Mirando al Mitch: lecciones aprendidas, no aprendidas

A diez años del huracán Mitch, regresamos a los lugares que visitamos entonces y repasamos los informes de todos los esfuerzos hechos entonces para enfrentar el desastre. Éste es un balance. Y ésta la conclusión: largo es el camino que nos queda por recorrer en la mente y en el entorno político.

José Luis Rocha

Con motivo del décimo aniversario del huracán Mitch, el lúcido y agudo caricaturista nicaragüense Pedro Molina dibujó dos viñetas paralelas exactamente iguales. Una tenía fecha de octubre de 1998 y la otra de octubre de 2008. Ambas contenían una misma familia encaramada sobre el techo de una casa anegada en agua. Y de ambas salía la misma exclamación: “¡Debemos prepararnos para que esto no nos vuelva a pasar!”

Visto lo cual, y teniendo ante mí las lecciones aprendidas en otras latitudes, reviso lo que no aprendimos durante el Mitch, lo que no desaprendimos o lo sensato y útil que con premura y mal tino desaprendimos. No aprendimos porque las reflexiones sobre el tema suelen ser muy estereotipadas: centradas en la debilidad del Estado y las deficiencias técnicas. El universo de lo aprendible queda así reducido al muy estrecho círculo de lo políticamente inocuo. No desaprendimos porque es muy difícil arrancar costumbres con raíces muy profundas o ligadas a intereses de grupos dominantes. Desaprendimos porque a fuerza de imitar lo que no se entiende, reproducir aquello cuya lógica se ignora, trasplantar proyectos de climas templados a hornos tropicales y aceptar del diente a los labios lo que ni por una millonésima de segundo pensamos aplicar, fuimos tomando fondos y firmando convenios diciendo para nuestro capote “Se acata pero no se cumple”. El agujero negro de lo que mal imitamos, no adaptamos y no intentamos se tragó muchas lecciones que parecían aprendidas.

UNA “REVOLUCIÓN DE OPORTUNIDADES”

Los procesos de rehabilitación y reconstrucción son conducidos por intereses políticos y no sólo por impulsos humanitarios. Todos los involucrados son actores políticos que tratan de promover e influenciar el cambio en el río revuelto-el ambiente cambiante- de monumentales flujos de ayuda financiera expedita, asistencia técnica, condonación de deudas y apertura de nuevas dependencias estatales y no gubernamentales. Los actores y el entorno cuajan en diferentes transformaciones en cada desastre. Y van combinando su desarrollo organizacional con el despliegue de sus intervenciones. Dejemos a un lado lo que ocurre en las agencias internacionales. En la arena nacional, el Mitch fue una “revolución de las oportunidades” muy distinta al terremoto de 1972 en Managua, pero no menos interesante para algunos.

La disponibilidad de fondos y un consenso de las ONG en su oposición al gobierno de Arnoldo Alemán y sus planteamientos sobre la deuda externa y los operativos de reconstrucción cuajaron en la creación de la Coordinadora Civil, una red de ONG cuyo todo fue ciertamente siempre más que la suma de sus siempre menguantes partes. La Coordinadora Civil se convirtió en un actor político de voz resonante, atronadora en foros mundiales hasta unos decibelios que jamás llegaron a soñar sus más prominentes propulsores. Las dos primeras lideresas de la Coordinadora Civil tuvieron una presencia mediática consuetudinaria y su opinión fue -si no siempre atendida- al menos atenta u hostilmente escuchada.

EL IRRESISTIBLE
ASCENSO DE LAS ONG

En general, el Mitch fue un parteaguas respecto de la proyección política de las ONG en Nicaragua. Con un conglomerado de funcionarios de raíces predominantemente sandinistas, compuesto por profesionales que hicieron carrera en el sector público de los años 80, donde establecieron los contactos que luego cultivaron, las ONG vinieron a llenar los baches que en política social dejó el repliegue del Estado en la era neoliberal.

La ayuda post Mitch las multiplicó y fortaleció. ONG mortecinas adquirieron un vigor inusitado. ONG cambiaron sus temáticas de especialización, dirigiendo su atención hacia temas más rentables. Estas reconversiones tuvieron de todo: las que contaban con personal especializado y las que asumían especialidades sin una pizca de conocimiento. En resumen, lo que se hizo post Mitch estuvo estrechamente ligado al desarrollo de un sector de la sociedad civil con aspiraciones de aglutinarse como un sector político decisivo.

