Guatemala
Los ricos no quieren pagar impuestos
Después de Haití, Guatemala es el país latinoamericano con más baja carga de impuestos. El Presidente impulsa una tibia reforma, pero los ricos no la aceptan
y amenazan con el cierre de empresas y con golpes de Estado.
Mientras, los militares preparan su estrategia para ganarle la partida a la ONU.
Trish O' Kane
Después de una violenta Semana Santa, signada por el asesinato del presidente de la Corte de Constitucionalidad, reinó en el país una tensa calma. El Presidente Ramiro De León Carpio no cumplió con su amenaza de declarar el estado de excepción, aunque no descartó la posibilidad de utilizar este recurso en los próximos meses.
Como respuesta a la violencia desatada en marzo, De León puso en acción un nuevo "plan de seguridad", lanzando a las calles una fuerza conjunta del ejército y la policía. Pero no hubo despliegue militar como en otras oportunidades. Sin embargo, la desolación de las calles fue notable en las primeras noches. El terror está tan interiorizado en la sociedad guatemalteca que el solo anuncio de que el ejército saldrá a las calles es suficiente para alterar la vida cotidiana.
Esperando a la ONUTodos los poderes y actores de la sociedad preparan sus trincheras para la llegada de la misión verificadora de las Naciones Unidas, que se instalará en junio o julio y que se quedará en el país un año como mínimo. El 25 de abril llegó una misión preliminar de Naciones Unidas, para evaluar durante dos semanas los requerimientos financieros y técnicos indispensables para la verificación internacional. Todo lo que pase de ahora en adelante en Guatemala estará relacionado con la llegada de esta misión, hecho sin precedentes en el país, que tiene aún desconcertados a los tradicionales y oscuros poderes que lo dominan.
El proceso de paz sigue sobre ruedas, acelerándose por la presión internacional. En abril y a principios de mayo se realizaron varios foros públicos en Guatemala, en los que participaron miembros de organizaciones populares, altos oficiales militares y miembros del equipo negociador del gobierno. En estos foros, los representantes del ejército se mostraron más anuentes a aceptar una comisión que investigue los crímenes del pasado. La corriente de las Fuerzas Armadas que privilegia la "guerra política" sobre el conflicto bélico apoya esta posición.
Abril terminó con un serio conflicto entre el sector privado y el Presidente. De León envió una propuesta de reformas tributarias al Congreso, pero los legisladores no parecen decididos a aprobarla. Aunque la reforma es tibia, las reformas tributarias en Guatemala, por muy tibias que sean, han provocado históricamente reacciones violentas, incluso conatos de golpe de Estado.
Ejército: dos corrientes Después de tantos años de estancamiento en un proceso de paz que debe poner fin al conflicto bélico más largo de América Latina, sorprende el repentino arranque de las negociaciones y la velocidad de los cambios.
Un ejército que hace dos meses rechazaba públicamente la verificación internacional y la creación de una Comisión de la Verdad, parece ahora estar dispuesto a aceptar todo esto. Entre el 21 y 24 de mayo y en otra ronda de pláticas en México, se discutirá la controvertida Comisión de la Verdad.
"El cambio en la institución armada se puede palpar porque ya no persiste su posición polarizada como base de lucha. Y es obvio que se han sumado a la corriente mundial de diálogo", afirmó la dirigente popular Nineth Montenegro en un foro sobre el proceso de paz. "Son evidentes las acciones de algunos miembros del ejército, que tratan de convencer a la mayoría de sus compañeros de la necesidad de cambiar y de limpiar la imagen de la institución, y del verdadero papel que les corresponde en la sociedad", añadió.
Para entender el por qué de estos últimos avances, es importante recordar que existen diferentes corrientes dentro de la institución armada. En Guatemala ya se habla públicamente de dos facciones. Los institucionalistas, liderados por el Coronel Otto Pérez Molina, Jefe del Estado Mayor Presidencial. Y los de línea dura, cuyo liderazgo lo tienen generales ya retirados. Los institucionalistas creen en la "guerra política" y tienen una visión de largo plazo en cuanto al papel del ejército en la sociedad. Los duros son opuestos al proceso de paz y no son tan estratégicos ni toman en cuenta los cambios que se han producido a nivel internacional.
Ganando tiempo Cuando De León asumió el poder, hizo de inmediato una alianza con el sector institucionalista. Hace un año, la correlación de fuerzas dentro del ejército les era desfavorable y tenían que esperar hasta poner en marcha su estrategia para ganar la "guerra política". Según una fuente diplomática, esto explica por qué el primer plan de paz del gobierno, el llamado "Plan Rosada", fue más duro incluso que el plan presentado por el ex-presidente Serrano. No había condiciones para ninguna flexibilidad.
"El gobierno y este sector del ejército necesitaban ganar tiempo para poder avanzar luego en el proceso de paz. Primeramente, esta corriente tenía que consolidar su poder dentro de las Fuerzas Armadas", dice un diplomático.
Los últimos cambios hechos en febrero en el ejército, cuando se dio de baja al General José Quilo Ayuso - de la línea dura - y se efectuaron cambios a todos los niveles, consolidaron el poder del sector institucionalista. Por esto, no debe sorprender que en los últimos dos meses el proceso de paz empiece a dar frutos. "Esta corriente está viendo cómo situarse para sacar la mayor ventaja del proceso de paz. No hay que creer que son demócratas disfrazados, pero sí se dieron cuenta que un golpe militar no conviene a nivel internacional. Ellos están tratando de preservar a la institución en tiempos de cambio", explica la misma fuente.
Estrategia bien pensadaLos institucionalistas no están felices con la llegada de una misión verificadora de la ONU y menos lo están con la posibilidad de una Comisión de la Verdad. Pero desde hace meses han estado planificando cómo manejar esta situación. Según analistas, la estrategia del ejército ante la misión verificadora es tratar de convencer a la ONU para que utilice como verificadores, más que a miembros internacionales de la ONU a organismos nacionales. Esta estrategia tiene dos objetivos: reducir el tamaño de la misión y presionar para que su enfoque sea la capacitación en derechos humanos y no la investigación, sobre violaciones.
El argumento que utilizan militares como el retirado General Héctor Gramajo para apoyar esta estrategia es que en El Salvador la ONUse enfocó más en la investigación, y el resultado es que ahora hace falta en el país gente capacitada para seguir con el trabajo de verificación, cuando se retire la ONU. Para el futuro, "hay que fortalecer a las organizaciones nacionales de derechos humanos en el país", comenta Gramajo, recalcando que una misión pequeña puede contar con la ya extensa red de organizaciones de derechos humanos existentes en el país.
Suena bonito. Pero cualquiera sabe que un nacional que represente a una organización de derechos humanos en el interior del país no tendrá el poder ni el coraje que tiene un representante de la ONU para entrar, por ejemplo, sin previo aviso a bases militares. Ni hablar de las consecuencias que tal atrevimiento tendría para cualquier guatemalteco.
A principios del año, una jueza civil se atrevió a entrar a una base en Chimaltenango con orden legal para buscar a un desaparecido. Después de que los militares la insultaron y la sacaron de la instalación sin que pudiera realizar su trabajo, la jueza empezó a recibir amenazas de muerte. En abril pidió a la Corte Suprema de Justicia que la trasladara a otro lugar para que "se aminore la guerra sicológica en mi contra".
Según el acuerdo global de Derechos Humanos firmado por la URNG y el gobierno en marzo, el mandato de la misión está limitado a la investigación de hechos que ocurran únicamente durante su estancia en el país. Este acuerdo deja, por esto, varias semanas "libres" a las fuerzas de la represión para que hagan lo que les dé la gana antes de que se instale la misión.
Sacrificar a algunosLa estrategia del sector institucionalista del ejército hacia una posible Comisión de la Verdad es más complicada. No será tan fácil manejar la verdad como a las Naciones Unidas. "No hay blancos y negros en el ejército - afirma una fuente internacional -. Todos estaban involucrados en las masacres porque era una política institucional".
La estrategia trata de hacer - antes de que se cree ninguna Comisión - una autodepuración de la institución armada, sacrificando a algunos individuos que han cometido crímenes y se encuentran bajo juicio, con el objetivo de salvar a la institución. Las bajas de los últimos meses entran en esta estrategia. "El cambio viene y la institución ya no va a encubrir los crímenes de todos. Algunos individuos van a tener que pagar las consecuencias de sus hechos", afirmaba ya en febrero un analista militar.
En abril llamó la atención la publicación repentina de varios artículos señalando que militares de bajo rango estaban involucrados en delitos comunes, secuestros, violaciones, robos, etc. Las noticias aparecían mezcladas con otras informaciones, como si no fueran nada de otro mundo, pero es la primera vez que esta corresponsal ha visto publicadas este tipo de noticias. Parece ser parte de la misma estrategia.
"No se sorprendan, porque pronto pueden ver hasta a un general detrás de las rejas", comentaba también la fuente internacional. Actualmente hay dos generales que están siendo acusados por crímenes. El General retirado Gramajo, por un caso de corrupción mientras era ministro en los 80. Y el General Godoy Gaitán, en el caso de Mirna Mack. Gaitán era el Jefe del Estado Mayor Presidencial cuando uno de sus subordinados, Noel de Jesús Beteta, fue acusado de asesinar a la antropóloga en 1990. Beteta fue condenado a 30 años de prisión.
La estrategia de sacrificar a algunos para el bien de todos es riesgosa y podría escaparse de las manos de los institucionalistas. La consolidación del poder de este sector es muy reciente y los duros pueden seguir creando problemas durante mucho tiempo. Algunos analistas creen que la campaña anti-extranjeros desatada en marzo evidencia esto y también la capacidad que tiene el sector duro de actuar en todo el territorio nacional. Una fuente muy cercana al Presidente no descartó la posibilidad de que esta estrategia de "manejar la verdad" desate una intensa guerra dentro del ejército. "Podría darse una guerra tipo Al Capone, entre los dos bandos".
Periódicos por sábanasDespués de Haití, Guatemala tiene la carga tributaria más pequeña de América Latina. Los impuestos sólo representan el 7% del PIB, según Hector Luna Troccoli, Secretario General de la Presidencia. Así se entiende que el Estado no funcione y que la miseria de este país sólo sea superada por la de Haití en todas las categorías que establece Naciones Unidas sobre calidad de vida: mortalidad infantil, porcentaje de la población vacunada, médicos por habitantes, etc. En el continente, Guatemala también destaca por tener la distribución de ingresos más desigual, después de la de Brasil.
Nadie se queja - como en otros países - del deterioro de los servicios públicos, porque aquí nunca los ha habido, a excepción del modesto sistema de seguridad social implementado durante los gobiernos de Arévalo y Arbenz. De una población estudiantil de aproximadamente 5 millones, el sistema no atiende a 3 millones y medio. Lo mismo ocurre en el sector salud. La situación hospitalaria actual es tan grave que se utilizan periódicos para envolver a los recién nacidos por falta de sábanas.
Cualquier intento de cambiar esta situación a través de una reforma tributaria encuentra una férrea resistencia en el poderoso sector privado. Como explica el ex-Presidente Vinicio Cerezo: "Metimos la primera reforma tributaria del país y tuvimos dos intentos de golpe de Estado. Algunos sectores de la empresa privada deben actualmente más de 3 mil millones de quetzales, cantidad con la que se resolvería la crisis fiscal del gobierno".
Una reforma tibiaCon la idea de resolver esta crisis y bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, De León envió en abril una propuesta de reformas tributarias al Congreso para su aprobación. Según el acuerdo-sombra, firmado por De León con el FMI en 1993, el gobierno tiene que incrementar la recaudación hasta que llegue al 10% del PIB. El déficit actual pone en riesgo este acuerdo con el FMI y nuevos préstamos del Banco Mundial y del BID.
El 20 de abril, De León dirigió un mensaje televisado a la nación exponiendo la grave crisis fiscal y la necesidad de las reformas. Según el Presidente, la actual evasión en el pago del impuesto IVA es del 40% y es de 50% la evasión en el Impuesto sobre la Renta. El déficit fiscal anda por los 960 millones de quetzales y la deuda a los proveedores es de 1 mil 200 millones. De León declaró que se había agotado el modelo tributario y apeló al deber patriótico de pagar los impuestos para resolver la crisis.
Las reformas en sí son tibias y el Presidente escogió la vía más fácil, incrementando los impuestos a las bebidas alcohólicas en un 38% y el impuesto de salida del aeropuerto en un 100%. No se trata ni siquiera de ampliar la base tributaria de quienes pagan impuesto sobre la renta y De León propone simplemente castigar a los evasores. Se incrementarían las multas y el gobierno podría cerrar negocios a los que no estén al día con sus impuestos.
La respuesta a su mensaje fue inmediata. Al día siguiente, grandes titulares en los diarios hablaban de fuertes rumores de golpe de Estado. El sector privado rechazó tajantemente la propuesta de De León, mientras los grupos populares y la Iglesia católica la apoyaban. "Estamos de acuerdo con la reforma, que busca que los que más ganan, más paguen. Esto es bueno porque actualmente tenemos un sistema en el que todos, ricos y obreros pagan lo mismo", afirmó Fernando López, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.
No pagaránLos empresarios justifican el rechazo a pagar sus impuestos, argumentando que el Estado es muy corrupto. Una gran mayoría de la población también lo cree, pero no tiene la opción de no pagar sus impuestos. Los consumidores los pagan a través del IVA, mientras que los empresarios pueden evitar el pago de sus impuestos con trucos de contabilidad o sobornando a funcionarios públicos.
A principios de mayo, el Presidente seguía entre la espada y la pared. Por un lado, los empresarios amenazaban trasladar sus negocios a El Salvador. Por el otro, advertían que si no salían adelante las reformas, el gobierno estaría incumpliendo con el acuerdo-sombra firmado con el FMI. Irónicamente, la decisión final está en manos del Congreso, uno de los mayores focos de corrupción del país.
Volver al Petén Para mayo y junio está planificado el regreso de miles de nuevos refugiados a Guatemala. Aproximadamente mil refugiados guatemaltecos regresarían en junio, en un retorno masivo, el primero, al departamento de Petén, zona fronteriza con México. Se asentarán en el área del Río Usumacinta. En los 60 y 70, estos guatemaltecos sin tierras llegaron al Petén de todas partes del país, aceptando la oferta de tierras del gobierno. Colonizaron esta parte de la selva, que toca con la Selva Lacandona, actual hogar de los zapatistas del EZLN. En el río se organizaron en cooperativas, logrando un desarrollo impresionante con la ayuda de la Iglesia Católica.
La zona quedó totalmente arrasada y abandonada después de la violencia de principios de los 80, cuando el ejército quemó todo y la gente cruzó el río, huyendo hacia México. Hoy sólo quedan ruinas de aquellas escuelas, clínicas, tiendas e iglesias. Muy pocos han regresado en los últimos años al río y este próximo retorno significaría el renacimiento de esta área de Guatemala.
Petén es un departamento que cubre un tercio del territorio. Debido a su extensión y a sus características selváticas, la zona ha sido muy propicia para actividades ilícitas, particularmente el narcotráfico y el tráfico de madera. Cuando los refugiados salieron huyendo y las cooperativas del río quedaron abandonadas, la puerta quedó abierta para que proliferaran estos y otros negocios sucios en la zona.
¿Obstáculo ecológico?La repoblación del Petén tocará poderosos intereses. Con el retorno iniciado hacia Ixcán en 1992 y 1993, dos departamentos del país estarían cambiando bajo la influencia de poblaciones muy conscientes de sus derechos y dispuestas a defenderlos. No es por esto nada sorprendente que en abril los líderes de los refugiados acusaran al gobierno de obstaculizar el retorno al Petén y de estar violando los acuerdos firmados. El argumento del gobierno para evitar el retorno a Petén es la "fragilidad ecológica" de la zona. Mientras los refugiados permanecían en México, en los 80, parte del área de las cooperativas fue declarada reserva de la biosfera y ahora está integrada en lo que se conoce como la Biosfera Maya.
Los refugiados han sido los primeros en cooperar con entidades gubernamentales ecologistas y están conscientes de la necesidad de cuidar la selva. En marzo, la Comisión Nacional de Areas Protegidas (CONAP) anunció que el 60% del territorio de la cooperativa a donde quieren regresar se encuentra dentro de la Biosfera Maya. Los refugiados acordaron entonces asentarse en el territorio restante y ayudar a proteger el área.
Cuando parecía que los mecanismos del retorno iban adelante, las entidades gubernamentales se negaron repentinamente a asistir a reuniones con los refugiados y a principios de mayo el retorno a Petén estaba totalmente detenido. Los refugiados pidieron la intervención de autoridades internacionales para resolver la crisis y poder regresar a su país.
"Los problemas que enfrenta este retorno a Petén no son de logística. Hay tremendas presiones para pararlo. Los terratenientes, traficantes de madera, el ejército, y gente involucrada en negocios ilícitos no quieren ver estas áreas habitadas de nuevo porque esto va a dificultar sus negocios. Además, los retornos representan la amenaza de un cambio radical: los que tuvieron que salir van a ir transformando a los que se quedaron", comenta con acierto una fuente diplomática.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica