Honduras
Diez años del golpe de Estado: “Yo, Juan Orlando Hernández…”
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009
está vigente en Honduras y se ha consolidado.
Nadie ganó tanto poder político y económico con el golpe
como Juan Orlando Hernández,
quien en diez años se convirtió en el dictador
de un país en harapos institucionales.
No se entiende su meteórica carrera sin el golpe de Estado.
De no cambiar las dinámicas que hicieron posible el golpe,
el volcán hondureño estallará de nuevo contra el régimen,
esté liderado por JOH... o cuando JOH esté ya enjuiciado y extraditado.
Ismael Moreno, SJ
Diez años después del golpe de Estado de 2009, que estremeció la vida institucional y la de todo el pueblo hondureño, y que repercutió en el continente como el primer golpe de Estado exitoso del Siglo 21, Honduras continúa golpeada. De ser un territorio por el que cruzaba la droga que del sur viajaba hacia Estados Unidos, diez años después Honduras es calificada por la cadena Fox como “la capital hemisférica de la cocaína” y aparecemos en Wikipedia como ejemplo mundial de “narcoestado”.
“BLANQUEAR” EL GOLPE
Oficialmente el golpe se superó y el país avanzó a “un nuevo escenario democrático”, lo que significa únicamente tener gobiernos que pasaron por las urnas electorales.
Y sí, en estos diez años se han celebrado tres comicios con la participación de partidos políticos con candidatos que aceptaron las reglas del juego del Tribunal Supremo Electoral, que ha sancionado los resultados, declarando legítimas a las autoridades electas por los votos. En noviembre de 2009, unos meses después del golpe, hubo un proceso electoral del que salió electo Porfirio Lobo Sosa, en elecciones calificadas como “las más concurridas en la historia electoral nacional”.
La realidad es que esas elecciones se celebraron en estado de sitio y en medio de protestas contra las elecciones y contra el golpe de Estado, severamente reprimidas por la policía y principalmente por el ejército, y de acuerdo a observadores nacionales e internacionales independientes, la participación fue raquítica. En comunidades y municipios empobrecidos, como en zonas del departamento de Lempira, fronterizo con El Salvador, activistas del Partido Nacional -el partido de Lobo- pagaron entre 1 mil y 2 mil lempiras a centenares de personas que previamente habían decidido no votar para que lo hicieran. Se supo también de activistas de varios partidos que se repartieron entre ellos votos para depositar en las urnas para inflar su número en las urnas bajo su custodia. Por esto y por más, en el argot popular se conoció al Presidente electo como “Pepe Inflado”. Los abultados resultados dieron legitimidad al gobierno que daría continuidad al golpe de Estado. Esas elecciones iniciaron “el blanqueo” del golpe.
LOS ACUERDOS DE CARTAGENA
Blanquear la ruptura constitucional que significó el golpe fue la labor que realizó el gobierno de Lobo en sus cuatro años al frente del Ejecutivo. Ese servicio a las élites empresariales y a la burocracia partidaria responsable del golpe tuvo su momento cumbre en la firma de los Acuerdos de Cartagena (mayo 2011) entre Lobo y el ex-Presidente Manuel Zelaya. Mediadores y testigos fueron los presidentes de Venezuela, en ese momento Hugo Chávez, y el presidente de Colombia Juan Manuel Santos.
Los acuerdos garantizaron el regreso de Honduras a la OEA -expulsada del organismo regional por el golpe de Estado-, un retorno seguro al país de Zelaya, la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la conversión del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que enfrentó el golpe en partido político con derecho a participar en elecciones en igualdad de condiciones con otros partidos, y la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Los Acuerdos de Cartagena reconocieron como legítima a la resistencia popular, que después se constituiría en el partido político LIBRE (Libertad y Refundación). El gobierno de Pepe Lobo reconoció la resistencia como oposición legal y Zelaya reconoció a Lobo como gobierno legítimo. Ambos acordaron dirimir la crisis generada por el golpe de Estado en el escenario electoral. La comunidad internacional se dio por satisfecha con los acuerdos, pero quienes rompieron el orden constitucional no sólo no fueron enjuiciados, sino que se convirtieron, tras la firma de los acuerdos, en los conductores del proyecto de “estabilidad” política y del siguiente proceso electoral de 2013.
COMISIÓN DE LA VERDAD: UNA PIEZA DE MUSEO
Justo un mes después de la firma de los Acuerdos de Cartagena, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), creada en mayo de 2010, a los 100 días del gobierno de Lobo, presentó un informe titulado “Para que los hechos no se repitan”.
La oposición, tanto la aglutinada en el FNRP como la agrupada en los organismos defensores de derechos humanos, repudió la CVR y conformó su propia Comisión de Verdad. Con el auspicio y financiamiento de diversos organismos internacionales, mayoritariamente europeos, se comprometieron a elaborar un informe sobre lo que ocurrió durante y después del golpe de Estado para desmentir el informe de la CVR y señalar la responsabilidad de los golpistas en los asesinatos y violaciones a los derechos humanos.