En el otro extremo del ring político, el entonces Presidente Alemán elevó el clientelismo a su máxima expresión con los fondos del Mitch: fortaleció sus vínculos con la jerarquía de la iglesia católica, se obsequió giras turísticas por Europa acompañado de la mitad de su gabinete -familias incluidas- so capa de participar en la cumbre de Estocolmo, premió a sus secuaces menos escrupulosos con la desviación hacia la opulencia personal de los fondos de reconstrucción -la casa en la playa del ahora subterráneo Byron Jerez, ex-director general de ingresos, es el caso más desvergonzado- y pretendió afianzar su legitimidad con el ingreso de Nicaragua en la iniciativa HIPC para países pobres altamente endeudados. Los desmanes con los fondos de reconstrucción fueron la cantarada que derramó la enorme pila de la corrupción alemanista hasta hacerla evidente y condenable por la cooperación internacional. El contralor Agustín Jarquín la documentó, denunció y procesó, razones por las cuales fue encarcelado, en una jugada del entonces embrionario pacto FSLN-PLC. La Coordinadora Civil fue entonces su más sólido adalid. Cómo y por qué Jarquín traicionó luego su causa y a los defensores que por él se jugaron el pellejo es harina de otro costal. Aquí lo relevante es el enfrentamiento que los fondos post Mitch generaron entre el gobierno alemanista y las ONG, y posteriormente con la cooperación internacional.

EL JUSTIFICADO
PROTAGONISMO DE LAS ONG

El enfrentamiento de Alemán con la cooperación internacional confirmó a las ONG como interlocutores privilegiados -más legítimos y creíbles- de la comunidad internacional. Y las ONG se convirtieron en el enemigo más flamígero de la administración Alemán, superando con creces al Frente Sandinista, que finalmente se convirtió en un aliado táctico y subordinador estratégico. Sin este panorama no se entiende la reconstrucción post Mitch y algunas de sus consecuencias.

En primer lugar, no se entiende por qué en la Ley de desastres naturales y similares siempre se contempla la participación de la sociedad civil. En segundo lugar, no se entiende la disminución de fondos canalizados a través del Estado y el paralelo incremento de lo canalizado vía ONG. La cooperación externa hizo valer su poder efectivo en estos giros. La consecuencia positiva fue fortalecer y proyectar con parlantes gigantescos la voz de un sector de profesionales de alta sensibilidad social y competencia. La consecuencia negativa fue que la sociedad civil -la que importaba a la cooperación internacional y la más mediática- se redujo, por lo general, a las ONG.

Medios de comunicación -sobre todo, en el tema de las percepciones de los desastres naturales-, gremios de maestros -con influencia sobre las nuevas generaciones-, sindicatos -débiles y por eso más necesitados de un empujón-, entre otros, quedaron fuera de agenda, cámara y captación de recursos financieros.

La posibilidad de recibir fondos se ligó más que nunca a las destrezas en el lenguaje y a los estilos gerenciales. Las organizaciones que contaran con profesionales capaces de formular proyectos serían las premiadas. Los gremios y movimientos, menos diestros en la elaboración de marcos lógicos, fueron lanzados a los márgenes del gran caudal de dólares que la solidaridad internacional vertió con generosidad en este país. Tan malo es que las ONG sean invisibilizadas como que su protagonismo haga sombra a otros sectores más numerosos y con cuyos intereses coinciden sólo parcialmente.

CUANDO EL BRAZO POLÍTICO
DOBLA EL BRAZO ADMINISTRATIVO

Hubo otro efecto importante del Mitch en el ámbito nacional. Un efecto derivado de los quistes de la cultura política y perceptible en la relación que existe entre el brazo político partidario y el brazo administrativo-tecnócrata del Estado. En los Estados que mejor funcionan existen funcionarios de carrera que se ganan sus puestos a pulso mediante su competencia profesional. Incluso en países vistos como poco desarrollados -China, por ejemplo- las aplicaciones a puestos en el sector público han estado erizadas de exámenes y otras pruebas desde muchas décadas atrás. El brazo administrativo-tecnócrata tiene mayor posibilidad de funcionar con independencia. En las Banana Republics y similares, el nepotismo, el clientelismo y la dedocracia asignan los cargos haciendo caso omiso de la no idoneidad de los candidatos o candidatas.

León Núñez, el analista político de Acoyapa, describe muy bien esta situación cuando observa que los funcionarios públicos de Nicaragua reciben un cargo como quien recibe una finca: terminan sintiéndose dueños y dispuestos a la más despiadada explotación del cargo que les fue concedido por el caudillo. En este caso, el brazo administrativo-tecnócrata y el brazo partidario se confunden, son una sola cosa, o bien el primero es subalterno del segundo. Nicaragua ha tenido una mezcla de ambos modelos. La aplicación sin mesura del segundo modelo -sin una pizca del primero- sería la debacle de cualquier Estado. La administración alemanista estaba llena de connotados profesionales que doblaban su cerviz ante el gran jefe y hasta lo acompañaban en su jacuzzi. Mario de Franco, Iván Escobar Fornos y José Antonio Alvarado tenían una carrera profesional envidiable. No eran los únicos. Y tampoco lo fueron en su servilismo sin tasa.

