Guatemala
¿Avanzarán las negociaciones URNG-Gobierno?
¿Evitará el gobierno que el país caiga en el aislamiento internacional? La gobernabilidad de Guatemala continúa dependiendo del respeto a los derechos humanos y de una paz negociada con la URNG.
Equipo Envío
Con sólo un año en el poder, el gobierno de Jorge Serrano Elías -heredero del notable desgaste del gobierno de Cerezo-, sufrió ya su propio y significativo desgaste político. Tanto, que pareciera estar en el fin de su período presidencial. La proclamada "transición democrática" permitida por los militares a partir de 1986 se ha estancado y el conflicto guatemalteco sigue sin resolverse.
Durante 1991 la dinámica interna del país giró alrededor de las iniciativas que Serrano Elías promovió para fortalecer su débil gobierno y legitimarlo nacional e internacionalmente. La convocatoria a un "pacto social" entre las centrales sindicales y los empresarios del CACIF, el diálogo iniciado con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el debate nacional abierto para "romper el muro de la impunidad" han sido las tres iniciativas centrales del nuevo gobierno. Por su lado, el movimiento popular organizado ha estado afectado, limitado e influido por estas iniciativas, mientras se incrementaban significativamente formulas espontáneas de organización popular.
Debilidad y alianzasLa inesperada victoria electoral del actual presidente tiene su explicación en los cinco anteriores años de apertura democrática y gobierno de la democracia cristiana, en los que todas las expectativas del pueblo sobre el establecimiento de un estado de derecho terminaron en escepticismo desencantado. Tal como ha sucedido en otros países de América Latina, el voto fue de castigo a los políticos tradicionales, que han mostrado repetidamente ser incapaces de cambiar las cosas, lo que en Guatemala significa poner fin a las violaciones a los derechos humanos y aliviar la miseria de las mayorías. El triunfo del neopentecostal Serrano Elías es una vuelta a la tradición autoritaria y moralizante y dio en el contexto de un abstencionismo superior al 50% en la primera vuelta y a un 70% en la segunda.
Serrano ganó con un 28% de los votos y controla sólo el 8% del Congreso y el 3% de los gobiernos municipales. Esta debilidad de su gobierno, sumada al hecho de que su partido, el MAS (Movimiento de Acción Solidaria), no contaba con una estructura de cuadros preparados ni siquiera con un programa de gobierno, ha querido ser disfrazada por el Presidente a lo largo de este año con periódicos arranques autoritarios y medidas audaces, como el diálogo directo con la URNG.
A pesar de todo, Serrano Elías asumió la Presidencia con la legitimidad que le da un proceso electoral que si no ha sido participado sí ha sido, por segunda vez consecutiva, formalmente limpio. En gran medida, sus alianzas con la democracia cristiana y con otros sectores políticos y económicos le eran necesarios después de haber llegado al poder por una especie de "carambola política", al no permitirse la participación del General Efraín Ríos Montt en la disputa electoral por haber gobernado en los años 80 después de un golpe militar. Candidato alternativo y último en entrar a la contienda por el poder, Serrano, dirigente nacional de la Iglesia evangélica Helim, recibió un aparato estatal desgastado e inició un gobierno débil, expresión de una sociedad civil debilitada y hoy muy fragmentada.
Con la democracia cristiana, que lo apoyó en la segunda vuelta electoral, se acordó que ésta asumiera la directiva del Congreso de la República, en la que ningún partido político tiene mayoría. Esto le permitiría al Congreso convertirse en un cuerpo verdaderamente deliberativo y con la posibilidad de jugar un papel importante en la actual coyuntura política, cosa que hasta el momento no ha hecho, desgastado por rencillas internas. Los poderosos grupos económicos de la derecha modernizante no financiaron la campaña electoral de Serrano Elías pero, al igual que simpatizantes de Ríos Montt y del Partido de Avanzada Nacional (PAN) de Alvaro Arzú, pasaron a formar parte de su gabinete, donde la prioridad es hacer avanzar el proyecto económico neoliberal.
Economía y pacto socialDe la democracia cristiana, Serrano Elías heredó un plan de ajuste estructural que tenía resultados negativos desde 1987, una economía en recesión y la firme oposición de la vieja derecha a reformar el sistema tributario, el más bajo de toda América Latina.