El informe de la CVR partió de calificar lo ocurrido el 28 de junio de 2009 como un “golpe de Estado al Ejecutivo”, distanciándose así de la hasta entonces versión oficial: una “crisis institucional” que devino en una “sucesión presidencial”. No fue ésta la principal sorpresa en el informe. Su análisis de los acontecimientos desnudó la participación en el golpe de actores políticos, funcionarios del Estado, militares y policías y cierto sector de la cúpula empresarial. El análisis se hizo con mucho profesionalismo y con un notable grado de objetividad. También sorprendieron positivamente las 84 recomendaciones y 4 sugerencias presentadas en el informe final, entregado en mayo de 2011 al Presidente Lobo, por el coordinador del trabajo, el guatemalteco Eduardo Stein.
De haberse implementado, estas recomendaciones hubiesen significado la reversión de la dinámica que puso en marcha el golpe de Estado. Sin embargo, dos años después de entregar el informe, la comisión de seguimiento, coordinada por el historiador Rolando Sierra, reconocía que apenas 13 de las recomendaciones se estaban tomando en cuenta. Hoy, al cumplirse diez años del golpe de Estado, todo el informe de la CVR ha quedado en el más absoluto olvido, como pieza de adorno de un museo.
EL FIASCO DEL INFORME ALTERNATIVO
De la Comisión de Verdad alternativa sólo se sabe que por las oficinas de organismos de derechos humanos circularon decenas de consultores, contratados para un informe que nunca se vertebró adecuadamente. Y una vez que se presentó, lució muy lejos del profesionalismo del informe de la CVR. Finalmente, desapareció como por arte de magia.
Si el informe de la CVR se llamó “Para que los hechos no se repitan nunca más”, y dejó recomendaciones que nunca ninguna estructura oficial tomó en cuenta, el informe de la Comisión de Verdad no dijo nada serio sobre los hechos, como para que sus contenidos “no se conocieran “nunca más”…
En primer lugar, el informe de la CVR languideció por falta de voluntad política en quienes han tenido capturado el Estado hondureño desde siempre y fueron beneficiarios del golpe de Estado. Y en menor medida -no menos importante- por decisión de la oposición política y de los organismos defensores de derechos humanos de ignorarlo.
Por esa paralizante soberbia que domina a los seres humanos cuando tienen alguna cuota de poder, por pequeña que sea, los dirigentes de la oposición y de los organismos defensores de derechos humanos no reconocieron ni dieron credibilidad al informe de la CVR. Menos aún decidieron exigir el cumplimiento de sus recomendaciones, sin apartarse de calificar a la CVR como lo habían hecho desde el primer momento: “un instrumento al servicio del blanqueo del golpe de Estado”.
UN PAÍS “NORMALIZADO”
El golpe se “blanqueó” por los acuerdos de Cartagena, por el olvido del informe de la CVR y por el aval que la comunidad internacional dio a la “normalización” de nuestro país.
Y una vez que Honduras volvió a la normalidad, entre 2011 y 2013 arreció la disputa entre los cárteles de la droga por infiltrar las instituciones estatales, estrechando alianzas con los líderes de las pandillas por el control territorial del “menudeo”. Esto significó el aumento de la violencia y la criminalidad, al grado que en esos años Honduras alcanzó la escalofriante cifra de 90 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y se convirtió en el país más violento del planeta.
EL GRAN GANADOR: JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Mientras en el Ejecutivo Pepe Lobo se preocupaba por recuperar la credibilidad del Estado, respondiendo a las presiones de la comunidad internacional, en el Congreso Nacional se movían bajo la mesa los hilos que en años siguientes darían continuidad a la ruptura constitucional que significó el golpe de Estado. Todos llevaban al presidente entonces del Congreso, Juan Orlando Hernández Alvarado.
Nadie ganó tanto poder político y económico con el golpe de Estado, como Juan Orlando Hernández (JOH), un joven que incursionó en política durante la presidencia de Rafael Leonardo Callejas.
Graduado de abogado tras egresar como cadete del Liceo Militar del Norte, se le vio muy pronto entre los hombres con más poder del Partido Nacional. En la década de los 90, JOH ya había acumulado las condiciones para convertirse pronto en el personaje que llegó a ser, el político con más poder en la historia reciente de nuestro país.
Después de fugaces salidas a España y a Estados Unidos para realizar estudios de posgrado, JOH aprendió de Callejas la experiencia maliciosa en el manejo de los recursos del Estado para beneficio personal, familiar y de sus allegados. En 1998 pasó por fin de ser secretario de gente de poder en el Partido Nacional a ocupar el primer curul en el Congreso Nacional de 1998 a 2002.
JOH nunca dejó de trepar en la política, primero en su partido y de ahí en el país hasta conseguir la Presidencia de la República. Fue jefe de bancada de 2005 a 2009 y secretario general del Partido Nacional de 2006 a 2010. En esas posiciones con poder de decisión estaba JOH cuando ocurrió el golpe de Estado, en el que participó activamente para su consumación.
Como dirigente del Partido Nacional, JOH terminó convirtiéndose en delfín de Lobo Sosa, quien ya Presidente lo convirtió en candidato del Partido Nacional para la siguiente elección presidencial.
No podría entenderse la meteórica carrera de JOH sin el golpe de Estado. Ambicioso y pragmático, supo caminar demagógicamente sobre los escombros institucionales para llegar hasta donde llegó, convirtiéndose en un perfecto representante del populismo.
En un país con tan bajo nivel de escolaridad, el populismo funciona: todo mundo espera que surja un “salvador” que haga promesas que generen esperanzas. Y en un país tan desigual y plagado de violencias, resulta sencillo pasar del populismo al autoritarismo del “ordeno y mando” y de ahí a la dictadura. Diez años le bastaron a JOH para convertirse en el dictador de un país en harapos institucionales.
“POLÍTICAMENTE OBEDIENTES Y NO DELIBERANTES”
La minuciosa construcción que hizo JOH de una estructura dictatorial conducida personalmente por él mismo, incluyó el diseño de sus anillos de poder, basados en la confianza y la adulación.
Los conformó con hombres y mujeres profesionales, pero con una tendencia a la medianía intelectual, capaces de responder a sus deseos y de defender sus intereses. El grupo que lo ha rodeado durante estos años podría ser definido como “políticamente obedientes y no deliberantes”. Y aduladores: después de salir de las tierras rurales del departamento de Lempira, JOH no quería volver allí sin una corte de pleitesía. La de esta gente.
2013: JOH EN LA PRESIDENCIA
Una vez garantizadas la adulación y la obediencia en todas las estructuras del Estado, JOH diseñó las estructuras represivas que lo protegieran de cualquier oposición no controlada por él. Desde la Presidencia del Congreso Nacional consiguió aprobar las leyes que crearon dos poderosos cuerpos armados: los TIGRES (Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Los TIGRES, para proteger empresas y la PMOP para responder directamente a órdenes presidenciales ante “amenazas” sociales.
Estando JOH al frente del Legislativo, sin que fuera tan perceptible al comienzo, pero con evidente notoriedad con el paso del tiempo, el poder del Estado se fue deslizando del Ejecutivo al Legislativo.
Ya para 2012 el poder real de Honduras estaba en manos de JOH y al Presidente Lobo no le quedaba más remedio que sancionar lo que él había decidido en el Congreso. Una vez elegido candidato presidencial, JOH se encargó de ir traspasando progresivamente los instrumentos de mayor decisión del Congreso a Casa Presidencial. Cuando alcanzó la Presidencia en noviembre de 2013 el traspaso estaba concluido.
DECISIONES CADA VEZ MÁS CENTRALIZADAS
El proceso dirigido por JOH reforzó uno de los resultados del golpe de Estado: la concentración de las decisiones en una estrecha alianza entre la burocracia política más afín a la extrema derecha del Partido Nacional y un sector muy reducido de la élite empresarial nacional y las transnacionales, mayoritariamente estadounidenses.
Fue así como se radicalizó el modelo de “desarrollo” del país, basándolo en la industria extractiva y en las inicialmente llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), legalizadas finalmente como Zonas de Desarrollo y Empleo Económico (ZEDE), no sin antes destituir a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que habían declarado inconstitucionales las RED, también llamadas “Ciudades Modelo”.
Esto ocurrió en 2012, estando JOH al frente del Congreso Nacional, donde ya actuaba como soberano del país, muy por encima del Presidente Lobo. Fue JOH quien logró doblegar a los diputados para que, una vez electos los nuevos cuatro magistrados, eligieran como Fiscal General a Óscar Chinchilla, único magistrado que no había declarado inconstitucionales las Ciudades Modelo. y era uno más de los del círculo de los “políticamente obedientes y no deliberantes”.
EL SUPERPODER DE HONDURAS
Previendo condiciones para cuando llegara a la Presidencia, JOH retomó el artículo 287 de la Constitución, que crea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), para convertirlo en un instrumento al servicio de la seguridad del titular del Ejecutivo.
Con base en una Ley Especial establecida por decreto, el CNDS se convirtió en una instancia en la que participan los tres poderes del Estado más el Fiscal General, el Ministro de Seguridad y el Ministro de Defensa, todos subordinados al Presidente de la República. Éste es hoy el superpoder de Honduras. Todas las decisiones fundamentales sobre la vida y los derechos de la ciudadanía las acaba tomando JOH en esa instancia, pasando por encima de la independencia de los poderes del Estado que ordena la Constitución.
YO, EL SUPREMO
Llegó el momento culminante cuando JOH juró como Presidente de la República el 27 de enero de 2014, en un contexto de serios cuestionamientos de los resultados electorales.
El partido LIBRE los calificó de fraudulentos, reclamando el triunfo para Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya. También planteó cuestionamientos Salvador Nasralla, comentarista deportivo, presentador de televisión y promotor de concursos de belleza, que decidió incursionar en política lanzando su candidatura a la Presidencia tras fundar el Partido Anticorrupción (PAC).
En 2013 Nasralla se había convertido en un fenómeno político. Desde que inició su campaña contó con la simpatía de centenares de miles de jóvenes del sector urbano universitario y de quienes lo conocían desde hacía décadas como experimentado narrador deportivo. Según Nasralla, él había obtenido más votos que JOH y que Castro.
