Nicaragua

¿Ha habido desarrollo rural en Nicaragua?

Luis Gustavo Murillo Orozco, Profesor de Economía en la Universidad Centroamericana, reflexionó sobre los distintos modelos de desarrollo que han habido en nuestro país, enfatizando la exclusión histórica del sector rural en el desarrollo nacional, en una charla con Envío que transcribimos.

Luis Gustavo Murillo Orozco

Cuando éramos nómadas toda nuestra vida estaba en contacto con la Naturaleza. Los seres humanos interactuábamos permanentemente con la tierra, las aguas, los árboles, sus frutos. Todo cambió cuando nos hicimos sedentarios y la población empezó a concentrarse en villas, en poblados… Muy pronto se formaron las ciudades. Desde entonces, en el imaginario colectivo el “territorio” se fraccionó en dos ámbitos. El ámbito urbano era el espacio del progreso y el “campo” -palabra que ha tenido una connotación peyorativa-, fue sinónimo de atraso y pobreza.

Esta idea del territorio, fraccionado en urbano y rural, sirvió de base a distintos enfoques y modelos de desarrollo hasta finales del siglo 20, hasta que con la globalización las fronteras entre lo urbano y lo rural comenzaron a borrarse y el “territorio” apareció como un único espacio con capacidad para un desarrollo integral. Se dejó de ver al sector rural sólo como el lugar de las actividades del sector primario (agricultura, ganadería, pesca, silvicultura), entendiendo que el éxito de una sociedad depende de que todo su territorio se gestione como un espacio único para el desarrollo. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo, como el nuestro, el sector rural sigue siendo excluido sistemáticamente del desarrollo.

A lo largo de nuestra historia, el campo siempre ha sido relegado y los sectores rurales han sido siempre la cenicienta, independientemente de la época y del modelo que se haya promovido. El campo ha sido siempre la base de los sistemas productivos que generan riqueza y divisas, pero los beneficios nunca han quedado en el campo, siempre se han trasladado al gran capital, que domina la economía y la clase política.

Los sectores rurales han sufrido siempre violencia. Si el núcleo de toda sociedad es la familia, la primera violencia se da precisamente en la familia rural, que sufre de problemas de desempleo, mínimos ingresos, falta de salud y educación de calidad. Por eso, la estrategia que utilizan las familias rurales para atenuar la pobreza ha sido históricamente aumentar la fuerza laboral: tener más hijos.

Hay también violencia en la distribución de los ingresos. En cualquier mercado urbano si la libra de queso cuesta 50 córdobas, en el espacio rural al productor de ese queso no le pagan más de 25. Esto sucede porque en nuestro país están desarticuladas las cadenas productivas y hay una falta de políticas públicas y de infraestructura económica. Esto beneficia siempre a los intermediarios de los productos rurales.

Hay también violencia laboral porque en el campo lo que existe es un mercado informal: no hay contratos de trabajos ni horarios, ni seguridad social y eso excluye a los trabajadores y a las trabajadoras del campo del derecho a una pensión en su vejez.

Hay también violencia en el terreno político, porque sólo en períodos de elecciones campesinos y campesinas se vuelven importantes para los politiqueros. Y hay también una violencia moral, de la que toda la sociedad es responsable, por el menosprecio al hombre o a la mujer del campo que viene de trabajar y llega a la ciudad no muy bien vestido… y los rechazamos.

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que los sectores rurales, a pesar de ser los que nos garantizan el alimento en las ciudades, sufren de una violencia multidimensional.

Hagamos ahora un rápido recorrido por los diferentes modelos de desarrollo económico que ha habido en Nicaragua. Casi todos han provocado agresión y violencia al sector rural.

Desde la independencia de Centroamérica en 1821 hasta las décadas de los años 50 y 60 del siglo 20 lo que hemos tenido en nuestro país ha sido un modelo agroexportador, heredero del modelo de economía colonial. En este modelo, es en el ámbito rural donde los sectores rurales producen las riquezas, pero es en el ámbito urbano donde se toman las decisiones políticas y se desarrollan gestiones estratégicas sobre lo que se produce. Y es en el mercado internacional, a donde va nuestra producción, donde se toman decisiones políticas que nos afectan.

Con el modelo agroexportador -vigente aún- Nicaragua hizo un esfuerzo por modernizarse económicamente. Esto significó insertar al país en los circuitos del comercio internacional. Comenzamos con el café, la ganadería y el banano, para exportar café, carne vacuna y esa fruta. Ocurrió entonces la primera “reforma agraria”, impuesta por los conservadores después de la Guerra Nacional contra Walker (1856).

Esa reforma le quitó sus tierras ancestrales a las comunidades indígenas, tierras donde sembraban para su subsistencia, con el objetivo de dedicarlas a los productos de agroexportación: café, principalmente en Matagalpa, Jinotega y Carazo; ganado vacuno, en toda la zona central, ampliando así la frontera agrícola; y plátanos y bananos, en manos de transnacionales como la United Fruit Company o la Chiquita Brand, radicadas en el Occidente del país.

Este proceso no sólo despojó de sus tierras a las comunidades indígenas. También sobreexplotó la barata mano de obra campesina, para asegurar beneficios extraordinarios en estos cultivos. Y como ése fue el tiempo de las “paralelas históricas”, conservadores y liberales se aprovechaban de la sencillez de la población campesina para emplearla también como “carne de cañón” en sus continuas guerras.

En todo este largo período, “el campo” fue una fuente de fáciles beneficios para la clase política ya que lograba extraer recursos naturales, conseguir mano de obra barata, y en determinados momentos, fidelidades políticas.

Entre los años 40 y 60 del siglo 20 funcionó en Nicaragua el Banco Nacional de Desarrollo, creado por el gobierno de Somoza y especializado en el fomento del sector productivo rural. Hay que reconocer que este banco tuvo un entramado institucional y una lógica de crédito de carácter integral, porque no daba solamente el crédito y se desentendía hasta que el productor pagaba crédito e intereses, sino que establecía una metodología de seguimiento y de asistencia técnica que hacía exitosos a productores y productoras. Fue por eso que durante dos décadas Nicaragua fue llamada “el granero de Centroamérica”, dando de comer durante ese lapso de tiempo a nuestro país y al resto de la región.

En los años 50 y 60 la economía agroexportadora se amplió con el cultivo del algodón. Con la guerra en Corea y la separación de las dos Coreas, ese país, principal productor de algodón para la industria textil de Estados Unidos, abandonó su producción, y en América Latina y en Nicaragua se inició el “boom” algodonero.

Fue una producción con carácter extensivo, que dio origen a la segunda “reforma agraria”: a los campesinos productores de granos básicos de León y Chinandega les fueron expropiadas sus tierras, reubicándolos en la zona central del país, Nueva Guinea principalmente. La población rural experimentó así dos procesos violentos: les quitaron sus tierras y les quitaron también la posibilidad de desarrollo porque fueron a dar a una tierra lejana e inhóspita, donde no había servicios básicos. Varias generaciones sufrieron un retraso en su desarrollo humano.

En ese período surgió en América Latina un nuevo modelo económico, el de “Industrialización por Sustitución de Importaciones”. La Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL), con Raúl Prebisch al frente, elaboró una teoría que martilló mucho en las decisiones que tomaron los políticos en nuestro continente.

La teoría de Prebisch veía el mundo dividido entre centro y periferia. Los países desarrollados e industrializados del centro se aprovechaban de los recursos naturales de los países de la periferia, llamados países en vías de desarrollo, que sólo producían productos agropecuarios. Prebisch propuso cambiar la estructura productiva de América Latina e iniciar la producción manufacturera industrial.

En Nicaragua florecieron algunas industrias que no fueron muy exitosas, como la Penwalt, que producía productos químicos, los laboratorios Ramos y Rarpe y hasta llegamos a fabricar un auto, que se llamó “El pinolero”, que era feo como él solo, pero conseguimos producirlo. El modelode Prebisch coincide con el surgimiento en los años 60 del Mercado Común Centroamericano (MCCA) para integrar las economías de la región.

Con este modelo, los recursos se destinaron a las ciudades para levantar industrias y se comenzaron a desvalorizar las actividades del sector rural. Esto provocó una importante migración campo-ciudad. Poblaciones enteras de las zonas rurales de Nicaragua comenzaron a trasladarse del campo a las ciudades con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. En la ciudad perdían su identidad y valores. Ganaban muy poco o más bien, perdían.

Cuando el modelo se agotó, se había empobrecido mucha gente en el campo y en las ciudades. El modelo fracasó pronto por varias razones: la falta de experiencia en la producción industrial, la agudización de la crisis política y bélica en toda América Latina y en Centroamérica, lo que desembocó en los años 80 en lo que yo denomino un “no modelo económico” por la exacerbación del componente político en todos los países. Muchos economistas la llaman “la década perdida”.


En Nicaragua, se da en 1979 el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que en sus inicios se pensó sería la base para un cambio profundo, tanto del sistema político somocista, como del modelo de desarrollo económico. Sin embargo, no se logró ni el cambio en el sistema político, ni el cambio en el modelo económico, que pasó de una economía capitalista a una economía planificada de carácter socialista.

E campo y los sectores rurales fueron los que más sufrieron por los conflictos y la violencia física, política e ideológica que provocaron los cambios, que pronto desembocaron en una guerra civil, que trajo una enorme destrucción en vidas y en infraestructura económica.

En la revolución se intentó una tercera reforma agraria. Con ella, el nuevo sistema político trató de quebrar uno de los males endémicos de la economía nicaragüense: una injusta y excesiva concentración de tierras improductivas en manos de terratenientes allegados al régimen somocista.

La reforma agraria de los años 80 resultó incompleta. Una reforma agraria requiere de tres etapas: expropiación de los dueños originarios, decreto de asignación a los beneficiarios y finalmente, inscripción en el registro público de la propiedad de los nuevos dueños.

En los años 80 la tierra expropiada -no siempre justamente- se le asignó a beneficiarios organizados en cooperativas y no se tituló la tierra a favor de las cooperativas de manera general, ni de sus miembros de forma particular, para no perder con esto un mecanismo de poder clientelar.

El sistema cooperativo, que es un excelente mecanismo de acción colectiva, especialmente en el ámbito rural, para potenciar los esfuerzos económicos de pequeños productores y productoras, se malogró en los años 80 por su politización.

La huella que esa iniciativa malograda ha dejado en nuestra sociedad ha sido profunda. Y a pesar de que hay experiencias muy exitosas de cooperativas en todo el mundo -una bien cercana y con más de 70 años de experiencia es la cooperativa de productores de leche Dos Pinos, en Alajuela, Costa Rica-, hasta hoy en Nicaragua es mayoritaria la desconfianza cuando se le propone a algún productor formar una cooperativa.

El proceso de la reforma agraria de los años 80 fue incompleto también por la falta de inscripción en el registro de la propiedad de las tierras asignadas a sus nuevos dueños. Se violentó así el derecho a la propiedad, el derecho del sector campesino a desarrollarse haciendo producir un activo tan importante como es la tierra.

Toda persona tiene la esperanza de tener un pedazo de tierra donde vivir y donde producir. En el campo, la tierra es un activo aún más importante que en las ciudades porque sirve como garantía para poder obtener créditos y es el espacio de desarrollo familiar y comunitario.

El problema de la inseguridad en la propiedad de la tierra, iniciado en los años 80 por las decisiones del gobierno sandinista, continuó durante el gobierno de doña Violeta Barrios, que emitió Bonos de pagode Indemnización por casi 700 millones de dólares para compensar a los confiscados en los años 80. También entregó doña Violeta títulos supletorios a los desmovilizados de la guerra. Títulos supletorios entregó también el gobierno de Alemán a sus adeptos. También lo hizo el gobierno de Bolaños.

Y hoy, cuando se pensó que en la Constitución quedaban prohibidas para siempre las confiscaciones, en la crisis iniciada en abril de 2018 se han vuelto a dar confiscaciones de hecho con la invasión por la fuerza de tierras productivas. El último dato que ha dado UPANIC es de 7 mil manzanas que permanecen tomadas.

¿Quién compensará a dueños y a dueñas de estas tierras tomadas? Muy probablemente las indemnizaciones saldrán del presupuesto nacional y las pagaremos nosotros con nuestros impuestos. Recuperar la productividad de estas tierras ocupadas será un problema más en el futuro. La inseguridad en la tenencia de la tierra es un grave problema no resuelto que afecta la economía nacional.

Desde 1990 hasta 2006 Nicaragua ensayó otro modelo económico, el neoliberal. Lo aplicaron tres gobiernos: uno de alianza y otros dos de un mismo partido, pero con presidentes de diferente ideología política: Alemán liberal y Bolaños conservador.

El modelo neoliberal trató de ir traspasando el mando de la economía de las manos del Estado a las del Mercado. Se privatizaron algunos servicios básicos: la energía, la salud, la educación. Se promovieron Políticas de Ajuste Estructural dirigidas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Fueron dos los Programas de Ajuste Estructural. Y hubo también un programa de perdón o alivio de la deuda externa dentro de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés).

El ajuste estructural tuvo altos costos sociales castigando principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, estuvieran en la ciudad o en las áreas rurales.

El modelo neoliberal mejoró la macroeconomía: detuvo la inflación, que en 1987 había llegado a ser de 33 mil 600% y equilibró la moneda nacional, que llegó a una devaluación del 19 mil% frente al dólar. También generó inversiones de infraestructura urbana, Todos los logros macroeconómicos del modelo neoliberal tuvieron un alto costo de exclusión política y económica. La migración ya no fue del campo a la ciudad, sino de la ciudad y el campo hacia otros países. Se calcula que más de 45 mil nicaragüenses abandonaron el país por los ajustes estructurales.

En el período de los tres gobiernos neoliberales hubo lo que yo llamo submodelos de desarrollo. En el gobierno de doña Violeta Barrios, algunos economistas neoliberales identificaron que el problema de Nicaragua era tener una base exportadora muy limitada, basada fundamentalmente en pocos productos tradicionales. Se planteó entonces la producción de “no tradicionales” y se empezó a producir para la exportación melón, raicilla, granadilla, maracuyá…

Y copiando lo que se había hecho en Costa Rica, el gobierno incentivó a los productores que decidieran producir no tradicionales entregándoles Bonos de Fomento a la Exportación, los famosos “Bonex”. Si, por ejemplo, un productor o productora, pasaba de producir café a producir melón y no tenía experiencia ni capital suficiente para hacer la transición, para apoyarlo se le daba ese bono, un papel que al presentarlo le reduciría los impuestos por todo lo que había invertido en el cambio.

Como los bonos eran un papel para reducir impuestos, y el pequeño productor rural vive al día, vive “coyol quebrado, coyol comido”, cuando en 1994 el Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo promovió la creación de la Bolsa de Valores, productoras y productores, necesitados de recursos, vendieron los bonos porque necesitaban efectivo. Al final, quienes se aprovecharon del perdón de impuestos fueron los grandes comerciantes que dominan en la Bolsa.

El sector rural perdió y, como siempre, salieron ganando los grandes capitales. Algo similar sucedió en 1998, un año en el que cayeron estrepitosamente los precios internacionales del café, de 150 dólares a 50 dólares.

Para aliviar la crisis,el gobierno de Alemán ofreció un subsidio de 30 dólares por quintal de café oro a productoras y productores de café. Los más afectados por la crisis del café eran pequeños productores, que venden su café a los beneficios secos, donde le sacan la cascarilla y lo convierten en café oro. De nuevo, quienes se beneficiaron del subsidio fueron los grandes, las grandes casas comercializadoras, CISAS y Atlántida.

El subsidio no amortiguó el problema de los sectores rurales más pequeños y sólo aumentó el capital de los grandes, que no sólo producen café oro, sino que producen políticos, dominantes en la política y en la economía nacional.

El modelo de productos agrícolas no tradicionales no tuvo el éxito que se esperaba. Hoy, más del 85% de las exportaciones de Nicaragua descansan en 17 productos, así es de limitada nuestra matriz exportadora. Y de esos 17 productos, más del 70% se vende en el mercado internacional en bruto, con poco valor agregado.

En el gobierno de Bolaños hubo otro submodelo, el de los “clusters”, un proyecto introducido en el Plan Nacional de Desarrollo con la asesoría de Michael Porter, el gurú de esta política económica. Porter había asesorado a varios países y escrito cuatro libros sobre esta idea. En ellos formulaba que la única manera de desarrollarse los países centroamericanos era concentrar las actividades productivas en una misma zona, convirtiéndola en un “cluster”, un conglomerado de actividades productivas similares.

Desde los años 90 todos los gobiernos nos invitaban a unos 25 economistas y nos pedían opinión sobre su Plan Nacional de Desarrollo. No nos hacían caso, pero nos escuchaban. Recuerdo que cuando nos consultaron sobre el proyecto de los “clusters” les dijimos que eran adecuados para países desarrollados, que tienen políticas industriales, cadenas productivas bien desarrolladas y un capital humano muy capacitado, pero que en el caso de Nicaragua mejor sería abordarlos como pre-clusters o cadenas de valor incipientes. Finalmente, este proyecto nunca se llevó a cabo y las cadenas de valor siguieron desestructuradas.

El modelo neoliberal careció de políticas públicas que fomentaran el desarrollo y estos dos submodelos que se propusieron carecieron de políticas públicas que promovieran cambios tecnológicos duraderos en los sistema productivos.

Faltó también crédito favorable a productores y productoras rurales y desapareció el Banco Nacional de Fomento (BANADES). A la estatización de la banca en los años 80, siguió el proceso de desnacionalización de la banca nacional.

En los modelos neoliberales la falta de crédito fue cubierta por los llamados inicialmente “banquitos” que financiaban la producción de quienes no eran sujetos de crédito en los bancos comerciales. Los banquitos derivaron en lo que hoy son las microfinancieras.

Hace unos años estudié seis experiencias de microfinancieras y en todas aprecié que, aunque la finalidad inicial era apoyar la producción de quienes más necesitaban de ese apoyo, los elevados costos de transacción que requiere financiar a este tipo de productores, eleva los intereses de los créditos hasta el 30-35%, lo que los convierte en duros de soportar para cualquier sector económico.

En estos años muchos productores y productoras, perdieron sus tierras por su imposibilidad de pagar sus deudas. Un dato extraoficial apunta a que cerca de 125 mil propiedades de entre 5 y 40 manzanas se perdieron en estos años, lo que indicaría que las personas expropiadas no eran grandes productores, sino pequeños y medianos que vivían de trabajar sus tierras. En los años neoliberales inició un proceso de “contrarreforma agraria” que no se ha detenido desde entonces.

En 2007 el sandinismo regresó al poder. Nominalmente se presentó como un gobierno de izquierda dentro de lo que se llamó el Socialismo del Siglo 21, pero en la realidad fue demostrando muy pronto que era más neoliberal que los anteriores gobiernos neoliberales, agrediendo con sus políticas a los sectores rurales y asociándose desde el comienzo con la gran empresa privada, representada en los gremios agrupados en el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada).

El gobierno sandinista que inició en 2007 es una mescolanza de elementos de una política populista con características “sociales” y de una política económica segregacionista, que castiga más al sector rural que al urbano.

Nuestra economía venía creciendo cuando el sandinismo regresó al gobierno. De la última depresión económica en la que caímos, la provocada por la guerra de la década de los años 80, nos costó 28 años recuperarnos.

Desde 1990 se hicieron esfuerzos para reactivar ese activo fundamental de cualquier sistema económico, que es la “confianza”.

La confianza se fue recuperando e hizo que la economía nicaragüense mejorara paulatinamente, sostenida siempre por cuatro pilares, dependientes los cuatro de factores externos.

Un pilar de la recuperación fueron nuestras exportaciones al mercado internacional. Otro, la cooperación internacional, que cubría en parte nuestros déficits internos aportando anualmente más de 500 millones de dólares. Un tercer pilar, que también se basa en la confianza, fue la inversión extranjera directa. En los mejores momentos llegamos a tener casi 1 mil 400 millones de dólares anuales en inversiones, lo que representa el 10% del PIB nacional. El cuarto pilar, dependiente también del exterior -dicho sea de paso, es el único que ha crecido durante la crisis actual- fueron las remesas familiares, siempre en ascenso.

Así venía creciendo nuestra economía hasta abril de 2018, cuando entramos en una crisis política y social de la que aún no logramos salir.

Antes de referirme a la crisis actual, parto de una premisa: antes de abril de 2018 el crecimiento de la economía era positivo -un promedio de entre 4.5%–5.2% de crecimiento del PIB durante once años-, pero era un crecimiento espurio: superficial, aparente y con poco desarrollo.

La economía crecía por los “vientos de cola” de la crisis financiera mundial de 2007-2008. Esta crisis hipotecaria y financiera provocó que los inversionistas no invirtieran en títulos valores y prefirieran comprar materia prima de futuro. Y como es eso lo que produce Nicaragua, los precios internacionales de nuestros productos de exportación comenzaron a crecer. Fue un episodio temporal. Cuando ya pasó la crisis mundial, los inversionistas volvieron a especular en los mercados financieros y los precios de nuestros productos comenzaron a descender.

La economía creció también por la tradicional cooperación internacional, y especialmente por la millonaria cooperación petrolera venezolana, que resultaba tan favorable para el país... o para quienes se aprovecharon de ella. Y quiero señalar aquí que nuestra economía en crisis tiene ahí un problema pendiente. Tenemos una enorme deuda con Venezuela y siempre se defendió que ese endeudamiento era de carácter privado. Pero, tarde o temprano, el gobierno venezolano va a cambiar y nos van a pasar factura por esa deuda. ¿Reconocerán los políticos esa deuda como deuda pública?

En el escenario, tan favorable económicamente que tuvimos hasta abril de 2018, el gobierno cometió un grave error, que ya había cometido en la década de los años 80: manejar la política de forma dictatorial, imponer un esquema político de inclusión partidaria y de exclusión del resto de la sociedad. Sin llegar al poder contando con la mayoría, y sólo como producto de un pacto entre dos caudillos, no toda la sociedad respaldó al gobierno sandinista. A pesar de eso, el gobierno sandinista comenzó a configurar un sistema político que puso todos los intereses de la sociedad al servicio de los intereses partidarios, violentando derechos humanos, derechos económicos, derechos sociales, derechos políticos…

La crisis del principal socio político y financiero que tenía este gobierno, Venezuela, fue la antesala de la crisis actual. Se calcula que el proyecto ALBA le ha generado a Nicaragua cerca de 9 mil millones de dólares, dinero que hoy el gobierno está tratando de lavar, incorporándolo a la economía formal.

Después de la crisis estructural de Venezuela, dos detonantes más puntuales provocaron la explosión de la olla de presión: el incendio de la reserva Indio-Maíz, que el gobierno hizo poco o nada para enfrentar a tiempo y las reformasa la seguridad social.

Cuando inició el gobierno sandinista en 2007, a los 25 economistas que éramos invitados siempre a dar nuestra opinión también nos llamaron. Ese año les dijimos que como la economía venía en crecimiento era ése el mejor momento para hacer una reforma tributaria. Y les sugerimos que revisaran las exenciones, exoneraciones y subsidios, que representaban 1 mil 600 millones de dólares.

No les dijimos que las quitaran todas, sino que las revisaran para ver cuáles se justificaban y cuáles no. Pero el gobierno quería tener la mejor de las relaciones con la gran empresa privada, beneficiaria de esos privilegios fiscales, a pesar de que la gran empresa sólo representa al 19% del empresariado del país. Y naturalmente, no hicieron lo que les sugerimos.

En 2012, al iniciar el segundo período del gobierno sandinista, nos volvieron a convocar. Fue la última vez. Ese año les señalamos la crisis que había en la Seguridad Social. Nos preocupaba el mal manejo de los recursos de inversión, la mayoría dedicados a inversiones de largo plazo -urbanizaciones, terrenos, edificios verticales-, cuando lo indicado eran inversiones de corto plazo capaces de obtener recursos para financiar los gastos del Seguro.

Nos preocupaba el excesivo gasto administrativo que había en el INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social). En el anterior gobierno, el del ingeniero Bolaños, el gasto administrativo del INSS era el 4.5% del presupuesto del Seguro Social y para esa fecha ya era el 13%. Y si en el anterior gobierno había menos de 2,500 empleados en el Seguro, con un 30% de ellos ganando más de 15 mil córdobas, la cantidad de empleados y el aumento de los salarios crecía sin parar. Hoy hay más de 5 mil empleados y casi el 60% gana más de 20 mil córdobas.

Y nos preocupaba que si la ley dice que el Estado garantiza una pensión a quienes hayan cotizado al menos 750 semanas y los afiliados que recibió con esa categoría el gobierno sandinista eran 350 mil, en 2012 ya casi llegaban a un millón, por la creación de la categoría de “pensiones reducidas”, por el seguro facultativo dirigido al segmento de trabajadores informales y por otras muchas pensiones que pagaba la Seguridad Social, un gasto en aumento que debía ser asumido, en principio por el presupuesto del Seguro, y subsidiariamente por el presupuesto nacional.

Desde 2012 se les señaló todo esto. Y no hicieron caso. Y para colmo, ya en enero de 2019, en plena crisis iniciada en abril de 2018, decidieron aplicar reformas tributarias más drásticas que las que sugerimos y reformas al seguro social igualmente duras. Ambas, en un momento totalmente inapropiado.

Cuando una economía está en recesión, como estaba la economía nicaragüense al iniciar 2019, deben reducirse los impuestos y no al revés, como lo hicieron. Y en 2012, cuando la economía generaba más empleos, debió aumentarse la cuota de cotización al Seguro y no aumentarla en la crisis, como lo hicieron. El resultado ha sido dramático: desempleo masivo, cierre de empresas, aumento de la informalidad y otros graves problemas económicos y sociales.

Hoy, el panorama económico de Nicaragua es desalentador. Desde 2009 el país inició un proceso de desaceleración porque siguió creciendo positivamente, pero a un ritmo más lento. Después de abril de 2018 la desaceleración se aceleró vertiginosamente. Y desde octubre de 2018 el país cayó en lo que se conoce como recesión técnica, por haber transcurrido dos trimestres consecutivos con un desempeño negativo en los principales indicadores económicos.

Ya el FMI ha dicho lo que hemos planteado muchos economistas nacionales: si no se llega a un acuerdo político dialogado y de consenso en 2019, y con el 5% de caída en el PIB, posiblemente en 2020 entraremos en una depresión.

La crisis económica ha sido drástica y veloz: desde abril de 2018, y por la represión y la terquedad de una nueva tiranía, pasamos de ser la tercera economía de América Latina con mayor crecimiento económico, sólo detrás de Panamá y República Dominicana, a ser la tercera economía con mayores problemas económicos, sólo detrás de Haití y Venezuela.

En el ámbito rural, la crisis ha provocado mucha violencia. Antes de abril de 2018, específicamente desde 2013, este gobierno ya había violentado a los sectores rurales con la concesión para construir un Canal Interoceánico por el territorio en donde viven comunidades campesinas, que iban a ser desplazadas de sus territorios. Por eso, comenzaron a rebelarse.

Ya desde la privatización del sistema bancario en los años 90, ha sido más fácil acceder a un crédito para comprar un auto que obtenerlo para financiar una manzana para producir alimentos. La total o la limitadísima falta de créditos que existe hoy para el sector productivo, como producto de la crisis que atraviesa el sistema bancario, ha provocado violencia financiera y en el campo se están realizando juicios ejecutivos, a menudo juicios relámpago, que despojan a productores y productoras rurales por deudas relativamente pequeñas, unas deudas que aumentan por intereses moratorios o por otras razones, forzándolos a migrar a otros países, a donde van a pasar penurias.

En estas condiciones, el gran capital está aprovechando los espacios con estrategias rentistas, como es la fórmula del pre-financiamiento de las cosechas que está implementando, obteniendo muchos beneficios, el grupo financiero, Lafise-Bancentro, aunque no hay datos precisos.

El proceso de acumulación del gran sector empresarial, en todos los modelos económicos que hemos tenido, ha dejado una gran deuda para toda Nicaragua y es el costo ambiental.

Todos los grandes productores agrícolas, independientemente de los modelos aplicados, han sobreexplotado las aguas subterráneas y nunca han pagado el agua con la que riegan los productos de exportación que tantas ganancias les dejan. No le devuelven al país las inversiones en agua y no restituyen los árboles que talan.

Las concesiones mineras, las siembras de palma africana y otros monocultivos extensivos están depredando los recursos naturales y afectando negativamente el medioambiente.

Hoy Nicaragua ha firmado cerca de 14 Tratados Comerciales y Asociaciones de Libre Comercio con varios países y grupos de países, el último con el Reino Unido. Y en todos estos tratados hay una partida: el aumento de la cuota de exportación de carne de ganado vacuno hacia el mercado internacional. ¿Qué significa esto, sin modificar el modelo de ganadería extensiva que aún no hemos modificado? Significa destruir el bosque para ampliar los pastos y extender más la frontera agrícola.

Sobre el tema del uso irresponsable del agua por las grandes empresas agroexportadoras, voy a contarles una experiencia. Cuando en la Facultad de Economía de la UCA hacíamos giras de campo -con la crisis ya no las hacemos- conocimos muy de cerca la experiencia de Xochitl-Acatl en Malpaisillo, en el municipio de Larreynaga, en el departamento de León. Es una experiencia que ha incorporado el enfoque de género en todos sus proyectos de desarrollo y el enfoque, no de discurso sino real, del Desarrollo Económico Local con sostenibilidad ambiental en todos los sistemas productivos que promueven.

Las lideresas de esta experiencia hicieron un esfuerzo para superar un problema estructural que existe en esa zona seca del país y que provoca falta de agua para la producción. Crearon una infraestructura de pozos para irrigar sus parcelas. Ya hecha la inversión y cuando las mujeres ya estaban trabajando y habían recuperado bastante la fertilidad de la tierra, el Grupo Pantaleón, de capital guatemalteco, dueño del ingenio Monte Rosa, compró en la zona cercana más de 600 manzanas para sembrar caña de azúcar y diseñó un sistema de extracción de agua por aspersión, con la consecuencia de que los pozos de todas las mujeres productoras quedaron prácticamente secos.

Hay amplias zonas en varios departamentos de Nicaragua en donde los pequeños productores y productoras ya no tienen agua para la producción. Y la viabilidad de cualquier recuperación económica en el país y en el campo pasa, además de conservar las tierras, por tener agua para hacerlas producir.

En otro estudio que hicimos en Villa El Carmen, una de las afectaciones que hallamos fue que el ingenio Montelimar estaba arrendando por varios años tierras a pequeños productores y productoras. Las tierras las ocupaban para cultivar caña de azúcar que vendían al ingenio y dejaban de producir granos básicos, esenciales para la alimentación básica. Así que si el modelo económico nacional va a seguir siendo el de productos de agroexportación de cultivo extensivo, como la palma africana o la caña de azúcar y otros, está en juego no sólo la recuperación económica nacional, también la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población.

Yo creo que en Nicaragua urgimos de un modelo de desarrollo social y ecológico, con enfoque en el Desarrollo Local, apoyado en políticas públicas de carácter inclusivo y sostenible. Y eso pasa porque las personas adquieran conocimiento y conciencia.

Soy un ferviente creyente en el desarrollo de la economía local. En América Latina, Chile es conocido como un “milagro” económico. Lo logró a través de políticas públicas y del aprovechamiento de su potencial endógeno productivo.

Al llegar al poder Pinochet -un dictador criminal- la economía chilena dependía en un alto porcentaje de la exportación de cobre. Su gobierno hizo algo bien hecho: quiso quebrar esa dependencia. Para lograrlo, implementaron dos cosas positivas, que acompañaron de políticas públicas, educativas, productivas y de comercialización. Hicieron un listado y un estudio de todos los productos que el mundo estaba demandando e hicieron otro estudio y listado del potencial endógeno que había en los diferentes territorios chilenos para producir esos productos y otros muchos.

Con ese conocimiento, Chile se convirtió en uno de los primeros países que aplicó con éxito el modelo de los Productos Agrícolas no Tradicionales y comenzó a exportar salmón, melón, yuca parafinada... diversificando las zonas productivas, a sus productores y a sus mercados.

Algo así se puede lograr con desarrollo inclusivo en cualquier país con políticas públicas basadas en el Desarrollo Local, capacitando y apoyando a pequeños y medianos empresarios y empresarias.

Otro caso interesante en este mismo sentido nos lo da Costa Rica, con una economía tan basada hoy en el sector turístico, pero no en el turismo de grandes cadenas hoteleras, sino en pequeños prestadores de servicios hoteleros. En su Plan Nacional de Desarrollo, y con la lógica de promover un turismo ecológico, los costarricenses identificaron como inversionistas potenciales a los jubilados de los países desarrollados y, a través de una política fiscal, los incentivaron a invertir en pequeños hostales de cuatro o cinco habitaciones, perdonándoles el 30-35% de los impuestos por la inversión que harían. Fue así como lograron desarrollar una economía basada en la Micro, Mediana y Pequeña empresa turística.

¿Cómo es posible que Nicaragua, con 130 mil kilómetros cuadrados de Naturaleza, haya ingresado 500 millones anuales de dólares en turismo -ahora ya no, por la crisis- y Costa Rica, con 51 mil kilómetros cuadrados, ingrese 3 mil 500 millones cada año?

En Nicaragua es necesario otro modelo de desarrollo, que priorice al 81% de los Micro, Pequeños y Medianos empresarios y empresarias hasta lograr que tengan más protagonismo que el 19% de las grandes empresarios, los que han dominado históricamente en la política y la economía nacional. Debemos olvidarnos de la cooperación internacional de carácter estructural porque ésa ya no volverá. Tenemos que buscar alternativas autosostenibles y autóctonas.

Al repasar los distintos modelos de desarrollo que hemos ensayado y que no han funcionado,y al ver en dónde estamos hoy, creo que lo que ha fallado, lo que ha faltado es una inversión continua y sostenida en la formación de nuestros recursos humanos. Continua y sostenida.

Tenemos también el ejemplo en la vecina Costa Rica. En los años 50 Costa Rica era igual o más pobre que Nicaragua. ¿Qué hizo para ser lo que es hoy? Invirtió en capital humano y logró que toda su población pasara de cinco años de nivel de escolaridad a once años. Este esfuerzo le tomó 40 años. También lograron todos los sectores económicos ponerse de acuerdo en lograr un consenso para un auténtico Plan Nacional de Desarrollo, en el que se priorizó la educación y la diversificación de la matriz productiva con productos no tradicionales y la diversificación de los mercados de venta.
El resultado es que, a diferencia del resto de países centroamericanos, Costa Rica no tiene un nivel tan alto de dependencia del mercado de Estados Unidos porque vende a muy diferentes mercados. Finalmente, todos los sectores consensuaron el hacer desaparecer el Ejército y el desarrollar una auténtica cultura política democrática e institucional.

¿Qué deberíamos hacer nosotros? Invertir en capital humano y apostar a un desarrollo social y sostenible ambientalmente. Mejorar la educación, apuntar a una educación integral, donde se enseñe lo que se necesita conocer en cada territorio. El desarrollo se logra siempre con la gente y la única vía para desarrollarnos es contar con gente educada, formarla con una educación de calidad desde la educación temprana hasta... hasta toda la vida.

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