Nicaragua
Privatizar TELCOR: ni la única ni la mejor salida
Los tiempos actuales exigen que tras cada protesta hay una propuesta, que a cada medida neoliberal se responda con una alternativa. Que sea viable y que, exitosa o no, nos haga pensar y nos muestre que el modelo actual ni es el mejor ni es el único. Eso han hecho los trabajadores de TELCOR.
Equipo Nitlápan-Envío
Los debates en torno al problema de la propiedad van acompañados desde hace muchos meses de un tema permanente: el de la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones, telcor. Y tan seguro está el gobierno de que esta privatización será aprobada en la Asamblea Nacional que en el presupuesto para 1996 no incluyó ya a la empresa en las partidas de asignación de gastos.
Nacida inicialmente como una exigencia de la condicionalidad del FMI, el gobierno ha presentado la privatización de TELCOR como una especie de solución mágica al problema de la propiedad. El discurso oficial no solamente plantea que hay un compromiso por cumplir con el FMI si no se quiere ver zozobrar el acuerdo ESAF. Insiste también en que la "reconciliación de la familia nicaragüense", afectada por el problema de la propiedad, exige el sacrifico de privatizar uno de los activos más rentables del sector público. Estos argumentos se completan señalando que, con la privatización, TELCOR modernizará su tecnología a niveles jamás soñados. "Con una privatización bien hecha, ¡todos saldremos ganando!" ha repetido desde hace casi dos años y a todas las horas en todos los medios de comunicación la campaña de publicidad más prolongada y seguramente una de las más costosas realizadas en el país.
La prisa no está justificadaEsgrimiendo estos argumentos, el gobierno ha anatematizado a todo el que se opone a la privatización y ha ejercido una presión constante sobre los diputados de la Asamblea Nacional y sobre los trabajadores del sindicato de TELCOR. En mayo, y durante el conflicto Ejecutivo Legislativo que saturó la primera mitad del año 95, la Asamblea Nacional rechazó una propuesta encubierta de privatización que el Ejecutivo presentó en forma de decreto presidencial. Después del logro de la Ley Marco para regular una convivencia pacífica entre el Ejecutivo y el Legislativo, la Asamblea ha asumido la titánica tarea de, en sólo dos meses, resolver legalmente el problema de la propiedad, privatizar TELCOR, aprobar la nueva Ley Electoral y aprobar el Presupuesto General de
la República.
Este orden de prioridad dado a tan trascendentales tareas está a todas luces invertido. Mas lógico hubiera sido salir primero de la Ley Electoral y examinar después el presupuesto. La propiedad y TELCOR, dado el máximo grado de consenso que requieren estos temas para su solución, exigen más tiempo. En el caso de TELCOR, la prisa en un tema tan delicado puede no ser más que una táctica para dar con la mayor velocidad posible un golpe contundente al sector público. Pero ni la prisa es justificada los problemas de financiamiento del ESAF son de otra índole y de entera responsabilidad del gobierno ni la privatización de TELCOR será la solución mágica para el complejo problema de la propiedad. Es claro que reducir el tiempo y los espacios donde se debata la mejor opción para el país sólo favorece a muy específicos intereses.
¿Resuelve el tema de la propiedad?Tratando de abrir un debate y buscando esa mejor opción para el país, la Federación Nacional de Trabajadores de TELCOR, con la colaboración de un grupo de especialistas y técnicos de diversas instituciones públicas y privadas, coordinados por el economista Adolfo Acevedo, han formulado una propuesta razonable y distinta a la del gobierno que titularon: "TELCOR: Su aporte al desarrollo y la estabilidad".
La propuesta desmiente que la privatización de TELCOR resolverá el problema de la propiedad porque las ganancias obtenidas por la privatización no beneficiarán a los injustamente confiscados en los años 80: muchos de los actuales tenedores de los bonos que serían revalorizados con la privatización no son los afectados por las confiscaciones. El documento apunta a que es un reducido grupo de especuladores nacionales, con gran influencia política y económica, los que se han unido al FMI y al gobierno para presionar por la privatización de TELCOR.