Corría el año 1997 y Arnoldo Alemán nombró como Director del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), máxima autoridad en el manejo de desastres naturales, al ilustre somoteño Claudio Gutiérrez, profesional cuya capacidad nadie puso en tela de juicio. Gutiérrez llegó a presidir el Centro para la Prevención de Desastres Naturales en Centroamérica. Su historial se vio deteriorado cuando pagó la factura por acceder al cargo. Y la pagó dos veces. La primera, cuando minimizó la magnitud del Mitch, complaciendo irresponsablemente el interés del Ejecutivo de presentar a Nicaragua como un país atractivo para la inversión extranjera y futuro granero de Centroamérica. La segunda, cuando trazó la línea divisoria de los nuevos municipios en que se fragmentó Managua para excluir del núcleo capitalino -el municipio más disputado del país- al principal contrincante político de su jefe y patrón político.

Las facturas no sólo fueron un golpe al prestigio de Gutiérrez. También menguaron los activos intangibles del INETER. No es fácil calcular cuánto perdió esta institución en fondos, apoyo técnico y liderazgo. Pero su declive es mensurable en la Ley 337 de desastres naturales -aprobada en 2000-, que reduce al INETER a la función de monitoreador de los desastres y reserva para un recién creado comité la facultad de declarar las alertas. Quizás los desajustes en la coordinación institucional durante el huracán Félix -que devastó el Caribe Norte en 2007- puedan ser asociados-aunque sin duda sólo parcialmente- al descrédito de un INETER fatalmente convertido en una ballesta para abatir rivales políticos. Los gobernantes no desaprendieron el vicio de doblar el brazo administrativo con el brazo político. Los nuevos damnificados pagaron el precio.

RELEVANCIA Y NUEVOS PODERES
DE LOS LÍDERES LOCALES

Los vicios nacionales se proyectan en las salas locales. La pantalla es más pequeña -no alcanza toda la fotografía-, la primera fila casi toca la pantalla -algunos espectadores ven hasta los poros de los actores-, las sillas están más próximas -el humor de los vecinos se huele y las reacciones se contagian muy rápido- y el celuloide se rompe -el espectáculo proyectado se mezcla más con el espectáculo cotidiano-, todo lo cual hace que los efectos de los vicios y las virtudes sean más audibles, visibles y tangibles, y más pedestres. Desafortunadamente con frecuencia esconden las conexiones que trascienden lo local.

En la reducida escala de municipios, comarcas y comunidades, los alcaldes y otros líderes locales cobraron relevancia tras el Mitch. En parte porque algunos crecieron como líderes de ONG que se fortalecieron financiera y técnicamente con los recursos de la reconstrucción. En parte porque a muchos municipios llegó más ayuda internacional y la nueva Ley de municipalismo hizo de la descentralización una transferencia de responsabilidades acompañada de una transfusión de fondos.

El Mitch convirtió a muchos alcaldes y alcaldesas en héroes y heroínas locales, quizás a unos niveles que no correspondían a su gestión real. El Mitch creó una gestión en tiempo especial que superó la gestión en tiempo real. El tiempo real pone a prueba la imaginación y habilidades de la municipalidad. El tiempo especial le crea problemas adicionales: puede poner a prueba de fuego su competencia y probidad, pero a menudo le facilita mucho su trabajo. Los fondos llegan a carretadas y con menos condiciones, los técnicos de las cabeceras departamentales se aproximan al olor de la marmaja, las obras se multiplican y cubren áreas que salen de la obligatoriedad edilicia habitual y que por eso rinden más en futuros votos, etc.

La alcaldía de Posoltega se llenó de técnicos provenientes de León, la cabecera departamental más cercana, muy afamada como ciudad universitaria. Como ocurre en casi todo el país, una gran parte de quienes obtienen un título universitario en León terminan migrando a Managua, la gran urbe. Sólo un cataclismo financiero -la ayuda post Mitch- consiguió que citadinos profesionales leoneses migraran hacia una cabecera municipal tan rural y tan en el medio de la nada como Posoltega.

No fue el único caso. La alcaldía de Ocotal recibió apoyo de un español y un amplio personal de Managua que se incrementó con el apoyo del PNUD. Posteriormente, las Unidades Técnicas Municipales creadas por el Banco Mundial y el apoyo del Fondo de Inversión Social y Económica (FISE) dieron lugar a una suerte de tecnocracia de enclave: profesionales trabajando nominalmente para la alcaldía, pero con directrices ajenas y salarios muy superiores a los de sus colegas. En muchas alcaldías se construyeron oficinas independientes para esta pequeña élite intelectual. Para crearles un medio ambiente familiar, las computadoras y los aires acondicionados llegaron a localidades donde eran objetos tan fantásticos como un carro volador.

Élites o no, estaban supeditados a las alcaldesas y a los alcaldes y, de alguna forma su presencia contribuyó a reforzar el poder de algunos de sus jefes. Los alcaldes imitaron vicios de los caudillos nacionales: la reelección fue una opción muy recurrida. Algunos anticiparon deseos de sus jefes: convirtieron -o lucharon por convertir- a sus esposas en sucesoras. Los que no podían acceder nuevamente al cargo o colocar en él a sus consortes, fundaron ONG basadas en las habilidades y contactos adquiridos en la era post Mitch, reproduciendo lo que muchos de sus colegas de partido habían hecho a inicios de los años 90.

Para algunos se abrieron puertas no columbradas desde sus posiciones partidarias a ras de suelo. Las de la Asamblea Nacional se abrieron para Felícitas Zeledón, ex-alcaldesa de Posoltega, catapultada a la fama por la feroz oposición que hizo denunciando la tragedia del deslave del volcán Casita contra la criminal subestimación de los daños que hizo públicamente el Presidente Alemán y la negligencia de INETER.

LOS EMBUDOS DEL PODER LOCAL

Siguiendo con el hilo de las proyecciones locales de la gran superproducción nacional de la cultura política, procede abordar a quienes imitaron a sus mayores en los partidos. Este grupo incluye a alcaldes y alcaldesas, y también a líderes y lideresas de los microcosmos comunitarios. Hace más de una década los sociólogos del Instituto Nitlapán acuñaron la expresión “embudos del poder local” para referirse a los líderes comarcales y comunitarios que accedían a puestos determinantes en la distribución de los recursos locales -ayuda de las iglesias, oferta de empleo y beneficios en especie o metálico otorgados por ONG, préstamos de microfinancieras- para construir una red clientelista donde ellos partieron, repartieron y la mejor parte se dieron.

Los embudos del poder local no son necesariamente individuos particularmente “dañinos”. A menudo son sujetos con muchas virtudes. Mujeres emancipadas que tienen el don de la palabra. Hombres hábiles y “multiusos” que saben de carpintería, albañilería, ebanistería, fontanería y más. Son amas de casa hábiles para las cuentas y con una capacidad de síntesis notable. Son campesinos con una cosmovisión compleja que trasciende el corsé de la cotidianidad. Sus habilidades los colocan en una situación prominente. Las ONG, las alcaldías, los pastores y los párrocos que buscan interlocutores y contrapartes diestras o adiestrables y avispadas terminan contratándolos. Pero cuando, operando al son de la cultura -y esto ocurre un día sí y otro también-, extraen pingües beneficios de sus dones y posición, y no dejan que se desarrollen las lideresas y los líderes cachorros que pueden -temen ellos- hacerles sombra en el futuro, no son más que un grupo dominante más que impide el despliegue de todas las potencialidades de la comunidad.

La ayuda post Mitch vino a solidificar estos liderazgos. En Wiwilí, Puerto Morazán y algunas comunidades de Posoltega los líderes hicieron negocio con la ayuda y la asignación de las tareas en los programas de alimentos por trabajo. Las agencias de cooperación han sido conscientes de estos deslices y los han puesto de relieve en sus evaluaciones. Pero no han sabido registrar todos los deslices ni han dado con la solución, que suele ponerse en los mecanismos de auditoría social.

COLANDO LAS PAJITAS
SIN VER PASAR LA VIGA: LA TIERRA

Veamos un ejemplo. Las tierras de las faldas del volcán Casita fueron declaradas monumento nacional y zonas de riesgo después del deslave. Dos motivos para prohibir su cultivo y población. Echando una ojeada en los archivos de la alcaldía diríamos “sin novedad en el frente”: la alcaldía no tiene registros de ventas. A los impedimentos mencionados se agrega otro. Como se trata de tierras de reforma agraria, sobre ellas pesa una hipoteca política: existe el riesgo de que algún gobierno falle a favor de sus antiguos dueños. Ésta es la fachada. Pero, en realidad, sí ha habido un comercio de tierras cuyo vigor no podemos conocer. En los bufetes de abogados más a la mano -en Posoltega, León, Chinandega, Chichigalpa, Telica y otras cabeceras municipales- se han levantado contratos de compra-venta. Toda la información está dispersa. Pero los viejos dueños de las tierras llevan sus controles y los pasan de boca en boca. ¿La alcaldía no tiene idea de lo que pasa? Depende de qué se entienda por la alcaldía. Todos los funcionarios saben que uno de los principales adquirientes ha sido un embudo del poder local: el anterior alcalde de Posoltega, instituido como responsable de velar por el cumplimiento de la prohibición, pero pronto a usar la maquinaria municipal para construir caminos de penetración que conectaran sus nuevas parcelas con los puntos de comercio e incrementaran el valor de las propiedades. “El que más ha comprado tierras por allá
-me dijo sotto voce uno de los funcionarios de la comuna posoltegana- es el alcalde”. El alcalde metido a finquero y luego a constructor de caminos: un cuadro clásico de la revolución de las oportunidades.

Donde hay un líder compra-tierras, tiene que haber un líder vende-tierras. Y aquí sí que pecó más el que pecó por la paga que el que pagó por pecar y por tener. Los títulos de la cooperativa Rolando Rodríguez están en manos de su representante legal, única persona a cuyo nombre están los documentos de la cooperativa según el registro catastral de la alcaldía. La cooperativa tiene dos fincas. Santa Narcisa, asentada el 4 de febrero de 1982 en el tomo 152 y folio 33 y ubicada en la Comarca El Ojochal; y El Socorro, ubicada en San José del Tololar y asentada en el tomo 270 y folio 194-197. La primera con un valor catastral de 1 millón 551 mil 157 córdobas. La segunda valorada en 2 millones 138 mil 628 córdobas. El representante legal, en decir de muchos socios, ha hecho buenas ganancias “vendiendo y alquilando las tierras de los difuntos”. El habilidoso líder, en quien los cooperativistas confiaron hasta el punto de poner las tierras a su nombre, hizo su agosto sin que ningún organismo fiscalice -con auditoría social, fiscal, jurídica o de cualquier índole- su libertad de disponer de parcelas propias y ajenas. El embudo tragó sin mesura porque las agencias internacionales, ONG, alcaldía y otras entidades estaban más interesadas en auditar sus magros dineritos. Colaron las pajitas dejando pasar la enorme viga de la tierra, el gran eje de acumulación.

UNOS SIN TIERRA Y OTROS CON TIERRA

Los embudos del poder local también mostraron sus uñas en los proyectos habitacionales y en la distribución de bienes post Mitch. Lo hicieron donde encontraron oportunidad. En Posoltega la situación varía mucho de uno a otro proyecto de asentamiento. Las comunidades de Santa María y de El Tanque registran situaciones muy disímiles. Son comunidades vecinas, las tierras son muy semejantes y también la procedencia de las familias que actualmente las habitan.

Santa María fue una comunidad a la que no se dotó de mucha tierra. Los solares de las casas apenas tienen espacio para un lavandero y un par de arbolitos. Pero la cooperativa fue surtida con tractores, camiones, máquinas de coser, tubería para riego, bombas de fumigación y muchos otros artículos más. Es curiosa la lógica bajo la que operaron sus benefactores: no invirtieron en tierra, pero sí en instrumentos para trabajarla. Suena a la descripción que hace la recién casada con el muchacho tonto de la folclórica canción: “me da pa’ calzón, y no pa’l calzado”. Sin tierra y con instrumentos: es la muerte anunciada de todos los instrumentos.

Los habitantes de Santa María se quejan abiertamente de que los líderes de ASCA -la Asociación de Sobrevivientes del El Casita- mal vendieron todos los regalos que la cooperación externa hizo a esta comunidad. En cambio, El Tanque fue dotado de un solar de 1.5 manzanas de tierra por cada familia, a las que se añaden las parcelas de trabajo colectivo. La tierra sigue produciendo y básicamente en manos de los mismos dueños. Un trabajo persistente de supervisión y una asignación del bien más demandado -la tierra- fueron los componentes de una experiencia exitosa. ¿Aprendimos la lección o irá al enorme saco de lecciones desaprendidas?

OCOTAL: UN BUEN PROYECTO QUE COLAPSÓ

Una lección sin duda desaprendida la descubrimos en Ocotal. Este municipio destacó en el post Mitch como una de las mejores experiencias de vivienda. Su alcaldesa fue muy hábil en rodearse de un grupo de profesionales que dirigió el proyecto habitacional más interesante del país: casas construidas con materiales de la zona -adobe-, con un modelo muy confortable y con el aporte de horas de trabajo de los beneficiarios como condición para adquirir el derecho a la vivienda. La alcaldía aventajó con su proyecto a muchos otros proyectos habitacionales que por entonces se ejecutaron. Desafortunadamente, el equipo profesional no pudo terminar su obra ni responder por los resultados de la misma. Sin su supervisión, muchas anomalías se presentaron y sólo fueron detectadas años después.

Hoy podemos ver en muchas casas las grandes grietas próximas a las vigas mayores, que amenazan con caer sobre los inquilinos. Por si esto no fuera suficiente, la construcción demoró tanto tiempo que hubo un cambio de administración municipal antes de que muchas viviendas fueran formalmente asignadas. Los nuevos administradores rehusaron entregar muchas casas aduciendo que los potenciales beneficiarios no habían cumplido con la cantidad de horas mínimas para reclamar el derecho de posesión. De acuerdo a algunos damnificados, cientos de triquiñuelas fueron puestas en escena para privarlos de sus viviendas. Si no es así, todo indica que hubo, por lo menos, falta de claridad en el manejo de la contabilidad de las horas.

Finalmente, el cambio de administración dio al traste con uno de los efectos colaterales más positivos y sostenibles del proyecto: la fábrica de adobes que sería fuente de empleo para muchos damnificados.

Hace 10 años, durante el trabajo de campo que Envío realizó para estudiar y reportar las obras de reconstrucción, pocas iniciativas nos parecieron tan promisorias. Ninguna fue reseñada en un tono laudatorio tan altisonante. Pero, una vez carentes de asesoría y estímulo, los obreros propietarios cayeron en la anarquía y la fábrica colapsó. La producción de adobes de calidad hubiera librado a Ocotal de numerosas viviendas construidas con pésimos materiales: adobes donde podemos apreciar bolsas plásticas, latas y trozos de vidrio insertos en la masa de barro. No sólo se trata de que sean objetos de dudosas virtudes decorativas. Los vidrios en los adobes anuncian que éstos no tienen la consistencia adecuada. El resultado son adobes que pronto se deforman, sobre todo si están ubicados en la base. De ahí la cantidad de casas deformes y pandas, con filas desiguales donde se alternan adobes gruesos y otros apachurrados por el peso de las filas superiores.

Otra lección mal aprendida o desaprendida: la falta de claridad abona un sentimiento de incertidumbre que tira por tierra las mejores intenciones y la validación social del proyecto. Vicio no desaprendido: la afición de las nuevas administraciones a discontinuar o mal continuar los proyectos de sus predecesoras. Los líderes recién llegados siempre quieren dejar su impronta partiendo de cero y, por eso, a veces reducen a cero las obras en proceso.

TUTOREADOS E INFANTILIZADOS

Otro vicio no desaprendido: la imperiosa necesidad de ser continuamente tutoreados para que las cosas lleguen a buen fin o, al menos, a mediocre medio. El andarivel de la asesoría y la supervisión internacional, en el principio, medio y fin de los proyectos, parece un elemento imprescindible de la cultura proyectística que nos domina. La retórica de la cooperación al desarrollo insistía hace algunos años en conceptos como “endógeno”. En realidad, hablar de suscitar o promover iniciativas “endógenas” se reveló como lo que en definitiva era: una contradictio in terminis. Con un poco más de modestia, los cooperantes bajaron sus expectativas y empezaron a hablar de “apropiación” y, cuando se trataba de microcrédito, de “dinero caliente”, es decir, aquel que se presta en comunidades donde los aldeanos han sumado parte de sus ahorros a la cartera de la microfinanciera.

Pero cuando el ethos y el lenguaje gerencial calaron hasta los huesos en los discursos y prácticas de la cooperación al desarrollo, la eficiencia, eficacia, sostenibilidad y equilibrio financiero aparecieron como criterios últimos, y las aspiraciones democratizantes quedaron constreñidas a la búsqueda de equidad y participación, término ambiguo que tanto podía referirse a promotores salidos del vulgo errante, municipal y espeso -que decía Darío- como al modesto derecho a opinar sobre el diseño de unas casas, las políticas financieras o la dosis de soya en un desayuno escolar. La evolución de las modas programáticas de la cooperación al desarrollo no han caminado en dirección a liberar de las tutelas infantilizantes.

RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: RETOS ENORMES

Los procesos de reconstrucción presentan una enorme cantidad de retos de los que muchos de los involucrados en dichos procesos no son conscientes. No es posible reseñarlos ni explicarlos todos con detenimiento. En parte porque existen muchas lagunas, incluso entre los mejores informados -en cuyos documentos me baso- y en parte por razones de espacio.

Mencionaré algunos, formulados más como preguntas que como recetas, arrancando con la típica carencia de una lista de potenciales beneficiarios. ¿Cómo construir esa lista? ¿Con la información de los embudos del poder local? ¿Cómo evitar entonces el clientelismo? ¿Con ayuda de párrocos y gente de iglesia, y le damos un puntapié más al Estado laico? Si recurrimos a expertos independientes y laicos, ¿cómo determinar técnicamente quién necesita una nueva vivienda? ¿Hasta qué punto debe estar dañada la vivienda anterior? ¿Qué vivienda puede ser catalogada como inhabitable en un contexto donde los materiales y diseños de las viviendas ya eran muy pobres y deficientes antes del desastre natural? ¿No queda entonces más remedio que aceptar cínicamente que los desastres y la subsiguiente ayuda son una oportunidad para mejorar ciertos aspectos de las condiciones de vida de los sectores marginados de la población de un país? Lo cual nos lleva al dilema de si la ayuda es una suerte de asistencia solidaria o una compensación para cuya obtención se ha pagado el precio de un espantoso holocausto.

Y esas viviendas, ¿deben ser ante todo seguras o dignas? ¿Cuál es el balance adecuado, de acuerdo a los recursos disponibles? Recuerdo a un par de antropólogas suizas, profesoras de la Universidad de Zürich, que visitaron el proyecto de vivienda del Movimiento María Elena Cuadra en Posoltega. Quedaron escandalizadas ante la “suntuosidad” de viviendas que ni siquiera estaban repelladas o pintadas. Las dimensiones, los materiales y el diseño hacían que estas viviendas tuvieran un costo 10 veces superior al de los proyectos vecinos. Las suizas sostenían que eran viviendas para una clase media urbana y que los campesinos no necesitaban ese diseño, puesto que no se acoplaba a su estilo de vida. ¿Su estilo de vida debe ser estático? Lo más admirable de aquel diseño -único en la zona- era que había dividido la nave habitacional en tres cuartos, permitiendo a “los campesinos” una privacidad en la vida conyugal y una distribución de dormitorios por sexo.

En Nicaragua no hay muchas oportunidades de que surjan diseños novedosos y fuera de lo que se concibe como viviendas de campesinos debido a la escasa competencia en el mercado de la construcción. Las alcaldías se ven forzadas a contratar una y otra vez a las mismas compañías, aunque construyan carreteras donde la tenue capa de asfalto quede perforada con los goterones del primer aguacero. Los servicios de consultores y contratistas son pobres. A esta dificultad se suma la carencia de recursos humanos para cualquier tipo de trabajo: gerencial, arquitectónico, extensionista, organizativo, etc.

¿REUBICARLOS O DEJARLOS EN EL MISMO LUGAR?

El tema de la ubicación de los asentamientos de beneficiarios de los proyectos de reconstrucción tiene muchas aristas. La principal es la escalada de precios de la tierra que se produce en cuanto las agencias o los mismos damnificados buscan tierras donde reubicarse. Pero la precede una arista mayor que viene en forma de dilema: ¿Reubicarse o quedarse en el mismo lugar? Esta disyuntiva ha sido respondida con una conjuntiva en los últimos años: quedarse en el mismo sitio y readaptarse. Ante la proliferación de riesgos, a no ser que el hábitat sea extremadamente inhóspito, algunas agencias de cooperación presumen que las familias y comunidades pueden adaptarse a medioambientes aparentemente hostiles e incluso propensos a desastres. Las medidas de mitigación de riesgos y prevención de desastres se supone que deben hacer de colchón amortiguador de los embates de la Naturaleza. El debate está abierto.

Para quienes no comulgan con esta posición, persiste el dilema, y se torna más complejo con el tema de quién toma la decisión de quedarse o reubicarse y de cuándo y cómo construir: ¿La comunidad afectada? ¿Los tecnócratas? ¿Los políticos? ¿El mercado de tierras? ¿Los cooperantes? ¿Doctores tiene la iglesia que nos sabrán responder? El Doctor Contexto tiene la respuesta. En la práctica, las posibilidades reales de que la comunidad afectada tome una decisión están condicionadas por factores políticos y económicos. En Ocotal, Posoltega, Somotillo y Wiwilí, el cuándo, cómo y dónde de la reconstrucción estuvo enteramente definido por la disponibilidad de tierras, el apetito de los especuladores -también condicionado por el primer factor-, el óxido de las burocracias y la determinación de las agencias internacionales a negociar, presionar y desembolsar.

EL TIEMPO, EL IMPLACABLE

Todos los proyectos de vivienda post Mitch demoraron muchos meses en iniciar. Pese a que Posoltega fue el centro de la atención internacional, a más de seis meses del desastre no había un grano de arena ni un saco de cemento. En algunos casos la tardanza fue debida a las burocracias de las agencias, en otros a los espúreos intereses de la cúpula alemanista, deseosa de hacerse con las tierras de El Tanque. En otros, a la venalidad desmesurada de los terratenientes, dispuestos a ponerse las botas aprovechando la situación. Reubicarse fue un imperativo porque el gobierno declaró monumento nacional el área afectada, posiblemente calculando una devolución parcial de las fincas afectadas a sus antiguos dueños, confiscados por el sandinismo, regalando así un final feliz a las élites en una de las más prolongadas historias de conflictos de tierras de que Nicaragua haya sido testigo y protagonista.

En el casco urbano ocotaleño, reubicarse fue simplemente una condición que puso la alcaldía, ansiosa por introducir un mínimo de planificación urbana. Pero, casi un año después del huracán ninguna casa del proyecto de vivienda municipal estaba totalmente terminada y habitada. Los fondos llegaban a cuenta gotas, la lentitud de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) retrasó la finalización cabal de los proyectos habitacionales y la idea de construir con materiales locales resultó muy costosa debido al personal asesor. Materiales locales y personal importado son factores que empujan en direcciones opuestas en lo que a costos se refiere. El difícil balance de precio y calidad, que requiere personal bien pagado, se torna más inalcanzable con la masiva fuga de cerebros y manos habilidosas a Managua, y en los últimos años también drenada hacia Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador y Guatemala.

El tiempo es otro factor importante. Mantener comunidades en función de un proyecto de viviendas -por muy encomiables que estás sean- durante un período de más de un año es un golpe económico para las comunidades y municipios. Los programas de alimentos por trabajo o viviendas por trabajo no compensan los costos de oportunidad en reconstrucción del tejido productivo y comercial. Ésta es una lección siempre desaprendida o aprendida a medias. Frecuentemente las demoras se deben a desajustes entre distintas organizaciones que deben proveer la infraestructura mínima o dispensar su aprobación.

¿HASTA CUÁNDO SE ES DAMNIFICADO?

Cualquiera que sea la razón, el efecto que tiene la demora siempre es el mismo: prolongar el proceso de reconstrucción/rehabilitación, vicio nunca desaprendido que tiene a su vez el efecto de congelar en el tiempo a los damnificados y del que emana un problema peliagudo: ¿Hasta cuando se es damnificado? En Nicaragua ha habido afectados por inundaciones, desplazados por la guerra o golpeados por muchos otros desastres que conservaron su estatus de damnificados por décadas. El hecho de ser damnificado pasa a ser un rasgo identitario primordial y genera una parálisis. Se vive de ser damnificado. Se sobrevivió para ser damnificado: una etiqueta que absorbe y redefine todos los demás rasgos.

En muchas culturas, el luto -a veces con su período de un año y la obligación de vestir de negro- tiene la ventaja de delimitar un período para trabajar la pena y ponerle principio y fin. La economía-política de la cooperación externa ha engendrado la posibilidad de convertirse en perpetuo damnificado. Mientras se es damnificado, no se busca la reintegración a los circuitos productivos y comerciales vigentes. No se procesa el luto. Hay que romper el cascarón de la damnificación perdurable mediante la construcción de escalones intermedios hacia la inserción productiva y la sanidad emocional, un proceso que requiere mucho trabajo sico-social y mucha agilidad organizacional. Ésta es una lección que se aprendió en algunos lugares y en otros ni se mencionó.

¿A PESAR DE TODO, QUÉ FUNCIONÓ?

He mencionado lo mal aprendido, lo malo no desaprendido y lo bueno desaprendido o no aprendido. Queda para que no lo olvidemos. Pero no sólo quedó cizaña y bagazo tras el huracán. Muchos programas funcionaron en la Centroamérica afectada por el Mitch. Hago aquí un listado incompleto de lo que sí funcionó y no debemos olvidar: la participación de los beneficiarios, la existencia de contrapartes que conspiraron con los beneficiarios y mantuvieron sus intereses particulares reducidos a la mínima expresión, la transparencia, la equidad, el redireccionamiento del duelo, el poner un alto cuanto antes en la idea de ser “socorridos” para pasar a una auto-recuperación, la creación de mecanismos para la reconstrucción por sí mismos, la discusión en los consejos comunitarios del tema de la reconstrucción in situ versus la reubicación (la primera tiene la ventaja de no requerir la compra de tierras), la constitución de comités comunales de reconstrucción, las auditorías de terceros que incluyeron control de los embudos del poder local y la no discriminación por partido, sexo o religión.

ONG, comunidades, municipalidades y agencias internacionales añaden: el registro de las casas a nombre del hombre y la mujer o de las viudas de los difuntos, los programas con la mujer como beneficiaria privilegiada, la creación de un comité de quejas confidenciales, la educación sobre los derechos ciudadanos, la definición de mecanismos legales y políticos para valorar viviendas no construidas conforme a normas anti-sísmicas o en zonas peligrosas, el tratamiento de discapacitados o personas de edad en proyectos de reconstrucción conducidos por los propios beneficiarios, la ruptura del mito populista de que los propietarios saben de reconstrucción en áreas rurales, el permitir participar en la reconstrucción únicamente a las ONG y agencias externas que tienen reconocida capacidad en el manejo técnico y administrativo de proyectos de reconstrucción, la atención a los desastres anuales de baja intensidad (cuyo acumulado de víctimas es superior al de los grandes desastres, pero no son mediáticos), los reembolsos contra el trabajo realizado, el apoyarse en un tendido organizacional, las auditorías de la calidad de las casas y el tiempo de construcción, y la fluida interacción entre las agencias y las comunidades beneficiarias, entre muchísimos otros mecanismos, principios y políticas.

CAMINOS Y TEMBLORES

Pese a tener un Estado fuerte con un rol muy activo en prevención de desastres y reconstrucción, en la India alrededor de un millón de familias pierden sus casas cada año. Esto nos da una idea del largo camino por recorrer en Centroamérica y en Nicaragua. La longitud de este camino dependerá de nuestra capacidad de romper con hábitos perniciosos, de aprender más y más lecciones y de reconfigurar nuestro corrupto entorno sociopolítico. Mientras no caminemos en estas direcciones seguirá siendo válida la sentencia de uno de los fundadores de Centroamérica, el hondureño José Cecilio del Valle: “La América es en lo político, lo mismo que en lo físico: la tierra de los temblores”.

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES DE CENTROAMERICA (SJM).
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

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