Reflexiones necesarias ante la política de comunicación del nuevo gobierno

¿Qué política adoptará el nuevo gobierno con la publicidad de las instituciones estatales? ¿Y cuál adoptaron los gobiernos anteriores? ¿Por qué pueden convertirse en un boomerang las decisiones de la responsable de comunicación del nuevo gobierno Rosario Murillo? ¿Cuál es la situación actual de los medios y de los periodistas en Nicaragua? ¿Y cuál es hoy la mayor riqueza de nuestros medios de comunicación?

William Grigsby

Como en tantas otras áreas, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene ante sí una oportunidad de oro: sentar las bases para que por primera vez en la historia de nuestro país exista una política de comunicación del Estado. Puede hacerlo a su manera, y simplemente imponerla. O puede hacerlo con el concurso de los comunicadores, de los trabajadores de la información social. En este caso, los empresarios de los medios serían simplemente una voz más, ya que sus intereses no tienen por qué participar como los determinantes.

UN PASTEL PUBLICITARIO
MUY DESIGUALMENTE REPARTIDO

La decisión de Daniel Ortega de centralizar en la Presidencia toda la publicidad de todos los ministerios e instituciones dependientes del Ejecutivo, equivalente a 90 millones de córdobas (casi 5 millones de dólares), estremeció el sector empresarial de los medios de comunicación. Algunos dueños alzaron su voz acusando al Presidente Ortega de querer imponer la censura mediante el chantaje publicitario. Los propietarios de radionoticieros advirtieron que esa medida significaría su cierre. Los partidos de la derecha llevaron agua a su molino denunciando la supuesta vocación totalitaria del nuevo gobierno. Y poderosos empresarios dijeron sentirse consternados por la medida.

Pero, ¿ha habido algún gobierno en Nicaragua que no haya usado la publicidad estatal para premios y castigos? ¿Alguna vez ha sido democrática la distribución de la publicidad estatal? ¿Pautan los empresarios sus anuncios de acuerdo a un “criterio profesional, apolítico y sin condicio¬namientos”? En mi experiencia, esto nunca ha ocurrido. Jamás ningún gobierno ha tenido otra política de comunicación que la de favorecer a los medios y periodistas que aplauden sus medidas. Y lo mismo digo de los empresarios, sin importar su signo político. Y si no, repasemos la situación de nuestros medios y de sus comunicadores, y exploremos algunos antecedentes.

El diario digital El Financiero publicó recientemente que, de acuerdo con la firma de auditorías publicitarias MediaGurú, en el año 2006 seis medios de comunicación con¬centraron casi el 78% de la publicidad generada desde el Estado. Del gasto estatal en publicidad estatal, el 58.4% fue a dar a la televisión, el 25.5% a los diarios impresos y el resto a la radio y otros medios. Según MediaGurú, el Canal 2 recibió 1 millón 140 mil dólares; el diario La Prensa, 790 mil dólares; el Canal 10, 730 mil; el Canal 12, 720 mil; “El Nuevo Diario”, 650 mil; el Canal 8, 620 mil. Y entre todas las radios del país (más de 200), los canales locales de televisión (más de 40), semanarios, revistas y otros medios impresos, 1 millón 330 mil dólares. Se demuestra que la distribución es, por lo menos, desigual.

EL INVENTARIO

En el país funcionan dos diarios de circulación nacional, con 80 mil ejemplares como promedio de circulación cotidiana entre ambos; un diario local (Managua); cinco canales de televisión abierta, tres en UHF y más de 40 canales locales distribuidos por redes de TV por cable; dos boletines de suscripción, 160 emisoras en frecuencia modulada y un poco más de 30 en amplitud modulada; dos semanarios y diez o doce revistas mensuales con tirajes de entre 500 y 2 mil ejemplares. De acuerdo con el censo de población de 2005, 91 de cada 100 hogares posee al menos un radiorreceptor y 59 de cada 100 posee por lo menos un televisor.

Si analizamos la tendencia política, en televisión y en prensa escrita los sandinistas tienen escasa influencia. En cambio, en las radioemisoras, las más escuchadas y las de mayor influencia son sandinistas, pero no son mayoría en cantidad, pues cuando mucho el 15% son propiedad de empresarios o colectivos sandinistas.

UNA MEDIDA ESTATAL
PARA ACABAR CON LOS MEDIOS SANDINISTAS

A lo largo de tantos años la real influencia de los medios sandinistas ha causado la irritación de los sectores más atrasados de la derecha criolla. En octubre de 1996 la campaña electoral estaba en lo fino. Todos los medios ya habían tomado partido y, aunque había más de 20 candidatos presidenciales que competían en las elecciones de noviembre, la disputa era entre Daniel Ortega y el saliente alcalde de Managua Arnoldo Alemán. Casi todas las televisoras habían optado por Alemán. El diario “La Prensa” encabezaba la feroz campaña antisandinista que favorecía claramente al candidato del rejuvenecido Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Los sandinistas estaban atrincherados en decenas de radioemisoras en todo el país, en los noticieros del Canal 4 y en “El Nuevo Diario”.

Los seis años precedentes habían sido de intensas luchas callejeras: huelgas de empleados públicos, de maestros, de trabajadores de la salud, de transportistas, de estudiantes y en cada oportunidad los medios se habían dividido también en bandos: unos a favor y otros en contra. De hecho, cada medio parecía un órgano de propaganda del bando escogido. En unas batallas, el gobierno había logrado vencer -contra los maestros, por ejemplo- y en otros, los sectores gremiales -los transportistas- habían logrado sus demandas. En cada una de aquellas memorables luchas populares, las radios sandinistas jugaron un rol fundamental. La derecha lo sabía y estaba profundamente disgustada.

Uno de sus principales voceros en aquel entonces, el periodista y empresario Carlos Briceño, utilizó su programa televisivo “Porque Nicaragua nos importa”, para lanzar una sentencia: los empresarios y los partidos “democráticos” deben entender que los sandinistas han logrado sobrevi¬vir porque tienen medios de comunicación, sobre todo radio¬emisoras, y una de las maneras de acabar con los sandinistas es acabar con sus medios. Y desde aquella tribuna, Briceño pedía a los empresarios no pautar su publicidad en ningún medio de comunicación vinculado a los sandinistas.

En enero de 1997, Briceño fue nombrado por Arnoldo Alemán su Secretario de Comunicación. De inmediato, tomó medidas para hacer realidad su genial idea de acabar con los sandinistas. De un solo tajo, cortó toda la publicidad estatal a todos los medios propiedad del Frente Sandinista o sospechosos de ser sandinistas. Bajo la administración de Briceño, el gobierno de Alemán entregó la publicidad de todas las instituciones estatales a sólo cinco agencias publicitarias afines al liberalismo, que a su vez la estarían pautando en los medios afines al liberalismo. La medida se hizo sin licitación pública y fue muy criticada, porque afecta la libertad de expresión (sin anuncios estatales muchos radiope¬riódicos empezaron a quebrar) y porque los medios afines al liberalismo no son precisamente los que más lee, escucha o mira la población, decía Envío en septiembre 1997.

DESPIDOS, CIERRES, QUIEBRAS, VENTAS...

La política de incomunicación de Alemán probó ser inútil. Los medios sandinistas logramos sobrevivir desde 1990 sin la publicidad gubernamental. En el caso de Radio La Primerísima, por ejemplo, ya desde antes, el gobierno de Violeta de Chamorro y de su yerno Antonio Lacayo había ordenado expresamente no concedernos una sola pauta publicitaria. Y me consta que lo mismo hizo Lacayo con casi todas las radioemisoras sandinistas de todos los departamentos del país y con el diario “Barricada” a partir de noviembre de 1994, cuando asumió la dirección del periódico del FSLN Tomás Borge.