La realidad es que ese minoritario pero poderoso grupo está impaciente por cerrar el negocio de su vida: compraron baratos los bonos y presionan ahora para que el gobierno los "revalúe" para así cobrarlos caros. La mayoría de los confiscados deben haber vendido sus bonos entre 1991 y 1993, etapa en la que la alianza gobierno FSLN les auguraba una resolución negativa a sus demandas y ahora que los vientos cambian, los beneficiados serán otros. Pero el mercado es así: si te equivocaste por no esperar y por no arriesgar, no calculando que las cosas pueden cambiar, es un error tuyo y no del mercado.
Los trabajadores de TELCOR se preguntan también por qué se pretende resolver el problema de la propiedad a costa únicamente de TELCOR. ¿Acaso una de las ventajas que se proclamaron con las masivas privatizaciones ejecutadas por la CORNAP no fue que el Estado dispusiera de mayores recursos financieros? Los trabajadores de TELCOR, como muchos otros sectores, reclaman un auditoriaje a las privatizaciones realizadas por la CORNAP, lo que resulta totalmente justo y de interés nacional dentro del combate a la corrupción.
¿Privatizar si TELCOR es rentable?En su propuesta, los trabajadores de TELCOR demuestran también que la empresa tiene una aceptable capacidad inversionista y que TELCOR puede perfectamente hacerle frente a sus responsabilidades. Por esto, en lugar de la privatización, proponen la coinversión. Los trabajadores denuncian que los requisitos que el gobierno demanda a quien sea beneficiario de la privatización, son inferiores a la capacidad de la empresa. No se le exige al posible comprador de TELCOR el que contribuya de manera real al engrandecimiento de la empresa mejorando su eficiencia y tecnología.
En cualquier caso, no queda claro ni en la propuesta del gobierno ni tampoco en la de los trabajadores cuáles son las ventajas para la futura rentabilidad de TELCOR de privatizar o de coinvertir y especialmente cómo se aseguraría, en una o en otra fórmula, el acceso a la tecnología de punta. Obviamente, esto depende del tipo de negociación que plantee el gobierno. La que hoy plantea no es clara.
La propuesta de coinversión que hacen los trabajadores de TELCOR debe ser tomada en cuenta y estudiada. Como ellos señalan, en esta fórmula, la alta rentabilidad de TELCOR haría atractiva la participación de inversionistas extranjeros y a la vez, se mantendría un adecuado control estatal. Aunque la propuesta no indica en qué coinvertir ni detalla las ventajas de la coinversión, la opción es perfectamente válida y debe estudiarse, comparándola con otras opciones. Sólo analizando los pros y los contras de varias opciones los diputados podrán tomar una mejor decisión en bien del país. Y no existiendo plazos perentorios para tomar una decisión, el sentido común está de parte de la propuesta de los trabajadores.
Finalmente, la propuesta de los trabajadores de TELCOR hace una defensa del papel de propietario y de regulador que le corresponde al Estado en el estratégico campo del las telecomunicaciones nacionales. Es razonable el argumento por el que se oponen a que se traslade un monopolio de manos del Estado a manos privadas. Aunque ningún monopolio es bueno, un monopolio privado escapa más fácilmente al control social e implica un empeoramiento en la relación servicio consumidor, casi siempre en detrimento del consumidor. El esquema de coinversión propuesto por los trabajadores de TELCOR y su demanda de una licitación transparente y con claras ventajas para el país y la empresa, refuerzan la idea que hoy por hoy parece más correcta: en un marco democrático, los esquemas de propiedad mixta y el control social que se logra organizando a los usuarios de los servicios públicos siempre garantizan mejor la eficiencia.