Ningún reclamo ni ninguna protesta hizo cambiar al Tribunal Supremo Electoral. JOH juró el cargo alzando la voz y con postura de monarca: “De la mano de Dios, yo Juan Orlando Hernández soy el presidente de Honduras”. Al escucharlo y al verlo, muchos lo presintieron: Éste viene para quedarse.
ENTRE LEALTADES Y SOBORNOS MILLONARIOS
Una de las primeras decisiones de JOH fue enviar al Congreso Nacional, presidido por Mauricio Oliva, del anillo de profesionales “políticamente obedientes y no deliberantes”, una iniciativa de ley para que la PMOP adquiriera rango constitucional.
Fue su primer revés. A partir de entonces se preparó para que sus siguientes iniciativas no pudieran ser boicoteadas. Lo logró con las Ciudades Modelo y con las elecciones del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, del Fiscal General del Estado, del Procurador General de la República y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todo lo logró combinando amistades personales, lealtades partidarias, amenazas, chantajes y sobornos millonarios, cumpliendo así lo que dijera el poeta Roberto Sosa: “y todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”.
Cuentan testigos directos e implicados que, por ejemplo, para la elección, en febrero de 2016, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ya JOH tenía anticipada la presidencia de la Corte para el abogado Rolando Argueta, su amigo personal y de parrandas, el movimiento de dinero para comprar el voto de cada uno de los diputados inició con la suma de 3 millones de lempiras y llegó hasta 12 millones.
LA CRISIS DEL SEGURO SOCIAL Y LA CAÍDA DE LOS CACHIROS
Poco después del rechazo legislativo a elevar a rango constitucional a su Policía Militar del Orden Público, surgieron las primeras manifestaciones populares de oposición, vinculadas inicialmente al saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).
Ya desde fines de la administración de Pepe Lobo, se había denunciado el despilfarro en las arcas del Seguro Social, dirigido por Mario Zelaya. Ya con JOH en el gobierno se destapó no el despilfarro, sino un auténtico saqueo.
En este contexto, y simultáneamente, se conoció el interés del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama en desmantelar la banda de narcotraficantes hondureños “Los Cachiros”.
A finales de 2014, tanto el saqueo del Seguro Social como las actividades del cártel de Los Cachiros aparecían vinculados con dirigentes del Partido Nacional. En algún momento se difundió incluso una foto en la que aparecía JOH sentado junto a Ricardo Álvarez, ambos precandidatos a la Presidencia, “fumando la pipa de la paz” en un ambiente de camaradería en una de las haciendas de Los Cachiros en el departamento de Colón.
A comienzos de 2015 avanzaron ambos casos. Se precisó que el saqueo al Seguro Social alcanzaba la cifra de al menos 350 millones de dólares. Y los Cachiros decidían entregarse a la justicia estadounidense dejando atrás un reguero de sangre y un sinnúmero de delaciones. A la entrega de los capos, los hermanos “cachiros” Rivera Maradiaga, siguieron las capturas de los hermanos Valle Valle y de otros muchos otros jefes del narcotráfico, que fueron extraditados.
En esos mismos meses la justicia de Estados Unidos requirió a miembros prominentes de la acaudalada familia Rosenthal, a quienes se les acusó de usar el Banco Continental de su propiedad para lavar dinero a Los Cachiros.
LA CASA SE LIMPIA DESDE AFUERA
La estrategia de Estados Unidos era poner orden y control en los circuitos del narcotráfico, limpiando el territorio hondureño de forajidos que habían adquirido un poder tan descomunal que operaban con la complicidad abierta de la Policía y el Ejército, con capacidad para financiar campañas electorales de candidatos a alcaldes, a diputados y hasta a presidentes.
La estrategia de Washington de recuperar control sobre el narcotráfico en Honduras incluyó más elementos. Se conformaron en nuestro país instancias operadoras de justicia, directamente entrenadas y dirigidas por unidades del gobierno de Estados Unidos. Se desarrolló una campaña sistemática de prevención de la violencia. Se implementaron programas piloto de apoyo a prácticas exitosas de justicia en zonas territoriales de alto riesgo. Y se inició un proceso de depuración de la Policía Nacional.
La depuración contó con el liderazgo de la entonces rectora de la Universidad Nacional de Honduras, Julieta Castellanos, indignada tras el asesinato de su hijo junto a un amigo en octubre de 2011 en un operativo de la Policía. El hecho reveló que crímenes similares no eran hechos aislados. Formaban parte del accionar de estructuras policiales, dirigidas por oficiales, vinculadas al crimen organizado y dedicadas a actividades criminales.
¡FUERA JOH! Y LAS MARCHAS DE LAS ANTORCHAS
Para abril y mayo de 2015 el escándalo causado por el saqueo del Seguro Social fue alimentando más y más la protesta social. Y lo que comenzó con grupos de decenas de jóvenes no ligados a grupos políticos, logró convocar a miles y miles de personas, “los indignados”, que con antorchas en mano exigían juicio y cárcel para los saqueadores del Seguro Social.
Fue en estas movilizaciones, que se extendieron a las principales ciudades del país, en las que surgió el grito ¡Fuera JOH!, convertido pronto en la consigna que abrazaron todos los opositores, los organizados en partidos y también los sin partido.
La consigna se consolidó cuando investigadores y analistas confirmaron que un importante porcentaje de los fondos saqueados al Seguro Social se destinaron a financiar la campaña de JOH en 2012 y 2013. La consigna fue repetida por multitudes congregadas en un estadio para asistir a un partido de fútbol o a un concierto musical.
A juicio de observadores, las movilizaciones de las antorchas no contaron con el respaldo, aunque sí con la simpatía de la embajada de Estados Unidos. Sirvieron para presionar a JOH para que colaborara con la estrategia de Washington contra el narcotráfico hondureño. Fue este ambiente el que animó a JOH a sentar las bases de su plan de reelección presidencial, el que venía fraguando desde que presidió el Congreso Nacional.
EL “DIÁLOGO” APAGA LAS ANTORCHAS
En el segundo semestre de 2015 JOH se propuso capitalizar la indignación de las marchas de las antorchas. Para hacerlo, dio vía libre a la captura y el enjuiciamiento de directivos del Seguro Social, comenzando por el encarcelamiento de su director, Mario Zelaya. Y se comprometió a proseguir los juicios “caiga quien caiga”.
Ante la demanda de los indignados de que se instalara en Honduras, con el auspicio de la ONU, una instancia internacional de lucha contra la corrupción, replicando la experiencia de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), JOH logró que del “diálogo” que puso en marcha por todos lados, saliera una invitación, no a la ONU, sino a la OEA, para que fuera la organización regional la que liderara una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Con el diálogo, los juicios y la MACCIH, JOH logró el reconocimiento de la embajada de Estados Unidos. El diálogo con el que concluyó la crisis de 2015, además de la captura y extradición de algunos de narcos que eran sus amigos cercanos, JOH logró convencer de su reelección a su partido, al sector aliado de la élite empresarial, al sector oficialista de la llamada sociedad civil para que le dieran el aval para su reelección.
Una vez aprobada y conformada la MACCIH las antorchas se apagaron. La embajada de Estados Unidos se dedicó desde entonces a presionar para que la MACCIH -instalada a comienzos de 2016, al igual que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)-, cumpliera con su función de apoyar las investigaciones que condujeran al Ministerio Público a expedir requerimientos fiscales contra funcionarios acusados en casos de corrupción. Simultáneamente, el gobierno de JOH se congratulaba ante el cuerpo diplomático acreditado en Honduras por la creación del Ministerio de Derechos Humanos -creado por Pepe Lobo y suprimido por JOH al asumir el Ejecutivo- y también el Mecanismo Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Con todo esto, en el primer trimestre de 2016 la mesa para la reelección de JOH ya estaba servida.
JOH ASEGURA LEGALMENTESU REELECCIÓN
Para allanar legalmente el camino a la reelección, JOH logró que la Sala de lo Constitucional en pleno de la Corte Suprema fallara en abril de 2015 a favor de la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República, que establece que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido Presidente de la República o Designado Presidencial”. El mismo artículo establece que quienes violen esta disposición o propongan una reforma, serán cesados de sus cargos y quedarán inhabilitados por diez años para ejercer cualquier función pública.
La decisión de la Corte falló a favor de dos solicitudes, una la presentada por 16 diputados nacionalistas y otra presentada por el ex-Presidente Callejas, mentor de JOH. A la vez, el abogado y diputado Oswaldo Ramos había presentado en el Congreso Nacional una moción para que se estableciera como un derecho humano la aspiración de todo ciudadano a ser reelecto.
Con estas herramientas jurídicas, a fines de 2016, JOH lanzó oficialmente su candidatura presidencial para un segundo período. Y los partidos de oposición, en lugar de desistir de participar en un proceso que conduciría irremediablemente a un fraude electoral, continuaron organizando sus estructuras para competir con JOH.
LA OPOSICIÓN COLABORÓ CON LA REELECCIÓN
Para enfrentar a JOH, y bajo el liderazgo de Manuel Zelaya, se conformó una alianza opositora, integrada por el partido LIBRE, el PAC de Nasralla y el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD).
Ante los rumores de que Zelaya propondría a Nasralla como candidato presidencial de la alianza, JOH instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que invalidara la pertenencia de Nasralla al PAC, maniobra que buscaba restarle fuerza a una alianza que con la popular candidatura de Nasralla le exigiría más esfuerzos para garantizarse el triunfo y podría arriesgarlo ante la comunidad internacional.
JOH logró que el TSE lo inscribiera como candidato y dejó a Nasralla sin partido. Sin embargo, Zelaya ratificó a Nasralla como candidato de la alianza opositora.
El Partido Liberal, tradicional rival del Partido Nacional en el histórico bipartidismo hondureño, dejó de ser una opción, dejando sólo a JOH frente a Nasralla, aun cuando todos advertían que JOH participaba con la certeza de que nadie ni bajo ninguna circunstancia impediría su reelección.
Diversos sectores llamaron a la alianza opositora a retirarse de una contienda en la que no sólo fracasaría, sino que legitimaría el fraude y la inconstitucionalidad de la reelección presidencial. Pero la alianza argumentó que retirarse entregaría en bandeja el triunfo a JOH.
Además, para entonces, era tanto el descrédito de JOH y tan alta la popularidad de la alianza opositora y de Nasralla, que no habría manera de esconder los votos. Y además, la alianza anunciaba un sistema de defensa del voto que impediría cualquier maniobra fraudulenta. Lo que no se tuvo en cuenta fue que para muchos de los políticos hondureños los procesos electorales son siempre una inversión económica…
REELECTO POR FRAUDE
En este ambiente se celebraron las elecciones el último domingo de noviembre de 2017. Y ocurrió lo previsto. En contra de los conteos de votos, de las denuncias, del informe de la OEA, de las movilizaciones ciudadanas y del rechazo de una mayoría de la sociedad, el TSE declaró ganador a JOH.
Y en medio de una feroz represión, con decenas de muertes, centenares de detenidos y un ambiente de terror, el 27 de enero de 2018, sin ningún mandatario extranjero presente en la ceremonia, JOH tomó posesión para un segundo mandato.
Enseguida inició su política de “pacificación”: represión en vivo y directo contra la oposición. Y su política económica: pleno respaldo a la inversión en la industria extractiva y profundización de la privatización de los bienes públicos.
LAS CINCO CONDICIONES DE WASHINGTON
Su segundo mandato le ha supuesto a JOH un altísimo costo político, especialmente por el frágil reconocimiento internacional que recibió. Si quedó en el gobierno fue porque el gobierno de Estados Unidos decidió reconocerlo.
De acuerdo a fuentes creíbles, cinco fueron las condiciones que habría puesto el Departamento de Estado a JOH para reconocer su reelección. Una, respeto a los derechos humanos y a sus defensores, investigando y enjuiciando a los responsables de las violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos en la crisis generada por los resultados electorales.
Dos, apoyo a la lucha contra la corrupción liderada por la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC).
Tres, apoyo a la política del gobierno de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico.
Cuatro, poner en marcha un proceso que conduzca a la eliminación de la Policía Militar del Orden Público por considerar que en ella residen factores que refuerzan el autoritarismo presidencial y amenazan a los derechos humanos de la ciudadanía, especialmente de la que protesta.
Y cinco, llamar a los diversos sectores de la sociedad a un diálogo nacional para alcanzar legitimidad y afrontar los conflictos surgidos de la crisis política provocada por la reelección.
DE NUEVO, OTRO DIÁLOGO
JOH ha mantenido la formalidad de responder a las cinco condiciones, sin estar interesado en el éxito de las acciones que ha emprendido, buscando sólo quedar bien con su socio del Norte para afianzarse en su posición y continuar avanzando en su proyecto personal de control del Estado.
De entre las cinco condiciones, la más publicitada fue -como lo había hecho ya en 2015-el diálogo, en esta ocasión bajo la iniciativa del representante residente de la ONU y el aval de diversos sectores de la sociedad, de manera especial el de la jerarquía de la iglesia católica. “Diálogo político” lo llamaron y en él participaron representantes de los partidos políticos de oposición, menos LIBRE.
Aunque fue ampliamente propagandizado, los resultados de este diálogo no desembocaron en nada específico, porque las recomendaciones se trasladaron al Congreso Nacional, en donde se archivaron. De todos modos, la nueva edición del diálogo logró suficiente distracción como para que JOH hiciera creer al cuerpo diplomático que estaba realmente interesado en resolver la crisis surgida tras los polémicos resultados electorales que lo mantuvieron en el gobierno.
ALMAGRO Y JOH: PACTO DE IMPUNIDAD
Hasta el momento, la MACCIH y la UFECIC se han centrado en casos relacionados con funcionarios del gobierno de Pepe Lobo, incluyendo a su esposa, sin tocar a uno solo que tenga que ver directamente con la administración de JOH.
El propio Lobo acusa hoy a quien fue su ungido por haberlo traicionado e insiste en que se judicialicen casos de corrupción a gran escala de funcionarios en las dos administraciones de JOH, basando su exigencia en denuncias documentadas que incluyen al clan familiar de JOH: a su esposa, a su suegra y a sus más cercanos colaboradores.
La decisión de afectar únicamente a funcionarios corruptos de la administración de Lobo deja entrever un acuerdo tácito, pero efectivo, entre JOH y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Tendría como base el interés de Almagro en proteger el trabajo de gente cercana a él, que fue contratada para la MACCIH. A cambio, Almagro no cuestionaría la legitimidad de comicios que en su momento cuestionó él mismo frontalmente, y no se tocarían los casos de corrupción más directamente vinculados a JOH.
La renuncia-despido de Juan Jiménez Mayor, primer vocero que tuvo la MACCIH, tendría su causa en las denuncias que éste hizo públicas sobre la corrupción detrás de las contrataciones que la OEA hacía para personal de la MACCIH. Jiménez salió del cargo porque había comenzado a abrir archivos de casos de corrupción que vinculaban a la esposa de JOH.
Sea lo que fuere, los muy sonados casos de corrupción que han salido a luz pública sobre la administración de JOH, la UFECIC los mantiene archivados y el vocero o los voceros de la MACCIH nunca los han abordado.
EL DETONANTE: EL NARCO HERMANO TONY
Luego de aquel primer revés que sufrió JOH cuando los diputados no respaldaron su pretensión de elevar a rango constitucional la Policía Militar del Orden Público, un revés aún mayor, casi devastador, lo tuvo con la entrega-captura de su hermano Tony Hernández a las autoridades de la justicia estadounidense en noviembre de 2018, bajo la acusación de ser uno de los narcotraficantes de mayor escala en Centroamérica en los últimos diez años.
En un ambiente de creciente inestabilidad y de amplio repudio a sus prácticas imperiales, antojadizas y arbitrarias, y en el marco del cuestionamiento que el gobierno de Estados Unidos desató contra el gobierno de JOH por su responsabilidad en la amenaza que significa el fenómeno masivo de la migración -tema candente por las caravanas de migrantes hondureños hacia territorio estadunidense-, la captura de Tony tuvo un impacto tan grande que pareció sería el detonante que llevaría o a la renuncia o al derrocamiento del enclenque gobierno de JOH.
Aunque nada pareció afectar a JOH, y por mucho que lo quiera evadir, la captura de su hermano narcotraficante pende ahora sobre su cabeza como una espada de Damocles. Y las declaraciones que tenga que hacer su hermano ante la justicia estadounidense lo mantendrán en jaque o esa espada caerá sobre él y se ensartará en su carrera política, aniquilándola.
LA OSCURECIDA MUERTE DE SU HERMANA HILDA
Ya en diciembre de 2017, y en el fragor de la presión ciudadana contra el fraude electoral, JOH había recibido otro enorme revés en su exitosa carrera política con la muerte de su hermana.
Hilda Hernández era la más fiable colaboradora en su administración: manejaba todos los hilos en Casa Presidencial, llevaba los negocios con los medios de comunicación y diseñaba la estrategia de comunicación, era responsable de todos los programas de asistencia social en el Ministerio de Inclusión Social y se ocupaba de otros importantes menesteres, más subterráneos que públicos.
Los motivos de su muerte fueron cuidadosamente cubiertos con una nebulosa, provocando muchas preguntas sin respuesta. Tan baja era la credibilidad de JOH en ese momento que la muerte de Hilda fue enterrada en sospechas. Se conocieron las más inverosímiles versiones, desde la oficial, que habló de un accidente en un helicóptero, pasando por la versión de que se había simulado el accidente para hacerla desaparecer de la vida pública y así evadir la justicia estadounidense, hasta la de haber sido víctima de un asesinato, en un ajuste de cuentas entre cárteles de la droga. Lo cierto es que las razones de su muerte quedaron ocultas, que las fotografías del helicóptero accidentado correspondían a otro accidente ocurrido en otro tiempo y otras latitudes, y que al cumplirse un año de su muerte no hubo ni siquiera una esquela mortuoria, menos aún alguna ceremonia religiosa.
FUERA JOH YA... ¿O EN 2021?
Como en aquel mayo de 2011, cuando los Acuerdos de Cartagena condujeron a que las partes en conflicto tras el golpe de Estado llegaran al pacto de dirimir la crisis en las elecciones de noviembre de 2013, cierta oposición política, liderada por LIBRE, parece querer reeditar hoy un segundo acuerdo de Cartagena con un pacto para dirimir la crisis del fraude electoral de 2017 en las elecciones de noviembre de 2021.
Este sector de la oposición tiene muy claro que el país se encuentra bajo una dictadura, y que JOH dirige una estructura criminal. Sin embargo, entiende que esta dictadura se debe ir debilitando hasta culminar con su estrepitosa derrota en las urnas en las elecciones de 2021. Para lograr eso -dicen-, es necesario tener presencia en el proceso electoral y conseguir controlar las instancias electorales. Y para lograr todo eso, LIBRE tiene que llegar a algún entendimiento con el Partido Nacional, o al menos con algunos de sus sectores. LIBRE continúa proponiendo el ¡Fuera JOH!, no ya en este momento… sino en 2021.
Frente a esta tendencia, existe otra oposición política y social que sostiene que con una dictadura fraudulenta y criminal no se puede negociar sin caer en la complicidad. Y que involucrarse en un proceso electoral conducido por quienes son expertos en golpes de Estado, en fraudes y en todo tipo de triquiñuelas, como es el caso del Partido Nacional, es contribuir a una nueva legitimación de la continuidad de la dictadura.
Es insistir en la misma lógica que llevó a la oposición a participar en el proceso electoral que condujo al fraude electoral y a la imposición ilegal de la reelección en 2017. Esta otra oposición es la que propone el ¡Fuera JOH ya! Alcanzar un término medio entre estas dos tendencias está resultando muy difícil.
PENDIENTES DE WASHINGTON
Un rasgo que nos indica que aún estamos en los tiempos del golpe de Estado es que las más importantes decisiones del país y sobre el país se toman fuera del país, sin el país y frecuentemente en contra del país. Y que las principales las toma el gobierno de Estados Unidos.
A diez años del golpe, el Estado y en general la sociedad hondureña han quedado en manos de las decisiones que se toman en Washington. Es sintomático que en los últimos años, y en la medida en que se ha afianzado el autoritarismo y se cercenan los derechos ciudadanos, todos en la esfera política y en la empresarial están siempre a la espera del twitter de la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Tegucigalpa.
Las caravanas de migrantes, la actividad de la MACCIH, la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico, la elección de los titulares de diversos órganos del Estado, la aprobación de figuras jurídicas como la llamada Ley de Colaboración Eficaz y la validez o no del nuevo Código Penal, esperan el twitter de Heide Fulton para actuar de acuerdo a sus opiniones.
EL GOLPE SE HA CONSOLIDADO
La vigencia del golpe de Estado se mide en la incapacidad de autonomía que hoy tiene el Estado hondureño. Esta pérdida de autonomía indica que en la medida en que el 28 de junio de 2009 se aleja en el tiempo más se consolida ese golpe de Estado.
También está vigente el golpe de Estado en la radicalización del modelo de inversiones bajo el control de la alianza de la élite oligárquica, la burocracia política corrupta y las transnacionales. En estos diez años este modelo ha llevado a nuestro país a la más extrema de las polarizaciones: una brecha insalvable entre la élite empresarial beneficiaria de la legislación del Estado, concentradora el capital y la inmensa mayoría de la sociedad, que ha ido perdiendo oportunidades de empleo y beneficios sociales, que ha visto cómo sus bienes naturales, el agua de sus ríos, sus minerales, sus playas y sus montañas, y en general su hábitat, les han sido arrebatados por la política estatal de concesiones a inversionistas, sin respeto a las leyes nacionales y a los convenios internacionales.
Es esta enorme brecha de desigualdades lo que convierte al modelo y a la institucionalidad que estableció el golpe de Estado en productores de la violencia y la inestabilidad en Honduras. Esta violencia institucional se expresa en los asesinatos, a lo largo de estos diez años, de defensores de derechos humanos, una ola de crímenes que tuvo su momento más dramático con el asesinato el 2 de marzo de 2016 de Berta Cáceres, reconocida mundialmente como luchadora social, ambientalista e indigenista.
CADA VEZ PEOR
De acuerdo a economistas, es violencia un modelo que en diez años ha llevado a que seis de cada diez personas en edad de trabajar estén en el desempleo. Un modelo que ha provocado la huida del país de cerca de un millón de personas en diez años es también violencia. Un modelo con un sistema público de salud sin equipo médico básico, en donde los pacientes tienen que comprar sus medicamentos y todo lo que necesitan para una cirugía, es un modelo violento. Un modelo con una política fiscal basada en impuestos indirectos que pagan por igual los pobres y los mayores empresarios, es también violencia.
En estos diez años el presupuesto nacional ha reflejado la prioridad de quienes administran el Estado: el incremento de recursos para seguridad y defensa, en detrimento de las necesidades en educación y salud. La priorización de la tasa de seguridad -”el tazón”, como la ha calificado la sabiduría popular, asegura muchos millones de lempiras usados a discreción por JOH. Es este modelo violento el que se ha afianzado en estos diez años de golpe de Estado.
Cuanto más débil es la institucionalidad, más se facilita la concentración de poder en JOH y en su anillo de incondicionales. El golpe de Estado con todas sus consecuencias, está plenamente vigente. Un gran empresario, crítico de la administración de JOH, hace este balance de los diez años del golpe: “Institucionalmente hablando, hace cinco años estábamos peor que hace diez años, y hoy estamos muchísimo peor que hace cinco años”.
SEMBRAR EL MIEDO
En los últimos meses ha detonado en Honduras una nueva crisis social y política en defensa del derecho a la educación y a la salud y en contra de los proyectos de privatización de estos servicios sociales, que deben ser públicos. Las protestas y la crisis provocada sobrepasaron ambas demandas. Con la decisión de reprimir todas las expresiones de descontento y de protesta social que surgen diariamente y de manera creciente por todo el país y entre diversos sectores sociales, la estrategia de JOH apunta a sembrar el miedo y a sofocar las protestas por desgaste y cansancio.
Además de atacar en las calles, el régimen de JOH ha incrementado la estrategia de criminalizar a quienes protestan y lanzar campañas publicitarias que desacreditan a quienes defienden los derechos humanos, buscando crear un clima de estigmatización y odio contra ellos.
EL VOLCÁN ESTÁ ACTIVO
Todo esto, y mucho más, significa que el golpe de Estado no es un acontecimiento del pasado. Es un proceso consolidado, activo y todavía en desarrollo. Su dinámica continúa en un modelo neoliberal que necesita de una mano dura y dictatorial para garantizar a sus beneficiarios ganancias rápidas y fáciles.
Al final de estos diez años, la prioridad del Estado, una seguridad basada en armamentos y en represión, coloca en mayor precariedad la seguridad de quienes pretende proteger, porque aumenta el malestar y la protesta en amplios sectores de la sociedad, que ven cómo sus derechos son cada vez menos respetados.
De no cambiar las dinámicas que lo originaron hace diez años, el rechazo al golpe de Estado continuará vivo, como el magma expectante de un volcán activo. Y estallará de nuevo contra el régimen, esté todavía bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, o también cuando Juan Orlando Hernández esté ya enjuiciado y extraditado.
CORRESPONSAL DE ENVÍO
EN HONDUR
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