En septiembre de 1997 el periodista Adolfo Pastrán Aran¬cibia escribió un informe sobre “La situación de la prensa en Nicaragua”. En él hacía este resumen: El nuevo gobierno destituyó a todos los periodistas que trabajaban como voceros en dependencias públicas, suspendió la publicidad estatal en los medios que no comulgan con el gobierno y la centralizó en tres agencias afines al Presidente (Arnoldo Alemán). También fue cerrado por supuesta quiebra el Canal 6 de televisión, porque la mayoría de los trabajadores eran simpatizantes del Frente Sandinista, y envió al desempleo, sin indemnización alguna, a 150 personas.

Decía también: Recientemente Alemán ordenó el cierre definitivo de la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República (DICS), y el despido de sus 60 trabajadores. El vocero presidencial es Carlos Briceño, propietario del Canal 8 de televisión, quien influye en los ministerios para que contraten publicidad en su empresa. Las restricciones a la publicidad en otros medios han provocado el cierre de 20 de los 65 radioperiódicos que se transmitían anteriormente, mientras que un noticiero de televisión afín al FSLN redujo su personal a la mitad debido a la falta de anuncios estatales.

Por otra parte, el Ministerio de Finanzas investiga los estados financieros y contables de todas las emisoras que no apoyan abiertamente las políticas del gobierno liberal. En mayo, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), afín al gobierno, invitó a sus empresas afiliadas a suspender toda publicidad en los medios considerados “de izquierda” y a apoyar a los “democráticos”. Mientras tanto, Radio Corporación, identificada con el gobierno y cuyos dueños se han declarado de la “línea dura de la derecha”, llama a los empresarios a “hacer patria” anunciándose tan sólo en medios gobiernistas. Ante la falta de publicidad estatal, algunos empresarios están negociando la venta de sus estaciones de radio a antiguos colaboradores de Somoza, quienes llegan de Estados Unidos para comprar las emisoras en dificultades.

“CON ESE MISMO MECATE TE AHORCARÁN”

En su informe, Pastrán cita el comunicado emitido en mayo de aquel año 1997 por el COSEP, que asumió como propia la filosofía de Briceño e hizo circular entre todos sus miembros una carta en la que les pedía no pautar ninguna publicidad de sus empresas en los medios “de izquierda”. En su desafortunada carta, escribía el COSEP: Empresario: por una tolerancia tuya o de la agencia publicitaria, no te conviertas en cómplice de la izquierda, ni seas artífice de tu propia destrucción. Con el mecate que les suministras, con ese mismo te ahorcarán. El principal promotor de aquél panfleto fue Reynaldo Hernández, en aquel entonces presidente del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE).

Briceño duró en su puesto menos de un año. Y al salir, fue víctima de su propia política. Apenas empezó a criticar al gobierno de su ex-amigo Alemán en su canal de televisión, el Presidente lo hostigó con distintos instrumentos: desde la persecución fiscal hasta el cese total de la publicidad gubernamental.

AÑOS 80:
SÓLO QUEDARON CINCO

Durante el gobierno sandinista de los años 80 tampoco hubo una política diferente. A partir de la imposición de la censura como reacción a la “guerra de baja intensidad” lanzada por la administración Reagan, docenas de radiope¬riódicos manejados por veteranos periodistas desaparecieron, tanto porque no podían transmitir informaciones que afectaran la política nacional de defensa frente a la agresión, como porque no tenían publicidad ni estatal ni privada. La mayor parte optó por el exilio o aceptó trabajos asalariados en medios de comunicación oficiales. Y sólo unos cuantos, cinco para ser exactos, fueron autorizados a reabrir sus radioperiódicos, bajo un moderado control político y con financiamiento parcial del Estado.

PODEROSO “CENSOR” ES DON DINERO

Los grandes empresarios del país son especialistas en saber elegir los medios adonde no quieren anunciarse. Saben repartir palo y zanahoria. Un ejemplo. Hace tres años, miles de cañeros denunciaron que en el Ingenio San Antonio, propiedad de la más opulenta familia del país, los Pellas, el agua había sido contaminada por los pesticidas utilizados para el cultivo de la caña de azúcar. Como resultado, centenares de familias enteras padecen hoy enfermedades renales graves.

Giorgio Trucchi, un activista de los derechos humanos residente en Nicaragua desde hace muchos años, lo documenta así: “Según los cañeros, los ríos y el manto acuífero del Ingenio han sido contaminados de manera irreversible y esto ha provocado una verdadera epidemia de Insuficiencia Renal Crónica, resultando 1,383 personas fallecidas (hasta febrero de 2006), con un promedio de 46 muertos mensuales, y la presencia, hoy día, de miles de afectados, que fueron despedidos por la empresa o rechazados al momento de presentarse para trabajar en la zafra”.

En 2004 y 2005, centenares de cañeros desahuciados caminaron los 135 kilómetros que separan Managua de Chi¬nan¬dega, zona del Ingenio, y durante semanas se instalaron en champas de plástico negro frente a la sede de la Asamblea Nacional en la capital. Para saber por qué protestaban no había ni siquiera que viajar expresamente al lugar de los hechos, pues los mismos reporteros que cubren la actividad parlamentaria podían caminar tan sólo 200 metros y conversar con cualquiera de ellos. Nadie lo hacía. Los grandes medios preferían ignorarlos o manipular la información privilegiando la versión de los patrones. Ninguno de los dueños de los medios estaba dispuesto a poner en riesgo los suculentos contratos publicitarios de las empresas del grupo Pellas: ron Flor de Caña, Toyota, Credomatic, cerveza Victoria, Banco de América Central, etc. Los dueños de radioperiódicos tampoco desafiaron al patrón de patrones.

Un suceso más reciente: la hija mayor del jefe del emporio Pellas se casó el 17 de febrero en Managua. Su padre le obsequió una fiesta de proporciones faraónicas. Cerró un hotel por quince días, importó flores de Colombia y Costa Rica, trajo de Miami mercadería para la ocasión, contrató a artistas internacionales. Gastó un millón de dólares. Pero ningún medio osó denunciar semejante inmoralidad en el país más empobrecido del continente. Poderoso caballero es don dinero.

LA CENSURA DE LAS EMPRESAS-MEDIOS

Las propias empresas–medios son también cuna de injusticias. En casi todas están prohibidos los sindicatos. La política salarial está construida sobre la base del premio y el castigo, según la lealtad ideológica y personal al patrón, o al jefe inmediato, más que basada en la calidad de los comunicadores o de sus informaciones. Con frecuencia cotidiana, los dueños de los medios prohíben a los periodistas publicar informaciones que perjudiquen los intereses de alguno de sus clientes, aunque sólo se trate de un accidente de tránsito.¬

Esos mismos propietarios han logrado que durante estos años de “democracia”, la Asamblea Nacional no apruebe una ley de salario mínimo para los periodistas. También vetaron el artículo más importante de la Ley del Colegio de Periodistas, aquél que obligaba a todos los medios a contratar sólo a periodistas con título universitario o con experiencia de al menos cinco años, acreditada por el propio Colegio.

En Nicaragua estamos acostumbrados a identificar a los medios por su inclinación política y a veces, por su opción ideológica. Pero desde mediados de los años 90 el país asiste a un silencioso proceso de cambio en la propiedad de los medios, que ha terminado también por hipotecar la política informativa y editorial de periódicos como “La Prensa” o de canales de televisión como el 2 y el 10, por citar sólo unos cuantos. Los factores políticos e ideológicos están ahora subordinados a los intereses de sus dueños o de sus socios en sus otras empresas. Y los venden al mejor postor.

El mejor ejemplo es el caso de los Certificados Negociables de Inversión (CENI), en los que se expresa actualmente la ilícita deuda interna derivada de la quiebra fraudulenta de varios bancos en el año 2000, priorizando en el presupuesto nacional su pago a costa del gasto social. Mientras “El Nuevo Diario” hizo una extraordinaria investigación para demostrar la descomunal estafa que nos hicieron los banqueros, el diario “La Prensa” prefirió el silencio primero y la burda manipulación después: al fin y al cabo, dos de sus directivos también son socios de dos de los bancos beneficiados con los CENI.

SALIR EN LA TELEVISIÓN: EL SUEÑO DE MUCHOS

En materia de medios de comunicación, la clase dirigente criolla -políticos, empresarios y hasta los grandilocuentes analistas- es provinciana: les encanta verse en la televisión o al menos que los vean en una fotito en los periódicos. No les importa cuánta gente los ve ni si logran comunicar su pensamiento. No hay conferencia de prensa que empiece si no está la televisión o, cuando menos, unos cuántos fotógrafos. Por eso también es que las radios viven marginadas de los presupuestos publicitarios, menospreciadas por la mayoría de los políticos y empresarios y relegadas por casi todos los funcionarios públicos. Sus periodistas son poco menos que menesterosos y si alguna vez conceden una entrevista o alguien contrata sus servicios publicitarios, es porque quiere hacerle un favor a quien se los solicita.

LA MAYOR RIQUEZA DE NUESTROS MEDIOS

Puede parecer una verdad interesada o una afirmación sin base académica, pero los hechos demuestran que entre los ciudadanos del campo y de la ciudad la radio es el medio más influyente y el de mayor cobertura. También es el más diverso: amén del entretenimiento musical, usted puede sintonizar en el dial palabras que van desde las de cristianos fundamentalistas hasta las de ateos convencidos, noticieros de hechos sangrientos y foros analíticos, con la gama más amplia posible de opciones políticas. Puede usted escuchar una radio comunitaria hecha por aprendices o una emisora comercial con enlatados extranjeros. Es esa diversidad la mayor riqueza mediática de Nicaragua.

EN TIERRA DE “VENADOS”
Y DE DESEMPLEADOS

También es cierto que algunos sectores del periodismo nacional y de las empresas mediáticas han relegado su misión de informar situando como su primer objetivo el obtener recursos: para sobrevivir en unos casos y en otros, para incrementar sus ganancias. El “venado” -la información pagada- ya no es excepcional ni motivo de vergüenza. Abundan los periodistas de cualquier especialidad que venden una cuña publicitaria por 800 córdobas -o por una caja de ron- y además de pautar el anuncio cubren cuanta entrevista o comparecencia realiza el funcionario o el empresario que les pagó y contrató sus servicios, sin cuestionar sus afirmaciones ni mucho menos sus actuaciones.

La situación gremial del periodismo es también calami¬tosa. Hay un desempleo abierto de más del 30%, un subempleo de alrededor del 34% -trabajan a cambio de un anuncio- y entre quienes tienen una plaza fija el salario promedio equivale a 350 dólares mensuales. Muchos periodistas no tienen seguridad social ni derechos laborales y casi ninguno tiene acceso a capacitación para actualizar sus conocimientos. Con todo esto, el amor propio de los periodistas y de las periodistas ha sido reducido a la mínima expresión.

Para dicha de los empresarios mediáticos, la mayor parte de los comunicadores no tiene interés en organizarse o tiene miedo de hacerlo. Entre las nuevas generaciones prevalece la indiferencia, la cautela para no enojar al patrón y la decepción después de tantas experiencias en donde quienes son designados dirigentes gremiales aprovechan sus cargos para favores políticos y enriquecimiento personal. Entre los veteranos, el principal obstáculo es el “adonismo”: todos nos creemos los mejores, los más indicados para ser los presidentes de cada gremio.

Mejorar las condiciones laborales del periodismo nacional no depende ni del gobierno ni de los empresarios, sino de los propios periodistas. El gobierno tampoco es responsable de cambiar la mentalidad de la política que llevan adelante los empresarios para adquirir servicios publicitarios. Pero en ambas cosas el gobierno podría dar el ejemplo en el ámbito que le corresponde.

BUENA POLÍTICA ESTATAL:
PROTEGER Y PROMOVER LA DIVERSIDAD

Obviamente, el gobierno tiene derecho a decidir si quiere o no anunciarse. Pero desde mi punto de vista, más allá de las necesidades políticas o institucionales, legítimas o no, la piedra angular de la política de comunicación del gobierno debe ser la protección y promoción de la diversidad, tanto en su régimen de propiedad como en su personalidad como medio. Es la mejor manera de garantizar el ejercicio universal de la libertad de expresión.

Si se aplica este criterio esencial, es inevitable invertir los destinos de la publicidad estatal hasta ahora vigentes. Por ejemplo, ya no será posible favorecer a los medios de Managua por encima de los departamentales. O a los diarios a costillas de las radios. O a los canales de TV nacional a expensas de los locales.

Otro factor de igual relevancia es privilegiar a aquellos medios singulares en su personalidad o en su régimen de propiedad o en su ámbito geográfico. Si se trata de radio, garantizar pautas publicitarias para la radio de las mujeres de Mulukukú o para la de los mískitos en Bilwi o para la de las cooperativas en Jalapa. O para una radio de niños y niñas, aunque esté en Managua. O para un semanario de Matagalpa. O para un canal de TV local en Nueva Guinea. O para un noticiero en una radio religiosa. El objetivo es que subsistan, se fortalezcan y sigan al servicio de sus comunidades.

Esos podrían ser algunos qué para inaugurar una política gubernamental de publicidad. El cómo será de igual relevancia. Está por verse cuán sensible será el gobierno para escuchar opiniones y para saber incorporarlas a su propuesta.

LOS ACUERDOS DEL DÍA DEL PERIODISTA

Algunos de esos “qué” fueron incorporados el 1 de marzo, Día Nacional del Periodista, a un apresurado acuerdo firmado a bocajarro por Daniel Ortega y Rosario Murillo con los recién electos dirigentes del Colegio de Periodistas, quienes -probablemente porque no estaban preparados para la oferta del gobierno- asumieron como propias las funciones de los sindicatos y uniones gremiales.

Entre otros puntos, el gobierno accedió a ejecutar una distribución justa de la publicidad estatal para los pequeños y medianos empresarios de radio, prensa escrita, programas de televisión y medios electrónicos a nivel nacional. El problema es quién y bajo qué parámetros determinará lo que es justo.

Otros acuerdos son: otorgar seis horas diarias de tiempo radial en la emisora oficial del Estado para realizar programas independientes de los afiliados al Colegio; crear un “fondo social” de un poco más de 3 millones de córdobas (unos 160 mil dólares) para ayudar a periodistas desvalidos con los dineros públicos que administra la bancada del FSLN;promover políticas públicas que generen beneficios y estabilidad laboral a los y las periodistas-pero no se indica cómo-; crear vínculos directos entre las y los periodistas, y el Gobierno de la República, a fin de dinamizar la comunicación entre las partes;y realizar una reunión mensual entre el Colegio de Periodistas y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que preside Rosario Murillo para discutir asuntos gremiales.

Quizás el punto más importante fue éste: conocer y discutir la Política de Comunicación oficial del Gobierno. Pero, ¿qué significa esto? En un gobierno que se ufana de propiciar la participación ciudadana y la democracia directa, ¿a los periodistas únicamente nos corresponde “conocer y discutir” lo que el gobierno dispone en materia de comunicación? No hay espacios para aportar, debatir, corregir, proponer o sustituir. Sólo “conocemos y discutimos”, y luego ejecutamos lo que los gobernantes inventen y decidan. Como si fuésemos empleados públicos. O súbditos. Lo menos que puede decirse es que resulta sorprendente que los directivos del Colegio de Periodistas hayan firmado semejante desatino.

LA PROPAGANDA NO ES LO MISMO
QUE LA POLÍTICA INFORMATIVA ESTATAL

La vocera del gobierno, Rosario Murillo, ha dicho también que conociendo la actitud de los medios (y no hace ninguna excepción) con nuestro Proyecto, vamos a mantener una política de comunicación, similar a la que hemos mantenido en los últimos meses. Esa política ha consistido en sólo hablar cuando al gobierno le interese hablar. Rosario Murillo anunció también: Vamos a usar nuestros medios, para que nuestra información salga incontaminada, directa, como hicimos durante la campaña.

Son decisiones boomerang. El prejuicio es mal consejero. Una cosa es la información, obligación ineludible de todos los funcionarios públicos, y otra la propaganda. Rosario parece tener muy claro cómo hacer propaganda. Puede que tenga éxito. Pero eso no tiene nada que ver con una política informativa de gobierno.

Dos ejemplos. El Presidente Ortega ha anunciado que el perfil político fundamental de su gobierno es la “democracia directa”. Casi dos meses después de instalado en el poder, todavía ningún funcionario ha podido explicar qué significa eso y de qué manera se pretende realizar. La gente sigue en “eleolo–chicozapote”, “en blanco”. ¿Cómo se puede construir una “democracia directa” en la que “el pueblo es presidente” si solamente Ortega sabe qué es? ¿Cuál es el delito o la manipulación o “la–mala–leche” de los periodistas que con legítimo derecho -y deber- demandan una explicación?

Otro. En las primeras 72 horas como Presidente, Ortega firmó acuerdos que él mismo definió como fundamentales para el desarrollo del país: de gobierno a gobierno con Venezuela e Irán, y multilaterales incorporando a Nicaragua a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA). Si estos acuerdos son así de importantes, como en efecto lo son, ¿por qué no tomó la iniciativa para que los medios los publicaran? ¿No es acaso un derecho ciudadano conocerlos? Sea por los medios masivos o por volantes o por coches parlantes, por el instrumento que sea, es un deber del gobierno difundirlos. Y si de verdad quiere que la gente tome conciencia y los asuma, es también una necesidad política.

Ciertamente, los medios no son “la” comunicación ni los periodistas somos “los” interlocutores. Ni los medios ni los periodistas somos los únicos instrumentos mediante los cuales el gobierno puede trasmitir sus mensajes.

Puede que no seamos indispensables. Pero somos necesarios para el funcionamiento democrático -en el sentido más amplio de la palabra- de la sociedad. Medios para comunicar, y por lo tanto, para escuchar. Para informar, criticar, cuestionar, indagar, investigar, denunciar. Y también pa¬ra ayudar a gobernar. Guste o no, ésas son funciones de los co¬municadores. La propaganda es otra cosa.

SON CONCEPCIONES
NACIDAS DE LA ARROGANCIA

Otro error muy común en los funcionarios del nuevo gobierno -y también en los de todos los anteriores gobiernos- es confundir periodistas con medios. O reporteros con empresarios de medios. O suponer que todos los periodistas son esclavos de sus patrones. O asumir que los comunicadores son ignorantes por definición o cuando menos tontos útiles. O considerar toda pregunta como necia si no está dentro de las prioridades oficiales. O percibir que detrás de cada comentario o criterio periodístico hay una malsana intención o el interés de defender una opción ideológica o política contraria a la oficial. O creer que la única manera en que un periodista sea bueno es cuando pregunta lo que le conviene al gobierno o cuando le pone el micrófono al político de turno para que explaye sus discursos. O pretender que los medios sirven únicamente como altoparlantes o reproductores o retransmisores de actos, discursos y comunicados. En el fondo, todos esas concepciones son fruto de la arrogancia.

El nuevo gobierno ha dicho que trabaja para los más pobres. Que tiene vocación de servicio. Que quiere fomentar la participación ciudadana. Que quiere desarrollar el país. Que quiere “reconciliación y paz”. Ninguna de esas cosas se hace sin la gente, y una de las formas más expeditas que tiene la gente para expresarse son los medios de comunicación.

Un gobierno puede hacer su labor sin el respaldo de la mayoría de los medios y de los periodistas y hay muchos ejemplos internacionales que así lo demuestran. Pero en Nicaragua, difícilmente este gobierno tendrá éxito si actúa a pesar o en contra de la mayoría de los medios, como también lo demuestra la experiencia histórica. Si es que una de sus metas es alcanzar la mayoría social que no logró en las elecciones debe reflexionar sobre esto.

PERIODISTA.

Imprimir texto

Enviar texto