Desalojos y megaproyectos: dos caras de la misma moneda

El Plan Puebla Panamá pregona las ventajas de los megaproyectos para impulsar el desarrollo de la región mesoamericana. Los desalojos de pobladores de la Asociación Pueblos Unidos abren preguntas al PPP: ¿Desarrollo para quiénes? ¿A costo del desarrollo de quiénes? El desarrollo de unos pocos a costo de la miseria de muchos sigue siendo la receta del gobierno salvadoreño.

Elaine Freedman

Carmelo Cabrera, presidente de la Asociación Pueblos Unidos, ha enfrentado 36 juicios, 6 capturas y 28 días en prisión, siempre bajo las mismas acusaciones, a pesar de que la ley dice que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Desde el año 2000, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) acusa a Pueblos Unidos de usurpación de tierras en el municipio Intipucá, departamento de La Unión.

“NOS BOTAN LAS CASAS
Y LUEGO VOLVEMOS”

El incidente más escandaloso se produjo en febrero de 2007 cuando un grupo de aproximadamente 200 miembros del Grupo de Reacción Policial y la Unidad de Mantenimiento del Orden -las dos fuerzas más represivas de la Policía Nacional Civil-, acompañados por la Fiscalía General de La Unión, entraron a los caseríos La Agencia, El Bartolo, El Amate, La Leona, Palo Blanco, La Brea y Los Ranchos para desalojar a sus habitantes. En esta ocasión, 68 pobladores fueron sacados de sus casas en la madrugada, y acusados de usurpación y tenencia de armas largas. Para evidenciar la tenencia de esas armas, los agentes decomisaron cumas y cuchillos de cocina. Finalmente, todos fueron absueltos por el Juzgado de Sentencia de La Unión, que dictaminó que “no había documentos que respaldaran al ISTA”. Las viviendas de los capturados fueron destruidas como parte del operativo. Pero como Carmelo Cabrera explica, en la dinámica entre los pobladores y la policía existe casi un procedimiento ya establecido: “Ellos vienen, nos botan las casas, nos vamos a la calle, y luego volvemos a construir y aparecen nuevas casas aunque sean de nailon”.

EN TIERRAS DE NADIE

Hace más de 50 años estas familias desalojadas habitaron la zona oriental del municipio de Intipucá, Departamento de La Unión. Felipe Henríquez, actual poblador del caserío El Amate, tiene 80 años. Cuenta que llegó a El Amate a los tres meses, cuando sus padres se fueron a vivir a esas tierras. Desde entonces, su familia y los vecinos se han dedicado al cultivo de granos básicos y, en distintos momentos, han trabajado como colonos para distintas familias que ocuparon ilegalmente estas tierras. Carmelo Cabrera recuerda que en las historias que le contaba su mamá, la Guardia Nacional acompañaba a distintos terratenientes para adueñarse de los terrenos.

La última de estas familias fue la madre del ex-Presidente Alfredo Cristiani, quien las compró ilegalmente, sin escrituras por medio, y las ocupó en los años 70 para sembrar algodón y criar ganado. Actualmente viven 450 familias en las tierras en cuestión -4,872 manzanas-. Algunas tierras aparecen escrituradas en el Censo Nacional de Registros, otras aparecen como propiedad de la Cooperativa San Ramón, aunque los mismos terrenos no constan en la escritura de esa cooperativa, y otros sencillamente no aparecen. Ni los habitantes, ni ninguna de las familias que realizaron compra-venta, ni el ISTA han tenido documentos que acrediten esta propiedad como suya.

Solo un 22% de estas tierras pertenecen a la Cooperativa San Ramón, beneficiaria de la Reforma Agraria de 1980, cuando se entregaron 295 mil hectáreas a asociaciones campesinas en todo el país. Tres años después, una nueva Constitución estableció que la extensión máxima de tierras de propiedad rústica en manos de particulares era 245 hectáreas.

El proceso de aquella Reforma Agraria estuvo plagado de vacíos: falta de acceso a créditos y a asistencia técnica, incapacidad de pagar la deuda agraria y malos manejos del organismo rector, el ISTA. Todo esto impidió a los beneficiarios y a las cooperativas aprovechar las oportunidades que les daba su nuevo estatus de propietarios.

ESCRITURAS
EN ENTREDICHO LEGAL

El proceso de inscripción de las tierras de la Cooperativa San Ramón fue anómalo, como sucedió en muchos otros casos. Según lo establecido, después de la expropiación de las propiedades mayores de 245 hectáreas, y a petición del uso de esas tierras por una asociación cooperativa debidamente constituida, el ISTA tenía que entregar una escritura de compra-venta hipotecada. Al pagar su deuda agraria por el valor acordado de la propiedad, el ISTA deshipotecaba la propiedad.

El caso de la San Ramón no fue exactamente así. Según Jacobo Sorto, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD) y defensor de las socias y socios de Pueblos Unidos, el documento de propiedad que tiene la Cooperativa es una Escritura de Compra-Venta que data del año 1988 y que registra un valor de 3 millones de colones, cantidad que se supone la Cooperativa prestó a la banca de ese entonces. Esto contrasta con informaciones de FESACORA, la Federación a la cual la Cooperativa San Ramón está asociada. Es sólo uno de los varios puntos no esclarecidos que ponen en entredicho la legalidad del proceso.

Por otro lado, los defensores de la cooperativa han presentado dos escrituras con mediciones distintas en el transcurso de los procesos jurídicos. Se supone que sólo una de las dos es la escritura verdadera. Además, las escrituras hacen referencia a una donde los ingenieros dan fe de que la capacidad del inmueble es mayor, haciendo alusión a las tierras no registradas a la par. Sorto explica que en ese paso, “previnieron que la Cooperativa podría hacer una remedición del inmueble y arropar toda la tierra ahí”.

Tan confusa información puede ser interpretada, con mirada ingenua, como fruto de un malentendido jurídico o de una sofisticada medida administrativa. Sin embargo, la trayectoria del ISTA está tan plagada de anomalías en los procesos de escrituración, de contratación de servicios y de pagos que cuestiona cualquier ingenuidad.

El último presidente del ISTA admitió haber avalado la parcelación de cuatro Áreas Naturales Protegidas y haber entregado estas tierras a simpatizantes de ARENA, incluyendo a un tío suyo. Según el economista Alfonso Goitia, existen aproximadamente 30 piezas de correspondencia en la Asamblea Legislativa en las cuales agrupaciones de campesinos, cooperativistas y ex-patrulleros demandan al ISTA por actos de corrupción. Esta historia lleva a la Asociación Pueblos Unidos a considerar que el ISTA ha utilizado a la Cooperativa San Ramón para apropiarse de sus tierras.

EL ISTA COMPRA Y VENDE
CON OTRA INTENCIÓN

En el año 1999, las directivas de la Cooperativa San Ramón, una cooperativa productora de algodón, ganado, marañón y henequén, se acercaron a los pobladores de los siete caseríos a ofrecerles la venta de las propiedades donde ellos residen, a pesar de que estas tierras no les pertenecen. Aún así, les explicaron que, visto que estaban viviendo ilegalmente en las tierras de la cooperativa, sería más conveniente comprarlas para garantizar su seguridad en la zona.

Aunque esta propuesta sonaba extraña a los habitantes -con más de medio siglo de vivir en la zona- su interés en aquel momento era llegar a un acuerdo, por lo cual siguieron con el proceso propuesto por el entonces presidente del ISTA, Miguel Tomás López. En primer lugar, tuvieron que realizar un censo poblacional para comprobar cuántas familias vivían ahí. Después, tuvieron que encargarse de la medición de las tierras. Este proceso, más la contratación de un abogado, quien les asesoraría en los distintos trámites, fue costoso y les implicó gastos de más de 2 mil 500 dólares. Al entregarla al ISTA, el mismo presidente que se la había encargado deslegitimó la medición, explicando que sólo el ISTA estaba facultado para realizar estas mediciones. “Nos sentimos burlados”, recuerdan las directivas de las comunidades afectadas.

Finalmente, se entró a la negociación del precio de las tierras. El ISTA ofreció venderles las tierras a 15 colones por vara cuadrada (el equivalente a $1.71), cuando el precio de la vara cuadrada en el mercado era de 3 colones (el equivalente a $0.34). Los pobladores propusieron a López un precio que fue rechazado. Finalmente, en la víspera de agotar el proceso, López ofreció un trato a los pobladores: les entregaría un “certificado”, pero no escrituras legales, por el módico precio de un colón por vara cuadrada (el equivalente a $0.11).

Los pobladores rechazaron esta oferta, explicando que un “certificado” no tenía ningún valor legal y no les daba ninguna garantía. Reafirmaron su interés en comprar escrituras de sus terrenos al precio del mercado. En retrospectiva, los afectados consideran que el ISTA nunca tuvo voluntad de negociar las tierras y que todo lo ocurrido en esta fase fue una forma solapada de justificar su posterior desalojo.

NACE LA ASOCIACIÓN
PUEBLOS UNIDOS

Viendo que no se resolvía su situación, y poniendo en duda la voluntad real del ISTA para llegar a un acuerdo, los pobladores fundaron en el año 2000 la Asociación Pueblos Unidos, instancia organizativa de las comunidades afectadas para agilizar una resolución positiva del problema.

A partir de este momento, el ISTA comenzó una campaña de desprestigio contra sus dirigentes. Distribuían hojas volantes en las comunidades acusando a los líderes de Pueblos Unidos de estafar a la gente. La propaganda decía que el proceso era completamente gratis y que si los líderes estaban pidiendo a los socios que contribuyeran para pagar la medición de las tierras y el abogado, eso era un engaño para quitarles dinero. “Decían que ya se habían aceptado las ofertas del ISTA en otras comunidades y que nosotros les estábamos estafando. Luego iban a las otras comunidades a decir que nosotros éramos los que ya habíamos aceptado. En ninguno de los casos era cierto”, recuerda José Lobo, vicepresidente de Pueblos Unidos. Aunque no lograron su propósito de romper la Asociación, se logró crear confusión entre las pobladoras y pobladores.

DESPUÉS DEL DESPRESTIGIO,
EL DESALOJO

Dos años después, el ISTA abrió el primer proceso legal contra los dirigentes de Pueblos Unidos y su abogado. Al final del proceso, los siete miembros de la junta directiva y su abogado defensor en ese entonces fueron condenados a un año de trabajo social por cargos de usurpación de la tierra. Según Sorto -el defensor actual-, esta condena era ilegal porque el ISTA no podría comprobar que eran los dueños de la tierra. Se ampara en las resoluciones de otros juicios que dicen que el ISTA no cuenta con escrituras que pueden comprobar quiénes son los dueños de los terrenos. “Esto tiene que ver estrictamente con el funcionamiento del órgano judicial. Nosotros, que trabajamos en la zona de Oriente, sabemos por experiencia que La Unión es uno de los departamentos donde más cuestionada está la administración de justicia”.

En el año 2005 una delegación mixta de empleados del ISTA, directivas de la Cooperativa San Ramón, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de La Unión llegó a desalojar a los pobladores. José Lobo recuerda: “Botaban las casas con motosierras y se llevaron hasta la comida de la gente: maíz, arroz y frijoles. Hicieron un saqueo grande. Al cerco le pusieron la motosierra y cortaron los alambres. Fue un desalojo masivo”. Dos años después, en 2007, se dieron nuevas capturas masivas que terminaron en absoluciones.

PUERTO CUTUCO:
UNA PIEZA DEL PPP

¿Qué hay detrás de estos desalojos? Los dirigentes explican que los provocan para facilitar proyectos de multinacionales que serán periféricos al megaproyecto Puerto Cutuco, una pieza del Plan Puebla Panamá (PPP), que se desarrollará a unos 40 kilómetros de las comunidades donde habitan los miembros de Pueblos Unidos.

Puerto Cutuco, el segundo puerto de El Salvador, después del Puerto de Acajutla en el occidente del país, forma parte del denominado Canal Seco, que unirá Puerto Cortés en Honduras y Puerto Corinto en Nicaragua, conectados por 1,925 kilómetros de carretera incluyendo la Longitudinal del Norte en la zona norte de El Salvador. El proyecto de reconstrucción del Puerto La Unión viene proyectándose desde hace 20 años, puesto que el ciclo de vida útil de un puerto es aproximadamente de dos décadas y dejó de funcionar desde hace unos 15 años. Sin embargo, en el contexto del Plan Puebla Panamá -que hoy se llama Plan Mesoamérica- la dimensión de la obra cambió radicalmente. La proyección actual apunta a que Cutuco sea capaz de recibir barcos de mayor capacidad de carga y de tamaño superior a los que actualmente atraviesan el Canal de Panamá.

Japón aportó 160 millones de dólares para la construcción de Puerto Cutuco en calidad de préstamo al gobierno de El Salvador, en concreto a la Comisión Ejecutiva Porturaria Autónoma (CEPA). Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa la concesión de este nuevo puerto al sector privado transnacional, bajo el argumento de que el gobierno salvadoreño no tiene capacidad para administrar un puerto de semejante envergadura.

El Plan Puebla Panamá fue anunciado por el entonces Presidente de México Vicente Fox el 12 de marzo de 2001.
Tres meses después, el PPP fue adoptado por los mandatarios de la región centroamericana en una reunión de Presidentes. El Plan, para el “desarrollo regional”, viene siendo complementario a los Tratados de Libre Comercio, facilitando el comercio en la región y hacia Estados Unidos, principal mercado de nuestros países. El PPP agilizará el transporte y abaratará sus costos a las grandes empresas que vienen a extraer recursos naturales o a invertir en maquilas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presupuestó 3 mil 548 millones de dólares para la infraestructura vial del PPP.

Además del Canal Seco, el Plan Puebla Panamá incluye presas hidroeléctricas para facilitar la interconexión eléctrica y el Corredor del Pacífico, una carretera de 3,156 kilómetros desde México hasta Panamá. Todo eso se construye con inversión pública o préstamos. Es la misma infraestructura contemplada para la privatización como parte del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), facilitando su posterior venta a empresas transnacionales. El proyecto en marcha del Puerto Cutuco es una prueba de que aun cuando el ALCA está debilitada, esta iniciativa estadounidense sigue vigente.

¿DESARROLLO PARA QUIÉNES?

Salvador Cruz, representante del Proyecto por la Vida, una iniciativa popular de resistencia a los megaproyectos en la zona y a la inversión transnacional privada -en particular la de una planta termoeléctrica-, explica que “para el pueblo de La Unión, para las grandes mayorías, Puerto Cutuco no será una opción de desarrollo, ni económico ni social”. “El Puerto Cutuco se va a convertir prácticamente en una gran base de contenedores con productos que no van a ser comercializados en El Salvador ni mucho menos van a ser aprovechados por el pueblo salvadoreño. Serán sólo mercancías que van de paso.”

Los pescadores de la zona han sido ya desplazados por el impacto de las máquinas dragadoras, que revolvieron y destrozaron el hábitat de la bahía de La Unión para construir las bases de la infraestructura portuaria. La pesca de camarón y de otras especies ha disminuido significativamente, quitándole a cientos de pescadores artesanales e industriales en esta zona su principal medio de vida.

A cambio -dice Salvador Cruz-, en lo que va del desarrollo del proyecto sólo se han empleado en él a doce personas del municipio, la mayoría inmigrantes ilegales de Honduras y Nicaragua, dispuestos a trabajar por un menor salario. Y cuando el puerto funcione, el empleo que se generará en la zona será en el sector servicios en varios de los proyectos periféricos proyectados: un centro comercial en la playa, centros de recreación, hoteles y bares. Es evidente, como dice el economista Raúl Moreno, que “los grandes ganadores de los megaproyectos se llaman transnacionales y con ellas, algunas empresas salvadoreñas, principalmente del núcleo hegemónico empresarial, que también se van a beneficiar”.

PARA QUE UNOS LLEGUEN
OTROS TIENEN QUE IRSE...

Para que estos megaproyectos quepan, la gente tiene que irse. Actualmente, en distintas partes de El Salvador la empresa privada, con la colaboración del gobierno, utiliza distintas tácticas para desalojar a los habitantes de las comunidades donde se inician los megaproyectos. Los principales métodos son la compra de terrenos y, cuando ésta no es posible, los desalojos forzosos con medidas represivas.

Casos similares a los desalojos que se dan alrededor del Puerto Cutuco se ven en las zonas donde actualmente se construyen las represas, la Carretera Longitudinal del Norte, las exploraciones mineras y los proyectos turísticos en la zona costera, que alojarán a quienes vienen al país a hacer negocios.

“Eso es lo que ellos pretenden: vender toda esta zona por la apertura del Cutuco. Es la razón por la que les estorbamos. Por eso intentan desalojarnos a como dé lugar”, se lamenta Carmelo Cabrera.

UN PAÍS EN VENTA

¿Qué planes alternativos hay para la población de los caseríos La Agencia, El Bartolo, El Amate, La Leona, La Brea, Palo Blanco y Los Ranchos? Salvador Cruz cita un diseño para esta zona. Contiene un hipódromo, un helipuerto y hoteles. El municipio de Intipucá forma parte de la línea costera, junto a los municipios de La Unión y Conchagua, donde se proyecta la línea hotelera que desarrollará “el gran turismo de playa”.

El turismo constituye hoy la mayor industria legal del mundo. Incluyendo una de sus actividades auxiliares, el transporte, genera el 11% del Producto Mundial Bruto y ese mismo porcentaje de las exportaciones mundiales. En comparación, la industria del motor, el petróleo y sus refinados, alcanza un 7% a escala global. La industria turística es “joven” y está teniendo un crecimiento exponencial: ha cuadruplicado el crecimiento de la economía mundial en los últimos cinco decenios. Si en 1950 recorrieron el mundo 25 millones de turistas internacionales, en 2004 la Organización Mundial de Turismo (OMT) contabilizó 28 veces más: 763 millones.

El peso de América Latina en el escenario turístico internacional es muy importante: 70 millones de visitantes, aproximadamente un 9% del turismo mundial. Casi el 45% de ellos va a México y a Costa Rica. El Caribe acoge al 32% (Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Jamaica y Bahamas, por este orden) y el resto visita América del Sur (Brasil, Argentina, Chile y Uruguay principalmente).

El Ministerio de Turismo de El Salvador aspira a insertarse en este “paraíso”. A pesar de no tener los mismos recursos naturales de Costa Rica ni el patrimonio maya, indígena y colonial de Guatemala o México, atraer y reclutar a las empresas transnacionales turísticas sigue siendo una apuesta importante para el gobierno.

El Salvador forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano y de ese “corredor cultural” -ambos proyectos complementarios al Plan Puebla Panamá- que, aunque gozan de un porcentaje presupuestario mucho menor que los rubros de infraestructura comercial, manejan montos significativos.

María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) comenta: “En este momento El Salvador se encuentra en venta. Toda la campaña de turismo es una apuesta para incentivar inversiones y para favorecer al gran capital y su acumulación”.

¿TURISMO SOMOS TODOS?

La situación del movimiento Pueblos Unidos de Intipucá no es excepcional. Un caso similar lo vivió la Cooperativa La Carrera, en Usulután, una de las más grandes cooperativas de El Salvador. Por un decreto especial para “ayudar” a las cooperativas a sanear su deuda agraria, esta cooperativa entregó sus terrenos costeros al ISTA a cambio de la condonación de sus deudas. Posteriormente, el ISTA vendió estas tierras a sus antiguos dueños, quienes en poco tiempo edificaron allí el Hotel Barillas y el Barillas Marina Club.

Según una denuncia del Movimiento Indígena Nonualco, el ISTA le ha concedido al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 150 terrenos “en problemas legales” para cumplir con su Plan de Turismo 2014. Bajo el eslogan “Turismo somos todos”, el Ministerio de Turismo quiere convencer a la población de que, tanto la responsabilidad como los beneficios del turismo, les corresponden a todas y a todos los salvadoreños. Para la población de La Unión, que sufre las amenazas de desalojo, es un cuento difícil de tragar.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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