Nicaragua
Tras los idus de mayo, ¿se acelera la transición o matará Ortega la negociación?
Varios acontecimientos en los idus de mayo,
en la mitad del mes de las lluvias,
fortalecieron la resistencia ciudadana.
En respuesta, el régimen intensificó el control sobre la población
y continuó actuando unilateralmente en la mesa de negociación,
ninguneando a su contraparte, la Alianza Cívica.
¿Qué traerán los idus de junio?
¿Se acelerará la difícil transición que espera la mayoría de los nicaragüenses?
¿O matará el régimen
este segundo intento de diálogo y negociación?
Equipo Envío
A inicios de mayo, aunque la ruta de salida de la crisis nacional estaba clara -una negociación en serio que devuelva a la ciudadanía libertades, que garantice justicia a las víctimas y que instaure la democracia a partir de unas elecciones justas y adelantadas-, el horizonte de llegada a estas metas aparecía extremadamente lejano.
Nadie lo expresó mejor ni más sintéticamente que el periodista Fabián Medina, en su columna semanal en el diario La Prensa del 9 de mayo: “Hay tanta oscuridad en este momento -escribió- que no sabemos si vamos o venimos. No sabemos si estamos saliendo al borde o entrando al fondo de una dictadura”. Pocos días después, al llegar mayo a su mitad, en los idus de mayo, varios acontecimientos indicaron que tal vez, sólo tal vez, sólo quizás, estábamos “saliendo al borde”…
“UNA BRASA QUE NO SE APAGA”
Varios acontecimientos inesperados se sucedieron en el escenario nacional dando cauce a la indignación ciudadana y fortaleciendo la resistencia. En la tarde del 16 de mayo el régimen asesinó en la Cárcel Modelo al preso político, también ciudadano estadounidense, Eddy Montes Praslin. A su muerte siguió una cruel golpiza de policías antimotines y custodios penitenciarios contra los presos que convivían con don Eddy, como lo llamaban sus compañeros de galería. Estos hechos fueron seguidos de dos días de manifestaciones de madres de los reos políticos frente a la Cárcel Modelo, expresando abiertamente su repudio a la Policía.
La vela y el entierro de Eddy Montes en su natal Matagalpa el 18 y 19 de mayo constituyeron la primera manifestación masiva que la oposición azul y blanco lograba realizar, rompiendo el miedo y desafiando el asedio policial, desde que en septiembre de 2018 las movilizaciones fueran prohibidas y atacadas por la Policía.
Cuatro días después, la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, articuladas con las organizaciones de familiares de presos políticos, convocaron a un paro nacional el 23 de mayo. El régimen extremó amenazas contra bancos y comercios para que abrieran sus puertas. Fue la ciudadanía la que respondió masivamente no saliendo de sus casas. El paro nacional lo protagonizó la gente, los consumidores.
La última movilización azul y blanco en las calles de Managua ocurrió en septiembre de 2018. También en ese mes fue el último paro nacional. Tras ocho meses de imponer por la fuerza el terror y la “normalidad”, las calles volvieron a llenarse en Matagalpa y a vaciarse en todo el país.
Se demostró así que la rebelión ciudadana de Abril, que es hoy un movimiento aún desorganizado, pero a la vez una activa resistencia ciudadana exigiendo un cambio de gobierno y de país, sigue viva. O en palabras de Sergio Ramírez, “sigue ardiendo como una brasa que no se apaga”.
UN ALTO A LA NEGOCIACIÓN
Los acontecimientos de los idus de mayo vinieron también a darle un giro al prolongado estancamiento de la mesa de negociación, iniciado el 3 de abril y en su momento más crítico el 29 de abril.
El 20 de mayo la Alianza Cívica decidió levantarse de la mesa, declarando que no volvería a sentarse ni a negociar nada con el régimen hasta que cumpliera el primer acuerdo liberando plenamente a todos los presos políticos, lo que era un clamor nacional con respaldo internacional. Otro de los avances que trajeron los idus de mayo fue precisamente ése: animar finalmente a la Alianza a iniciar una etapa de mayor articulación “con el sentir de la gente”. “Era necesario -dijo Mario Arana, de la delegación negociadora de la Alianza- ponerle un alto a la negociación porque ya no iba a ningún lado”.
¿QUÉ AUGURAN LOS IDUS DE JUNIO?
A los idus de mayo seguirán los idus de junio. La liberación de todos los presos políticos, incluyendo la anulación de los viciados juicios que han enfrentado es un acuerdo firmado por ambas partes el 27 de marzo en la mesa de negociación.
El plazo final para la liberación es el martes 18 de junio. ¿Saldrán todos de la cárcel? ¿Con la medida de “casa por cárcel” o libres plenamente? Ese mismo día está programada la reunión de la Comisión Europea para aprobar las sanciones contra funcionarios del régimen nicaragüense. ¿Habrá unanimidad de los gobiernos de la UE en aplicar sanciones a funcionarios nicaragüenses?
Tres días después, el 21 de junio, se vence el plazo de 180 días que establecia la Nica Act aprobada en diciembre para evaluar al régimen. Ese día el Secretario de Estado debe ser informado de la situación de Nicaragua en cuanto a democracia, derechos humanos y actos de corrupción para aplicar las sanciones previstas en la Ley. ¿Veremos más sanciones? ¿Para cuántos funcionarios?
Unos días después, el 26 de junio, se celebra en Medellín la reunión de Cancilleres de la OEA, espacio en el que la situación de Nicaragua será un tema “urgente” a debatir. ¿Le aplicarán a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, lo que significaría la expulsión del gobierno de Ortega del organismo regional?
29 DE ABRIL: “DETENGAN LAS SANCIONES”
De lo ya sucedido en los idus de mayo y de lo que pueda suceder en los idus de junio puede acelerarse la transición en Nicaragua, puede activarse la ruta de salida de la crisis…
¿Cómo llegamos a este punto del camino? Después que el gobierno firmó con la Alianza Cívica dos acuerdos (liberación de presos políticos el 27 de marzo y restitución de los derechos ciudadanos el 29 de marzo), todo lo que vino después no hizo más que confirmar que el plan de Ortega al sentar a sus delegados en la mesa de negociación no era otro que su ya conocido “firmar me harás, cumplir jamás”. Y no sólo demostró que no cumplía sino que lo que “cumplía” lo hacía unilateralmente: cuándo y cómo quería, desconociendo a la Alianza Cívica.
El resultado es que ningún derecho ciudadano ha sido restituido (in¬cumpliendo los acuerdos del 29 de marzo) y que a los 401 presos políticos que el régimen ha sacado de las cárceles los ha excarcelado, pero no liberado, seleccionándolos de manera arbitraria, sin contar ni con la Alianza Cívica (contraparte) ni con la Cruz Roja Internacional (garante del acuerdo del 27 de marzo), para después decir que lo hace como señal “de buena voluntad”.
En este contexto, el 29 de abril el comportamiento del régimen se reveló aún más improcedente al condicionar el fijar fechas y establecer protocolos precisos para el cumplimiento de los dos acuerdos ya firmados, sobre presos y sobre libertades, a que la Alianza Cívica hiciera un llamado a la comunidad internacional para detener las sanciones en curso contra el régimen y sus funcionarios, las que podrían concretarse en junio.
La Alianza se negó, haciéndole ver a la delegación del gobierno que en la hoja de ruta pactada en marzo ese llamado sólo lo harían en conjunto ambas delegaciones cuando se llegara a un acuerdo final y definitivo sobre los tres grandes temas en la mesa: democracia, libertad y justicia, todos aún pendientes de cumplimiento o de discusión.
“RESPONSABLES DE INNUMERABLES CRÍMENES”
A partir de ese crítico día, 29 de abril, y durante varios días, los comunicados emitidos por el gobierno “ante la mesa de negociación” demostraron su inquietud ante nuevas sanciones.
Las que ya han llegado de Washington han cancelado de facto al banco del consorcio presidencial y han afectado severamente el presente y el futuro financiero de la Vicepresidenta, de uno de sus hijos, del Jefe de la Policía y consuegro de la pareja, del tesorero del FSLN y de otros funcionarios del entorno más cercano a Ortega.
La táctica del régimen ante la justa negativa de la Alianza a llamar a que cesaran las sanciones fue cubrir a sus negociadores con una retahíla diaria de improperios.
En los comunicados que leía todos los días el Canciller Moncada los acusaban de “jugarretas irreverentes, disparatadas y caóticas” y de “exhibir insensibilidad, precariedad, miseria y mezquindad mental y espiritual”. Denunciaban “la dualidad, torpe, infantil y miserable” de la contraparte. Decían que eran “cómplices totales del Odio, de la zozobra, de la violencia, de la discriminación, del terrorismo, y de la negación de la Vida”. Los llamaban “ridículos e incompetentes personajes de ficción” responsabilizándolos de “innumerables crímenes, tropelías, e incluso actos diabólicos”…
Todos estos textos, desesperados y ofensivos, en los que el régimen reiteraba su relato del “fallido golpe de Estado”, iban acompañados de salmos bíblicos y de referencias religiosas. No sólo eran leídos por el Canciller. Eran enviados a quienes en la comunidad internacional siguen la situación de Nicaragua.
Se le enviaban, entre otros, a Ramón Jáuregui, quien estuvo al frente de la delegación de eurodiputados que visitó Nicaragua en enero. “Aunque yo nunca he tenido confianza en que el diálogo fuera sincero -dijo Jáuregui en entrevista con La Prensa-, estamos perdiendo la esperanza en el diálogo, a pesar del bombardeo publicitario que recibimos diariamente del gobierno de Nicaragua. Son notas informativas de propaganda. La realidad no está en esos comunicados. Son textos que parecen sermones de curas”.
NEGOCIACIÓN EN SUSPENSO
La Alianza Cívica no se dejó provocar por los insultos. Consideró que, condicionando el cumplimiento de lo acordado al llamado a detener las sanciones, lo que el gobierno pretendía era ponerle “un tranque” a la negociación, incluso matarla. Consideró también que “llamar a la contraparte de un proceso negociador a que se declare culpable de delitos (las tropelías, etc.) sólo comprueba la falta de voluntad de sentarse a la mesa a discutir los temas fundamentales”. Y los temas fundamentales, la democracia y la justicia, no se habían discutido hasta entonces.
El 13 de mayo cesaron los comunicados insultantes. Pero el estancamiento, sin visos de salida, continuaba. Antes de los acontecimientos de los idus de mayo la Alianza informó que de seguir avanzando en la negociación dependía que el equipo de la OEA para discutir las reformas electorales regresara a Nicaragua, después de los primeros contactos que había hecho en abril.
¿Cómo avanzar…? La Alianza Cívica exploró otras vías. Logró que los “testigos y acompañantes” de la negociación, el Nuncio Waldemar Sommertag y el enviado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, propusieran al gobierno liberar a todos los presos políticos que estaban en la lista conciliada entre la Alianza, el régimen y la Cruz Roja Internacional el 30 de mayo, Día de las Madres.
La Alianza solicitó también y por carta a Sommertag y a Rosadilla visitar las cárceles para verificar las continuas denuncias de prisioneros y prisioneras por el trato inhumano, incluidas torturas, que reciben en la cárcel Modelo los hombres y en la cárcel La Esperanza las mujeres. Mejorar el trato a los reos es también un acuerdo firmado por el régimen el 27 de marzo, y no se estaba cumpliendo.
El régimen excarceló el 30 de mayo a 50 prisioneros y a una única mujer, siempre con la medida de “casa por cárcel” y de manera unilateral. Respecto a la visita a las cárceles de los testigos no se conoció nada.
MENTIRAS EN GINEBRA
El 15 de mayo, en vísperas del asesinato de Eddy Montes, el régimen dio ante el mundo una prueba de su determinación de continuar en el poder con una realidad paralela fabricada torpemente.
En Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando se le aplicaba a Nicaragua y a otras trece naciones lo que se conoce como el Examen Periódico Universal, el representante de Ortega, Valdrack Jaentschke, mintió descaradamente al hablar de la situación de derechos humanos en nuestro país. Además de hablar de estadísticas sobre equidad de género y de lucha contra la trata de personas, en relación a los derechos políticos, afirmó, entre otras falsedades, que no había en Nicaragua grupos parapoliciales ni tampoco presos políticos, que “nunca” se había reprimido protesta alguna y que ningún periodista había sufrido cárcel (dos de los más populares y estimados en el país, Miguel Mora y Lucía Pineda, del canal 100% Noticias están aislados en calabozos de máxima seguridad desde hace seis meses y el mundo conoce que Pineda es la única periodista presa en todo el continente americano).
Durante más de tres horas, las misiones diplomáticas de 90 países le hicieron a Nicaragua 259 recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos. Señalaron mayoritariamente el deterioro que en nuestro país han experimentado los derechos humanos desde abril de 2018, demostrando estar bien informados de casos concretos. Fueron varias las delegaciones que recomendaron adelantar las elecciones para solucionar la crisis nacional. Sólo las delegaciones de Cuba y Venezuela defendieron abiertamente al régimen de Ortega.
“ORTEGA ESTÁ SOLO EN EL MUNDO”
Según el protocolo del Consejo, días después Jaentschke declaró que acogía todas las recomendaciones y que las llevaría a consulta con el gobierno para dar la respuesta que pide el Consejo en septiembre.
“Ortega esta sólo en el mundo -analizó en Managua José Pallais, ex-diplomático y jurista, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica-. Muy pocas veces en los foros internacionales se ve una coincidencia tan grande sobre la situación de un país. La diversidad de los países que se pronunciaron, de diferentes sectores geográficos, de diferentes ideologías y culturas, evidencia que para la comunidad internacional en su conjunto las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son de una gravedad tal que merecen la condena mundial”.
TRAGEDIA EN LA CÁRCEL MODELO
El 16 de mayo ocurrió una violación de derechos humanos de tal gravedad en la cárcel Modelo que bastó para desmentir lo que había dicho el día antes el representante de Ortega en Ginebra.
La versión oficial de la muerte de Eddy Montes la ofreció el gobierno inmediatamente: se trató del décimo amotinamiento de prisioneros en el penal, en el que Montes había forcejeado con un custodio para arrebatarle el arma. En defensa propia, éste disparó una sola bala, que lo hirió gravemente. Trasladado al hospital, lo trataron de reanimar, pero falleció.
La versión que dieron los presos que vivieron esta tragedia -lo comunicaron por escrito a través de los familiares que lograron visitarlos dos días después y a través de grabaciones con teléfonos que les facilitan reos comunes y posteriormente lo ratificaron excarcelados el 30 de mayo- es diametralmente diferente.
Los presos políticos afirman que estando en el patio un número importante de ellos, sin contacto alguno con sus custodios, de los que siempre están separados por mallas metálicas, uno de los funcionarios de la dirección de operaciones tácticas del penal empezó a ofenderlos de palabra, apuntándolos con un arma de guerra, un fusil AK. Ya lo había hecho en anteriores ocasiones.
Los presos políticos respondieron de palabra, “protestando, como siempre hacemos, para que nos respeten”. Eddy Montes, que estaba jugando ajedrez con el preso Alejandro Guido, dejó el juego y fue donde los más jóvenes intentando apaciguar los ánimos. “Los muchachos me necesitan”, fueron sus últimas palabras. Varios custodios y también policías continuaron ofendiendo a los presos, hasta que finalmente abrieron fuego desde distintos puntos. Una bala hirió de muerte a Montes. Fueron los mismos presos los que lo atendieron, sorteando una lluvia de balas, hasta que murió desangrado entre ellos.
“¡LOS VAMOS A MATAR A TODOS!”
Tan grave como el asesinato de Eddy Montes fue lo que sucedió después: decenas de policías antimotines, acompañados por funcionarios de la Dirección de Intervención Rápida de la cárcel, ingresaron a las galerías y durante una larga media hora atacaron con violencia a decenas de presos políticos, golpeándolos e hiriéndolos, a varios de gravedad, a los gritos de “¡El comandante se queda!” “¡Somos los cachorros de Daniel Ortega!”
Lanzaron también a los prisioneros bombas aturdidoras y lacrimógenas y les rociaron cuerpo, ojos y genitales con gas pimienta. Un equipo de la Cruz Roja Internacional, que visitaba otra zona de la cárcel, escuchó las detonaciones y se desplazó hacia el lugar del conflicto. Fue la presencia de la Cruz Roja la que detuvo la violenta agresión. También brindó la Cruz Roja primeros auxilios a los heridos.
Esta violencia y la crueldad contra los prisioneros políticos no surgió de improviso. Varios presos ya habían hablado a sus familiares en las visitas de su temor porque los custodios del penal les decían: “¡Si al comandante le pasa algo, los vamos a matar a todos!”
Y por poco informados que estén, los funcionarios del penal y los policías que intentaron matar a golpes a los presos, saben que al comandante le está pasando algo: está aislado y desprestigiado internacionalmente y nacionalmente no logra articular ningún plan que logre apagar las brasas aún encendidas de la resistencia ciudadana.
“¡EL GOBIERNO LO MATÓ!”
Eddy Montes Praslin, 57 años, fue secuestrado, como tantos otros, por la Policía en octubre de 2018 en su natal Matagalpa. Fue acusado, como tantos otros, de varios delitos, entre ellos, el de terrorismo. Era un mediano finque¬ro, cuyas tierras, como las de tantos otros propietarios, habían sido invadidas por paramilitares. Estaba en la lista de 232 presos políticos que debían ser liberados no más tarde del 18 de junio.
En 1984, durante la guerra civil de los años 80, Eddy Montes dirigió una protesta contra el reclutamiento de jóvenes para el servicio militar obligatorio. Fue perseguido por eso. Y eso lo llevó al exilio. Después de un tiempo en Costa Rica se fue a Estados Unidos, a donde había vivido de niño. Se integró a la Marina estadounidense, pero nunca participó en combate. En esos años adquirió la nacionalidad estadounidense. En 1993 regresó a Nicaragua. “Quería aportar a su país, nunca pudo sacarse a Nicaragua de la mente”, dijo su ex-esposa. Sus hijos quedaron en Estados Unidos. Sus dos hijas vinieron a Nicaragua en diciembre de 2017 cuando su padre se graduó como abogado, profesión que eligió ya maduro con el afán de defender los derechos humanos de los nicaragüenses.
Desde abril se unió a las actividades de la rebelión cívica en Matagalpa. Eso hizo que su asesinato fuera especialmente sentido por los autoconvocados matagalpinos, que lo conocieron en movilizaciones y protestas.
Por su nacionalidad, el crimen que le quitó la vida es seguido muy de cerca por la embajada estadounidense en Managua, exigiendo al gobierno una investigación y una autopsia independientes. Al poner punto final a este texto el régimen no había realizado ni una ni otra.
Para los presos políticos excarcelados y para los que aún están en la cárcel, todos jóvenes, don Eddy era un compañero conocido y reconocido. Dicen de él que siempre “los aconsejaba”, que a él recurrían, que de él y de su experiencia “aprendieron mucho” y que era pastor y celebraba cultos “y nos animaba espiritualmente”.
Fueron jóvenes excarcelados los que cargaron su ataúd por las calles de Matagalpa hasta el cementerio. Su féretro llevaba las banderas de Nicaragua y de Estados Unidos mientras la gente coreaba: “¡Eddy no murió, el gobierno lo mató!”
CUARTA RESOLUCIÓN DE LA OEA
Las circunstancias del asesinato y las características del asesinado contribuyeron a que el entierro de Eddy Montes se convirtiera en Matagalpa en una marcha masiva de repudio al régimen.
Internacionalmente, se multiplicaron las condenas. A tal punto, que el 21 de mayo volvió a reunirse el Consejo Permanente de la OEA para una nueva “apreciación colectiva” de la realidad de Nicaragua. 20 países aprobaron una cuarta resolución, que vuelve a exigir al gobierno la liberación de todos los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados, el regreso a Nicaragua de la CIDH, elecciones justas y observadas… Solo dos países se opusieron: la islita de San Vicente y las Granadinas, Surinam... y naturalmente Nicaragua, con un discurso de Valdrack Jaentschke plagado de las mismas falsedades que había dicho en Ginebra. Diez países se abstuvieron, entre ellos Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y seis países caribeños beneficiados durante años por el petróleo venezolano.
Ésta fue la cuarta y última resolución de las que son necesarias para cumplir con el proceso de aplicación al régimen de Ortega de la Carta Democrática, tema que discutirán los Cancilleres de América en los idus de junio. En la votación de las tres anteriores resoluciones los votos positivos fueron 21, 20 y 20. Son necesarios 24 votos de los cancilleres del continente para aplicar finalmente la Carta.
LA SOLEDAD DEL PODER ABSOLUTO
Para mejorar algo su imagen ante la OEA, en la víspera de la reunión del Consejo Permanente, el régimen ex-carceló, dándoles la medida de “casa por cárcel”, a otros 100 reos políticos. Como siempre, los eligió a su arbitrio y sin contar ni con la Alianza ni con la Cruz Roja Internacional. Y como siempre, las declaraciones de los excarcelados nunca fueron en agradecimiento al régimen, sino a Dios, expresando la alegría de estar con sus familias mezclada con el dolor por sus compañeros aún presos, y hablando de la decisión de seguir luchando porque Nicaragua se libere de esta dictadura.
El régimen está solo, con un nivel de descrédito internacional imposible de revertir y con un repudio nacional que urge sea medido en las urnas. La crisis económica avanza rauda y es cada vez más evidente que ninguna medida económica podrá detenerla, ni siquiera mejorarla sustancialmente, mientras Ortega permanezca en el poder. La economía nicaragüense va en picada por la desconfianza que provoca el desgobierno de Ortega.
Sin una estrategia responsable y con una política de venganza, que sólo emplea reiteradamente más represión y más mentiras, Ortega y Murillo exhiben ante el país y el mundo uno de los más trágicos resultados de su decisión de concentrar al extremo el poder durante una docena de años: se descapitalizaron como gobernantes y hoy no tienen ni estrategias ni estrategas. Ni racionalidad ni razones. En el puente de mando no hay nada más que la soledad del poder absoluto.
LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
Desde el enquistado autismo en el que desgobiernan, que revela una gran debilidad y una peligrosa rigidez, el régimen lanzó una contraofensiva después de los desfavorables acontecimientos de los idus de mayo.
El 22 de mayo publicó el que llama “Programa de trabajo para lograr estabilidad y paz en Nicaragua”. Es significativo que en ese “programa” no aparezcan estas tres palabras: libertad, democracia y derechos humanos.
Sobre la libertad, el “programa” menciona la “liberación definitiva de los ya excarcelados, de los todavía encarcelados y de los que tienen proceso abierto”. Según las cifras dadas por el régimen, con los 50 que excarceló el 30 de mayo, han sido ya 386 las personas que ha sacado de la cárcel y faltarían sólo 92 para salir a más tardar el 18 de junio.
La Alianza Cívica, basada en la cuidadosa investigación realizada por el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticos, a partir de la información facilitada por los familiares de los centenares de personas capturadas y apresadas a lo largo de más de un año, afirma que faltan 233 personas por salir de las cárceles.
La confusión en las varias cifras que se han manejado se debe al modo unilateral con el que ha procedido el gobierno en las excarcelaciones. El objetivo de la Alianza es “que no quede ninguno en ninguna cárcel por razones políticas, que ninguno quede como rehén de Ortega”.
Por su parte, el régimen insiste al realizar las excarcelaciones que saca de la cárcel a “personas que han cometido graves delitos”, a personas “vinculadas a los hechos terroristas y violentos del año pasado”, insinuando así implícitamente que, aunque salen de la cárcel, sus expedientes no quedarán limpios…
SIETE RUTAS JURÍDICAS
El “programa” unilateral de salida de la crisis presentado por el gobierno no menciona cómo se hará la anulación de los juicios, la limpieza total de los expedientes judiciales de las personas excarceladas.
Más allá de lo que prometa un gobierno que no cumple, y para evitar que al final la salida definitiva de todos los presos o la anulación de los juicios que se les han inventado sean o por un indulto o por una ley de amnistía, como ya dio a entender a un medio oficialista el magistrado Francisco Rosales, miembro del equipo negociador del gobierno, un grupo de 25-30 abogados y abogadas, que han defendido a decenas de prisioneros políticos, presentó el 21 de mayo un documento con siete rutas jurídicas para proceder en los siete casos identificados en todas las personas encarceladas o ya excarceladas (acusados con orden de captura pero ausentes -es la condición de muchos de los hoy exilia¬dos-, detenidos, procesados, enjuiciados, sentenciados, en apelación y condenados).
Los abogados explican prolijamente cómo habría que proceder para, si existe voluntad en el gobierno, limpiar todos estos expedientes apegados al ordenamiento jurídico del país.
El documento aboga por una salida legal y jurídica y rechaza explícitamente “la vía legislativa y la política como forma de liberación absoluta de las personas presas políticas por considerar que abre las puertas a presumir su posible participación en actividades delictivas”.
“ES INACEPTABLE LA AMNISTÍA”
Rechaza explícitamente el documento de los abogados defensores de los presos políticos que éstos sean liberados mediante una ley de amnistía: “Es inaceptable por ser una estrategia para beneficiar a personas que no se encuentran siendo procesadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis política”, refiriéndose a los responsables del régimen en centenares de crímenes, ninguno ni siquiera señalado y sólo uno condenado, por haber asesinado a una ciudadana brasileña y por las presiones ejercidas en su momento por el gobierno de Brasil.
“Una amnistía -dice el documento- cerraría las puertas a un verdadero proceso de justicia transicional en Nicaragua, a la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en este contexto y generaría impunidad”.
Nicaragua tiene un récord tal vez mundial: 52 leyes de amnistía han impedido sanar las heridas de una larga historia de guerras y violencia. Para evitar la amnistía número 53 de la historia nacional, los abogados que han hecho esta propuesta estudiarán cada expediente judicial de cada persona presa política.
Calculan que con las siete estrategias jurídicas que proponen, si existe voluntad en el gobierno, en 15 días como máximo la liberación de todos los presos políticos sería total y sus expedientes quedarían limpios. La Alianza Cívica asumió la propuesta de los abogados para llevarla en su momento a la mesa de negociación.
EL DERECHO A LA JUSTICIA
Sobre la democracia, el “programa” unilateral presentado por el régimen sólo menciona que “fortalecerá la democracia” según los planes ya existentes con la OEA -insinuando que las reformas electorales no las negociará con la Alianza- y continúa insistiendo en la celebración de elecciones hasta 2021. Ha mantenido consistentemente su negativa a adelantar las elecciones, a pesar de que es un clamor nacional y una continua demanda internacional.
Sobre el tema de la justicia, palabra que sí aparece en el “programa”, éste afirma que se está cumpliendo ese objetivo con el trabajo que ya realizan las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz, nacidas de una ley (la 985), aprobada en enero de 2019 en el Legislativo, y cuyo texto más parece una de las comparecencias diarias de la Vicepresidenta en los medios oficiales. En estas Comisiones participa la Policía. El régimen afirma que ya se han instalado y sesionan 500.
UNA BURLA Y UNA BOFETADA
En un afán de acumular compromisos unilaterales, el 29 de mayo, víspera del Día de las Madres, el régimen aprobó con “carácter de urgencia” otra legislación, la que llamó con el pomposo título de “Ley de Atención Integral a las Víctimas”.
La Ley fue aprobada por la bancada mayoritaria de Ortega en un día, sin consulta con nadie, reflejando así la escasa importancia que le concede. Su contenido no tiene nada de “integral”. Un tema de tal relevancia en la situación actual de Nicaragua es tratado con tal grado de superficialidad que más parece “una burla”, como la calificó la presidenta de la Asociación de Madres de Abril, Francys Valdivia, hermana de Franco Valdivia Machado, baleado junto a Orlando Pérez Corrales desde la alcaldía de Estelí el 20 de abril. “Además de burla -dijo- no fue construida desde nosotras, las familias de las víctimas”.
Es “burla” también por sus vacíos. Esta minúscula ley, de apenas cinco artículos, lo único que propone es el acceso priorizado a las víctimas y a sus familiares a los servicios públicos que obligatoriamente debe prestar el Estado a toda la población en salud, educación, vivienda, empleo, emprendimiento, ocio y recreación. El Estado les garantiza específicamente prioridad en becas de estudio y en entrada gratuita a las instalaciones deportivas y centros de recreación públicos. Nada dice sobre conocer la verdad ni acceder a alguna forma de justicia.
“En el Día de las Madres oír que esta ley es el regalo de la Asamblea Legislativa para aliviar el dolor de padres y madres que tienen hijos asesinados o familiares en las cárceles es una bofetada”, dijo en el debate parlamentario la di¬putada del PLC Azucena Castillo.
La ley no especifica el presupuesto que se dedicará a la atención priorizada y establece que el registro de las víctimas que serán beneficiadas corresponderá a una de las más ineficientes instituciones estatales, la Procuraduría de Derechos Humanos, cuyo director, Adolfo Jarquín Ortel, es uno de los cinco miembros de la Comisión de la Verdad que la Asamblea Legislativa dominada por Ortega creó en mayo de 2018 para hacer el registro de las víctimas de los violentos acontecimientos de abril, con el objetivo de contradecir las cifras que ofrecía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
EL RETO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
La Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco, las Madres de Abril, el Comité de Presas y Presos Políticos, toda la oposición azul y blanco, ha venido asumiendo a lo largo de este año la necesidad de que Nicaragua inicie un auténtico proceso de justicia transicional que garantice a las víctimas de la masiva violación de derechos humanos provocada por el régimen desde abril de 2018 el derecho que tienen a la verdad, a la justicia, a la reparación y el derecho que tiene nuestro país a la no re¬petición.
(Ver en Envío de junio de 2014 http://www.envio.org.ni/articulo/4857 las reflexiones de la doctora Vilma Núñez sobre este enfoque, relativamente nuevo, en la concepción de los derechos humanos).
También hemos ido entendiendo que un proceso de justicia transicional es complejo y prolonga¬do, de una envergadura que sólo podrá llevarlo a cabo y conducirlo el nuevo gobierno que sustituya a la dictadura Ortega-Murillo.
El “programa” del régimen y la ley aprobada el 29 de mayo ignoran este enfoque o lo rechazan abiertamente al proponer otros tres principios: Perdón, No Olvido y No Repetición.
QUÉ SIGNIFICA LA “NO REPETICIÓN”
El Perdón que propone el “programa” y el que está implícito en la nueva ley –así se la conoce, como “la ley del perdón”-, suena a un “borrón y cuenta nueva” y a la determinación de que “aquí no ha pasado nada”. Ésta sería la puerta de entrada a una ley de amnistía, que todavía no se atreve el régimen a presentar.
Y la No Repetición, que en el enfoque de la justicia transicional significa cambios estructurales en las instituciones y en las leyes que dieron origen a las violaciones de los derechos humanos, lo que significa también la creación de comisiones de la verdad o una fiscalía especial e independiente -lo que propuso el GIEI (Grupo Internacional de Expertos Independientes)- que aclaren la verdad de los hechos y establezcan vías de justicia, en el “programa” del régimen se define burdamente así: “Todas las personas involucradas en el intento fallido de Golpe de Estado deberán comprometerse a la No Repetición, y al respeto absoluto de la Constitución Política y las Leyes del País, contribuyendo con ello a la Paz, Tranquilidad, Seguridad y Reconciliación entre todos los nicaragüenses”.
CAMPAÑA CONTRA LA ALIANZA CÍVICA
La contraofensiva del régimen no sólo se concretó en la publicación del “programa” unilateral el 21 de mayo. Después del paro nacional del 23 de mayo ha ido castigando a farmacias, restaurantes y comercios de distintos departamentos del país por haberse sumado al paro, cancelándoles sus licencias para operar o simplemente cerrándolos por orden de la Policía.
Además, el 27 de mayo el régimen puso en cuestión, en su diario comunicado, la legalidad de la Alianza Cívica. Y ese mismo día allanó el negocio de uno de los hijos del prestigioso educador y jefe negociador de la Alianza, Carlos Tünnermann, confiscándole equipos y “descubriendo” en el techo de las instalaciones cuatro armas de guerra obsoletas, que sólo posee el Ejército o la Policía y que, en la torpe versión oficial, el hijo de Tünnermann tendría escondidas y serían una prueba de su participación en la violencia golpista.
ALIMENTANDO LA FE CIEGA
DE LOS SANDINISTAS
La obcecación del régimen en negar lo que ha ocurrido y en insistir en una estrategia de terror y de mentiras, fue cuestionada por Bayardo Arce, asesor económico de Ortega y quien fuera uno de los nueve comandantes de la Dirección del FSLN.
En una asamblea de trabajadores del Poder Judicial de León y Chinandega celebrada el 17 de mayo criticó la reforma tributaria por sus efectos en la economía, dijo que en Nicaragua no debían existir presos políticos y que Eddy Montes nunca debió haber muerto de la forma en que murió. Arce fue el primer y único alto funcionario público en criticar la represión gubernamental en los primeros días de la rebelión de abril de 2018.
Muy diferente a la inteligente posición de Arce es la que promueve el régimen a través de sus voceros en programas radiales que alimentan la fe ciega de la militancia sandinista en la realidad paralela que construye a diario el gobierno y generan fanatismo, actitudes que “trancan” toda posibilidad de lograr una salida negociada a la crisis y contribuyen a exacerbar de manera temeraria odios, rencillas y venganzas, pasiones que ensombrecen ya desde ahora el futuro del país.
¿PATEARON YA LA MESA…?
¿Es el “programa” que presentó el gobierno cuando la Alianza se levantó de la mesa una nueva agenda, elaborada unilateralmente para imponerla unilateralmente? ¿Es un remedo de “acuerdo final” ninguneando a la Alianza Cívica, prescindiendo ya de esta contraparte?
¿Es el comunicado oficial de unos días después, en el que afirma que la Alianza “dice representar a organismos cuya personalidad jurídica nadie ha podido confirmar” una ruptura definitiva con la Alianza o es sólo una descalificación provocadora?
¿Están poniendo así punto final a la negociación imponiendo su agenda, en la que insisten explícitamente en que “se quedan” hasta 2021 y en la que indican implícitamente cómo se quedarán…? ¿Patearon ya la mesa…? ¿Mataron el diálogo? Y si así lo han decidido, ¿para negociar con quiénes o para hacer qué después…?
Siendo cierto, como lo es, y como lo expresó Paulo Abrão, director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “el gobierno de Nicaragua ha resultado muy eficiente internacionalmente en mostrar que tiene una supuesta disposición al diálogo”, ¿habrá llegado el momento en que dan por concluido el diálogo, incluso esa disposición, y se lanzan a imponer su “acuerdo”? ¿No perciben que aun imponiéndolo el país no volverá a la “normalidad” y no resolverán nada…?
¿O QUIEREN OTRA MESA?
Mientras para algunos la agenda unilateral del régimen tiene como objetivo matar el diálogo, moralizar a las bases de su partido dando señales de determinación y fortaleza, y confundir o debilitar las presiones internacionales, para otros es una señal de que Ortega va a terminar desechando el negociar con los nicaragüenses y va a procurar negociar directamente con Estados Unidos…
Viendo las dificultades que está enfrentando la administración Trump para lograr apartar a Maduro del poder, Ortega estaría apostando a participar en una negociación internacional de mayor nivel. Es la opinión, por ejemplo, de Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército.
Según Samcam, ya que su proyecto dinástico es imposible de lograr, el actual objetivo estratégico de Ortega, no es otro que “salvarse de una pena carcelaria prolongada, poner a resguardo a su familia y el capital usurpa¬do”. Espera conseguir esto no en Managua ni con la Alianza, sino negociando directamente con el gobierno de Estados Unidos.
¿Cómo? “Ortega -reflexiona Samcam- ha visto cómo las amenazas a Nicolás Maduro poco a poco se desvanecen en retórica violenta, pero no pasan de ahí y más bien se estaría planteando una suerte de negociación internacional entre Venezuela, Cuba, Rusia, China y los Estados Unidos. Ahí quiere insertarse él, ser la sexta silla en esa mesa, tratando de negociar amnistía a cambio de dejar el poder. De negociar impunidad y salvar parte o toda la plata robada a cambio de dejar en paz a los nicaragüenses”.
¿AGUANTA NICARAGUA HASTA 2021?
Desde sus incoherentes entrevistas con varios medios internacionales, hasta los diarios y repetitivos comunicados ante la mesa de negociación, Ortega ha sido muy consistente en insistir en que él “se queda” hasta 2021. Lo afirmó con vehemencia por primera vez ante sus simpatizantes el 30 de mayo de 2018, mientras sus francotiradores disparaban contra la Marcha de las Madres.
Hasta hoy lo ha sostenido. Cómo llegue el país de destruido y en qué situación de desgaste moral y material se encuentre la población para esa fecha no parece importarle.
¿Le importa a la comunidad internacional? Ciertamente, Ortega podría mantenerse como una “dictadura débil” hasta 2021. Viene organizándolo todo para lograrlo. ¿Lo logrará? Eso dependerá también de las posiciones que asuma la comunidad internacional en favor del pueblo de Nicaragua.
Desde que se vio la fuerza de la rebelión de abril de 2018, la comunidad internacional tuvo temor al caos y comenzó a enfatizar la necesidad de un “aterrizaje suave” y la importancia de lograr en Nicaragua una “transición ordenada”. ¿Tienen viabilidad esas ideas después de lo que hemos conocido desde abril de la falta de escrúpulos de este régimen? ¿Hay posibilidad de unas elecciones verdaderamente libres con Ortega en el poder? ¿En el país…? ¿Tendrán peso las voces internacionales que aún se escuchan y que consideran que lo mejor sería no adelantar las elecciones y celebrarlas en la fecha que marca el calendario para que así la salida de la crisis sea “ordenada”? ¿Pesarán más que las voces de la mayoría de la población, que exige elecciones adelantadas precedidas por una presión nacional, acompañada de la presión internacional, que fuercen antes la salida de Ortega del poder?
¿UNA IMPLOSIÓN?
¿Se acelerará la transición con las nuevas presiones y sanciones que traigan los idus de junio? ¿O la comunidad internacional le dará todavía una nueva oportunidad a Ortega? ¿O será Ortega quien matará la mesa de negociación y preparará condiciones para sentarse en otra “mesa”? Mientras no son claras las respuestas al cómo y al cuándo, la crisis económica se está acelerando a gran velocidad.
El informe oficial del primer trimestre del año sobre la recaudación de impuestos refleja una sensible caída de los ingresos tributarios y el régimen se ha visto forzado a un amplio plan de austeridad. Con la inversión privada nacional e internacional colapsada, con la cooperación internacional congelada, con el turismo desplomado, sólo las remesas internacionales abonan en alguna medida la debilitada economía.
Mayo trajo también un nuevo elemento que abona al desgaste interno en el círculo del poder y que apunta a la posibilidad de una implosión interna. El Procurador General de la República Hernán Estrada, uno de los funcionarios de mayor confianza de la pareja presidencial, “renunció” a su cargo a inicios de mayo invocando en una carta a Ortega razones de salud cuando ya había abandonado el país sin que fuera detectada su salida.
Desde su cargo de abogado del Estado y actuando como abogado de “la familia”, Estrada es responsable de una interminable lista de atropellos legales con propiedades privadas y con bienes del Estado para favorecer a los di¬rigentes del partido de gobierno y para perjudicar a personas de todas las clases sociales. Son “incontables las muer¬tes y daños” causadas por él con el “arma” de las leyes en sus manos.
Hernán Estrada y el ex-magistrado Rafael Solís -quien renunció en enero asumiendo el papel público de disidente y crítico, lo que Estrada no ha hecho aún- son las dos columnas en las que se asentaba el esquema de corrupción del actual gobierno. Con toda probabilidad, Estrada era candidato a aparecer en la lista de los sancionables por la Magnitsky Nica Act, que empezaría a aplicarse en los idus de junio.
“ES UNA LABOR DE PARTO”
¿Vendrá el final de la crisis por implosión o será la consecuencia del ya iniciado “desmoronamiento”, como señala en páginas siguientes Daisy George West, representante de la Costa Caribe en la Alianza Cívica?
Lo que estamos viviendo en el cuerpo y el alma del país, a más de un año de la rebelión de abril, es una “labor de parto” de “la Nicaragua que viene en camino”. Así calificó este incierto y difícil momento el franciscano Silvio Romero en la misa solemne con la que Managua conmemoró la matanza del 30 de mayo de 2018, en la Madre de todas las Marchas. Amén, que sea así, un doloroso parto con final feliz.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica