Nicaragua

La gobernabilidad en la hora de Nicaragua

La sentencia contra Agustín Jarquín, Contralor General de la República, y su encarcelamiento, generaron una montaña de declaraciones y de pronunciamientos. Destacamos -por sus conceptos y por sus propuestas- este texto, firmado por Carmelo Angulo, Representante Residente del PNUD en Nicaragua.

Carmelo Angulo

El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nicaragua ha insistido en los últimos años en que para alcanzar un desarrollo sostenible centrado en las personas en Nicaragua, la gobernabilidad y la lucha contra la pobreza son ejes medulares que deben acompañar en pie de igualdad a la estabilidad macroeconómica.

Aunque el concepto de gobernabilidad pudiera parecer a primera vista un término poco preciso, se ha ido creando un consenso a escala mundial que lo define como el conjunto de valores, leyes, instituciones y reglas de convivencia que permiten a una sociedad resolver de manera pacífica y ordenada las tensiones y conflictos de intereses que pueden ocurrir entre los poderes del Estado, entre éstos y los ciudadanos y en la propia esfera privada.

La gobernabilidad incluye al buen gobierno, entendido como transparente y eficiente, y un Estado de Derecho que establece el equilibrio, la independencia de poderes, la existencia de una justicia profesional, independiente y accesible a todos, así como la presencia de los necesarios instrumentos de fiscalización y supervisión pública (Contralorías, Superintendencias, Defensorías Públicas, etc.). También son elementos claves de la gobernabilidad la búsqueda de la cohesión social, la participación ciudadana y la descentralización, como metas que fomentan la igualdad de oportunidades y las políticas concertadas que permiten acelerar el progreso humano y hacerlo más armónico.

La gobernabilidad es así un proceso inclusivo que no sólo atañe a la eficiencia, la legalidad, la legitimidad o la transparencia de la administración gubernamental, sino que incluye una relación constructiva entre gobernantes y gobernados, un reparto equitativo y equilibrado de competencias y atribuciones entre las instituciones, y una voluntad colectiva de hacer más justas nuestras sociedades.

En países que como Nicaragua han atravesado por largos y dolorosos procesos de confrontación, y que transitan hacia modelos de convivencia pacífica estables, la gobernabilidad es un difícil y largo proceso cuyo perfeccionamiento permite pasar de la estructura básica de la democracia formal hacia una democracia plena, en donde no sólo imperan las leyes sino también su estricto cumplimiento, tanto en las instituciones como en la vida cotidiana de la gente. Esto supone de parte de todos esfuerzos notables de generosidad, espíritu de diálogo y, sobre todo, saber mirar sin personalismos hacia adelante en un esfuerzo estratégico para conformar una nación no sólo joven por edad sino ansiosa de cambios profundos. En este sentido, las instituciones deben estar más al servicio de la gente que de opciones políticas concretas.

Eso es lo que esperan la mayoría de los nicaragüenses y la comunidad internacional, basados en los comopromisos adquiridos por el Gobierno y la sociedad civil en los Grupos Consultivos de Ginebra, Washington y Estocolmo, en donde se habló fundamentalmente de TRANSFORMAR el país hacia una sociedad más justa, más competitiva y eficientemente gobernada. En ese contexto, me atrevo con todo respeto a sugerir alguna ideas que podrían servir para pensar constructivamente en un salto ordenado que permitiera aprovechar el momento como una OPORTUNIDAD para todos:

1. Se podría pensar en una reunión ad-hoc de las cabezas de los poderes del Estado y de los órganos de fiscalización y supervisión para buscar los compromisos políticos y presupuestarios que les permitan fortalecerse mutuamente, recuperar plenamente sus perfiles constitucionales y eventualmente crear mecanismos de consulta y colaboración interinstitucionales como existen en otros países.

2. Sería razonable plantear desde el Gobierno, de acuerdo con los compromisos de Estocolmo, y con el máximo respaldo posible, un plan frontal de lucha contra la corrupción, que además de leyes produzca un sistema de controles, indicadores y sanciones que permita combinar principios éticos con mecanismos precisos y verificables de compras públicas, contratación de créditos, eliminación de regalos a funcionarios, exigencia de declaraciones anuales de probidad y de acceso de la ciudadanía a la justicia vía Ley de lo Contencioso- Administrativo. La puesta en marcha de un régimen de servicio civil profesional vendría a facilitar y a dar la necesaria continuidad a estos esfuerzos.

3. Reconociendo la existencia de un diálogo entre las dos principales fuerzas políticas del país, cabría ampliar la agenda de discusión a los temas estratégicos de desarrollo e incorporar otros sectores claves de la vida nacional, utilizando con asiduidad e impacto escenarios de consulta y concertación nuevos o los ya creados, como el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES) y el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social.

En estos espacios de dialogo sería mucho más fácil encontrar, en el marco legal y del respetuoso accionar de las instituciones, soluciones equitativas al delicado caso de la Contraloría, que daña la imagen de Nicaragua y pone en riesgo una institución clave para la credibilidad de la democracia.

Las percepciones, que tanto cuentan desde cualquier latitud, hacen difícil entender la imagen de un Contralor en prisión, porque independientemente de la falta o delito que pueda haber cometido, se está juzgando una actitud general que algunos ciudadanos y donantes han entendido como independiente y de fomento de la transparencia. Tampoco es fácil para el gobierno y otros ciudadanos y donantes, aceptar actitudes, que pueden interpretar como electoralistas, las emanadas desde un órgano de control que se pretende neutral e imparcial en el juego político.

Parecería necesario, en consecuencia, retomar las funciones genuinas y devolver el perfil constitucional a cada institución responsable de garantizar el Estado de Derecho. Y si hiciera falta redefinir el perfil de alguna institución, esto debe hacerse en aras de reforzar su capacidad operativa y su independencia.

A la dificultad en lograr esto se debe la preocupación de la comunidad internacional, que lleva más de dos décadas trabajando con el pueblo y las instituciones de Nicaragua a través de diferentes canales. A menudo se olvida que detrás de los donantes hay sociedades, grupos organizados y ONG de diversas características que contribuyen al desarrollo de otros pueblos lejanos con sus impuestos y aportaciones voluntarias y que presionan en sus países solicitando eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.

Aunque se cuestione desde algunos sectores, el camino del alivio de la deuda y el logro de una mayor independencia de la cooperación externa son caminos paralelos. La independencia económica de Nicaragua pasa necesariamente primero por la condonación de su deuda externa. La concertación de la HIPC con la comunidad internacional, aunque no sea un camino fácil inmediato, puede traer no sólo la reducción sustantiva y definitiva del servicio de la deuda sino los necesarios recursos frescos para hacer frente a las profundas transformaciones políticas y sociales demandadas por amplias capas de la población. La gobernabilidad, presentada en Estocolmo como el eje de la transformación, se convierte así en una garantía de estabilidad, ya que fortalece la institucionalidad y la seguridad jurídica, favorece la reducción de las desigualdades y mejora la competitividad de Nicaragua. La relación entre gobernabilidad y reducción de la pobreza es simbiótica: la gobernabilidad favorece la lucha contra la pobreza tanto como la reducción de la pobreza facilita la gobernabilidad.

A los organismos financieros internacionales y a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, que nos debemos a los Estados receptores de la ayuda y a los donantes, nos toca ofrecer ideas e instrumentos que restauren la confianza entre los nicaragüenses y entre éstos y la comunidad cooperante, de tal manera que se puedan enfocar adecuadamente y financiar ventajosamente las grandes transformaciones que los cinco millones de nicaragüenses reclamaban para el próximo siglo.

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