Entrar en un esquema de coinversión sin privatizar, utilizar las ganancias netas de TELCOR como garantía de pago de los bonos, recapitalizar la empresa sobre la base de sus propios recursos y actuar con transparencia y con más tiempo para lograr algo beneficioso para el país: ésta es la solución alternativa que presentan ante la opinión pública los trabajadores de TELCOR. Desoir su aporte, empleando simplistamente medidas coercitivas contra los trabajadores, deteriorará más todavía la imagen de un gobierno que finaliza su gestión proclamando una democracia que no practica. A continuación, una síntesis del contenido de la propuesta del sindicato de TELCOR.
Falta información para decidirEl gobierno ha dosificado frugalmente la información que sería indispensable para analizar los pros y los contras de la privatización de TELCOR. En variables claves, como la situación económica y financiera de TELCOR y sus proyecciones a futuro, no se cuenta con toda la información relevante y necesaria. En estas condiciones, y sin haber tenido acceso a dicha información, la Asamblea Nacional, que teóricamente es la representación soberana de la Nación, se apresta a tomar decisiones sobre TELCOR. Pero una elección de esta envergadura sin elementos de juicio y sin la información indispensable vulnera los intereses nacionales.
De entrada, una gran contradicción es que el gobierno sí ha facilitado a los potenciales compradores internacionales de TELCOR una información exhaustiva sobre la empresa, de la que se carece a nivel interno. Este procedimiento parece obedecer a la determinación oficial de hacer prevalecer la propuesta del Ejecutivo por sobre cualquier otra consideración, presentándola como la única correcta e incluso, como la única que existe.
Por actuar en un terreno tan estratégico como es el de las telecomunicaciones, TELCOR es una empresa de servicio público que requiere de control para su manejo y desarrollo y de visión nacional. Hasta ahora, y como ente público descentralizado, TELCOR ha sido capaz de financiar sus propias necesidades de modernización y expansión de corto y mediano plazo. Tiene también un enorme potencial en la provisión de servicios públicos en un ramo muy rentable que puede aportar mucho al sector público y al país. Tanto su ritmo inversionista, como la propia evaluación de la rentabilidad de la institución certificada por el FMI le dan a TELCOR una sólida posición dentro del sector público nicaragüense.
Inversiones y modernizaciónEntre 1992 y 1994, Nicaragua logró la más alta tasa de inversión y de modernización de las telecomunicaciones en toda Centroamérica. Como resultado de estas inversiones, el patrimonio de TELCOR califica como el más moderno de la región. En este período, se invirtieron 103.9 millones de dólares, el 72% destinado a la adquisición de maquinarias y equipos.
A partir de 1993, TELCOR emprendió un ambicioso proceso inversionista, inicialmente orientado al total reemplazo y renovación tecnológica de la capacidad existente. El logro principal fue sustituir los antiguos centros de conmutación y transmisión por modernos centros digitales. Como resultado, hoy está ya digitalizada el 78% de la red telefónica y a inicios de 1996 se espera tener el 90%. Esto significa que el patrimonio de TELCOR es completamente nuevo. Otro resultado de la mayor capacidad de las nuevas centrales digitales es la densidad telefónica alcanzada: 2.7 teléfonos por cada 100 habitantes en 1995. En 1990 había 1.6 por cada 100 habitantes. Esto significa un incremento en la cobertura del 67%, el aumento más alto alcanzado por Nicaragua en toda su historia.
Como resultado de la maduración de las inversiones efectuadas, a fines de 1995 habrá una capacidad instalada de 113 mil 855 líneas, un 18% más que en 1994. Para 1996 se espera un incremento del 20% en relación a 1995 y en 1997 se estima que habrá 230 mil líneas, al madurar las inversiones de expansión. A la luz de estos datos, la meta de alcanzar a finales de 1997 una densidad de 6 teléfonos por cada 100 habitantes meta que el gobierno propone al nuevo operador privado de TELCOR resulta sencillamente insuficiente, sobre todo si para ese cálculo se emplean los resultados del censo de 1995.
Alcanzar la meta que el gobierno propone significaría instalar solamente 38 mil líneas adicionales, cuando TELCOR está ya en capacidad de instalar 116 mil líneas adicionales. Puede deducirse que la meta oficial es una de las tantas facilidades que se le están otorgando al nuevo operador privado, mientras que para el país esa meta no significaría incremento sino estancamiento. En estas condiciones, ¿por qué privatizar? Lo que parece más adecuado es un esquema de coinversión, en el que el inversionista extranjero participe con inversión efectiva de capital y de tecnología en el desarrollo, expansión y modernización de las telecomunicaciones al lado del sector público nacional. Esta es la fórmula adoptada en el sector electricidad de Costa Rica.
Patrimonio vital y rentable¿Es rentable TELCOR? En 1993 cuando el FMI elaboró la Programación Financiera preliminar a la firma del ESAF, TELCOR mostró un superávit operativo de 37.2 millones de dólares. Ese superávit le permitió pagar intereses sobre su deuda y además efectuar transferencias por $6.8 millones. Ese año, las inversiones que efectuó TELCOR fueron completamente autofinanciadas. Después de ese año obtuvo un superávit corriente de $29.2 millones, lo que le permitió financiar una fuerte inversión de $29 millones. Asimismo, recibió préstamos por $26.4 millones. De ellos, destinó $13.6 a amortizar deudas anteriores. Los restantes $12.8 millones no pudo utilizarlos y se vio obligado a depositarlos en el Banco Central.
Estos datos muestran que la rentabilidad de TELCOR le ha permitido financiar en gran parte con fondos propios y también con préstamos de sus abastecedores el ambicioso proceso inversionista que ha venido desarrollando, a pesar de que el gobierno le ha impedido acceder a préstamos concesionales de los organismos financieros.
Por todo esto, sin ser privatizado, TELCOR es capaz de generar recursos suficientes para aportar de manera significativa a la redención de los bonos de indemnización de los injustamente confiscados. Sin embargo, no es equitativo que la responsabilidad de financiar la revalorización de estos bonos recaiga únicamente sobre un patrimonio nacional tan vital como TELCOR. Los ingresos obtenidos por el gobierno con el masivo proceso de privatización en su conjunto, deben contribuir también. Y tal vez sea ésta la oportunidad para que, por fin, la CORNAP, presente a la sociedad un informe transparente sobre este proceso, sobre los ingresos que ha generado y sobre los que aún debe generar, suponiendo que, en gran parte, las ventas de activos públicos no se efectuaron al contado sino al crédito.
Sólo las Empresas del Area Propiedad de los Trabajadores (APT) deben pagarle al gobierno como resultado del proceso de privatización a su favor unos $37 millones entre 1996 y 1997. No es posible que sean sólo las empresas del APT las que generen ingresos al Estado por la privatización. Es de suponer que los grupos económicos más poderosos que se han beneficiado con empresas estatales privatizadas deberán estar haciendo aportes iguales o mucho más sustanciosos. Además, el pago por las viviendas afectadas por la ley 85 de más de 200 metros cuadrados generará también ingresos.
En todo caso, como la demanda de los tenedores de bonos parece centrarse en recibir de inmediato la redención de gran parte de esos bonos y como las presiones de estas personas parecen tener un gran peso político, el gobierno podría considerar la alternativa de solicitar un préstamo a 10 años plazo por un monto equivalente a la cantidad necesaria para la revalorización de estos bonos, que estaría garantizado por los ingresos habituales de TELCOR y por los ingresos provenientes del proceso de privatización en su conjunto. Los elevados beneficios económicos y sociales que puede reportar TELCOR y su potencial de contribuir, tanto al desarrollo con equidad como a la estabilidad nacional, cuestionan seriamente el que este patrimonio nacional se entregue a un operador oligopólico internacional.
17 poderosos están detrásSon muchos los que coinciden en que la única razón para privatizar TELCOR es responder a las presiones de los tenedores de bonos de indemnización, constituidos en un poderoso grupo de presión, excelentemente representado en el gobierno, en la Asamblea Nacional y en las filas de las diferentes fuerzas políticas. Esto obliga a analizar mejor los intereses que están detrás de la privatización de TELCOR.
En primer lugar hay que resaltar que en muchos casos, los actuales tenedores de bonos poco o nada tienen que ver con los confiscados. En el caso de un quinto del total de bonos emitidos equivalentes a unos 50 millones de dólares y equivalentes a un 20 40% del precio esperado por la venta de TELCOR , están concentrados en las manos de apenas 17 personas. Estas personas son afectados por los decretos de confiscación 3 y 38 (somocistas y allegados al somocismo) y otros individuos de considerables recursos económicos y de poder.
En términos de economía política, usar los ingresos por la venta de un activo estratégico de la nación para responder a esta demanda sería un gravísimo error. Una masiva transferencia de recursos nacionales a individuos privados, sean éstos los ex confiscados o los actuales tenedores de bonos, dedicados a especular con ellos, no tiene ninguna justificación.
También se conoce que detrás de las fuerzas nacionales que impulsan la privatización de TELCOR están los poderosísimos consorcios transnacionales que participan en la licitación para la venta de nuestra empresa. Estos consorcios también están excelentemente representados en el actual gobierno y en el sistema político y su capacidad de cabildeo iguala o supera la que tienen los tenedores de bonos. Es evidente que la Ley de Privatización de TELCOR que el gobierno ha propuesto al igual que los procedimientos y métodos establecidos para valorar TELCOR han sido diseñados para favorecer estos intereses.
El "riesgo" de las transnacionalesPara justificar que TELCOR se les venda a ellos y muy por debajo de su valor, los representantes de los consorcios argumentan que, por el alto riesgo que corren al invertir en Nicaragua debe ser muy alta la tasa de descuento utilizada para obtener el valor presente de los flujos netos de utilidad futuros de TELCOR método standard de valoración de empresas . En consecuencia, el valor de venta de TELCOR debe ser muy bajo.
La realidad es que la probada rentabilidad de TELCOR permitirá a estos "arriesgados" consorcios continuar autofinanciando en lo fundamental las inversiones requeridas y convertirse en sujetos de crédito privilegiados del mercado internacional de capitales, prácticamente libres de riesgo y por esto, a tasas de interés normales. No hay nada más sensible a la incertidumbre y al riesgo que los mercados de capital. Si éstos no le aplican altas "primas por riesgo" a TELCOR en sus tasas de interés y al contrario, lo consideran una inversión muy segura no existe ninguna justificación "técnica" para aceptar que, en exclusivo beneficio de los consorcios, se le apliquen a TELCOR para valorarlo tasas de descuento exageradas que no le aplica el mercado de capitales, tan temeroso de los riesgos.
Otras y obvias son las explicaciones. Es precisamente la alta rentabilidad prácticamente libre de riesgo que tiene TELCOR lo que motiva tanto interés en apropiarse de nuestro patrimonio. Al igual que en Argentina, en la propuesta de privatización del gobierno Chamorro, las expectativas de rentabilidad que buscan los operadores transnacionales se refuerzan con la concesión de derechos exclusivos en el mercado. Esto es lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos y con resultados cuestionables. Según la evaluación de los analistas del BID en 1992, en Argentina "la privatización realizada implicó bastante más que la simple enajenación de un conjunto de activos fijos y de un fondo de comercio de propietario público a uno predominantemente privado, ya que lo que fundamentalmente se produjo fue una transferencia de derechos de exclusividad sobre la explotación de un mercado, acompañada de cambios en la regulación de dichos derechos... Esto significó la posibilidad de derogar una serie de normas que conspiraban contra la rentabilidad comercial de la empresa y le brindó a ésta seguridades anteriormente inexistentes respecto del derecho de los propietarios de mantener los niveles tarifarios".
Puntos que no están clarosEl gobierno argumenta que los recursos fiscales que el Estado dejará de percibir al vender TELCOR se verán compensados por los impuestos que pagarán los nuevos operadores. Pero si tomamos como referencia el caso de Chile, el aporte fiscal de la Empresa de Telecomunicaciones se redujo de $30 millones en 1984 87 antes de ser privatizada a sólo $4.7 millones en 1988 90, procedentes del cobro de impuestos después de la privatización (BID, 1992).
En Nicaragua, la falacia de que habrá compensación queda de manifiesto cuando los mismos funcionarios públicos declaran que al nuevo operador privado se le otorgará un esquema de exención de impuestos sobre la renta por varios años prorrogables y esquemas preferenciales para los impuestos indirectos, subsidiando así, de manera adicional, la rentabilidad esperada.
En nuestro país, la pérdida de los recursos que genera TELCOR adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que con transferencias de TELCOR se han subsanado en estos años requerimientos financieros de la seguridad social a través del INSSBI, institución que no sólo cubre a los trabajadores, a los cotizantes y a los pensionados, sino también a lisiados de guerra y a madres y huérfanos de víctimas de guerra que no tienen ninguna otra cobertura financiera.
Otro punto que exige tranparencia es el balance neto intertemporal de divisas que se espera con la privatización de TELCOR, incluyendo las remesas de beneficios que enviarán al exterior los nuevos operadores. En Argentina, "los efectos intertemporales sobre el sector externo parecen claramente negativos. La contrapartida inmediata de este financiamiento externo es la remisión de utilidades al exterior por parte de los nuevos consorcios privados". De este modo, el resultado final es adverso (BID, 1992).
Siendo TELCOR un activo público, otra pregunta clave es: ¿se venderá libre de deuda? ¿Quién asumirá las deudas nacidas del financiamiento de las importantes inversiones de modernización y ampliación efectuadas en estos años para mejorar los activos que ahora se venderán? ¿El Estado? Si es así, el Estado es decir, el país se quedará con la deuda contraida y habrá perdido la fuente de recursos para pagarla. ¿Mediante qué mecanismos se financiarán las inversiones aún requeridas? ¿Cobrando más por las nuevas líneas, aumentando las tarifas o con préstamos externos? En todos estos casos, TELCOR podría tomar esas decisiones si fueran necesarias, pero ninguna de ellas justifica la privatización.
¿Quedarse sólo con la "crema"?En la información presentada por el gobierno no queda claro cómo se articulará el sector privado con el sector público reducido a mero "normador" para asegurar la expansión adecuada del servicio, respondiendo no sólo a la demanda de los escasos sectores de mayores ingresos, sino a las necesidades del desarrollo económico y social integral de todo el país. Es un síntoma, por ejemplo, que en los requisitos establecidos en la ley propuesta por el gobierno para privatizar TELCOR no se mencionen ni la telefonía rural ni el correo. ¿Se trata como en el caso de los servicios financieros de que el sector privado oligopólico se quede con los segmentos de alta rentabilidad y bajo riesgo la "crema" , dejando al sector público los servicios de menor rentabilidad, operación que se conoce como "descremación" del mercado? ¿O se trata simplemente de abandonar casi por completo el desarrollo de los servicios menos rentables? ¿O se pretende una vez más, privatizar los beneficios y socializar trasladar al Estado o a los sectores marginados los costos?
¿Cuál será la política de tarifas que el Estado nicaragüense establecerá con los nuevos operadores de TELCOR? ¿Cómo se asegurará con esta política suficiente rentabilidad para "incentivar" la inversión oligopólica privada en la expansión de las telecomunicaciones? El sistema de tarifas es fundamental para que TELCOR sea una alternativa de inversión "atractiva" y para que los potenciales inversionistas tengan claridad en determinar cuáles serán sus ingresos en el mediano y en el largo plazo. Esto se logra no sólo eliminando los "subsidios cruzados" entre los servicios públicos y estableciendo reglas de ajuste e indexación, sino también incluyendo en la metodología de fijación de las tarifas una tasa de retorno atractiva.
En un planteamiento así, el objetivo central es mantener la rentabilidad de la inversión privada y cualquier compromiso en la reducción de las tarifas debe subordinarse a él. En Argentina, los compromisos establecidos contractualmente se revisaron varias veces a petición de los nuevos operadores para garantizar la rentabilidad. La rentabilidad mínima implícita en las tarifas de partida se estableció inicialmente en un 16% sobre los activos, pero se elevó inmediatamente, durante el mismo proceso de transferencia, hasta ubicarse entre el 30% y el 60%. En vez de reducirse, las tarifas se elevaron considerablemente.
Un aumento de las tarifas no sólo afecta a los usuarios domiciliares. Elevadas tarifas de los servicios, aunadas a altas tasas de interés, determinarán que los costos de producción y comercialización sean aún más altos en Nicaragua, lo que afectará seriamente la rentabilidad de la producción y de la inversión. En la ley propuesta por el gobierno, salvo una solicitud de que sean "razonables", la fijación de las tarifas de la telefonía básica se deja a la discrecionalidad monopólica del operador privado.
¿Tendrá capacidad este Estado?La única respuesta gubernamental a cuestiones tan fundamentales como éstas que estamos planteando es la promesa de que los temas conflictivos se resolverán mediante la "capacidad reguladora" que en el sector de las telecomunicaciones conservará el Estado. Pero ¿cómo el Estado podrá resolver contradicciones de intereses y perspectivas que no son "de detalle" sino fundamentales y hasta antagónicas, de la naturaleza misma de la propia "economía de mercado"? ¿Lo hará acaso por arte de magia?
La Ley propuesta habla de establecer regulaciones para obtener varios objetivos esenciales. Entre ellos:
* Garantizar el desarrollo planificado, sostenido, ordenado y eficiente de las telecomunicaciones y de los servicios postales.
* Promover la disponibilidad de una amplia gama de servicios de telecomunicaciones eficientes, al menor costo posible y de alta calidad, a todos los habitantes del país.
* Promover la extensión de los servicios de telefonía básica a los sectores rurales.
Estos objetivos son los que universalmente se reconocen como responsabilidades del Estado en este campo. Pero si los servicios quedan en manos de operadores privados, ¿cómo asegurará el Estado estos objetivos? ¿No hay un exceso de ingenuidad al pensar que será posible regular cuando ni en el papel se señalan los mecanismos de regulación? A pesar de que en el dictamen de ley se establece que TELCOR será un ente regulador y que la ley de privatización normará funciones, actividades y responsabilidades, esas funciones "reguladoras" no aparecen por ningún lado. Lo que aparece como tarea principal del "ente regulador" es el otorgamiento de concesiones y licencias a los operadores privados, el procesamiento de las "quejas" de los usuarios y eventualmente, la imposición de "multas".
A diferencia de lo ocurrido con el sistema financiero, donde se establecen al menos requisitos básicos y regulaciones mínimas que deben cumplir los privados interesados en operar en la banca, con TELCOR lo único que de hecho se establece es un marco nada claro para "negociaciones" casuísticas entre los poderosos intereses privados transnacionales que pugnan por recibir concesiones y el gobierno y los legisladores involucrados.
En todo caso, aunque el Estado conservase alguna capacidad reguladora efectiva, cualquier intento de introducir consideraciones de rentabilidad social y de interés nacional en las decisiones, implicará conflictos de poder más o menos serios, pues chocarán con la lógica y los intereses que rigen las decisiones de los consorcios que administrarán y dominarán el servicio. Lo que más claro queda de la lectura de la ley propuesta por el gobierno es que el real objetivo de la privatización no es otro que dejar el campo libre libre de "regulaciones" a los consorcios internacionales que quieren operar en tan rentable campo.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica