Haití
Un año después del retorno de Aristide
Recién instalado el Parlamento, ya el país recibe fuertes presiones para que lo privatice todo y a favor de unos pocos. En el momento en que los haitianos han logrado por fin tener el control democrático de su país, ¿perderán el control económico sobre sus recursos?
Encuentro Haití-América Latina
A un año de la restauración del gobierno constitucional por las fuerzas de Naciones Unidas, los haitianos tienen ya en sus manos varios éxitos concretos. El retorno del gobierno que eligió el pueblo y con él, un Estado de derecho. El fin de los asesinatos brutales y de las masacres del régimen militar, con la oportunidad de vivir en una relativa seguridad. La disolución de las Fuerzas Armadas de Haití, históricamente represivas. La creación de una Policía Nacional dependiente del poder civil. Y la apertura de un nuevo espacio político para que millones de personas puedan organizarse, debatir, expresarse y asociarse libremente.
Frustraciones: la justicia y el modelo económicoA la vez, los haitianos experimentan serias frustraciones en dos áreas: la aplicación de la justicia y la participación económica. Organizaciones campesinas, populares, estudiantiles y laborales se movilizan en todo el país para reclamar al gobierno haitiano una serie de acciones concretas. Exigen que se ponga fin a la impunidad y a la corrupción y se asegure el enjuiciamiento de quienes violaron masivamente los derechos humanos durante los tres años de dictadura militar. Y quieren que se implemente y se desarrolle un modelo económico adecuado para Haití: en favor de la gran mayoría campesina y pobre, abierto al debate nacional y en un contexto anti monopolista de diversificación y democratización de la propiedad. Otra gran preocupación del pueblo haitiano porque amenaza el futuro democrático es que la mayor parte de las armas que pertenecían a las fuerzas armadas y a grupos paramilitares ilegales no han sido recogidas. El gobierno haitiano y las organizaciones de derechos humanos haitianas y extranjeras no cesaron de exigir a las fuerzas multinacionales de la ONU y de los Estados Unidos que confiscaran estas armas. Pero no lo hicieron.
Problemas con el FMIPara que el pueblo haitiano tenga el modelo económico que el país necesita, es necesario que Haití sea capaz de negociar su futuro económico con las instituciones financieras internacionales que hoy le exigen como a todos los países empobrecidos el ajuste estructural.
A principios de octubre de 1995 el gobierno de Haití se negó a firmar la carta de intención con las instituciones financieras internacionales hasta que en esta carta se negocien ciertos puntos. Con la firma de la carta de intención el gobierno haitiano iba a recibir del FMI 100 millones de dólares para apoyar la balanza de pagos y para importar productos básicos petróleo y alimentos con los que asegurar el funcionamiento del país. A cambio, se le exigían a Haití medidas de ajuste estructural, entre ellas la controvertida privatización de empresas del Estado. El nuevo año fiscal comenzó en Haití el primero de octubre y el gobierno tuvo que comenzar a funcionar sin el apoyo de las finanzas internacionales.
A la par, y tratando de forzar la privatización, la AID estadounidense suspendió otros 4.6 millones de dólares que ya tenía comprometidos con el gobierno haitiano y que estaban destinados a apoyar la balanza de pagos del pasado año fiscal.
La privatización exigida en la carta de intención se desviaba de las propuestas ya convenidas entre el gobierno haitiano y las instituciones internacionales. La preocupación principal del gobierno es asegurar que cualquier privatización de bienes del Estado sea decidida con los mecanismos propios de un proceso democrático y esté orientada a lograr la democratización de la propiedad y no su concentración en pocas manos.
¿Qué privatización?El plan presentado por el gobierno haitiano a los donantes internacionales en enero de 1995 en París establecía que;
La ley de privatización se debatiría en el Parlamento.
La privatización se llevaría a cabo en el marco de las reglamentaciones anti monopolistas aprobadas por el nuevo Parlamento.
Se harían esfuerzos especiales para asegurar la diversificación y democratización de las empresas estatales, evitando que estos recursos se concentraran en manos del pequeño grupo de personas que tradicionalmente ha monopolizado la economía haitiana. Evitar esta concentración es del mayor interés de los haitianos.
Para hacer recomendaciones sobre la privatización de 9 empresas estatales fue contratada la Corporación Financiera Internacional (CFI), filial del Banco Mundial. Pero, a pesar de las prioridades presentadas por el gobierno haitiano en París y en otras negociaciones, el CFI no ha definido ningún mecanismo claro que asegure que el derecho a la propiedad de estas empresas vaya a ser democratizado y no quede concentrado en un pequeño grupo del sector privado.
Tanto las organizaciones populares de Haití como los recientemente elegidos miembros del Parlamento han criticado la falta de transparencia en el debate sobre la privatización y han expresado su preocupación por la contradicción que significa que el país pierda control sobre su patrimonio nacional en el momento en que los haitianos han logrado por primera vez en su historia el control democrático de su país.
La realidad es dramática. El Parlamento recién instalado no ha tenido ni la oportunidad de debatir y aprobar la ley de privatización ni la legislación anti monopolista ni siquiera de conocer propuestas específicas con respecto a las empresas estatales, cuando ya arrecian las presiones internacionales para que Haití implemente aceleradamente el programa de privatización y otras reformas económicas en nada beneficiosas para la pequeña nación caribeña.
El nuevo ParlamentoEl nuevo Parlamento haitiano, que tiene ante sí tan tremendo desafío, fue instalado oficialmente el 18 de octubre por el Presidente Jean Bertrand Aristide y está compuesto por 27 senadores y 79 diputados.
Las prioridades del Parlamento en sus primeros días de trabajo son: la ratificación de las decisiones tomadas por el Ejecutivo mientras no hubo Legislativo, la ratificación de la Primera Ministra, Claudette Werleigh y de su plan de acción, la descentralización del país con el establecimiento de los Casecs, la formación de una Comisión de Conciliación encargada de resolver las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, el acuerdo sobre un Presupuesto Nacional, la preparación de las leyes orgánicas de los Ministerios y la disolución oficial de las Fuerzas Armadas.
Cumpliendo las previsiones que se hicieron durante el reciente proceso electoral, la plataforma política Lavalas coalición que incluye a tres partidos políticos y a varias organizaciones populares obtuvo la mayoría en las dos Cámaras. Además de los partidos y agrupaciones de la coalición Lavalas, otros 8 partidos políticos y algunos candidatos independientes obtuvieron representación en el Parlamento. A ellos hay que agregar otros 3 partidos, representados en 9 miembros del Senado, que formaron parte de la anterior legislatura.
OEA: ningún fraudeHa habido confusiones y desinformación sobre las elecciones parlamentarias y municipales celebradas en Haití el 25 de junio y sobre las votaciones complementarias que tuvieron lugar el 13 de agosto y el 17 de septiembre. Un documento de la Misión de Observación Electoral de la OEA del 13 de septiembre de 1995, aclara los malos entendidos y falsas acusaciones sobre estas elecciones. La OEA afirma categóricamente que no hubo ningún fraude en las elecciones de Haití: "A nuestro leal entender, ningún tipo de fraude organizado fue llevado a cabo por el Comité Provisional Electoral (CEP). Tampoco identificamos ningún intento por parte del CEP de favorecer a ningún partido en particular ni en las elecciones del 25 de junio ni en las complementarias del 13 de agosto".
La OEA aclara que la desorganización en el conteo de los votos apreciada en la oficina departamental del Oeste en la noche del 25 de junio no fue señal de fraude, tal como lo sugirió y lo declaró a los medios de comunicación Robert Pastor, del Centro Carter. "Lo que encontramos en la noche del 25 de junio fue un gran número de funcionarios electorales que únicamente trataban de completar su trabajo de conteo de votos y querían regresar a sus casas después de un largo día sin comer ni beber. Para un ojo inexperto aquello era una desorganización y un caos total. Pero quienes tienen experiencia en la realidad de Haití y tienen la habilidad de hablar creole los Observadores de la OEA MOE, entre otros presenciaron un esfuerzo creativo de los funcionarios electorales para concluir su tarea lo más eficientemente posible y en condiciones difíciles. Ningún Observador de la OEA MOE informó haber visto aquella noche ningún incidente de fraude. Hubo quizás algunos problemas técnicos, pero no hubo fraude."
La OEA afirma también que tampoco hubo un boicot significativo en las elecciones complementarias del 13 de agosto ni en la segunda vuelta del 17 de septiembre, a pesar de los llamados que hicieron en este sentido los portavoces de algunos partidos políticos. La Misión comprobó que de 126 candidatos parlamentarios sólo 6 decidieron no participar en la segunda vuelta. El resto de los candidatos desarrolló campañas electorales y envió representantes de sus partidos a las mesas electorales. Los observadores de la OEA monitorearon la participación de los candidatos y basaron sus conclusiones en sus declaraciones, en las campañas electorales que llevaron a cabo y en la presencia de representantes de los candidatos en las mesas electorales como observadores.
Partidos: tres familiasEl documento de la OEA hace un análisis de los 27 partidos políticos haitianos que participaron en las elecciones y los clasifica en tres categorías o "familias":
* La familia del 30 de septiembre de 1991, fecha del golpe militar. La componen 20 "partidos duvalieristas, neo duvalieristas y macutes o con tendencias derechistas conservadoras, que fomentaron, organizaron y aprobaron el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del Presidente Aristide". Los partidos incluidos en esta categoría son: ALAH, FULNH, MDN, MKN, MODEJAH, PADH, PAIN, PANPRA, PAPP, PDCH, PLR BC, PNR, PNCH, PNT, PSR, RDC, RDNP, UPD, UPAN y UPDC. Todos los observadores nacionales e internacionales predijeron un firme rechazo del electorado a los partidos que apoyaron al régimen golpista.
* La familia del 15 de octubre de 1994 fecha del retorno del Presidente Aristide a Haití , los que lucharon pacíficamente por la restauración del orden constitucional y por el regreso físico de Aristide. Pertenecen a esta categoría: el FNCD, el KONAKOM y Lavalas tal como estaba constituida en 1991. De acuerdo al análisis de la OEA, el FNCD y el KONAKOM, frustrados por los resultados de junio que favorecieron masivamente a la coalición Lavalas unieron fuerzas con los partidos de la familia del 30 de septiembre exigiendo la anulación de las elecciones.
* La familia del 25 de junio de 1995 fecha de la primera vuelta de las elecciones, que agrupa a partidos cuyos miembros fueron elegidos para formar el nuevo Parlamento.
En el documento preparado antes de conocerse los resultados finales, la OEA predice un éxito rotundo de la coalición Lavalas. Pronostica también un posible triunfo en ciertos distritos de candidatos del FNCD y del KONAKOM, el fracaso probablemente total de los candidatos duvalieristas y el triunfo de candidatos independientes, con su consiguiente libertad para hacer alianzas.
El documento de la OEA finaliza haciendo hincapié en la capacidad organizativa y democrática que ha demostrado el pueblo haitiano a pesar de tantos años de dictaduras: "Con respecto a los comentarios hechos o sugeridos por observadores internacionales sobre la incapacidad de los haitianos para organizarse democráticamente y para aceptar las reglas de la democracia, debe recordarse que este pueblo, que en un 80% es analfabeta, ha desarrollado una conciencia social y política notable durante los últimos quince años."
Casecs: trascendentalesSi nuevo es el Parlamento, el más novedoso y significativo de los cambios políticos es la instalación de los nuevos gobiernos municipales. Históricamente, la única presencia del Estado en la provincia era la oficina de impuestos y el puesto militar, reflejándose en esta realidad las únicas funciones que tenía el gobierno: reprimir a la población y absorber sus recursos. Los jefes de sección actuaban como dictadores locales, empleando paramilitares para aterrorizar a la población. Eran generalmente los dueños de las tierras regionales y tenían absolutamente centralizados todos los poderes: administrativos, judiciales y militares, dependiendo únicamente de la máxima autoridad militar nacional.
Hoy, los representantes locales recientemente elegidos buscan establecer un poder local que responda a las necesidades locales. El municipio está por primera vez administrado por un Consejo Municipal, el Casec, integrado por tres miembros elegidos por sufragio universal cada cuatro años y con un alcalde al frente. La implantación del sistema de Casecs para la administración rural es seguramente la acción más trascendental de las que se han tomado para construir la democracia en Haití.
Los nuevos Casecs ya asumieron sus funciones en todo el país. Se enfrentan a enormes desafíos para llevar adelante los cambios que son imprescindibles para mejorar la situación nacional y favorecer la participación ciudadana. Carecen de recursos financieros y materiales, les falta entrenamiento técnico y administrativo y también infraestructura. No cuentan ni con archivos públicos. Prácticamente ninguna municipalidad del país recauda suficientes impuestos para cubrir siquiera el mínimo de sus operaciones. Es necesario ahora canalizar recursos financieros, técnicos y humanos hacia las zonas rurales para resolver las necesidades locales. Y es imprescindible establecer los mecanismos para que el gobierno nacional recaude y desembolse fondos a los gobiernos municipales y para que desarrolle a nivel local programas de capacitación técnica en planificación, administración y extensión agrícola.
El nuevo Parlamento deberá debatir y aprobar una ley que regule la organización y la actividad de las nuevas asambleas territoriales con la que descentralizar el poder y desconcentrar los servicios públicos. Esta ley deberá definir con claridad la nueva relación entre el Estado y los municipios y deberá asegurar las autonomías regionales.
¿USA no quiere justicia?A pesar de los recursos financieros y técnicos acordados para apoyar la reforma judicial de Haití y de acuerdo a varias fuentes, el gobierno de Estados Unidos no ha brindado apoyo efectivo para que se realicen procesos judiciales a los responsables de los 5 mil asesinatos y los masivos abusos contra los derechos humanos que ocurrieron durante los tres años del gobierno golpista.
El periódico haitiano en lengua creole Libhte (Libertad), en un artículo titulado "Quién bloquea el aparato judicial" señala en su edición del 4 10 de octubre que el gobierno de Estados Unidos es responsable de que no se lleve a juicio a los principales golpistas: Raúl Cedras, Michel François, Emmanuel Constant, Louis Jodel Chamblain, Marcel Morissaint, Gros Fanfan, etc. Pretende con esto mantener en la oscuridad la trama que rodeó el golpe de Estado y en la que estuvo involucrado el gobierno estadoundiense.
Por otra parte, un artículo de InterPress Service del 10 de octubre de 1995 informa que el Pentágono se ha negado a entregar unas 60 mil páginas de documentos incautados por las tropas norteamericanas que invadieron el país en 1994 en las oficinas del grupo paramilitar FRAPH. Creado en 1993, el FRAPH organizó y participó en gran número de asesinatos, torturas, detenciones ilegales y violaciones sexuales durante el régimen golpista.
De acuerdo al abogado especialista en derechos humanos, Michel Ratner, estos documentos tendrían información crucial sobre quién financió al FRAPH y sobre los numerosos actos de tortura y asesinatos de los que se acusa a sus miembros, información que sería de gran ayuda para la Comisión Nacional de Verdad y Justicia que está examinando lo sucedido durante los tres años del régimen golpista.
Haití no es un basureroOtra responsabilidad tiene pendiente Estados Unidos en Haití. Ocho años después de que entre 2 y 4 mil 500 toneladas de cenizas tóxicas, provenientes de incineradores municipales de Filadelfia, fueran depositadas en Gonaives, los Estados Unidos siguen negándose a retirarlas de Haití.
El 2 de octubre, militares estadounidenses se trasladaron a Gonaives, al lugar en que se encuentra un depósito de hormigón abierto que contiene estos peligrosos desechos. Pero no llegaron para decidir el retiro de las cenizas como esperaba el gobierno y todos los haitianos que se preocupan por el medio ambiente , sino sólo a estudiar la posibilidad de construir un nuevo depósito para mantenerlas allí. Los militares insistieron en que estas cenizas no contienen materiales tóxicos.
Desde que el carguero "Khian Sea" descargó la basura tóxica de Estados Unidos en las playas de Gonaives en diciembre de 1987, después de buscar durante un año un lugar en el Caribe para arrojarla, los habitantes de Gonaives han sufrido sus efectos. A pesar de que "Greenpeace" y la propia Agencia de Protección Ambiental del gobierno de los Estados Unidos concluyeron, después de analizarla, que esta basura era altamente peligrosa, el gobierno militar del General Henry Namphy permitió que fuera descargada en Haití.
Desde entonces, el material está afectando la vida marina de la zona y la de otros animales como las cabras , que pastan en la zona contaminada. Y perjudica la salud de los 5 mil residentes del lugar elegido como basurero. Los habitantes de la zona tienen prohibido usar la sal de los secaderos locales y no pueden pescar ni para su consumo ni para el comercio.
Organizaciones locales y nacionales haitianas, junto a organizaciones internacionales, han presionado al gobierno de Estados Unidos. Cuarenta de estas organizaciones publicaron un campo pagado de una página en un diario haitiano durante la visita del Presidente Clinton a Haití pidiéndole que mantenga su compromiso con el medio ambiente y con una orden ejecutiva mande a retirar las cenizas tóxicas. Las organizaciones también demandaron que los Estados Unidos ratifique la Convención de Basel, que prohibe que los países del Norte utilicen a los países del Sur como basureros de sus desechos tóxicos.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica