155 son notarios, 142 son mandatarios y 808 son personas responsables del cuidado de los niños mientras se concluye con el trámite de adopción”, refiriéndose a empleadas y empleados en casas-cuna o casas de engorde.

Además están las madres o padres que venden niños, las enfermeras, trabajadoras sociales, jaladoras, registradores civiles -tramitan partidas de nacimiento o las venden falsas-, funcionarios públicos y en el peor de los casos secuestradoras y secuestradores de niños y niñas. Las jaladoras son mujeres que van de aldea en aldea o de barrio en barrio o de prisión en prisión convenciendo a madres para entregar sus hijos en adopción. En otras ocasiones este “oficio” lo desempeñan algunas comadronas. Las cifras monetarias que se involucran en estos procesos -y que violan la norma de que las adopciones no deben generar beneficios financieros a quienes las tramitan- permiten la contratación de tantas personas.

“El dinero que generan las adopciones también ha hecho que determinadas personas concentren gran cantidad de casos de niños y niñas para la adopción”, como se ve por las cifras siguientes: de los 155 notarios comprometidos en estos 1,083 casos, uno se encargaba de 66 casos, uno de 45, dos de un promedio de 34.5, tres de un promedio de 27, seis de un promedio de 23.5, cuatro de un promedio de 18, dieciseis de un promedio de 12.4, dieciocho de un promedio de 7.5, setenta de un promedio de 3.4 y treinta y tres de sólo un caso cada uno.

Estas diferencias también existen entre los médicos y comadronas. Existen “colonias cuna” y “sectores cuna” (sectores urbanos donde están agrupadas varias colonias-cuna). “Las mujeres embarazadas están siendo transportadas a la ciudad para dar a luz y entregar sus bebés en adopción.” Estas redes constituyen “una economía del delito relacionada directamente con las adopciones internacionales”.

Los grandes beneficios financieros permiten señalar estas adopciones internacionales como “venta de niños y niñas”. Pero el estudio va más allá y afirma que estos trámites significan en el fondo “una trata, porque están dando en adopción una cantidad de niños excesiva, sin un control eficaz, sin transparencia, sin precios sujetos a regulación y sin un claro conocimiento del origen de esos niños y niñas. La trata incluye también a las casas cuna y a personas particulares que cuidan niños mientras concluye el trámite de adopción; ya que la mayoría actúan de forma ilegal o ilícita o reciben considerables cantidades de dinero por el servicio.”

UN DELITO LEGALIZADO

La tercera conclusión se refiere a la conexión entre la trata de niños y niñas y las adopciones internacionales. “Los casos estudiados permitieron establecer la estrecha relación entre el ‘robo-secuestro-desaparición de niños’ y la ‘compra-venta de niños’ con las adopciones internacionales”. Se estableció la conexión con el estudio de “al menos cuatro casos, dos en vías de proceso jurídico y dos resueltos jurídicamente”. Tanto el Procurador de los Derechos Humanos, como el Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (en el gobierno de Berger), lo han corroborado. Éste dijo: “En Guatemala se comete el delito de robar un niño, que luego se legaliza mediante un trámite de adopción”.

¿RELACIÓN CON FEMINICIDIOS?

La cuarta conclusión, tal vez la más espantosa, es la relación con los feminicidios o intentos de feminicidio, se ha encontrado en tres de los casos estudiados, relacionados con el “robo-secuestro-desaparición de niños” y con la “compra venta de niños”, en los cuales varias mujeres resultaron heridas o muertas: una de ellas herida al serle arrebatada la criatura e intentar defenderla y otras dos muertas en casos de “jaladoras” que entraron en conflicto con sus socios. El estudio termina así: “Un análisis más profundo puede revelar alguna especificidad de los feminicidios con las operaciones de la economía del delito relacionada con adopciones.”

Es sabido que en Guatemala los feminicidios vienen aumentando su importancia cuantitativa y relativa dentro de las cifras de los homicidios. Han llegado a ser un 10%, alrededor de 500 al año o más. Lo espantoso sería que una cierta cantidad de esos feminicidios fueran cometidos después de secuestrar a mujeres jóvenes, violarlas hasta embarazarlas, y obligarlas a completar la gestación y el parto. Después vendría el arrebatarles a su criatura y el asesinarlas. Pero esto no es aún más que una hipótesis para la investigación.

UN HORRENDO MOSAICO

Hemos hablado muchas veces en las páginas de Envío de las mafias que acumulan el capital delincuencial global y que no se detienen ante el uso de la violencia para afianzar sus negocios. El caso de la compra-venta y trata de niños y niñas y su conexión con las adopciones internacionales, y también con la prostitución y la pornografía, así como con el mercado de trasplantes de órganos, nos abre ventanas a otro aspecto -distinto al del narcotráfico y el tráfico de armas- de estas mafias, de las cuales la red guatemalteca sería solamente una rama. El horrendo mosaico de la violencia en Guatemala se ilumina ahora con esta pieza: la adopción violadora de los derechos de la infancia y de las madres y padres. Una realidad macabra.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

Imprimir texto

Enviar texto