Como otras derechas "modernizantes" que gobiernan en el resto de los países centroamericanos, después de un año Serrano Elías presenta impresionantes resultados en los principales indicadores macroeconómicos: el tipo de cambio se ha estabilizado, las reservas monetarias han aumentado, el período de estabilización ha durado más tiempo que en los casos anteriores (1986 y 1988) y la inflación bajó del 60% a finales de 1990 al 12% en diciembre de 1991.
Pero el costo para la sociedad ha sido muy alto. Según las estimaciones oficiales, dos terceras partes de la población sobrevive subempleada. Trabajan casi el doble que los trabajadores del sector formal, y su ingreso mensual familiar apenas sobrepasa los 200 quetzales, mientras el precio de la canasta básica mínima de consumo está por encima de los 300 quetzales. Por otra parte, en 1991 la economía del país entró en una franca depresión. Los indicadores preliminares para el primer semestre de este año, revelan una caída severa en el consumo privado.
Otro signo de recesión es la restricción de las importaciones durante los primeros seis meses del año. Entre enero y marzo la caída fue severa, de más del 40%. De abril a junio fue sólo del 18%. Para una economía tan abierta como la guatemalteca son indicadores preocupantes. Por otra parte, el alza en las tasas de interés bancario también ha restringido la actividad productiva.
Los únicos sectores dinámicos en la economía durante este año han sido la construcción y la exportación de productos no tradicionales (maquila y ciertos cultivos agrícolas). La actividad en la construcción tiene una explicación bastante asociada a las actividades de "lavado" de dólares provenientes del narcotráfico. Según estimaciones de la DEA, en el país se estarían quedando unos 300 millones por esta vía. La actividad de maquila está muy relacionada con la inversión de capital coreano, norteamericano y guatemalteco que se acoge a las nuevas leyes para este tipo de industria. Hoy 400 empresas maquiladoras dan empleo a 100 mil guatemaltecos. El ritmo de crecimiento de este sector ha sido acelerado en los tres últimos años, aunque su impacto en el empleo urbano o en la balanza de pagos todavía no es significativo.
Hay razones para pensar que estas inversiones en maquila y la comercialización de productos agrícolas no tradicionales, en términos de creación de empleo e ingresos para la población, no significan una mejoría sino una monetarización de la tradicional economía campesina y artesanal, hoy día en crisis. Estimaciones provenientes de estudios de caso elaborados por Avancso, señalan que, en términos reales, el ingreso monetario es menor al ingreso que los campesinos obtenían de sus cosechas tradicionales de autoconsumo. No obstante, el agotamiento de la tierra, la importación masiva de granos básicos (provenientes de las ayudas del PL?480 del gobierno norteamericano) y la restricción crediticia, fuerzan a los pequeños productores a entrar en la nueva economía de mercado, aunque en condiciones muy desventajosas frente al intermediario y al abastecedor de insumos.
La gestión gubernamental se basó principalmente en un disciplinado programa de contracción monetaria y en la emisión de 500 millones de dólares en bonos de deuda pública, con una tasa de interés del 30%, lo que promovió el "retorno de capital". Los servicios públicos (salud y educación) están operando a su nivel mas bajo y se han paralizado las obras públicas, medidas todas destinadas a reducir el déficit fiscal y ordenar el gasto público.
Es dudoso que Serrano Elías y la derecha neoliberal logren mantener el mismo "éxito" estabilizador del año pasado si no logran reactivar la producción y no afectan a los sectores tradicionales de la oligarquía. El problema guatemalteco no es meramente el impulsar un proyecto neoliberal. De mayor gravedad es que la derecha no se pone de acuerdo sobre un proyecto neoliberal "modernizante" rechazando los que le han parecido demasiado reformistas.
En estas condiciones, en las cuales los grandes beneficiados siguen siendo el sector financiero y agroexportador de la oligarquía, es poco factible que se logre un "pacto social" como el propuesto por el gobierno. Mas del 80% de la población vive en estado de pobreza y las esperanzas de mejorar las condiciones de vida bajo el actual sistema se agotan día a día. Ante el "pacto social" convocado por el gobierno, las centrales sindicales independientes de la UASP (Unidad de Acción Sindical y Popular) exigieron inmediatamente como condición para participar el que se discutiera la situación de los derechos humanos y otros temas económico?sociales.
En las reuniones sólo participaron finalmente los empresarios del CACIF, representantes del gobierno y de las centrales sindicales CUSG y la CGTG, retirándose posteriormente ambas en solidaridad con los empleados estatales cuando éstos se movilizaron para demandar mejoras salariales. El "pacto social" fracasó: los trabajadores de izquierda se negaron a entregarle un cheque en blanco al nuevo gobierno sin que éste se comprometa a resolver el problema vital de la sociedad guatemalteca, el respeto a los derechos humanos. También la misma debilidad del movimiento popular que no tiene una alternativa frente al proyecto empresarial neoliberal es causa de su fracaso.
Negociaciones con la URNG estancadas en el tema de derechos humanos
La falta de consenso y acuerdos sobre el tema de los derechos humanos fue también lo que estancó las negociaciones ?mejor llamarlas encuentros de diálogo? entre el gobierno y la URNG. Previamente, ambas delegaciones habían logrado ponerse de acuerdo sobre aspectos relacionados a la democratización, uno de los 10 temas de la agenda común de discusión, en la que se incluyen aspectos socioeconómicos y los derechos e identidad del pueblo indígena. Al proceso de negociación con los guerrilleros, en el que participan directamente los militares ?hecho realmente histórico? llegó el débil gobierno de Serrano eliminando la condición de previa entrega de las armas por parte de la guerrilla que había mantenido Cerezo, superándolo así en audacia política. Más audacia: para llevar adelante el proceso de negociación, Serrano destituyó al Ministro de Defensa (Bolaños) y al Jefe de Estado Mayor del Ejército (Matta), la decisión política de mayor importancia que tomó en 1991.
Sin embargo, todo parece indicar que la estrategia del gobierno en l991 no fue alcanzar una solución negociada, sino "cansar" a la guerrilla tanto en la mesa de negociación como en el terreno de combate, para que ponga fin a la guerra sin obtener nada significativo a cambio. La delegación gubernamental habría jugado un papel pasivo, limitándose a responder parcialmente a las iniciativas presentadas por la URNG. Después de 7 meses y 5 rondas de negociación, el Presidente enfatizó que no hará concesiones a la guerrilla "fuera del marco legal vigente en el país".
Tampoco es casualidad que cada ronda de negociación haya estado acompañada de una ola de asesinatos selectivos y un aumento de la violencia en el país, lo que parece haber sido un esfuerzo consciente para provocar que la guerrilla se retirara del diálogo. Aunque la intención de Serrano al iniciar los encuentros con la URNG pudo haber sido abrirse espacios internos e internacionales de legitimidad mostrando más poder del que realmente tiene, el haber iniciado un proceso así lo ha colocado en un callejón cuya única salida no podrá ser sólo el desgaste sino una solución negociada.
A la par que el FMLN, buscando la "paz total"La búsqueda de la "paz total" iniciada en abril 91 se llevó a cabo casi de manera simultánea con la negociación entre el FMLN y el gobierno de Cristiani, coincidiendo ambos procesos negociadores varias veces en México. Tanto para la URNG como para el FMLN, las reformas a la Constitución, la tenencia de la tierra, la democratización y el respeto a los derechos humanos pasan necesariamente por el proceso de desmilitarización de la sociedad. Es factible pensar que el paréntesis abierto en octubre 91 en las negociaciones con la URNG responda a la preocupación de los militares guatemaltecos por el curso de las negociaciones en El Salvador, después de que en septiembre la ONU había puesto a los salvadoreños un plazo para llegar a un acuerdo. También se considera que los militares esperan una división en la URNG o que alguna de sus tres organizaciones adopte posiciones más radicales que permitan al ejército replantearse el fin del conflicto por una victoria militar.
De todas maneras, todo parece indicar que los acuerdos de paz de El Salvador van a incidir claramente en el proceso negociador guatemalteco, al que aún ha sido muy poco incorporada la sociedad civil. El Secretario de Estado norteamericano James Baker y otros líderes internacionales han declarado ya que ahora le toca el turno a Guatemala, y aunque Serrano Elías ha rechazado hasta el momento la mediación de otros países, argumentando que la negociación es un asunto interno guatemalteco, se perfila la posibilidad de alguna participación de las Naciones Unidas en la búsqueda de un acuerdo de paz, más allá del papel de observador del proceso que ha tenido hasta el momento.
Muchos factores harán más compleja y más sangrienta la búsqueda de la paz en Guatemala. En primer lugar, no existe un empate militar. Sin embargo, la URNG continúa ampliando sus zonas y espacios de combate y el conflicto puede prolongarse por varios años. En 1991 la actividad militar de la guerrilla llegó hasta Antigua, a 40 kilómetros de Ciudad Guatemala y en los primeros días de 1992 se incrementaban los operativos militares.
En segundo lugar, aunque se considera que lo que pueda lograr la URNG en una negociación estará por debajo de lo alcanzado por el FMLN, es poco probable que los guatemaltecos acepten la propuesta gubernamental de firmar un cese al fuego a cambio del solo compromiso de que las vidas de los guerrilleros serán respetadas y podrán incorporarse a la vida política del país. Como vanguardia revolucionaria, la URNG se plantea, a partir de las reuniones iniciadas en Oslo en marzo/90 con varios sectores políticos del país, el lograr reformas constitucionales que consoliden la democracia y pongan fin al militarismo.
No es, pues, factible pensar que la guerrilla más antigua de Centroamérica y de América Latina, que ha sobrevivido a todos los planes de contrainsurgencia, acepte condiciones que no signifiquen una transformación real de la sociedad, después de una guerra de 30 años que ha costado más de 100 mil vidas. En tercer lugar, no existe en Guatemala nada similar a la Convergencia Democrática o a las centrales sindicales salvadoreñas, lo que haría más difícil la inserción de la URNG en la sociedad civil. En cuarto lugar, y el más importante, los militares ?apelando a un nacionalismo "antigringo"? no parecen estar dispuestos a la mas mínima flexibilidad y consideran que pueden resistir la presión y el aislamiento internacional y derrotar solos a la guerrilla. Como dijo el Comandante guerrillero Gaspar Ilom (Rodrigo Asturias), Guatemala "ha desarrollado en 30 años de guerra sucia la estructura opresiva más integral y completa de América Latina".
Continúa la cultura del terrorLas grandes masacres se evitaron en 1991 por la atención y la presión internacional, pero la violación a los derechos humanos ha continuado y los crímenes y las intimidaciones han sido sistemáticos y selectivos. El promedio diario de asesinatos ha sido de entre 1 y 2 personas, según el último informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Un total de 575 personas asesinadas violentamente, la mayoría de ellas campesinos, obreros y dirigentes o miembros de grupos populares, de la Iglesia, de partidos políticos y de sindicatos.
Días después de la primera reunión del diálogo URNG?gobierno en México y del asesinato de la dirigente Dinorah Pérez, unos 30 sindicalistas y líderes populares fueron forzados a huir al exilio. En julio y agosto se produjo una ola de asesinatos, allanamientos e intimidaciones para obligar a otros más a salir del país. La prensa nacional e internacional no escapó a esta política oficial de terror.
Nadie ha sido castigado por todos estos crímenes y el muro de la impunidad se mantiene intacto. La declaración del Procurador General del Presidente Serrano, en el sentido de que "la instauración de un régimen de derecho en Guatemala pasa por botar la impunidad" no ha logrado nada en concreto, excepto un debate público y abierto en el que es casi unánime el reconocimiento de que no puede existir en Guatemala un estado de derecho mientras no se reforme el sistema judicial. A pesar de todo, el tema de la lucha contra la impunidad ha mostrado ser un dinamizador del movimiento popular. Según la Oficina del Arzobispado no existen en el país ni presos políticos ni acusados de atentar contra la seguridad del estado y aun los casos oficiales de tortura son mínimos. Existe una explicación brutal y simple: las personas consideradas por el Estado como enemigos o son asesinadas o desaparecidas (144 desaparecidos en 1991 y aproximadamente 40 mil en las últimas tres décadas).
"Botar el muro de la impunidad"El asesinato político de Mirna Mack ?antropóloga y compañera nuestra, asesinada en 1989? cometido presuntamente por un miembro de la sección de inteligencia del Estado Mayor Presidencial de Vinicio Cerezo, ha sido el primer caso de crimen político reconocido por el gobierno desde que hace casi 40 años se inició el dominio de los militares sobre la sociedad civil en Guatemala. La solidaridad y presión internacional, junto a la sed de justicia de la familia de Mirna Mack, que fueron claves para que se avanzara en esclarecer el caso, pueden ser una primera señal al ejército de que se aproxima el fin de su impunidad, o al menos de que existe la posibilidad de que sean castigados.
Los sectores populares, las Jornadas por la Vida y la Paz, los sindicatos y los grupos humanitarios, han retomado la promesa del presidente Serrano de "botar el muro de la impunidad". Pero los avances en este terreno por parte del gobierno han sido inconstantes. El propio presidente ha reconocido que existen fuertes resistencias al interior de las fuerzas armadas que impiden avanzar en esta dirección.
La represión institucionalizada continúa siendo el sostén de la gobernabilidad para la oligarquía y demuestra la hegemonía de los militares sobre todos los mecanismos de poder de la sociedad. El propio Presidente Serrano y su gabinete están participando en la última estrategia represiva, al calificar públicamente a líderes populares y sindicales como "brazos políticos" de la guerrilla, dejándolos así marcados como potenciales víctimas de los escuadrones de la muerte. El caso de Amílcar Méndez, líder indígena, que recibió amenazas de muerte después de que Serrano lo acusara por televisión de trabajar para la guerrilla es tan sólo un ejemplo.
La realidad es que el sistema de justicia en el país no tiene capacidad para provocar cambios significativos. Su debilidad institucional, sus limitaciones técnicas, pero sobre todo la falta de voluntad política para aplicar la ley correctamente, vuelven inviable el estado de derecho en Guatemala. La AID canceló recientemente un proyecto relacionado con la administración de justicia en el país, concluyendo que "el sistema no es reformable".
Dinámica del movimiento popularDentro de este contexto hay un crecimiento limitado de la voluntad de lucha del sector popular urbano no organizado y del campesinado, que opuso resistencia al ejército y a los cuerpos de seguridad y que realizó tomas de tierra, luchas salariales y oposición al reclutamiento forzoso. En la población indígena de Santiago Atitlán, después de la masacre de diciembre/90, el pueblo expulsó al ejército y el resultado fue lograr una movilización libre y la posibilidad de trabajar sin ser hostigados. Antes de la rebelión del pueblo, una persona era asesinada semanalmente en Santiago Atitlán.
Durante 1991 y sin la presencia de los militares, ni una sola persona ha sido asesinada en todo el año. Tres veces el ejército ha tratado de entrar al poblado y las tres veces el pueblo los forzó a salir. "Les va a pasar lo de Santiago" es el lema que se empieza a escuchar en otros lugares. Durante este año se ha logrado también una mayor consolidación y legitimidad nacional de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) del Quiché y Huehuetenango, que en 1990 se instalaron en las montañas para resistir la represión del ejército.
El movimiento popular también ha redescubierto espacios políticos en las estructuras locales de poder: oposición de las comunidades a los alcaldes corruptos. "Fueron electos, pero son corruptos", dice la gente, lo que legitima el combatirlos. La organización de protestas en muchos barrios de las ciudades se ha dado de manera espontánea y sin la participación de los sindicatos y los líderes tradicionales. De manera informal se han organizado para luchar por sus reivindicaciones, por ejemplo la demanda de agua potable. Los sindicatos y otros sectores organizados ?mucho más los partidos políticos? han perdido casi totalmente la capacidad de influir en estos sectores populares, ya no digamos en dirigir u orientar sus luchas.
Siempre se choca con la represiónEl principal problema del movimiento popular es que la lucha por sus legítimas demandas choca siempre con la represión. Cualquier contacto directo o percepción de contacto entre la URNG y sectores populares significa una condena a muerte. Y siempre es el pueblo la víctima de las acciones militares destinadas a contrarrestar la combatividad de la URNG. Ante el incremento de los enfrentamientos militares, el ejército ha implementado un control más estricto sobre la población en los barrios populares y en el campo. Ha reforzado también, en algunos casos, las patrullas de autodefensa civil.
A la par de su actividad militar, la guerrilla tendrá que concentrarse en las negociaciones y en utilizar de manera más efectiva el nuevo espacio que las negociaciones le ha abierto en los medios de comunicación, para tratar de informar mejor sobre su proyecto y para involucrar activamente a otros sectores de la sociedad civil en la búsqueda de una solución negociada. Los sectores populares, principalmente el sector indígena, no saben nada o saben muy poco del proceso negociador y podrían estar involucrados en él aportando a la paz y a su propio destino como pueblo.
¿Cómo se puede discutir la cuestión indígena, sin la participación de los indígenas que son la mayoría de la población? ¿No sería crucial y determinante que en la celebración de estos 500 años de resistencia, los indígenas guatemaltecos presentaran su aporte, para que se logre un acuerdo que signifique al menos el término del reino de explotación y terror que domina sus vidas diariamente? Si es cierto que la URNG no tiene la misma fuerza militar que el FMLN, con mayor razón se hace necesario que logre que participen en su negociación con el gobierno todos los sectores de la sociedad guatemalteca, principalmente los sectores populares, que han sido las verdaderas víctimas de esta guerra y son los únicos garantes de que se pueda dar una auténtica transición democrática que venga del pueblo y no de la retórica vacía de los partidos políticos tradicionales y los actuales gobernantes.
Un futuro incierto con el apoyo de la presión internacional Las informaciones provenientes de la reanudación de la negociación entre el gobierno guatemalteco y la URNG (enero/92) son alentadoras. Se abre la posibilidad de que un equipo internacional, similar al de ONUSAL en El Salvador, pueda supervisar la situación de los derechos humanos en Guatemala. Este sería un paso decisivo y podría significar el principio del fin a la impunidad. Sin embargo, hasta el momento Serrano parece estar repitiendo las posiciones y declaraciones de los militares.
Habrá que ver si la opinión internacional logra presionar lo suficiente para que avance por buen camino el proceso negociador. El Congreso de Estados Unidos, el Parlamento alemán, Japón y la Comunidad Europea han instado al gobierno guatemalteco a que ponga fin a la impunidad y a la violación de los derechos humanos condicionando a esto su ayuda económica. Es casi seguro que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la OEA, al igual que otros organismos defensores de los derechos humanos, reiteren este año sus condenas al gobierno guatemalteco.
Los términos del debate internacional sobre los derechos humanos van a endurecer posiciones dentro del ejército y sectores extremistas de los partidos políticos y del sector privado, que levantarán el argumento del nacionalismo para enfrentar las críticas. Hay una percepción de "amenaza a la seguridad nacional" dentro de las filas del ejército, que asocia la desmilitarización y su sujeción al poder civil como pérdida de "soberanía nacional". Hay riesgos de un endurecimiento de estos sectores y de un aislamiento del país si el liderazgo civil no impone tesis aperturistas y pragmáticas. El tema de la impunidad, enfocado desde distintas perspectivas, puede contribuir a fortalecer un proyecto civil y democrático. El abismo entre los sectores militares y de la extrema derecha y el resto de la sociedad le harán difícil seguir gobernando eficazmente a Serrano Elías, quien tendrá que hacer uso de toda su habilidad y contactos internacionales para poder sobrevivir. En lo económico, la reforma tributaria lo enfrentará a la derecha tradicional y tendrá que hacerla ceder o simplemente aceptar un revés económico este año.
1992 se perfila como un año importante para el futuro de Guatemala y es cuestionable que Serrano Elías tenga el liderazgo necesario para evitar que el país caiga en el aislamiento internacional y se quede en el último vagón del tren económico neoliberal que atraviesa a toda Centroamérica. La gobernabilidad de Guatemala continúa dependiendo del respeto a los derechos humanos y de una paz negociada que permita comenzar a transformar las estructura de esa sociedad.
|
Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica