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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 451 | Octubre 2019

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Nicaragua

Año y medio de un dramático pulso político entre la mayoría social y la dictadura

Desde abril de 2018 la mayoría del pueblo de Nicaragua desafió y repudió el proyecto de Ortega-Murillo. A un alto costo, y durante más de año y medio, la mayoría social sigue firme en su convicción de luchar y de resistir cívicamente a la represión, mientras trabaja en la conformación de una coalición opositora que dirima el dramático pulso político que mantiene con la dictadura

Equipo Envío

El pulso entre Ortega y la oposición azul y blanco se mantiene. De un lado está Ortega, acuerpado por una minoría fiel a la que ha logrado recuperar y a la que cohesiona con la falacia del “golpe de Estado fallido” y con la fantasía de la “normalidad” ya recuperada, más las prebendas, las lealtades de distinto origen, hasta los temores, por lo que los obispos han llamado “un sistema de odio y muerte instalado en el país”. Ortega pretende llegar con estos seguidores y esta estrategia hasta 2021 y reelegirse con un mínimo de votos, un máximo de abstención por desencanto y una oposición dividida, tras “espantarla, disolverla y desintegrarla”, como ya anunció la Vicepresidenta.

Del otro lado está la oposición azul y blanco, una mayoría social que sigue firme en su convicción de proponer, luchar y resistir de forma cívica, a pesar de una represión que se intensifica a diario. Entre dificultades, caminan hacia la conformación de una coalición opositora nacional.

Después de año y medio de iniciarse este dramático pulso, sin final previsible, es el deterioro económico el que ha tomado el protagonismo de la crisis.

DE LAS CALLES A LOS HOGARES


La encuesta realizada por Cid Gallup entre el 10 y el 20 de septiembre en 1,203 hogares de todo el país, demuestra que de las calles en rebeldía política de 2018 -ahora vacías por un año de estado de excepción de facto-, las preocupaciones de los nicaragüenses se han trasladado a las casas sacudidas por la crisis económica.

“Los temas económicos dominan la lista de los problemas nacionales. La crisis política que vivimos el año pasado cae del primer lugar en los problemas nacionales. Ahora, es el costo de la vida y el desempleo, problemas normales para cualquier país subdesarrollado como Nicaragua, los que dominan la atención de los pobladores. Con el paso del tiempo, la crisis política ha deja¬do de ser prioridad”, dicen los encuestadores al presentar su trabajo.

Y resumen así en qué punto está hoy la confrontación política: “El presidente Ortega mantiene el apoyo de una tercera parte de sus conciudadanos, en especial jóvenes y mayores de 40 años de edad, y aunque esta proporción está en descenso, es un bloque que se consolida. Y en la arena contraria, no se avizora una fuerza política definida y dos terceras partes de la población se declara sin preferencia política”.

69%: “EL PAÍS VA
POR EL RUMBO EQUIVOCADO”


Atraer, convencer y dar expectativas positivas y esperanzas a esas dos terceras partes de la población que no se define representa el mayor desafío de la oposición azul y blanco.

Las respuestas a otras preguntas evidencian que hay bastante espacio para avanzar en esas tareas porque son muchas las fisuras en el modelo político al que pretende dar continuidad Ortega: El 69% de los encuestados considera que el país “va por el rumbo equivocado”. Por “el rumbo correcto” sólo lo ve transitar el 19%, ni siquiera la tercera parte fiel al régimen.

Cuando, rememorando los acontecimientos de abril de 2018, se le pide opinión a la gente sobre lo que sucedió, sólo un 28% acepta la versión oficial, y responde que “fue un intento de golpe de Estado”, mientras que un 40% no cree en el reiterado e insistente discurso del “golpismo”: un 23% considera que fue “una exigencia a Ortega y a Murillo para que dejen el poder” y un 17% dice que fue “una represión gubernamental a la protesta cívica”. El 27% no sabe qué responder… o tiene miedo de decir lo que piensa, temor verosímil por el estado de total control territorial del régimen, como los encuestadores pudieron comprobar, según explicó Bryan Ureña, analista senior de la CID Gallup.

La responsabilidad por los “muertos y víctimas” en los sucesos de abril también fue tema de la encuesta. Una mayoría del 45% se la achaca al gobierno. Al “gobierno de Ortega y Murillo” (36%) o “a la Policía” (9%). Una minoría del 20% se la adjudica, a partes iguales (10% y 10%) a “la población civil” y a “los universitarios”. Y de nuevo, un buen porcentaje, 29%, no responde a la pregunta.

¿QUIÉN MANDA? ¿Y YA TODO ESTÁ NORMAL?


Hay más fisuras. A la pregunta “Cómo considera usted que Daniel Ortega desempeña su labor como presidente”, el 57% respondió que “mal” y “muy mal” y menos del 20% aprueba su labor.

Ésta parece ser la primera encuesta que pregunta “quién manda en Nicaragua”, si Ortega o si Murillo. El 32% considera que es ella la que manda, el 16% dice que es él, el 24% dijo que ambos y un alto porcentaje, el 27%, prefirió no responder.

La gestión de Murillo es considerada negativamente por el 51% de los encuestados, que dicen que lo hace “mal” o “muy mal”, un descenso que resulta significativo, pues en la encuesta de CID Gallup de enero de 2018, un 77% consideraba que ella lo hacía “bien” o “muy bien”.

Las opiniones que cuestionan la “normalidad” que el país ya habría recuperado son mayoritarias: 74%.El 24% considera que “ya las cosas están normales”; el 27% ve esperanza de normalidad cuando se realicen las elecciones, con el condicionante que algunos señalaron: “Pedimos a Dios que las elecciones sean honestas”; y un grupo también significativo (23%) estima que sólo habrá normalidad “cuando Ortega y Murillo salgan del poder”.

44% APOYA “UNA COALICIÓN”


A la pregunta sobre el “partido político preferido” el 25% de los encuestados respondió que era el FSLN y el 66% no identificó a “ninguno”.

La respuesta a otra pregunta abre un camino al trabajo de la oposición: un 44% ve “favorable” una “posible coalición” entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, mientras que el 28% la ve “desfavorable”, porcentaje que es más o menos el de quienes siguen al FSLN.

Hace ahora más de un año, en junio y julio de 2018, predominaba en las calles de todo el país una mayoría social autoconvocada, determinada y en efervescencia. “Hasta entonces el movimiento había sido espontáneo y voluntarista -rememoró en una charla con Envío el catedrático Ernesto Medina, miembro de la Alianza Cívica-, pero ya percibíamos que el problema no se iba a resolver con cuatro o cinco marchas gigantescas en Managua y en el resto del país… Ya había señales de que era necesaria una organización más sólida, más estructurada y con un análisis más realista para saber qué cosas hacer y para poder tener perspectivas de éxito ante la represión sangrienta que Ortega había desatado”.

DE AUTOCONVOCADOS A UNIDOS


Fue en agosto de 2018, al término de la “operación limpieza” y cancelado hacía dos meses el diálogo nacional, cuando el desafío de la necesaria unidad de la oposición azul y blanco comenzó a ser tema recurrente en los análisis, en los foros, en las pláticas. El 23 de septiembre de 2018 la marcha que los azul y blanco llamaron “Somos la voz de los presos políticos” fue la última que se desarrolló con cierta libertad en Managua.

Desde abril, las movilizaciones masivas en las calles de Managua y de todo el país habían sido continuas evidencias de la mayoría social en que se había convertido el movimiento autoconvocado que enarbolaba la bandera nacional. El régimen no pudo menos que prohibir las marchas. Y no pudo menos que comenzar a trabajar por desunir a la oposición, infiltrando movimientos, entrenando a jóvenes para que actuaran como “troles”, con perfiles falsos y mensajes provocadores en las redes, alimentando así la incultura política de la descalificación...

EL LARGO CAMINO A LA UNIDAD


El camino a la unidad opositora no ha sido ni sencillo ni rápido. Y aún le faltan etapas. La excarcelación -aún no liberación, porque siguen siendo asediados y con expedientes abiertos- de los principales líderes de las protestas en junio de 2019, ha contribuido a acelerarlo, aun en medio de tropiezos de egos y del estratégico vacío que representa la falta de una cultura de debate en el país.

La coalición va naciendo y en ella se van agrupando jóvenes universitarios, ex-presos políticos, familiares de presos políticos, feministas, madres de jóvenes asesinados, empresarios, abogados, campesinos, líderes de movimientos sociales, profesionales de la salud, gentes del Caribe, periodistas y políticos de varios colores partidarios.

Dedican esfuerzos a desarrollar la unidad y la organización comarcal, municipal y nacional. Y han puesto el énfasis en el trabajo internacional. Dada la necesidad de que los esfuerzos nacionales tengan el respaldo internacional -“solos no podemos”- el contacto permanente y documentado con la comunidad internacional es una tarea indispensable.

Entre otras cosas, porque como bien dice José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, “Venezuela captura toda la atención del mundo y hay que hacer esfuerzos especiales para que Nicaragua no salga de la agenda”.

EMPRESARIOS: 15 PUNTOS QUE NOS UNEN


La unidad en construcción busca atravesar todo el territorio, todas las clases sociales y todas las generaciones.

Después de un año del estado de sitio impuesto por el régimen, ni las amenazas ni las represalias han logrado que Ortega reconstruyera la alianza que durante una década mantuvo con los grandes empresarios agrupados en el COSEP. Todos, afectados hoy de una o de otra forma por la recesión económica, permanecen unidos demandándole a Ortega cambios en la institucionalidad política y en el respeto a los derechos humanos, temas que minimizaron o soslayaron durante los años en que fueron sus aliados y hasta sus socios en algunos negocios.

Este septiembre, los 26 gremios agrupados en el Consejo Superior de la Empresa Privada definieron en 15 los puntos que los unen como empresarios y ciudadanos al resto de la mayoría social que demanda un cambio.

Entre estos puntos destacan, por ser más concretos, el reclamo de elecciones “anticipadas”, el reclamo de “una nueva cultura democrática” (nombrar funcionarios públicos según “idoneidad profesional, ética y moral”) y el de una nueva “institucionalidad democrática (“sometimiento” del Ejército y la Policía a la autoridad civil y “desarme total de los grupos armados parapoliciales”).

UNAB: 20 PUNTOS PARA UNA NUEVA NICARAGUA


También la Unidad Azul y Blanco, en la que participa la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, propuso este mes de septiembre lo que llamó “20 puntos que nos unen para una nueva Nicaragua”. Se trata -dicen- de un “programa mínimo común para la búsqueda de un consenso nacional amplio”.

Según su propuesta, la UNAB inicia así la conformación de “una gran coalición que agrupe a las fuerzas democráticas sin exclusiones” para derrotar a Ortega por la vía electoral, propósito de la reorganización que anunció en agosto la Alianza Cívica y de la que habló extensamente en el número anterior de Envío el catedrático Ernesto Medina.

La UNAB plantea los 20 puntos que serían la base consensuada de la coalición opositora que, a la vez, serán tareas para el nuevo gobierno que surja de las urnas.

Entre otras, plantean crear una Fiscalía Especial con apoyo internacional para investigar los crímenes cometidos por el régimen, conformar una nueva Policía Nacional, despartidarizar al Ejército, reorganizar el sistema judicial, promover un crecimiento económico social y ambientalmente sostenible... Y algo bien concreto: derogar la ley 840, la ley canalera que Ortega le entregó soberanía, tierras y aguas del lago Cocibolca al empresario Wang Jing en 2013.

CONSENSO PARA REFORMAS ELECTORALES


También se anunció este mes otra expresión de unidad en torno a las reformas electorales que el colapsado sistema electoral de Nicaragua necesita para garantizar unas elecciones transparentes que sean la salida cívica a la crisis.

El Grupo Promotor de las Reformas Electorales presentó su propuesta, consultada con la naciente coalición azul y blanco, y también con partidos presentes en la Asamblea Nacional (PLC, APRE y Partido Conservador), también con Ciudadanos por la Libertad.

Según Roberto Courtney, del Grupo Promotor, encontraron “un consenso del 90% en dos temas: priorizar las garantías de transparencia en el proceso y renovar el arbitraje de todo el Poder Electoral, desde los magistrados hasta todas las estructuras y las mesas electorales”.

NI UN DÍA SIN RESISTENCIA


Ortega y Murillo y su círculo conocen bien la realidad que traduce en porcentajes la encuesta de CID Gallup y los esfuerzos que se hacen por lograr la unidad azul y blanco
.
Por eso intensifican la represión interna y atacan cualquier señal de resistencia de la mayoría social. A veces no pueden. Este mes las procesiones en honor de la Virgen de la Merced en Matagalpa y en honor de San Jerónimo en Masaya, fueron una avalancha masiva de gentes, salpicada de banderas azul y blanco y de gritos exigiendo justicia y libertad, que no pudo ser frenada por el gran número de policías presentes.

Otras veces recurren a sus leales seguidores en los barrios. Varias cuadras de una calle amanecen cubiertas de papelillos azul y blanco y un hombre se apresura a eliminarlos con el chorro de agua de su manguera para que quienes controlan su calle confirmen su lealtad.

Otras veces emplean a la policía antimotines, siempre armada como para una guerra. Diez personas se reúnen en una esquina con la bandera azul y blanco y gritan pidiendo la libertad de los presos políticos que aún están en la cárcel -más de cien-, y al momento diez patrullas policiales cargadas de antimotines los rodean intimidantes y capturan a alguno por algunas horas o por unos días...

A pesar de la represión que no ha cesado un solo día, a diario también alguien le recuerda al régimen en algún lugar de Nicaragua y con algún método cívico, que hay repudio, oposición y resistencia.

¡VAMOS CONTRA TODOS!


Con un desproporcionado control social interno para evitar toda expresión en contra, y menospreciando abiertamente la presión internacional, el régimen galvaniza y moraliza, tanto a sus bases -la minoría “consolidada” según la encuesta- como a su círculo más íntimo.

Septiembre trajo nuevas pruebas de la intensificación de la represión y del menosprecio a la presión internacional.

Al diario asedio, amenazas y ataques contra excarcelados y sus familias y contra exiliados que deciden regresar -toda gente pobre, de clase popular-, el 8 de septiembre turbas al servicio del régimen -en complicidad con policías que asistían pasivos al ataque- agredieron con piedras, bates de plomo y hasta balas, el vehículo en el que viajaban tres empresarios dirigentes del COSEP y dos reconocidos periodistas que regresaban al país del exilio. El mensaje era obvio: “aquí nadie se salva, vamos contra todos”.

Mientras esto ocurría en la carretera León-Managua, en el Norte, en varios municipios de Jinotega, continuaron apareciendo campesinos asesinados. Según los registros del diario “La Prensa” desde el 1 de enero hasta el 8 de septiembre, 78 personas fueron asesinadas de forma violenta en Jinotega.

“LOS ESTÁN CAZANDO
DESDE HACE AÑOS”


Según los cuidadosos registros del Colectivo Nicaragua Nunca +, 30 de estos campesinos asesinados, muchos de forma atroz, estaban vinculados a las protestas contra Ortega iniciadas en abril de 2018.

Cuando los abogados de ese colectivo, hoy exiliados en Costa Rica, trabajaban en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) -al que el régimen canceló su personería jurídica y confiscó sus bienes-, tenían contabilizados hasta los sucesos de abril a 25 campesinos asesinados en el Norte también por razones políticas, en clásicas ejecuciones extrajudiciales. “Los están cazando uno a uno y los vienen matando desde hace años”, dice uno de los abogados.

Todos esos crímenes permanecieron en la impunidad. Y en la impunidad permanecen ahora. Por el miedo, ya nadie pone la denuncia. Y por la impunidad, continúan los crímenes.

LA NECESARIA REPRESIÓN
POR MATANZA Y POR GOTEO


El régimen no está dispuesto a cesar la represión. Es funcional al objetivo de sofocar a cualquier precio la rebelión que inició en abril a la voz de mando del “¡vamos con todo!”. A estas alturas de la crisis la matanza se ha desplazado a las zonas rurales, donde con más dificultad llegan medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, mientras que en las zonas urbanas del resto del país la represión es a cuentagotas -capturas, asedios, ataques, y un clima de permanente intimidación-.

Matando en el campo o capturando en las ciudades, manteniendo activas en todo el país a las fuerzas represivas -policías, paramilitares y simpatizantes fanatizados… y pagados- y repitiendo a diario que lo que hubo en abril fue una “explosión satánica” y que los azul y blanco son “la camorra somociana”, el régimen apuesta a desgastar, por la prolongación de la crisis, a los azul y blanco.

Tanto la matanza como el goteo provocan temor, terror, estrés, exilios... Ese desgaste fortalece al régimen.

Este mes las dos fuerzas armadas del país, Ejército y Policía, realizaron desfiles en Managua, con una fastuosidad y un costo nunca vistos en años anteriores. Celebraban el 40 aniversario de su fundación como ejército y como policía “sandinistas”… Para que la población los viera, y al verlos les temiera, hubo orden de que todos los canales nacionales de televisión se encadenaran durante las larguísimas horas en que los armados desfilaron.

Los militares del Ejército exhibieron un desproporcionado armamento de guerra. El desfile de la Policía tuvo tintes particularmente intimidatorios, al mostrar ejercicios violentos de policías encapuchados -recuerdan a los paramilitares que todo mundo vio actuando en los sangrientos meses de 2018- reduciendo a “enemigos” a golpes, a garrotazos y a cuchilladas.

EL INFORME BACHELET


Otra vía por la que el régimen intenta desgastar a la mayoría social que lo adversa es mostrando un abierto menosprecio a la comunidad internacional, la que, pasadas las largas vacaciones de verano del hemisferio norte, en septiembre volvió a hacer oír su voz.

El 10 de septiembre, en Ginebra, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, presentó su informe sobre la situación en Nicaragua.

De menor contundencia, por tener menos cifras que el que había presentado dos meses antes sobre Venezuela, el texto -que publicamos íntegro en páginas siguientes- confirma torturas en las cárceles, procesos plagados de ilegalidades en los tribunales y una continua violación de los derechos y libertades públicas en todo el país.

RECOMENDACIONES “SIN FUNDAMENTO”


El representante de Ortega en Ginebra, Valdrack Jaenstchke, no tuvo rubor en negar todo lo que decía el informe, insistiendo en la manida versión del “golpe de Estado fallido” y en el nuevo mantra que pretende instalar el régimen: la ya lograda normalización del país.

Con la excepción de Venezuela, Irán, Rusia y Corea del Norte, el resto de países del mundo -incluido el Vaticano- respondieron al informe instando al gobierno de Nicaragua a cesar la violencia, a retomar el diálogo, a restituir los derechos ciudadanos, a investigar crímenes, a sancionarlos, a celebrar elecciones transparentes...

LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA OEA


También terminadas las vacaciones de buena parte de la comunidad internacional comenzó por fin a moverse la conformación de la Comisión que ordenó crear la Asamblea General de la OEA el 28 de junio.

Esta Comisión tiene el mandato de realizar gestiones “al más alto nivel” en Nicaragua para encontrar una salida a la crisis. Quedó integrada por el argentino Leopoldo Francisco Sahores, subsecretario de Asuntos de las Américas en la Cancillería de su país; el canadiense Sebastián Sigouin, director de Asuntos Globales para Centro¬amé¬rica, Cuba y República Dominicana; y por tres representantes permanentes de sus países en la OEA: Audrey Marks (Jamaica), Elisa Ruiz Días Barei¬ro (Paraguay) y Carlos Trujillo (Estados Unidos).

Su primera gestión fue, naturalmente, visitar Nicaragua para reunirse con Ortega y Murillo y con representantes de la oposición azul y blanco. Esperaban acercar posiciones y valorar cómo iniciar una mediación entre ambas partes. Las fechas elegidas para esa primera visita fueron el 16 y 17 de septiembre.

PUERTAS CERRADAS A LA OEA


El 15 de septiembre se conoció, que el régimen había enviado a las nueve aerolíneas que llegan a Managua una orden advirtiéndoles que no embarcaran a ninguno de los diplomáticos en ninguno de sus vuelos por no estar autorizados a entrar al país.

La reacción fue inmediata y de sorpresa, expresando “malestar” la Comisión y “condena” el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Con los cinco diplomáticos fue desautorizado también a viajar Gonzalo Koncke, jefe de gabinete de Almagro, que venía acompañado del responsable de prensa de la OEA.

Para el gobierno argentino, la decisión resultó “un hecho de inusitada gravedad”. Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos en la Comisión, señaló lo grave de este desplante de Ortega: “Bloquear la entrada de una comisión de la OEA muestra una vez más que Ortega no está interesado en tomar medidas constructivas para poner fin a la represión del pueblo nicaragüense y en reformar el sistema político”.

Aunque algunos analistas consideraron que Ortega y Murillo reflexionarían su “desafortunada” decisión y los recibiría, el 18 de septiembre, en la sesión ordinaria de la OEA, el representante de Nicaragua reiteró su negativa a permitir el ingreso de la Comisión, por considerarla “injerencista”.

EL GIRO DE LA CRISIS DE VENEZUELA


Realmente, Ortega no está interesado en resolver el conflicto constructivamente por la vía del diálogo ni en poner fin a la represión ni en reformar el sistema político. Está empeñado en seguir en el poder y en proyectarse ante sus bases, su círculo de poder, y seguramente ante sí mismo, como el hombre fuerte que ya no es y que no negocia con nadie.

Calcula que puede seguir ganando tiempo ante los letargos y lentitudes ya demostrados de la comunidad internacional que lo presiona. Y espera que sea el tiempo el que le traiga el oxígeno que necesita para negociar, con otros representantes internacionales y en una mejor posición que la que hoy tiene.

El giro ocurrido en las negociaciones en Venezuela podría haberlo animado a esperar nuevos aires. El 15 de septiembre, justo cuando al término del diálogo mediado por Noruega, se había llegado al acuerdo de un gobierno de transición, un sector minoritario de la oposición política venezolana pactó en otra “mesa de diálogo” en Caracas, con Maduro y ante representantes diplomáticos, otro acuerdo que debilita a Guaidó, que fortalece a Maduro, que abre una grieta en la oposición, y que refuerza la imagen dialogante y negociadora del régimen venezolano... Algo así es lo que aspira conseguir Ortega.

¿OTRO GRUPO CONTADORA?


¿Habrá decidido Ortega arriesgar la mediación institucional que la OEA garantiza para las reformas electorales, confiando en que el tiempo le abrirá camino a un “diálogo” con otros interlocutores internos -algún grupo opositor que se separe de los azul y blanco-, y con mediadores latinoamericanos a su medida?

¿Mediadores como la Argentina de Cristina Kirchner, el México de López Obrador, el Uruguay y Bolivia de los reelectos Frente Amplio y Evo Morales? ¿No podrían conformar estos cuatro países con gobiernos de izquierda un grupo mediador favorable a su plan de seguir en el poder hasta 2021... y más allá?

En los años 80, en pleno conflicto bélico, la mediación de los cuatro países del Grupo Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela) defendió al gobierno revolucionario de la presión de Estados Unidos. Después, los países centroamericanos en Esquipulas cumplieron con objetivos similares. ¿Por qué no confiar ahora al paso del tiempo a que surja algo similar? ¿Quién no apoyaría una iniciativa mediada por países latinoamericanos que buscarían la “pacificación, y estabilización” de Nicaragua?

Esta estrategia tiene sentido si se toma en cuenta que Ortega vive mentalmente en los años 80, cuando era un reconocido líder internacional de los No Alineados y de la izquierda mundial. La tiene sabiendo que Ortega se mira en el espejo venezolano todos los días, y que Cuba, que ha “aguantado” 60 años de presiones internacionales, alienta tanto a Maduro como a Ortega, a “aguantar”, confiando en que el cambiante mapa geopolítico abra nuevas posibilidades a su permanencia en el poder.

NUEVAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS


Esperar mejores tiempos tiene sentido considerando que el aislamiento de Ortega en el continente es actualmente casi total y que, teniendo ya al México “neutral” de López Obrador de su lado, el tablero podría mejorar mucho tras los previsibles resultados de las elecciones de octubre en Argentina, Uruguay y Bolivia.

Entretanto, en un esfuerzo por equilibrar el aislamiento en que se encuentra en el continente, y para dar la apariencia de un diluvio de nuevos aliados, el régimen se ha dedicado a establecer relaciones diplomáticas utilitarias. Entre mayo y julio fueron once los países con los que Nicaragua estableció relaciones: Sri Lanka, Uganda, Eritrea, República Centroafricana, Islas Marshall, Palau, Burundi, Túnez, Gambia, Sudán del Sur y Kenia.

El esfuerzo no cesa y en septiembre nuevas relaciones tiene ahora Nicaragua con el europeo Reino de Mónaco, con el africano Reino de Esuatini (antigua Swazilandia), con Yibuti y Níger y también con La Unión de las Comores, un grupo de islas e islotes en el Océano Índico.

Más o menos relevantes en el concierto internacional, lo que parece buscar el régimen es el voto que cada uno de estos países tiene en Naciones Unidas para cuando llegue algún momento álgido en la crisis nicaragüense.

“Director de orquesta” de la mayoría de estas nuevas relaciones diplomáticas será Mohamed Lashtar, sobrino de Muammar Gadafi, hombre de confianza de Ortega -fue su secretario privado-, quien hasta ahora era embajador de Nicaragua en cuatro países, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes y Egipto, y quien desde septiembre ha visto ampliado su campo de acción al ser nombrado ministro asesor y delegado presidencial de Ortega para toda África, para todos los países del Medio Oriente y para todos los Países Árabes.

PARA QUE NICARAGUA
NO SALGA DE LA AGENDA


A estos lejanos países no irá la coalición azul y blanco. A los cercanos, en donde Ortega y Murillo están aislados y con un alto grado de repudio, y para que Nicaragua no salga de la agenda, sí va. La naciente coalición viajó a Ginebra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Bachelet recibió a seis jóvenes excarcelados y a la madre de uno de los estudiantes asesinados en 2018, escuchándolos uno a uno durante dos horas, a pesar de que la reunión fue programada sólo para media hora.

La coalición ha tenido diversas reuniones en la OEA, ha participado en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha viajado a Costa Rica a reunirse con el gobierno del país vecino y con organismos que están en contacto con la diáspora nicaragüense.

“APLIQUEN SANCIONES”


En todos los espacios la coalición azul y blanco ha pedido más sanciones que presionen a Ortega para que regrese al diálogo, adelante las elecciones y devuelva las libertades y derechos confiscados por el estado de sitio que le ha impuesto al país.

La coalición ha pedido que se acelere la aplicación de la Carta Democrática, a pesar de las consecuencias económicas que la salida de Nicaragua del organismo regional podría ocasionarle a todo el país. También ha pedido más sanciones individuales para los responsables de la violación de derechos humanos, incluidos los altos mandos del Ejército, por ser cómplices de la represión.

También se reunió la coalición azul y blanco en San Salvador con la Comisión Especial de la OEA a la que Ortega cerró las puertas de Nicaragua, que tiene el mandato de elaborar un informe sobre la situación de Nicaragua en un plazo máximo de 75 días.

“Creo -dice Violeta Granera, del Frente Amplio por la Democracia, y del Consejo Político de la UNAB- que ha sido la delegación más amplia y más diversa que hemos tenido en el trabajo internacional”.

LO PERDIDO NO SE RECUPERARÁ


Mientras los encuestados por CID Gallup siguen por las redes sociales estos llenos de altibajos avances unitarios, y mantienen presentes y vivos en la memoria los acontecimientos de abril de 2018, la mayoría de las preocupaciones que expresaron en sus respuestas estuvieron centradas en los temas de la economía en recesión.

Es una idea generalizada, entre analistas, cifras en mano, y entre la gente que lo percibe por sentido común, que la economía no va a levantar cabeza mientras Ortega y Murillo sigan en el poder. En su último informe de coyuntura, FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) analiza que, aunque la fuga de dólares se ha contenido, el crédito que mueve la economía permanece paralizado y el país no va a experimentar crecimiento económico en el mediano plazo.

El economista Pedro Belli afirma: “De resolverse el problema político comenzaría una lenta recuperación. Pero ya no se podrá recuperar lo perdido. Para recuperarlo, tendríamos que crecer anualmente al 10% o más, lo que no es factible. Lo perdido, se habrá perdido”.

LA ECONOMÍA “POLÍTICA” ESTÁ ASEGURADA


El régimen lo ve de otra manera. Actualizando selectivamente, y no siempre en los tiempos establecidos, información pública sobre los indicadores más negativos de la economía nacional, cumplió con la ley al publicar ya el marco presupuestario de mediano plazo para tres años (2021-2023).

De la lectura de este documento se desprende que, aunque la crisis ha afectado severamente al sector privado y ha obligado al Estado a recortar drásticamente las inversiones públicas, la “economía política” de Ortega -la que financia la represión, los bien pagados cargos de confianza en el Estado, el exceso de empleados públicos y el asistencialismo-, está priorizada y aparece cubierta en gran parte con préstamos internacionales “ya contratados”. Incluso, dicen contar con tener asegurada la sostenibilidad del Seguro Social.

El marco presupuestario de mediano plazo muestra que el régimen ha decidido gestionar la crisis con el mismo esquema que mantuvo hasta abril de 2018: asegurar el control del Estado, alimentar el aparato represivo y atender como clientela a la gente más empobrecida.

LA ECONOMÍA DE NICARAGUA NO COLAPSARÁ


Si está asegurada la gestión, no lo está la recuperación económica. En sus proyecciones, el régimen afirma que ésta iniciará en 2020, lo que es dudoso. Lo más probable es que el deterioro continuará y que las preocupaciones por el costo de la vida y por el desempleo-problemas prioritarios de la gente en la encuesta de CID Gallup- no desaparecerán. Se incrementarán.

Sin embargo, aún sin recuperarse­, la economía nicaragüense no va a colapsar como colapsó durante los años 80 con la guerra civil y el bloqueo de Estados Unidos o como ha colapsado la economía venezolana, provocando una crisis humanitaria, que difícilmente alcanzaría esas dimensiones en Nicaragua, porque Ortega, a diferencia de Maduro, no estatizó la economía.

Sólo sanciones no personalizadas -como hasta ahora han experimentado, de Estados Unidos y de Canadá, una docena de altos cargos del régimen, incluida la Vicepresidenta Murillo-, que cerraran totalmente la llave de los préstamos multilaterales del BID, del Banco Mundial, del BCIE o los bilaterales de otros países -porque se le aplica a Nicaragua la Carta Democrática, expulsándola de la OEA- o sanciones de Washington que cancelaran los beneficios que tiene Nicaragua por el tratado de libre comercio con Estados Unidos, pondrían en cuestión el marco presupuestario que ha diseñado Ortega para asegurarse su permanencia en el poder.

“EL VIRUS DE LA DESCONFIANZA”


El pulso político se mantiene firme y vigente entre la mayoría social que repudia a Ortega y anhela un cambio y la minoría “consolidada” que sigue a Ortega. Es difícil prever cómo se resolverá. Tampoco es previsible cuándo.¬ Nicaragua se ha polarizado entre la mayoría y la minoría y se palpa lo que los obispos, en su comunicado por las fiestas patrias de septiembre, llaman “un sistema de odio y muerte instalado en el país”.

Se palpa el “malestar” que este sistema produce. “Una de las razones -dicen- que está en la raíz de ese malestar se debe a una crisis de confianza que se ha transformado en nuestra Nicaragua en un virus omnipresente... Se desconfía de la autoridad, se desconfía de las instituciones, se desconfía de las buenas intenciones y hasta de la viabilidad de los proyectos propios… Es imposible crecer en desconfianza, es imposible educar en desconfianza, es imposible amar con desconfianza. La desconfianza corta la trama del tejido humano y hace que se desplome la viga que sujeta el templo, la nación y el hogar”.

¿CÓMO PERDONAR TANTA CRUELDAD?


En este clima insano, los obispos abundan en preguntas más que en consejos o certezas: “¿Cómo poder contribuir a la solución de los acucian¬tes problemas sociales, políticos, y responder al gran desafío de la pobreza y de la exclusión? ¿Cómo hacerlo en un país que se encuentra en una profunda crisis política, social y económica, cuando parece asomarse el inicio de una nueva etapa, con sus correspondientes desafíos para nuestra convivencia democrática?...”

“¿Es posible mantener la esperanza cuando todo parece indicar que no existe un poder capaz de resolver nuestra crisis? ¿Qué hacer si la palabra de la sociedad civil no cuenta? ¿Es posible hoy en Nicaragua ser católico y trabajar para una institución que no respeta la conciencia y juega con el hambre de la gente? ¿Cómo perdonar tanta crueldad a la que hemos sido sometidos? ¿Es posible sanar estas heridas?...”

Son preguntas todavía abiertas, como lo son las heridas, como lo es la trayectoria hacia la unidad que la mayoría social azul y blanco ha emprendido

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