Tras el asesinato, aparatos clandestinos en la Policía

El asesinato de tres diputados salvadoreños en Guatemala ha evidenciado la magnitud del comportamiento criminal existente en las instituciones de seguridad guatemaltecas. Y crea tensiones en las relaciones entre los países vecinos, especialmente con El Salvador.

Carmen Aída Ibarra

El brutal asesinato en Guatemala de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), todos del partido ARENA -Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González y su chofer, Gerardo Ramírez, ocurrido el 19 de febrero, ha desatado una severa crisis en materia de seguridad y, con más contundencia que en anteriores ocasiones, ha dado paso a una coyuntura de análisis y reflexiones que apuntan hacia una misma afirmación: el Estado guatemalteco ha colapsado. Hemos llegado a una situación de Estado fallido con las instituciones copadas por las redes de la corrupción, el crimen organizado y la narcoactividad.

Estas afirmaciones, que pintan un escenario de ingobernabilidad en su grado más negativo, surgieron con fuerza, dos días después del asesinato de los salvadoreños, cuando se descubrió que los responsables eran agentes al servicio de la División de Investigación Criminal (DINC) de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), entre ellos el jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado. Pero aún faltaba más: los cuatro agentes policiales que fueron arrestados el 22 de febrero fueron ejecutados el 26 en circunstancias no esclarecidas, cuando guardaban prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón”.

Hay más agentes implicados en el asesinato de los salvadoreños, según informaron las autoridades. El 1 de marzo se entregó voluntariamente el agente Marvin Contreras, quien fue fuertemente protegido para evitar que fuera víctima de ataques o de una eventual ejecución, como ocurrió con sus compañeros. El Instituto de la Defensa Pública Penal llevó el caso de Contreras a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de gestionar medidas cautelares a favor de él y de su familia. Esta institución estatal dice que el agente Contreras está dispuesto a “hablar”, siempre y cuando le garanticen su seguridad y la de su familia.

LA GOTA QUE HA DERRAMADO
UN VASO YA LLENO

La escasa confianza que la población guatemalteca tenía en la Policía Nacional Civil (PNC) es hoy nula a partir de estos acontecimientos. La imagen policial anda por el subsuelo. Antes de esto, ya era apabullante la contundencia de denuncias públicas sobre la innegable participación de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, en estructuras criminales al servicio de la delincuencia organizada, las redes de corrupción y la narcoactividad.

Antes fue MINUGUA la fuente de estas denuncias e informaciones. Ahora es la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) la que investiga varios casos. Entre ellos, hay un expediente abierto a principios del 2006, donde consta la denuncia de un informante de la PNC que participaba en operativos de limpieza social. Este informante policial -un delincuente que recibió impunidad a cambio de colaborar en las ejecuciones extrajudiciales y quien se identificó como Félix Mendoza- salió del país como medida de protección.

POLICÍAS DEDICADOS
A LA “LIMPIEZA SOCIAL”

La práctica de la “limpieza social” contra pandilleros, delincuentes comunes y personas consideradas “indeseables” -prostitutas, niños y jóvenes de la calle, travestis, entre otros- ha sido atribuida en la mayoría de los casos a agentes policiales. Vale mencionar que este tipo de crímenes también son atribuidos a grupos de vecinos, que siempre cuentan con cierto respaldo policial, en forma de encubrimiento o de indiferencia.

Hay que mencionar también la denuncia de abusos policiales contra personas arrestadas por delitos menores, la violación de mujeres en recintos policiales y penitenciarios, las torturas
y otros hechos considerados violaciones de derechos humanos. Numerosos casos de esta naturaleza han sido denunciados formalmente por la PDH y por organizaciones sociales guatemaltecas ante los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de la ONU y del Sistema Interamericano.

MEDIDAS
INSUFICIENTES Y DÉBILES

Desde 2004, el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de la PNC han intentado depurar a más de mil agentes policiales, sindicados de participar en hechos propios de la delincuencia común, pero han fracasado en la mayoría de los casos porque la legislación laboral protege al policía, de suerte que las destituciones y sanciones administrativas suelen ser revocadas por las instancias judiciales a las que acuden los afectados.

En gran medida, la razón es que las destituciones no tienen un respaldo sólido que fundamente sin lugar a dudas los motivos de la disposición. Y es que los órganos de control interno también están infiltrados o son débiles, lo que propicia resultados pobres y “descartables”. Otro aspecto
de fondo es que en muy pocos casos los procesos de destitución van acompañados de denuncias formales que sometan a esos malos agentes al sistema de justicia. En concreto, las medidas administrativas son insuficientes y débiles, lo que conduce al fracaso.

PNC: ORÍGENES
CONTAMINADOS Y CRIMINALES

Es bueno reconocer que, aunque fallidos, esos procesos han permitido, por lo menos, ventilar públicamente el lado oscuro y criminal de algunas de las estructuras de la PNC, institución que afronta problemas de debilidad institucional, nulos resultados en materia de seguridad ciudadana y carencia de planes estratégicos para cumplir con el mandato legal que se le ha encomendado.

¿Por qué sucede esto? En gran medida, por que esta PNC fue integrada en sus inicios, en 1997, con los ya contaminados agentes de la antigua Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, la Policía Militar y otras estructuras de seguridad que durante el conflicto armado interno funcionaron como cuerpos operativos de apoyo en la lucha contrainsurgente, bajo la dirección del Ejército. Desde entonces, los miembros de la institución estaban ya comprometidos en crímenes de diversa naturaleza y magnitud.

NEGANDO LO EVIDENTE

Dos semanas después del atroz asesinato de los diputados salvadoreños, la crisis no había bajado de tono. El Ministro de Gobernación y el Director de la PNC, aún abrumados por las presiones públicas y la falta de celeridad en las investigaciones, seguían negando lo que ya no se puede negar y manteniendo una defensa férrea de los jefes policiales más cuestionados desde el inicio de la crisis.

Por las presiones, fue destituido el jefe de la DINC, Víctor Soto; y se aceptó la renuncia de Javier Figueroa, subdirector general de Investigaciones. Figueroa abandonó el país con su familia
el 4 de marzo. Su salida al extranjero constituye una muestra de que no bastan los procedimientos administrativos simples, como la renuncia o la destitución, pues en este caso todo apunta que el ex-jefe policial está evitando una eventual rendición de cuentas en el plano judicial. Pero como no se le vinculó de manera inmediata a un proceso de investigación y no tenía arraigo, pudo irse libremente.

Finalmente, el 7 de marzo, el Ministro de Gobernación, el Director de la PNC, y también el Director del Sistema Penitenciario, tuvieron que renunciar. No aguantaron las presiones políticas y de toda la sociedad.

PRESIDENTE SACA:
CON EL DEDO EN LA LLAGA

Lo ocurrido en Guatemala ha tensado las relaciones políticas con El Salvador y aunque no se espera que se agravarán, hay roces, enojos e incluso el afán por parte del gobierno salvadoreño de mantener el dedo en la llaga frente a la comunidad internacional.

Durante su visita a Washington, el Presidente salvadoreño Antonio Saca no perdió oportunidad, para solicitar apoyo en el caso a George W. Bush, y no le tembló la voz al lanzar serias acusaciones contra altos mandos de la PNC guatemalteca por el asesinato de sus compatriotas. Asimismo, aseveró con orgullo que, hasta ese momento, los resultados de las pesquisas se debían a la participación de la policía salvadoreña y no a la labor de las autoridades guatemaltecas.

El presidente Saca y otros funcionarios de justicia y seguridad de El Salvador han afirmado en todo momento que no existen indicios de que el asesinato de los diputados salvadoreños haya sido ordenado o planificado desde El Salvador. Le dejan a Guatemala la carga completa en cuanto a la planificación y ejecución del operativo, y al parecer también atribuyen la autoría intelectual a grupos guatemaltecos sin vínculos con El Salvador.

ENOJOS, RECHAZOS
Y DESMENTIDOS A SACA

Las declaraciones de Saca, exculpando a cualquier compatriota, se dieron, aparentemente, en respuesta a algunas especulaciones comentadas por el presidente guatemalteco, Óscar Berger, en el sentido de que el asesinato de los diputados del PARLACEN tenía ligámenes con grupos del narcotráfico que operan tanto en Guatemala como en El Salvador. Por su parte, el Ministro de Gobernación de Guatemala ha sido enfático al desvirtuar lo dicho por Saca al afirmar que los resultados obtenidos hasta ahora por las investigaciones se han conseguido por obra y gracia de las autoridades salvadoreñas. Según el ministro guatemalteco, los resultados son obra de los guatemaltecos y todo lo demás es “afán de protagonismo”.

Las tensiones entre ambos países dieron paso a lo que en Guatemala se ha denominado una “campaña negra” contra Guatemala en El Salvador. Esto ha provocado temores de que disminuya el turismo salvadoreño. Los empresarios guatemaltecos esperan que todo lo ocurrido no impacte negativamente en las relaciones comerciales, pero aún así han salido al paso para alertar sobre esta posibilidad y plantear sus demandas para que se esclarezca este asesinato.

En ciertos círculos guatemaltecos ha causado enojo la operación propagandística contra Guatemala, esta llamada “campaña negra”, y las declaraciones del presidente Saca y de otros funcionarios de El Salvador. En especial, causó rechazo una declaración de Saca en la que critica la impunidad que prevalece en Guatemala y exige que el asesinato de sus compatriotas no se convierta en un caso más de los que quedan impunes en nuestro país. Aunque no se niega que tenemos una trayectoria de impunidad generalizada, la sensibilidad nacional se sintió agredida ya que en el país vecino los índices de impunidad -especialmente los relacionados con casos ocurridos en la guerra- son tan terribles como los reportados en Guatemala.

¿MÁS IMPUNIDAD AQUÍ
QUE EN EL SALVADOR?

De acuerdo con informes de organizaciones salvadoreñas de derechos humanos distribuidos a lo largo de muchos años, la firma de la paz entre el gobierno de El Salvador y el FMLN trajo consigo una impunidad de piedra, debido a la amnistía que sepultó toda posibilidad de revisar casos de masacres, desaparecidos, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otros crímenes horrendos. Para muestra, mencionan cómo resultó imposible perseguir y sancionar a los responsables del asesinato de Monseñor Romero en 1980 y a quienes ejecutaron a los seis sacerdotes jesuitas y a dos mujeres en la UCA en 1989.

En Guatemala tampoco han sido esclarecidos ni sancionados los casos del conflicto armado interno. Pero, al menos, existe la posibilidad de llevar los procesos ante el sistema de justicia, porque las puertas no están cerradas -al menos, no lo están formalmente-, ya que aquí no hubo una amnistía y la Ley de Reconciliación Nacional, brotada de los Acuerdos de Paz,
no permite que prescriban los crímenes de lesa humanidad.

Los analistas consideran poco probable que Guatemala y El Salvador ingresen en una ruta de confrontación que ponga en riesgo las relaciones de respeto y armonía que han existido hasta ahora. Pero sí urgen a poner coto al enfrentamiento verbal para evitar mayores desgastes.

La tensión no aporta ningún elemento positivo. Por el contrario, agrava la crisis, al tiempo que podría exacerbar los ánimos ya caldeados de algunos segmentos de la población salvadoreña, particularmente los militantes del partido ARENA, al ser uno de los diputados asesinados hijo del ya fallecido fundador de ARENA, Roberto D’Aubuisson.

FUERTE PRESIÓN INTERNACIONAL

Guatemala tiene hoy encima una presión internacional muy fuerte. Por el eco alcanzado por el asesinato de los diputados, varios países de la Unión Europea han empezado a movilizarse, como no lo hacían desde hace más o menos un década, cuando estaba en marcha el proceso de paz, o cuando el ex-presidente Jorge Serrano rompió el orden constitucional en 1993.

Desde el asesinato de los diputados salvadoreños, especialmente desde que quedó al descubierto la implicación de los agentes policiales posteriormente ejecutados, los diplomáticos han realizado numerosas visitas a autoridades del Estado guatemalteco y han mantenido reuniones con ellas para manifestar su preocupación por lo ocurrido y para expresar demandas de que se tomen las medidas que correspondan para esclarecer y sancionar estos y otros crímenes y para depurar las instituciones.

Los diplomáticos han sido cautos pero firmes. Han lamentado que la cooperación técnica y financiera con Guatemala -especialmente en el tema de seguridad- no esté dando frutos.
Se especula que algunos países europeos podrían retirar su apoyo a proyectos relacionados con la seguridad y en algunos círculos políticos se teme que Guatemala salga por completo
de la agenda internacional.

De momento, las misiones diplomáticas no han abordado formalmente una eventual suspensión de la ayuda técnica, política y financiera, pero sí han insistido en que debe haber resultados en materia de seguridad ciudadana y deben concretarse transformaciones institucionales. En particular, se está demandando la aprobación del acuerdo que daría paso a la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la dotación de recursos para que entre en funcionamiento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), como mecanismos que servirían al fortalecimiento de los órganos de justicia.

Esta crisis tiene implicaciones nacionales e internacionales. A la inestabilidad e ingobernabilidad instaladas en Guatemala se suman a partir de ahora las presiones internacionales, el riesgo de perder los espacios ganados en el concierto de las naciones y, si hay una mala administración de esta coyuntura, hasta podríamos entrar en confrontación abierta con nuestro vecino El Salvador. Mientras la crisis avanza y se desarrolla, los cadáveres siguen apareciendo en barrancos, terrenos baldíos y a la vera de los caminos. Más de cien mujeres han sido asesinadas desde el 1 de enero al 5 de marzo y los hechos criminales son dramáticamente cotidianos; de doce a dieciocho víctimas mortales cada día.

COORDINADORA DE ANÁLISIS POLÍTICO EN LA FUNDACIÓN MYRNA MACK DE GUATEMALA. COLABORACIÓN ESPECIAL CON ENVÍO.

Imprimir texto

Enviar texto