Guatemala
La política, continuación de la guerra - Modernización y Militarismo
En 1987, con un cierto freno al desplome de la economía, el eje de la coyuntura guatemaltecla se desplaza hacia un proyecto de modernización en el que influyen el gobierno y el ejército y, disputándose el liderazgo del proyecto, intentan atraer a este proyecto a la iniciativa privada.
Equipo Envío
El eje de la coyuntura guatemalteca en 1986 era el intento de reconstrucción del Estado dando al gobierno civilista de Cerezo, recién estrenado, la oportunidad de administrar un reacomodo de fuerzas sociales a través de la "concertación" entre el gobierno demócrata cristiano y la iniciativa privada. El ejército había puesto las condiciones para este reacomodo y en 1986 observaba y vigilaba su cumplimiento desde los entretelones, mientras seguían dirigiendo la guerra.
"Reorganización Nacional" - la política como continuación de la guerra- es en agosto- el discurso social del ejército sale de nuevo a escena como "la institución estabilizadora de esta transición". La transición va de "la guerra como continuación de la política" a la paz que reconcilie y salde "la deuda social" (que los privilegiados tienen con la mayoría del pueblo) a través de "la política como continuación de la guerra". Así formula el ejército la coyuntura nacional guatemalteca. Y en base a esa visión pide a la iniciativa privada que se una al gobierno y a él participar en el esfuerzo común de eficiencia y de transferencia social mínima de bienes a las mayorías populares.
Dramáticamente presenta este proyecto como "la tercera oportunidad" para realizar en Guatemala una paz democráticas; evoca el primer gobierno de la Revolución de octubre (1945-51) como la primera oportunidad y al gobierno de Méndez Montenegro (1966-70) como la segunda, ambas pérdidas. "A la tercera -previenen- va la vencida". Mientras tanto se acreciente el descontento popular, aún poco organizado, y la iniciativa privada rehuye los "sacrificios" reformistas (tributarios sobre todo) que se le piden para el proyecto y entra en conflicto con él. Las fuerzas revolucionarias armadas, finalmente, elevan su presencia política, incrementan su peso militar, confrontan -hasta ahora con éxito- la mayor ofensiva del ejército desde 1982, denuncian el proyecto de modernización como otra fase de la misma contrainsurgencia y convocan. reiteradamente a un Diálogo Nacional, que también la Iglesia propicia. El año 88 comienza con la frustración de la concertación y sin la realización del diálogo.
El marco: los ahogos de la concertaciónPara entender tanto el eje de la coyuntura, resumido en el párrafo anterior como los análisis de los diversos niveles de la sociedad guatemalteca durante 1987, es importante enmarcar el desarrollo de los acontecimientos. La clave para hacerlo está en los vaivenes que ha ido experimentando el programa de gobierno de Cerezo, definido por la concertación.
La "concertación" quiso y quiere un pacto "reconciliador" entre las fuerzas sociales de Guatemala, arbitrado por el gobierno civilista. Antes de poder tomar posesión de la presidencia tuvo lugar la primera concertación, la que se hizo con el ejército. Sus elementos fueron: mano libre para la continuación de la guerra contra las fuerzas revolucionarias guerrilleras, borrón y cuenta nueva para cualquier actuación criminal del ejército a un segundo plano en al administración de los proyectos de desarrollo y en general en la administración del estado. Vino después la concertación con la empresa privada: el Plan de Reordenamiento Económico para devolver a la burguesía confianza en la democracia cristiana y para intentar el saneamiento y la reordenación de la administración estatal.
Finalmente -sacándola del espacio interno guatemalteco- se lanzó Cerezo a la concertación con sus posibles aliados externos, sobre todo con Europa (España, Italia, Alemania), para conseguir una inyección de fondos con los que estimular la economía y deterioro. No hubo, en cambio, concertación ni con las mayorías populares ni mucho menos con las fuerzas revolucionarias armadas, si bien fue durante su viaje a los países de los que esperaba apoyo externo cuando por vez primer formuló una timida propuesta de diálogo con la URNG.
Durante el año 86 la gravedad de la situación económica y las expectativas despertadas por las vagas promesas de la campaña presidencial de Cerezo, hicieron que surgiera, aún con notable espontaneísmo poco organizado, un movimiento de creciente inquietud y reclamación popular centrado sobre todo alrededor de la cuestión de la tierra. Los costos de la concertación habían recaído en las clases populares y se estaban convirtiendo en una bomba de tiempo para el proyecto de la democratización. En 1987 Cerezo trató de desactivar esta bomba iniciando el lanzamiento de un programa político y social con la ideología de la concertación como piedra angular y como única posibilidad de levantar una unidad nacional frente al desafío de la lucha armada presente en las organizaciones revolucionarias guerrilleras.
Aprovechando la debilidad relativa del movimiento popular, muy cauto después de sus pasadas experiencias de represión a mansalva, Cerezo dirigió sus esfuerzos políticos a la creación de nuevos cuadros para reforzar la débil organización del partido demócrata cristiano en las bases departamentales y municipales y así poder pasar de la legitimidad por representatividad a la legitimidad por participación; cree que así podrá hacer entrar en la lógica de la concertación a los movimientos populares. Al mismo tiempo se esforzó por hacer viables pequeñas obras de desarrollo local, desviando algo hacia las municipalidades el apoyo económico conseguido en el exterior.
Su percepción es que no se puede ya esperar más porque el pueblo no aguantará la espera. Pero como no hay aún recursos significativos ni, por supuesto, hay capacidad de cambios estructurales o voluntad para ellos, en estos proyectos ha imperado la lógica de "los mínimos": el mínimo en vivienda. en infraestructura, en tierra, etc. No está desligada esta iniciativa político-social de la fecha de las elecciones municipales que se tendrán en este año 88. Al revés que en el 85, la Democracia Cristiana pretende ahora no perder más bien que ganar.
El 19 de marzo de 1987, el presidente Cerezo, en un Memorándum a todos los guatemaltecos, trazó claramente las prioridades del año para poner en marcha una nueva fase del proyecto que los militares inauguraron con el golpe de estado de 1982 y que incluyó la entrega de la administración gubernamental a los políticos civiles a través de elecciones encorsetadas en una nueva constitución política, repetición remozada de las varias constituciones conservadoras que Guatemala ha tenido desde al abrogación de la única verdaderamente progresista, la de 1945.
Las prioridades convergían hacia esta nueva fase desde tres terrenos: el internacional, el fiscal y el de la vinculación estrecha entre gobierno y ejército. En el terreno internacional se pretendía consolidar la salida de Guatemala del aislamiento y desprestigio en que la asumieron los regímenes brutales y/o fraudulentos desde 1966 a 1984. En el terreno fiscal se intentaba lograr que la oligarquía y la burguesía, admitiendo el principio de una reforma tributaria, se comprometiera con el gobierno y el ejército en el aporte necesario para las políticas de gasto social del gobierno y el ejército. En el terreno de la relación entre gobierno y ejército, los gobernantes civiles, con el presidente a la cabeza, abandonaban la pretensión de ir ganando poco a poco una mayor cuota de poder (sustrayéndosela al ejército) y se pasaban al método más fácil de derivar poder del que lo tiene en la realidad -el mismo ejército- vinculándose estrechamente a él.
En abril de 1987, el "Memorándum" recibía concreción al convertirse en Plan Nacional de Reorganización. Los componentes político social de este Plan quedaron ya explicados someramente. El componente internacionales expresó en la reafirmación de la política de "neutralidad activa", es decir, de oposición a soluciones militares intervencionistas al conflicto centroamericano y de proclamación de adhesión al campo de Occidente, considerado como el único verdaderamente de democrático. Como ha analizado bien el politólogo guatemalteco Gabriel Aguilera, la neutralidad activa no tiene rango de política "fundante Estado" y ni siquiera de estable "orientación de régimen", sino que expresa una "razón de Estado" inscrita en la necesidad de no dispersar fuerzas militares del objetivo principal de contener y derrotar el reto de la URNG y también en la combinación de intereses propia de los protagonista dominantes de la política en el actual régimen .
Jugando con la neutralidad activa, la administración guatemalteca pretende hacerse indispensable para los principales protagonistas que intervienen en el nivel institucional del conflicto, centroamericano (los Estados Unidos, los demás gobiernos centroamericanos, los Grupos de Contadora y Apoyo, los organismos internacionales y los gobiernos europeos y canadiense, interesados en aportar de varias maneras a la solución del conflicto).
Finalmente, el complemento del Plan es el componente económico. Se encamina a tratar de utilizar los recursos externos (donaciones o créditos) para fomentar una inversión prevalentemente orientada a hacer surgir pequeñas empresas y microempresas; con ello el objetivo de fomentar la mentalidad empresarial de pequeño propietario y contribuir a contener el desempleo y aun a reducirlo. Más de fondo, se trata de restar razones a la organización independiente de las masas.
En agosto de 1987, pocos días después de firmados los acuerdos de Esquipulas II, el Consejo de Asociaciones agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) organizó un Foro Nacional en el que los altos mandos del ejército explicaron a los empresarios su visión de Guatemala y de la coyuntura internacional y nacional. Foro se denominó "27 Años de Lucha por la Libertad". El Ministro de Defensa, el Jefe de Estado Mayor y el Subjefe del mismo, el Director de Operaciones del Estado Mayor y el Director de Asuntos Civiles del mismo, tres generales y dos coroneles, se expresaron en los términos que hemos entrecomillado en el párrafo introductorio a este análisis. Se trata de términos que ubican la actual situación guatemalteca en el marco del conflicto Este-Oeste, en la coyuntura centroamericana de Esquipulas II y en el intento de hacer posible en Guatemala un proyecto de eficiente y eficaz modernización, que incluya soluciones tecnocráticas y una cierta cuota de sacrificios impositivos de la empresa privada para contribuir al esfuerzo militar contra la URNG quitándole las banderas del descontento social.
El Foro Nacional mencionado tiene gran importancia porque significa el regreso al primer plano del protagonismo político del ejército. Este regreso lo facilitan los políticos civiles gobernantes al adaptarse a un papel que reconoce el poder real del ejército en la actual institucionalidad guatemalteca. A esa importancia se añade otra de grado equivalente: el ejército, bajo un ropaje de adhesión a la democracia (textualmente al "sistema democrático de vida escogida por nuestro pueblo") así como de modernización integral (de la Sociedad y del ejército), planteó en el Foro Nacional tesis inequívocamente propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Las fuerzas revolucionarias guerrilleras ("delincuentes terroristas", "delincuencia subversiva") son parte de la estrategia de la URSS de fomentar "las guerras de liberación nacional", "de hacer la guerra en el traspatio de su oponente"; naturalmente, por ello, -en un marco de visión conflictiva Este-Oeste son el enemigo absoluto, el que está fuera y dentro del país. Y los problemas del país están concebidos en términos militares. de estrategia nacional para sobrevivir en el gran conflicto global. Por eso, en definitiva, la política (la vuelta a la "ortodoxia política" como llama el General Gramajo, Ministro de Defensa, al régimen civilista, resultado de elecciones) no es sino "continuación de la guerra" y el poder económico, social político y militar -aunque son formalmente definidos como constituyendo cada uno sólo una cuarta parte del "poder nacional" en el fondo están concebidos en forma jerárquica, los tres primeros en función del último. Por eso, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, General Callejas, deja claro que para derrotar "totalmente a los delincuentes terroristas" (¡ese es el fin!) son necesarios los "logros que se obtengan en los campos político, económico y social". Por eso se llama a la empresa privada a la "participación" incrementada y generalizada; es decir a modernizarse, hacerse más eficiente y ayudar al esfuerzo militar sabiendo entregar algo de sus beneficios para un mínimo bienestar social de las mayorías que viven "en condiciones miserables".
Cuando, a fines de septiembre se perfila el encuentro del gobierno con la URNG en Madrid, el ejército, aunque en el Foro Nacional dijo propiciar "Intercambio de palabras en un lugar de intercambio de balas" y además afirmó que en el asunto de un posible diálogo con la guerrilla no tenía "pito que tocar", envió a Madrid como observadores" a 4 militares del Centro de Operaciones del Estado Mayor (un coronel y tres mayores); es decir, el doble de los que representaron al gobierno civil viniendo de Guatemala y que además fuero diputados de la Asamblea y no Ministros de Estados. Al mismo tiempo, quebrando la tregua bilateralmente pactada entre el gobierno y l URNG, inició lo que aún no ha cesado: la ofensiva de mayor envergadura y duración desde 1982 en contra de los combatientes de la URNG y de la población en resistencia.
El Proyecto de modernización, resaltado por gobierno y ejército para el año 87 (en realidad sólo el énfasis es lo que resalta, puesto que el proyecto es mucho más a largo plazo) adquiere así su verdadero rostro de contrainsurgencia estructuralmente trabada con un desarrollismo económico, un mínimo de bienestar social y una fachada democrática que, para serlo, no tiene más remedio que abrir espacios políticos e ideológicos si no quiere desprestigiarse internacionalmente y condenarse al ostracismo de nuevo. Este el marco en que la concertación se práctica y es el marco en que también encuentra sus ahogos. El último trimestre del año, con la movilización empresarial en contra de la reforma fiscal de acento tributario, revela que ni el gobierno ni el ejército han logrado hacer que oligarcas y burgueses se enamoren del sueño reformismo como instrumento de lucha contra la contra la "subversión".
Continúa, por tanto, la irresponsabilidad del capitalismo criollo guatemalteco que, en generalización a Centroamérica, analizamos en 1986. El acendrado tradicionalismo "cachureco" base ideológica y talante comunes a oligarcas atrasados y a burgueses modernizantes guatemaltecos, representa el límite de la concertación que en 1987 no sólo el presidente Cerezo, sino también los militares propugnan.
La economía es el terreno de la confrontaciónEl desplome económico sin solución de fondo parecía durante el año 86 dibujarse como la bomba de tiempo de una crisis a mediano plazo. En 1987, sin embargo, el deterioro económico parece dar muestras de detenerse, evitando por el momento que la tendencia mantenida desde 1980 llegara a tener consecuencias estructurales para modelo económico que subyace a la sociedad guatemalteca. Es difícil, sin embargo, analizar con cierta seguridad el comportamiento económico en Guatemala porque ya no se puede hablar en este país de una sola economía y tampoco se puede seguir hablando de dos economías complementarias tan siquiera: la "nacional" de agro-exportación y la "campesina" de autoconsumo. La economía "informal" subterránea ha crecido en forma tan enorme (un muestreo urbano indica que en la capital del país llega a "ocupar" el 45% de la PEA) que los indicadores macroeconómicos constatados por las estadísticas oficiales (Banco de Guatemala, CEPAL, etc.) ya no son confiables como imagen del conjunto de la economía.
Hay que hablar, consecuencia, de impresiones a propósito de la economía y no de conclusiones firmes. La impresión que da la economía guatemalteca es la de ser la economía menos afectada por el ciclo recesivo que se ha abatido sobre Centroamérica; es la economía con mayores reservas en divisas, si bien en términos de capacidad adquisitiva per cápita se ha dado un salto atrás de 15 ó 20 años. La aparente fortaleza relativa de la economía guatemalteca adquiere una dimensión y una imagen mucho más primitivas cuando se toma encuentra el sector. Mientras que el sector forma requiere 40 horas de trabajo para extraer un determinado rendimiento, el sector informal utiliza 60 para extraer un rendimiento equivalente. El sector informal apenas se sirve del crédito del sistema bancario y el crédito extrabancario que usa es a plazos mucho más cortos con tasas de interés muy superiores (32% comparada con la tasa bancaria del 8 al 9%).
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos echar un vistazo a los datos que sustentan la aparente contención del deterioro de la economía. El PIB creció en 1987 en un 2%, debido al aumento tanto del gasto público como de la inversión privada, esta última sobre todo en el sector de la construcción y en la reposición de inventario manufactureros. También crecieron las importaciones en un 22%, especialmente en bienes de capital para la industria. Se estima que la inflación se mantuvo en un porcentaje anual menor del 10% (en 1986 el índice de precios al consumo había arrojado un porcentaje anual promedio de crecimiento del 25%). Se sostuvo una disciplina fuerte en la política monetaria, aumentando la desmonetización de la economía a través de la elevación de las tasas de encaje y de la restricción del crédito público.
Los efectos negativos de estas medidas fueron neutralizadas gracias al crédito externo proveniente de los Estados Unidos; su monto sin precedentes -US$200 millones, de ellos 100 como donación de la AID- permitió al gobierno atender algunas inversiones programadas y entregar en julio a la municipalidades 45 millones de quetzales cumpliendo así con el requisito constitucional de que el 8% del presupuesto nacional vaya a los municipios. Las exportaciones tuvieron resultados de menor bonanza; aumentaron en un 6%, debido a incrementos en la exportación de carne (50%) y de productos no tradicionales (200%). El turismo elevó de nuevo su puesto dentro de las actividades productoras de divisas, colocándose en el cuarto, casi al mismo nivel del algodón.
La baja del café y la no recuperación del algodón y del banano no permitieron alcanzar metas mayores en las exportaciones, dentro de las cuales el cardomomo -hace unos años en un tercer lugar como productor de divisas- parece haber tocado techo en un mercado cada vez más competitivo y superabastecido. La deuda externa alcanzable en diciembre la cifra de US$2.456 millones, habiéndose reducido en 130 millones respecto del año anterior. Pero el servicio de la deuda llegó al 38% de las exportaciones (US$400 millones). Esta cifra se mantendrá sin mucha variación hasta 1990, cuando el servicio descenderá al 16% de las exportaciones. Es ésta la razón por la cual el gobierno paga el servicio de la deuda sin rechistar y prefiere no entrar en negociaciones con el FMI, pues ve una cierta luz al final del túnel a mediano plazo.
Lo que en el campo económico marcó el año se concentró alrededor de las finanzas públicas, terreno de confrontación con la empresa privada. El gobierno propuso y trató de llevar a cabo una modernización en la captación de recursos fiscales, renovando seis tipos de recursos fiscales, renovando sobre inmuebles, etc.). Ello no suponía una reestructuración tributaria profunda. Sin embargo y a pesar de haber sido contactada varias veces a este propósito, la empresa privada rechazó la propuesta. La razón del rechazo no parece estar en el monto significativo por la medida (280 millones de quetzales se iban a recaudar, mientras que con el impuesto especial a las exportaciones se habían recaudado más de 300 desde julio del 86 a junio del 87).
El temor de que éste fuera el primer eslabón de una cadena de reformas -o propiamente de intervenciones del Estado en la economía- que pudiera conducir hacia el planteamiento incluso de una reforma o reestructuración agracia máxima tabú de la oligarquía y la burguesía cachurecas, constituyó con probabilidad la razón por la cual la empresa privada se opuso tan fuertemente. Incluso después de que Cerezo se comprometió a no hacer otro tipo de reformas durante su período presidencial, la empresa privada escogió la confrontación y llamó a movilizaciones antigobiernistas aprovechando el repudio popular a algunos de los impuestos indirectos remozados por el gobierno. El choque no se redujo, a pesar de la medición del Arzobispo Penados entre el CACIF y el gobierno, y la confrontación continúa a comienzos del 88.
La confrontación adquirió una importancia política singular. La empresa privada no usó los partidos políticos de oposición como canales de presión en favor de sus posiciones, sino que retornó a los mismos mecanismos de presión directa gremial sobre el gobierno, de negociación exigente entre telones y de coqueteo con el cuartelazo. Esto último provocó una serie de fracturas en los altos mandos militares. Más de un 30% de los oficiales del alto mando estuvo envuelto en estos intentos desestabilizadores, dispuesta, por consiguiente, echar por la borda lo ya recorrido en el proceso institucionalizadora del país. Los militares más complejamente identificados con el ingrediente democrático del proyecto contrainsurgente modernizador lograron resolver esta crisis manteniendo la fachada democrática. Pero su llamado a la empresa privada, mencionado antes al analizar el Foro Nacional, fue rechazado, al menos por ahora, por la empresa privada al considerar la merma en sus beneficios y el peligro de que el Estado se acostumbre a intervenir en la economía.
En consecuencia, el eje de la coyuntura, diseñado por ejército y gobierno, la concertación en el proyecto modernizador contrainsurgente con la oligarquía y la burguesía, resultó quebrado. La empresa privada no reconoció el liderazgo militar ni mucho menos el de Cerezo. Estos últimos fracasaron en su objetivo de aumentar los fondos para un gasto público destinado al mínimo desarrollo social necesario -según su visión- para apuntalar los esfuerzos militares directos contra las organizaciones revolucionarias guerrilleras.
La tradicional mentalidad de los empresarios privados de Guatemala, su neoliberalismo supermanchesteriano desembozante proclamado en el campo académico desde la Universidad Francisco Marroquín, y su consecuente reclamación de liderazgo sobre los planes económicos del país. chocan con la convicción del ejército de que el estado guatemalteco necesita ser reforzado para llevar a cabo el proyecto de modernización y contrainsurgencia en que cifran lo que ellos llaman el "engrandecimiento" de Guatemala.
Por lo demás, la recuperación económica esbozada en este análisis es aún muy frágil. Se trata de un primer año de estabilidad: Para consolidarla, dentro de los márgenes del proyecto modernizador, parece haber tres caminos: a) aumento de exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos dentro de los parámetros de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (con un mercado -el de Costa Este- notablemente voluble y fácilmente saturable); b) aumento de mercado interno a través de una reforma agraria (no hay ya margen para colonizaciones en una frontera agrícola a punto de agotarse, que se refleja en la creciente migración a las ciudades a causa, además, del gravísimo desplome de la economía campesina); aumento de gasto público y enfrentamiento con la empresa privada para conseguir los necesarios fondos. Siendo el camino segundo inviable en los marcos de la actual correlación de fuerzas sociales, parecería que es por una combinación del primero y del tercer caminos por donde los actuales detentadores del poder intentarán lograr la consolidación de una mejoría económica en Guatemala.
Claro que así difícilmente conseguirán algo más que un paliativo. Una de las preocupaciones más patentes en el Foro Nacional la centraron los militares sobre las condiciones de miseria de las mayorías como "caldo de cultivo" de la subversión guerrillera. Los empresarios privados mostraron en el diálogo gran interés sobre este punto y el General Gramajo explicó mejor la preocupación del ejército. "Caldo de cultivo -afirmó es una manera de decir las condiciones políticas, sociales, que vive Guatemala... las condiciones ancestrales... tanto en organización social como en organización económica... Nosotros tenemos ciertas condiciones que son hábilmente explotadas (para que otra potencia "de ultramar" introduzca su estrategia de guerras de liberación nacional)".
Este "caldo de cultivo" -nótese que en la visión de los militares es la miseria se debe aminorar porque si no se hace eso puede venir la revolución. Es decir, por temores a los pobres -no por identificación con las mayorías populares no podrá suprimirse con paliativos. En ese sentido, la "concertación" del Presidente Cerezo se parece a las medidas de Luis XV, décadas antes de la Revolución Francesa, las cuales, con lucidez, le obligaron a decir entre sus ministros: "Después de mí, el diluvio".
Uno de los documentos que las organizaciones revolucionarias guerrilleras han hecho públicos, afirma lo siguiente: "En Guatemala, concertar los intereses económicos tan opuestos y tan desiguales, eso es imposible realizarlo mediante maniobras o decretos gubernamentales, porque es determinante su estructura semi-capitalista y dependiente, y por la polarización político provocada por la mutilación de la revolución democrático-burguesa, la cruenta contrarrevolución y los 27 años de lucha popular y lucha armada, que han impregnado a todas las capas de la sociedad guatemalteco". (Saludo del Comandante en Jefe del EGP miembro de la URNG, en el 16 aniversario del EGP, Guatemala, 19 de enero de 1988).
Los análisis de las condiciones sociales de Guatemala no son muy diferentes en el ejército respecto de los que se hacen en las organizaciones revolucionarias guerrilleras. Los medios y los objetivos para cambiar esas condiciones son tan diferentes, cambio, que hacen ver con claridad la imagen diversas que los oponentes tienen de una futura Guatemala. Los militares piensan que con las masacres del 81-83 ("duras batallas" ganadas, en su percepción) han ganado tiempo "para que experiencias cercanas a nuestro ambiente geográfico y reciente relativamente" ( es obvia la alusión a la Nicaragua revolucionaria) hayan "llegado a situaciones dramáticas" y así haya disminuido lo que los militares entienden como su carácter de espejismo. Esta fue en el Foro Nacional la opinión del Coronel Mario R. Enríquez M., director de asuntos civiles (la antigua "acción cívica militar) del Estado Mayor.
Las mayorías populares: Desarticulación entre movimiento popular y URNG1987 constituye el año de máxima actividad militar de la URNG desde 1981. Ha sido, al mismo tiempo, una año en que la URNG ha intentado fortalecer su presencia política en a realidad nacional de Guatemala, esfuerzo que inició en 1986. El ejército, en su presentación en el mencionado Foro Nacional, reconoce al a URNG un máximo de 2.000 combatientes. El miembro de la Comandancia General de la URNG, Rodrigo Asturias (alias Gaspar Ilom) declaró en Madrid la prensa internacional que la URNG en nombre de entre 3.000 y 3.500 combatientes cuya fortaleza militar está creciendo al igual que el apoyo popular. El ejército, en el mismo Foro Nacional, consideró a los "delincuentes terroristas" nada más que como "un frente interno, hoy reducido a una molestia" (General Callejas), pero a continuación sigue afirmando que "promueve una lucha ideológica y otra armada. En su afán codicioso de la toma del poder (provocan) muerte, desolación, destrucción y dolor en familia guatemalteca". Propaganda aparte, es claro que también en el análisis de la realidad de las fuerzas revolucionarias guerrilleras el ejército no está muy distante del análisis que ellas mismas hacen de sí mismas.
La actividad militar del a URNG se ha mostrado en toda su potencia al ser capaz de aguantar dos ofensivas fuertes del ejército, una en junio y otra que aún continúa desde que empezó a fines de septiembre. La última sobre todo ha querido se decisiva. En los frentes de guerrilleros donde combate el EGP (El Quiché, y el Ixcán quichelense y huehueteco) han sido activados 8.000 soldados e imponentes medios aéreos (aviones A-37, Pilatus y helicóptero "Huey"). Más tarde, otras tropas en número de 5.000 fueron lanzadas contra posiciones del ORPA en Sololá, San Marcos, Quezaltenango y Suchitepéquez. Con tal desproporción de tropas y armamento, el hecho de la resistencia guerrillera es notable. Más importante es, si responde a la realidad, el número de bajas que la URNG habría causado al ejército durante 1987: entre 1.200 y 1.400, sin excluir a bastantes oficiales.
Por el contrario -todo ello según fuentes de la URNG, las bajas sufridas por la guerrilla serían mínimas e incluso pocas las de la población civil en resistencia. En campo pagado en los diarios "Prensa Libre" y "El Gráfico" del 1o. de diciembre de 1987 la URNG afirma haber causado al ejército en octubre y noviembre 476 bajas y haber sufrido 12. En el triángulo Ixil al norte del departamento de El Quiché (municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal), donde opera uno de los frentes del EGP, la población civil en resistencia parece haber sufrido más; se habla de que el ejército ha obligado a bajar de sus retiros de montañas y ha capturado a alrededor de 800 personas. Lo bombardeos han sido indiscriminados, hay acusaciones serias de uso de fumigación tóxica y de envenenamiento de río y ha habido quema de cosechas.
Es decir, de nuevo la política de tierra arrasada. La percepción de la URNG en sus numerosos comunicados es de que tanto la ofensiva de junio (5.000 soldados activos) como la actual so "contra ofensivas" del ejército, en respuesta a un accionar militar más desarrollado de la URNG durante el primer semestre del año. Fuentes independientes (vecinos del hospital militar de la capital, viajeros a las zonas de guerra) confirman el volumen general de daño sufrido por el ejército. La guerrilla ha vuelto a ocupar cabeceras municipales tan distantes entre sí como El Quetzal (Departamento de San Marcos), Purulá (Baja Vera Paz) y Concepción Chiquichapa (Quezaltenango).
Más importante, tal vez, es que el accionar militar de la URNG, con su mayor sofisticación, área de actividad más extensa y mayor número de bajas causado al ejército, responde a una estrategia anunciada. La URNG decidió en 1986 dar una oportunidad al gobierno de Cerezo, bajando la prioridad de su accionar militar y tratando de subir su perfil político. Cuando, después del viaje de Cerezo a Europa, éste, a pesar de haber parecido ofrecer diálogo a la guerrilla, rechazó la inmediata reacción favorable de la URNG, la determinación estratégica de la URNG fue descrita como incremento militar para 1987 sin abandonar el intento de aumentar la presencia política en el territorio nacional. Además de sus propias realizaciones en este terreno (campos pagados en periódicos y en radio, apertura de la emisora "La Voz Popular", reaparecimiento esporádico de pintas revolucionarias urbanas), el ejército contribuyó a los intereses de la URNG involuntariamente; invitó a los periodistas a informar en el teatro de la guerra sobre su ofensiva y éstos fueron testigos de que la respuesta guerrillera no es despreciable e informaron sobre ello en prensa y televisión.
El acontecimiento más importante del año en este terreno fue el diálogo en Madrid entre el gobierno y la URNG. Considerado por el ejército como inconstitucional, el mismo ejército al final envió a él sus observadores. El mero hecho de haberse llevado a cabo implica la salida del ostracismo internacional para las fuerzas revolucionarias. Dejando de lado las disputas no tan semánticas sobre el carácter del encuentro ("aproximaciones para consolidar la democracia" lo denominó el gobierno, mientras que la URNG presentó en el "propuesta para construir la democracia", es importante que: a) la URNG destacó que no está lo central en cuál de las fuerzas contendientes ha ganado más o ha retrocedido más táctica o estratégicamente, sino en cómo se van abordar y solucionar los graves problemas nacionales; b) el ejército y luego el presidente Cerezo (visitando el altiplano noroccidental como casaca militar como atuendo y sobre todo declarando la ejército como el verdadero apoyo de la democracia) se ha mostrado renuentes a continuar las "aproximaciones" y han reforzado el intento de derrotar militarmente a la guerrilla, y c) la URNG, mientras contrarrestar la ofensiva militar y proteger a la población civil en resistencia, insiste en un Diálogo Nacional, que la Iglesia -con matices propios- ha apoyado también recientemente. Los Obispos de El Quiché y de Guatemala (el Arzobispo Penados) clamaron además en noviembre por una humanización de la guerra.
Sobre Guatemala, sin embargo, se cierne aún, con toda su capacidad de acentuar la actuación cautelosa de las mayorías, la sombra del terror sin escrúpulos que los regímenes militares ejercieron de 1978 a 1984. En este clima, el grado de organización popular no ha avanzado notablemente en 1987. El Grupo de Ayuda Mutua (GAM), toca la llaga más purulenta de la pasada represión -los millares de desaparecidos (al menos 40.000)- no logra convertirse en movimiento de masas. Los intentos por buscar una unidad confederada entre UNSITRAGUA, CUSG y CGTG no han arrojado resultados significativos. Las reivindicaciones en base al alto costo de la vida (aunque se haya logrado reducir la inflación, todo es más caro cada año y se monta sobre los porcentajes inflacionarios mayores de años anteriores) son cooptables por la empresa privada en la coyuntura, ya analizada, de la confrontación con el Estado por los impuestos. El continuo descenso del componente salarial en los ingresos populares es un condicionamiento pesado para que se puedan dar avances fuertes de tipo sindical.
Sin embargo, por primera vez en muchos años el campo guatemalteco ha vuelto a mostrar notable efervescencia. Ha resurgido el combativo Comité de Unidad Campesina (CUC), se ha mantenido la fuerza del movimiento alrededor de la cuestión de la tierra, encabezado por el P.Girón, y se ha fundado en diciembre la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) en un congreso que dijo representar a medio millón de trabajadores rurales. Los conflictos sindicales han sido más numerosos y más duraderos (uno, en Amatitlán, se prolongó por tres meses) y amenazan extenderse a trabajadores estatales.
Tanto en la Comisión Nacional de Reconciliación (Mons. Quezada y Gerardi) como en varias otras diócesis del país, los obispos han encontrado en el proceso de paz de Esquipulas y -no se debe minusvalorar en la realidad pastoral concreta con la que se han enfrentados, ánimos nuevos para actuaciones distantes del inmovilismo pesimista que los abrumó después de las masacres del 81 al 83. Han seguido resistiendo los cantos de sirena que les vienen desde la democracia cristiana (sobre todo para que ayuden a prestigiar con su cooperación administrativa los pequeños proyectos locales con los que el partido gobernante intenta capitalizar apoyo popular). Los agentes de pastoral y las comunidades católicas en las bases no han dejado de avanzar a pesar de los embates que las sectas fundamentalistas diseñan una otra vez. Incluso entre los carismáticos de regiones del interior del país, tanto católicos como evangélicos, se ha podido comprobar que no son reacios a una predicación que destaque el núcleo de justicia social contenido en el Evangelio de Jesús como exigencia y que lo acredite con un testimonio de presencia en medio de los más pobres y más acosados por las condiciones durísimas y del campo, no sólo económicas, pues no hay que olvidar la discriminación contra la mayoría indígena del campesinado.
Los refugiados guatemaltecos en México, indígenas en su mayor parte, han elegido en sus campamentos representantes hasta conformar un comité, en cuyo nombre se han hecho llegar a los presidentes de Centroamérica, a la CIVS y al ACNUR varias cartas reclamando garantías y fuerte presencia en la Conferencia futura sobre el problema de refugiados. Las cifras de repatriados han sido las siguientes, de entre un total de más o menos 50.000: 797 (1984), 205 (85), 355 (86) y 1.110 (85); es decir, alrededor de un 5% de los refugiados en México (propiamente menos, ya que algunos repatriados lo fueron desde Honduras).
Existe, pues, movimiento popular en Guatemala. Lo que aún parece estar lejos es un estrechamiento de la brecha entre el movimiento popular armado y el que no lo está. Ahí es donde las condiciones del país, el terror clavado en las conciencias y la lejanía de la guerra de los centros mas poblados, así como el énfasis de cuadros revolucionarios en las tareas militares, han convergido en una débil articulación del movimiento popular en su conjunto.
El pilar internacional: aislar a la URNG, legitimar el nuevo Estado
y abrir horizontes económicosNo es nuevo en Cerezo el énfasis en la neutralidad. Los militares, por sí mismos ya asesorados por el ex-canciller Fernando Andrade, llegaron a la neutralidad por "razón de estado" ya el período de Mejía Víctores. La cláusula de "activa" que Cerezo le agregó no es una adición de contenido. En cuanto que significa alineamiento ideológico en el marco de las democracias occidentales, nadie más alineado que los militares guatemaltecos, afiliados ardientemente a la doctrina de seguridad nacional. Podría verse alguna mayor originalidad en la actividad diplomática de Cerezo (anfitrión de Esquipulas I, freno a un Plan Arias sin Nicaragua, catalizador de una fecha rápida y final para el Esquipulas II con Nicaragua); sin embargo, cambia sólo el nivel de protagonismo; el canciller Andrade habría jugado (y jugó, de hecho en la fase de las negociaciones de Contadora) el mismo papel; ahora lo juega un presidente; simplemente hace lo que no podía hacer un jefe de Estado manchado por la represión.
El fondo de la cuestión es el mismo: se trata de aislar a la URNG no incurriendo en las iras sandinistas por causa de una política de apoyo a los objetivos militares de los Estados Unidos, por un lado; y, por otro, dejando al ejército el espacio y el tiempo libres para combatir en su frente interno sin diversionismo que lo distraigan. Para los militares, por ahora, basta con tener seguras las fronteras con El Salvador y las noroccidentales con México (en 1985 el último gobierno militar pactó con el gobierno de Miguel de La Madrid en el asunto de los refugiados).
Pero la política exterior no se ha quedado reducida a la "neutralidad activa" en Centroamérica. Se ha superado ya el obsesivo interés de legitimar al nuevo estado, civilista en su fachada, militarista en su fondo, modernizante en sus objetivos. Ahora se trata de posibilitar la modernización y de hacer que conlleve un mínimo de redistribución sin tocar la estructura económica fundamental. En 1987 el interés del pilar internacional de la política de Cerezo es fundamentalmente económico: que a Guatemala se le abran las puertas crediticias de los bloques diversos del sistema mundial: los Estados Unidos, la CEE, una América Latina en vías de mayor integración e incluso los no Alineados; y que se abran también las puertas del comercio con esos bloques, posibilidades destinatarios de productos guatemaltecos, tradicionales o no. "Estamos dispuestos a exportar nuestra democracia" ha afirmado el vicepresidente Carpio-.
Esto supone una sofisticación que hace caminar a la democracia cristiana gobernante con dos o tres pasos de adelanto sobre las miras contrainsurgentes del ejército, a quien le preocupa obsesivamente la posible regionalización del conflicto centroamericano. "Una confrontación armada a nivel centroamericano obligaría también a replantear el concepto estratégico militar. Y en un caso extremo, que no se vislumbra, ni a corto ni a mediano plazo, las presiones ejercidas por la delincuencia subversiva podrían obligar al gobierno a tomar medidas orientadas a enfrentar un conflicto interno". Esta nota realista del General Bolaños Chávez, sub-jefe del Estado Mayor, al explicar en el Foro Nacional el "enfoque estratégico", indican cuales serían para el ejército los límites de la política de "neutralidad activa" y por el contexto - insinúan también cuáles serían los límites del apoyo del ejército al "proceso democrático".
Mientras tanto, la combinación de la visión del ejército y de la democracia cristiana gobernante lleva a entender los intereses de los Estados Unidos en Nicaragua y El Salvador, en Honduras y en la región, pero no conduce a apoyar militarmente esos intereses. A los Estados Unidos se le da el claro alineamiento del estado guatemalteco con los intentos de neutralizar a la revolución nicaragüense a través de exigencias de democratización, de exigencias políticas encaminadas a forzar concesiones en la profundización del proceso nicaragüense. Pero en Centroamérica, al menos, el nuevo estado guatemalteco no quiere encerrarse en camisa de fuerza que Honduras ha aceptado. Prefiere más bien los márgenes de autonomía con que se mueve Nicaragua.
En la ONU y en la OEA, en cambio, Guatemala, junto con Costa Rica, ha apoyado posiciones estadounidenses tanto en lo que se refiere al El Salvador (propicio una declaración que habría deslegitimando al FMLN y ala cual Contadora y Apoyo se opusieron) como, más recientemente, en lo que se refiere a Panamá (la reunión extraordinaria de la OEA sobre la destitución de Del Valle la pidieron El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y los Estados Unidos, sin lograr nada por la postura pasiva -bien activa en realidad en contra de la injerencia en Panamá de otros países- de Contadora y Apoyo, una vez más). A estos niveles, se reconstruye en política internacional centroamericana una combinación 4 vs. 1 (Nicaragua) al revés de la combinación 3 vs. 2 (El Salvador y Honduras) que priva en los encuentros regionales encaminados a buscar la paz.
Los factores de poder que se disputan el liderazgo de la actual institucionalidad del estado guatemalteco, es decir, el ejército, la democracia cristiana gobernante y el CACIF (oligarquía -burguesía organizadas gremialmente), no han logrado ni mucho menos una plena "concertación" ni en política económico.
Han logrado ni mucho menos una plena "concertación" ni en política económico social ni en política exterior. El ejército, con su gigantesca ofensiva, parece estar intentando liquidar los problemas militares, en contradicción con lo que afirmó en el Foro Nacional, en donde claramente dio a entender que esos problemas nacionales no tienen solución militar únicamente. En el ejército no hay aun integración de quienes han seguido más una línea influida por los israelíes (represión más control social-aldeas modelo, polos de desarrollo, patrullas civiles, es decir, kibutzim invertidos, transformaciones radicales en la organización social- que por victorias militares rotundas, imposibles a largo plazo) y de los que han seguido más una línea influida por los taiwaneses (concepción de ejército sin cuartel, movilización fluida de tropas, formación más profunda en técnica y administración militar; es decir, solución que enfatiza una victoria militar rotunda). Nuestra opinión camina en una dirección diversas de ambas.
Lo que en el Foro Nacional el ejército denominó "la deuda social" es una deuda cuyo acreedor son las mayorías populares. La deuda no la han contraído sólo los oligarcas y burgueses, como el ejército querría hacer entender, sino que también -y en grado sumo- los militares que han gobernado a Guatemala de iure o facto desde que contribuyeron a derribar el único experimento verdaderamente democrático, la década "revolucionaria" del 44 al 54. La deuda consiste sólo en las innumerables víctimas de la represión sino en la idea de que la represión es necesaria para sostener un sistema que se mueve con la lógica de minorías atrincheradas en su privilegios.
Guatemala y sus problemas, económicos, políticos y étnicos, no tiene solución más que en un esfuerzo de cambio profundo que brote de una confrontación verdaderamente nacional, sin excluir a nadie. De lo contrario lo que forzará es la continuación de la guerra y la militarización triunfará sobre una modernización que, vacía de transformaciones que no sean tecnocráticas, terminará siendo una militarización mucho mayor. En ese caso "la tercera oportunidad" de que hablaron los militares se habrá frustrado trágicamente una vez más.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica