Dilemas de la Izquierda en el Siglo XXI: Qué hacer: ¿dentro de estos Estados?

Los Estados neoliberales en los que vivimos son una “camisa de fuerza” para los proyectos de justicia social y de democracia de cualquier izquierda. ¿Se puede actuar dentro de ellos? Se puede si hay claridad en los principios, en los objetivos, en los ritmos. Se puede si se actúa con ética. Pero la ética de la izquierda no se agota en ser anti-neoliberal. El horizonte ético de la izquierda es mucho más amplio.

Andrés Pérez Baltodano

En febrero tuve la oportunidad de compartir ideas sobre el presente y el futuro de la izquierda latinoamericana con un grupo de amigos y colegas de la región, durante un largo e intenso taller organizado en la Ciudad de México, por la académica mexicana Beatriz Stolowicz. Discutimos las principales experiencias de la izquierda en la América Latina de hoy y exploramos algunas de los principales dilemas que enfrenta la izquierda latinoamericana en este complejo siglo XXI.

Las largas y ricas discusiones que ocurrieron en ese taller alimentaron muchas de las ideas que sobre la izquierda he venido publicando en Envío durante los últimos meses. Una versión revisada de esos textos aparecerá pronto en un libro, que quiere ser una contribución a la articulación de la izquierda necesaria para la Nicaragua y la América Latina posibles. En este artículo quiero reflexionar sobre dos de los dilemas que se explorarán en ese libro.

El primero se deriva de la tensión que genera la participación de la izquierda en sistemas políticos que han sido diseñados y organizados para reproducir la lógica del capital, y para negar o minimizar la importancia de la democracia con justicia social en los países de la región. ¿Puede la izquierda transformar las estructuras de poder que generan pobreza y desigualdad trabajando dentro de esas estructuras? En especial, ¿puede hacerlo desde los Estados diseñados por el neoliberalismo en el último cuarto de siglo?

El segundo dilema tiene que ver con los medios éticos y los fines sociales de la acción política de la izquierda latinoamericana. ¿Deben/pueden éstos ser siempre congruentes? ¿Cuáles son los parámetros éticos que la izquierda debe utilizar en su lucha por la justicia social en un mundo dominado cada vez más por la amoralidad del capital? ¿Justifica el fin social de la izquierda el uso de cualquier medio para alcanzar y/o mantener el poder?

¿QUÉ HACER EN UN ESCENARIO
DOMINADO POR EL NEOLIBERALISMO?

Hoy en día el panorama político mundial y latinoamericano pareciera estar cerrado a la posibilidad de generar cambios sociales rápidos y radicales como los que logró Cuba en 1959 o Nicaragua veinte años más tarde. En estas condiciones, la gran mayoría de las organizaciones progresistas del continente han llegado a aceptar que la única opción que tiene la izquierda para promover sus objetivos es la que ofrece el marco de acción política de las democracias neoliberales de la región. Esta opción no está exenta de peligros porque, el neoliberalismo ha logrado alcanzar un alto grado de institucionalización en América Latina y en el resto del mundo.

El neoliberalismo debe verse como un modelo de sociedad que se organiza mediante un conjunto de instituciones normas, principios y valores que legitiman determinadas prácticas económicas, políticas y sociales. Es un modelo de relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, en el que el mercado funciona -legal y legítimamente- como la variable independiente a la que deben adecuarse las otras variables que forman parte de la ecuación social.

Hablar de la institucionalización del neoliberalismo es hablar de la materialización de esa ideología en un modelo de Estado y de administración pública totalmente centrados¬ en el mercado. De la cristalización de esa ideología en las normas, los valores y principios que utilizamos para organizar la vida social. De la maduración y solidificación de las ideas con las que, consciente o inconscientemente, determinamos y definimos lo socialmente bueno y malo, lo socialmente justo e injusto, lo socialmente legal e ilegal, y lo que se considera políticamente utópico y factible. Más concretamente, con esas ideas se determina quién come y quién no come, quién va a ser pobre y quién va a ser rico, quién va a vivir en la abundancia y quién va a morir de desnutrición, todo esto en consonancia con los principios y valores del mercado global.

¿SÓLO CONTRA SUS EFECTOS MÁS NOCIVOS?

Poco se cuestiona hoy, por ejemplo, el sistema de incentivos sociales que mueve a la educación superior a adecuarse a las demandas del modelo capitalista neoliberal. No se discuten -con la intensidad y la urgencia que ameritan las brutales condiciones sociales de la región- los valores y las prioridades fundamentales con las que se formulan las políticas económicas y los planes de desarrollo. Peor aún, no se articulan, proponen y discuten modelos alternativos de organización social.

Hasta la misma protesta contra el neoliberalismo tiende a convertirse, cada día más, en una protesta reformista que no cuestiona los valores fundamentales de esa ideología,¬ sino que simplemente busca como contrarrestar sus efectos más nocivos. Durante las recientes elecciones en Nicara¬gua, observamos que algunas organizaciones de izquierda -y por tanto, anti-neoliberales- usaban el discurso y el vocabulario conceptual neoliberal para articular sus posiciones. Una de esas organizaciones argumentaba, por ejemplo, que la lucha contra la pobreza era “una buena inversión”.

Una visión así de la pobreza está articulada dentro de una racionalidad instrumental del mercado y no dentro de una racionalidad sustantiva de la izquierda, humanista o cristiana, en la que la pobreza se percibe como un problema ético fundamental porque niega la dignidad de las personas y afecta la solidaridad social, esencial para el desarrollo de la condición humana. Ver la lucha contra la pobreza como una “inversión” es reducir esa dolorosa condición humana a un problema de eficiencia económica. Dentro de esa lógica, la lucha contra la pobreza debe terminar en el momento en que deje de ser eficiente, en el momento en que deje de ser una “buena inversión” dentro de la práctica y los valores del modelo neoliberal imperante.

Los niveles de institucionalización alcanzados por el neoliberalismo le han permitido al capital despojarse de sus máscaras discursivas y revelar su naturaleza con una claridad sin precedentes. Así, muchas de las premisas y tendencias que el capitalismo tuvo que disimular antes para mantener sus niveles de legitimidad se revelan hoy sin preocupación, y se justifican como necesarios y normales. Se proclama, por ejemplo, la eficiencia del mercado como la única forma de evaluar el papel del Estado y la calidad de vida de la sociedad. Y se defienden como moralmente válidas y aceptables las implicaciones sociales de esa forma de evaluación.

Hoy, la mano invisible del mercado no necesita revestirse de guantes de seda. Puede golpear abiertamente el rostro de los mil trescientos millones de personas que viven actualmente con menos de un dólar al día alrededor del mundo. O el de los 213 millones de pobres que viven en América Latina. O el de los dos millones y medio de nicaragüenses que padecen esa condición social. Porque en la nueva normalidad impuesta por el capital, debemos vivir y morir -legal y legítimamente-, de acuerdo con los vaivenes y las exigencias del mercado global.

¿DENTRO DE ESA “CAMISA DE FUERZA”?

La racionalidad del mercado se ha legitimado porque la cultura neoliberal ha logrado revestir las desigualdades e injusticias que genera el mercado con un manto de dignidad teórica y discursiva que empuja a grandes sectores de la humanidad a aceptar la ley del capital como inevitable y natural. Las consecuencias de esa racionalidad han sido dramáticas.

En el ámbito del Estado, la organización de la administración pública y los procesos de formulación de políticas públicas en América Latina y en el resto del mundo han sido radicalmente modificados para adecuarlos a la lógica del capital neoliberal. En el encuentro de México discutimos extensamente los efectos que han tenido los procesos de autonomización de los bancos centrales de la región y la cultura administrativa que condiciona el funcionamiento de la burocracia estatal.

Esta cultura -especialmente en las instituciones encargadas de la formulación e implementación de las políticas económicas-, tiende a reproducir las normas y los valores que predominan en las agencias financieras internacionales. En toda América Latina se observa, por ejemplo, la tendencia a nombrar en las instituciones responsables del manejo de la economía a personas que han trabajado en organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se observa, además, en las burocracias latinoamericanas la tendencia de muchos funcionarios públicos responsables de la política económica a insertarse dentro de la red de organismos internacionales cuando dejan de trabajar en el aparato estatal.

La restructuración administrativa de los aparatos estatales de la región durante los últimos 25 años y el asentamiento de una cultura administrativa neoliberal en esos aparatos ha transformado los Estados latinoamericanos en “camisas de fuerza” que obligan a quienes los administran a actuar, y en muchos casos a pensar, dentro de la lógica del capital.

¿CON ESE FUSIL PREDETERMINADO?

El aparato estatal neoliberal pre-determina sus prioridades y lógica de funcionamiento. Puesto de otra forma: trabaja como un fusil que predeterminara la dirección de sus balas. Algunos dirán que esto mismo sucedía con el Estado capitalista pre-neoliberal. Efectivamente, cualquier modelo de Estado predetermina los resultados de su gestión para hacerlos congruentes con el balance de poder social que expresa y representa. En el caso del Estado neoliberal, sin embargo, la capacidad de pre-determinación es mayor. Más aún, las políticas que predetermina ese Estado pueden ignorar cada vez más las demandas y necesidades de la población, porque el Estado se ha transnacionalizado: se ha reorganizado para responder -fundamentalmente- a las presiones e influencias del mercado global y de las organizaciones que participan en la organización de ese mercado.

Así pues, cualquier grupo político que alcance el poder tiene que gobernar en armonía con la lógica del capital. Esa lógica se expresa más claramente en los condicionamientos que imponen los sistemas de leyes nacionales y transnacionales que protegen y fomentan la dinámica del capital neoli¬beral transnacional. Los tratados de libre comercio -los TLC y el ALCA- predeterminan el funcionamiento del Estado y de la economía y reducen el efecto de las demandas que la población expresan en los procesos políticos nacionales.

¿BASTA CON “HUMANIZAR” EL SISTEMA?

¿Se pueden romper las estructuras de poder que se expresan en el marco institucional y legal del neoliberalismo haciendo uso de los mismos instrumentos políticos, administrativos y legales que ofrecen las democracias neoliberales de la región? ¿Se puede transformar la naturaleza del régimen económico, político y social imperante en la región trabajando desde dentro del sistema?

Algunas posiciones de izquierda argumentan que la lucha por un sistema centrado en el principio de la justicia social no puede hacerse desde el interior del neoliberalismo imperante. Porque el neoliberalismo es un modelo mercadocéntrico de organización social, estructurado para subordinar el sentido de la justicia a la lógica del capital. Y las reformas sociales que la izquierda puede impulsar dentro del sistema neoliberal, y especialmente desde el Estado, se transforman, simplemente, en medios para “paliar en algo la miseria de las masas explotadas”, promoviendo de esa forma la “humanización” y, por lo tanto, la legitimación del sistema neoliberal. Desde esta perspectiva, la única vía para trascender el neoliberalismo es la acción revolucionaria contra el sistema de propiedad privada.

AMÉRICA LATINA:
¿UN VIRAJE HACIA LA IZQUIERDA?

El clásico debate entre las posiciones reformistas y las revolucionarias adquiere especial importancia en el contexto latinoamericano actual, debido -entre otras cosas- al atrofiamiento de los procesos de reforma impulsados desde la izquierda en países como Chile, Uruguay y Brasil, así como a la persistencia del neoliberalismo en Bolivia y Venezuela, a pesar de los discursos progresistas y revolucionarios de sus actuales gobernantes.

James Petras, por ejemplo, ha descartado que en América Latina se esté dando un “viraje hacia la izquierda”. Hasta los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez han sido criticados por este intelectual de izquierda por no haber ido más allá de la modificación de las tasas impositivas con las que antes operaban las empresas transnacionales que explotan el petróleo y el gas en Venezuela y Bolivia. Lo que hasta la fecha han hecho Morales y Chávez -señala Petras- es simplemente modernizar los sistemas capitalistas de sus países. Más que un viraje hacia la izquierda -agrega-, lo que existe es un conflicto entre líderes nacionalistas que han sido democráticamente electos y que apoyan el desarrollo de economías mixtas para financiar programas de asistencia social, y gobiernos y corporaciones estadounidenses y europeas que quisieran extender la ‘Edad de Oro’ de la rapiña neoliberal.

Petras y otros argumentan que los gobiernos de izquierda latinoamericanos son fundamentalmente reformistas. No son revolucionarios, porque no promueven la eliminación del mercado y del sistema de propiedad privada. Practican, simplemente, un “neoliberalismo con rostro social”.

¿SE PUEDE TRANSFORMAR
EL SISTEMA DE PROPIEDAD PRIVADA?

Pero, ¿acaso es posible transformar hoy el sistema de propiedad privada en América Latina? ¿Cuál es el horizonte de tiempo dentro del que hoy puede intentarse una transforma¬ción profunda y verdaderamente revolucionaria del modelo económico latinoamericano? ¿Es posible lograr esa transformación? ¿Es deseable intentarla en las condiciones actuales? Más aún, ¿qué garantiza que la desigualdad que genera el régimen de propiedad privada no va a ser sustituida por otras desigualdades, como las que existieron en los experimentos del llamado “socialismo real?

La exploración de estas preguntas es una de las tareas más urgentes de la izquierda. Cualquier movimiento de izquierda que proponga la eliminación inmediata del régimen de propiedad privada debe ser capaz de explicar y justificar el sistema que regularía la distribución del poder en el régimen que ofrece como alternativa. Porque como bien lo señala Allain Callé, no se trata de sustituir la economía capitalista de mercado por otra economía inencontrable o inexistente; se trata de inventar e imponer otro tipo de relaciones económicas; de modificar las instituciones económicas subordinadas a finalidades extra-mercantiles y de limitar así su control sobre nuestras vidas y nuestras mentes.

Hay que aclarar que si la existencia de una alternativa democrática al sistema de propiedad privada es un tema de debate y reflexión, la naturaleza antidemocrática del neoli¬beralismo no está en duda. Este sistema ha demostrado, teórica e históricamente, ser incompatible con la idea de la democracia, los derechos ciudadanos y la justicia social.

Se puede afirmar, entonces, que la tarea más urgente que enfrenta la izquierda es articular el pensamiento y las estrategias de acción necesarias para revertir el poder del neoliberalismo. Pero la lucha de la izquierda no debe limitarse a una lucha contra el neoliberalismo, como bien lo señalaban algunos compañeros y compañeras en la reunión de México. La lucha de la izquierda debe ser una lucha contra las desigualdades sociales que genera el mercado y la lógica del capital, hasta donde lo permitan el desarrollo biológico y cultural de la humanidad. En otras palabras, la lucha de la izquierda es contra cualquier forma de desigualdad social que limite el desarrollo integral de los seres humanos.

¿SÓLO CONTRA LA POBREZA
O CONTRA LA DESIGUALDAD?

Con este horizonte, el sentido de la lucha de la izquierda trasciende la lucha contra la pobreza. Y por esto, muchos se rehusan a calificar a los gobiernos de la Concertación en Chile como gobiernos de izquierda. Esos gobiernos han logrado reducir los niveles de pobreza, pero no han sido capaces de contrarrestar la creciente desigualdad social que impera en ese país. Esa desigualdad genera injusticia, porque en la medida en que se institucionaliza, predetermina las oportunidades de vida de los diferentes sectores de la sociedad chilena. Tal como lo señalaba uno de mis colegas en México, la estructuración de un sistema de desigualdad tiende a producir en Chile una “fronda neoliberal” al estilo de la “fronda aristocrática” que controló ese país durante el siglo XIX.

En este sentido, la izquierda debe contemplar la eliminación del mercado y del sistema de propiedad privada como un objetivo o, si se quiere, como una necesaria utopía, porque nos obliga a avanzar indefinidamente contra las desigualdades. En esa lucha, el papel del pensamiento y de la teoría social debe ser iluminar el marco de limitaciones y posibilidades históricas dentro de las que se desarrolla la acción política organizada. Más concretamente, el pensamiento y la teoría social deben facilitar la determinación de la naturaleza, el tiempo y la velocidad de las reformas que pueden y deben introducirse dentro del sistema capitalista imperante.

¿REFORMA O REVOLUCIÓN?

Para muchos, la palabra reforma niega la posibilidad de promover transformaciones de fondo en el sistema dominante. Quiero argumentar, sin embargo, que entre reforma y revolución existe una contradicción de fondo solamente cuando estos términos describen los objetivos finales de la práctica política que promovemos y defendemos. Existe una contradicción fundamental, por ejemplo, entre la posición de quienes piensan que la “humanización” del neoliberalismo es a lo más que puede aspirar la humanidad, y quienes piensan que la historia no solamente ofrece la oportunidad de desmantelar el neoliberalismo, sino también de subordinar la lógica del mercado hasta lograr los objetivos de la democracia, la justicia social y la igualdad.

No existe, sin embargo, una contradicción entre reforma y revolución, cuando la práctica reformista se encamina hacia la expansión gradual de las capacidades de la sociedad para domesticar la lógica del capital y avanzar hacia la consolidación de la justicia y la libertad, hasta donde cada sociedad y cada fase de la historia lo permitan. En este sentido es importante distinguir, como lo hacía Rosa Luxemburgo, entre las reformas sociales como medios de acción y la revolución social como un fin. No existe contradicción entre reforma y revolución si los objetivos de la reforma se orientan hacia la transformación de las estructuras de poder de la sociedad, es decir, si el proceso de reforma tiene como objetivo la creación de condiciones para lograr un cambio revolucionario.

La intensidad y la velocidad de esos cambios dependerán de su factibilidad y de su contribución a la democracia y a la justicia social. Y su modalidad operativa dependerá de los condicionantes históricos dentro de los que ocurre la práctica política en cada sociedad. Nadie debería esperar, por ejemplo, que la Bolivia de Evo Morales impulsara una transformación total e inmediata de sus estructuras. Para ser verdaderamente revolucionarias, sin embargo, las reformas del gobierno de Evo Morales tendrían que tener como su meta central la institucionalización de un sistema que, para empezar, revierta los quinientos años de explotación sufridos por las poblaciones indígenas bolivianas. En este sentido, como lo señala la cubana Celia Hart, el reto de Bolivia no es hacer desaparecer inmediatamente las estructuras de poder y dominación imperantes en su país, sino mantener el proceso en movimiento y pujando hacia el socialismo de manera permanente.

¿CÓMO ORGANIZAR
EL TIEMPO Y LOS RITMOS DEL CAMBIO?

El manejo adecuado del tiempo y de la velocidad de las reformas exige que los sectores más pobres y débiles de la sociedad participen en las decisiones sobre cómo y a qué ritmo proceder con los cambios graduales del sistema imperante. El proceso de toma de decisiones de un movimiento de izquierda -en el poder o desde la oposición-, debe estar impregnado de la urgencia que le impone a los pobres el drama existencial de su miseria.

Un movimiento de izquierda no puede decidir sobre los tiempos y la velocidad de la lucha contra la pobreza y la desigualdad a partir de una comprensión estrictamente intelectual de esas condiciones. Una ética de solidaridad con los pobres y los marginados, por muy sólida que sea, no es suficiente para internalizar lo que siente la madre prostituida, o el padre desempleado, o el niño huelepega, o el indio maltratado. Es absolutamente indispensable que los pobres y los débiles participen en las decisiones sobre su pobreza y su condición social.

Sin embargo, la participación real y decisiva de los pobres y de las pobres y de los marginados y las marginadas en la conducción de los movimientos de izquierda exige claridad y transparencia en la definición de los objetivos de corto, mediano y largo plazo que se persiguen. En este sentido, un movimiento es de izquierda por lo que hace hoy y por lo que intenta conseguir mañana. Los pobres y los sectores marginados de la sociedad estarán más dispuestos a apoyar el tiempo y la velocidad de un proceso de reformas si están claramente informados de los objetivos que se persiguen en el largo plazo de ese proceso.

La articulación de un proceso de reforma que busca la transformación de la sociedad debe ser consciente del peso normativo del neoliberalismo imperante. El modelo neoliberal obliga a trabajar con un horizonte temporal que no se corresponde con la urgencia de las difíciles condiciones sociales dentro de las que sobreviven los más pobres y débiles de la región. La “impaciencia” de los pobres debe ser respetada porque -como lo señala Bernardo Kliksberg- la “paciencia” que a veces se les pide, para proteger el orden imperante, es una falacia, si se considera que la pobreza y la desnutrición imponen daños físicos, emocionales y mentales irreversibles.

Pero también puede ser una falacia proponer soluciones revolucionarias que ignoran o esconden el costo social que para los pobres puede tener la transformación inmediata y radical de las estructuras de poder imperantes. ¿No es necesario acaso cuestionar el valor ético y político de esas propuestas que condenan un reformismo que puede ofrecer hoy mejoras marginales a los pobres, esperando las condiciones apropiadas para una transformación radical en un largo e indefinido plazo? ¿Cuál es el costo humano que impone sobre los pobres la posición que se expresa en un “todo o nada”?

La izquierda no puede abandonar la lucha por la mejoría parcial e inmediata de las condiciones de vida de los más pobres, a la espera de una oportunidad para encontrar la solución total a los problemas de justicia y desigualdad social en nuestros países. La izquierda debe aprovechar los espacios de acción que ofrece el capitalismo, al mismo tiempo que lucha por superar ese modelo. Debe aprovechar los espacios que ofrece la democracia neoliberal, al mismo tiempo que lucha por su desmantelamiento. Debe moverse hacia el futuro, pero sin evitar el presente.

¿CÓMO DOMESTICAR AL ESTADO NEOLIBERAL
CON LOS DERECHOS HUMANOS?

La democracia es un modelo de relaciones entre Estado y sociedad que le otorga a la ciudadanía un cierto grado de control sobre la gestión estatal. La eficacia de ese modelo depende de la existencia de un consenso social mínimo con relación al papel del Estado y al de las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. A su vez, la fuerza y legitimidad de este consenso depende de su capacidad de integrar los intereses y las aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad dentro de un marco efectivo de derechos ciudadanos.

En Centroamérica, Costa Rica es el país que ha tenido mayor éxito en la articulación de un consenso social democrático que ha servido para consolidar los derechos ciudadanos de los costarricenses y, por lo tanto, para reducir las desigualdades que genera el mercado en ese país. El consenso social costarricense, fuertemente erosionado hoy por el neoliberalismo, ha servido de base a la democracia y a la estabilidad política de ese país por más de medio siglo. El peso real de la democracia y derechos ciudadanos costarricenses se expresa hoy en los fuertes movimientos de oposición que operan en ese país contra el TLC con Estados Unidos. En Nicaragua, las profundas debilidades de nuestra democracia se expresan en la capacidad que tuvieron las cúpulas del FSLN y del PLC para aprobar la entrada de Nicaragua a ese tratado comercial, sin tener en cuenta la participación de la sociedad.

Los derechos ciudadanos constituyen un contrapeso a la racionalidad y a la dinámica del mercado. En los países que han logrado institucionalizar estructuras de derechos efectivos, el mercado ha logrado ser, al menos, parcialmente domesticado.

Los derechos ciudadanos no deben glorificarse, pero tampoco deben ser trivializados, ya que en muchos casos, de ellos depende la vida o la muerte de las personas y, sobre todo, la vida y la muerte de los más débiles de la sociedad. A pesar de las enormes limitaciones sociales, políticas y económicas que sufren los pueblos indígenas de Ecuador, esos pueblos gozan de mayor protección contra el poder coercitivo del Estado y contra las injusticias y las arbitrariedades del mercado que los pueblos indígenas de un país como Guatemala. Y aunque la pobreza es siempre una condición dolorosa, están mejor protegidos contra los riesgos y las incertidumbres de la historia los pobres de Costa Rica que los de Nicaragua. Prueba de ello es que los pobres nicaragüenses cruzan la frontera sur en búsqueda de la pobreza costarricense. En estos dos ejemplos, la diferencia la hace, fundamentalmente, el nivel y la efectividad que los derechos ciudadanos tienen en Ecuador y en Costa Rica.

¿CÓMO ESTÁN LOS DERECHOS HUMANOS
EN AMÉRICA LATINA?

En su informe del año 2004 titulado “La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas” el Programa de las Naciones Unidas para el Dearrollo (PNUD) ofrece un triste panorama del estado en que encontró lo que esa organización define como la “ciudadanía integral” en América Latina: el pleno reconocimiento de la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social. El informe señala que aunque en los últimos años se ha avanzado en el funcionamiento electoral y en las reformas constitucionales de apoyo a la democracia, persisten serias deficiencias respecto del control que podrían ejercer los ciudadanos sobre la acción estatal. Dice también que la representación de amplios grupos poblacionales, es, en general, baja, y la asistencia a las urnas, irregular. Con respecto a la ciudadanía civil, el PNUD reconoce que se han dado logros importantes en materia de legislación. Sin embargo, expresa su preocupación por la escasa capacidad de los Estados para garantizar esos derechos en la práctica.

Finalmente, el informe muestra la debilidad de los derechos sociales en América Latina: Las tendencias halladas en relación con la ciudadanía social son realmente preocupantes y constituyen el principal desafío de las democracias latinoamericanas, porque, además, los grupos más excluidos del ejercicio pleno de la ciudadanía social son los mismos que sufren carencias en las otras dimensiones de la ciudadanía.

Y EN NICARAGUA, ¿CÓMO ESTÁN?

El informe del PNUD coloca a Nicaragua entre los 5 países, de los 18 estudiados, que cuentan con los partidos políticos menos democráticos. La condición de la ciudadanía social en Nicaragua es de las peores de la región. En el informe, Nicaragua aparece entre los países con los peores niveles de desnutrición en América Latina. La tasa de analfabetismo también es de las mayores de la región. Esto, a pesar de los grandes avances logrados por la Revolución Sandinista durante los años 80. De los 18 países incluidos en el estudio del PNUD, Nicaragua aparece con el más alto nivel de analfabetismo (33.5%) entre la población mayor de 15 años.

En el mismo informe, Nicaragua aparece colocada entre el 50% de los países del mundo estudiados por el PNUD que muestran los niveles más altos de mortalidad infantil, desempleo abierto, desigualdad social y pobreza. Como lo señala un nicaragüense citado en el informe, la libertad de morirse parece ser la única que garantiza la democracia nicaragüense. Esta dramática declaración se hace más real para las mujeres, afectadas hoy por la criminalización del aborto terapéutico, aprobada a finales del año pasado con los votos de la bancada sandinista y de las dos bancadas liberales en la Asamblea Nacional. Esta medida significa condenar a muerte a las mujeres cuyas vidas corren peligro por el embarazo y, especialmente, a las mujeres que no cuentan con recursos para abortar fuera del país.

En las lamentables condiciones de los derechos ciudadanos en Nicaragua, un programa de izquierda tendría que promover la organización política de nuestra población para generar un poder social con la capacidad de democratizar el poder del Estado y, a través del Estado, el del mercado. La democracia nicaragüense tiene que dejar de ser un simple ejercicio electoral para transformarse en un proceso permanente de construcción de aspiraciones colectivas. De este proceso surgiría el verdadero consenso social que necesita Nicaragua: un consenso que trascienda las visiones elitistas de los grupos que hoy controlan el poder.

¿QUÉ DERECHOS PROMOVER?
¿TIENE LÍMITES LA CIUDADANÍA?

La lucha por los derechos ciudadanos en Nicaragua y en el resto de América Latina no debe limitarse a los derechos políticos y civiles que reconoce la democracia liberal. No existe un límite predeterminado al tipo de derechos ciudadanos a los cuales debe aspirar una sociedad. La izquierda debe luchar por defender y hacer efectivos los derechos ciudadanos que formalmente reconoce la ley en los sistemas neoliberales que hoy conocemos, al mismo tiempo que lucha por la ampliación de la estructura de derechos efectivos dentro del que funciona la sociedad.

Es importante señalar el valor potencial que para la lucha de la izquierda latinoamericana pueden tener los llamados derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Esos derechos forman parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por 152 países entre los que se incluye Nicaragua.

El PIDESC establece el derecho a un nivel de vida adecuado (alimentación, vivienda, vestido, etc.), el derecho a la educación, el derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, los derechos sindicales y de huelga, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad y a los seguros sociales. Y también el derecho a participar en la vida cultural y a beneficiarse del progreso científico.

Los DESC son letra muerta en muchos países de América Latina. Sin embargo, su existencia formal puede ser aprovechada por la izquierda latinoamericana para desarrollar el poder de la sociedad y construir un consenso democrático con la fuerza necesaria para domesticar la acción del mercado.

En otra discusión realizada también en México hace dos años, tuve la oportunidad de intercambiar con colegas mexicanos las posibilidades que ofrecen los DESC para el desarrollo de la ciudadanía en América Latina. Una de las conclusiones a las que llegamos en aquella reunión es ésta: Los DESC aparecen como la posibilidad de incorporación de amplios sectores sociales no representados políticamente, como posibilidad de representación de una amplia mayoría hoy sin derechos que requiere la construcción de un Estado complejo. No estamos hablando de retorno al populismo, sino de un Estado de derecho, pero no vaciado de contenidos reales, de aspectos sustantivos. Estamos hablando de un Estado que genere también resultados económicos y sociales como garantía de los derechos de sus ciudadanos.

El poder de desarrollo de la sociedad está marcado por la constitución de nuevos derechos. Esto nos permitiría pensar en un modelo alternativo de reforma del Estado, distinto al neoliberal. En el caso de Estados incompletos como el latinoamericano, tendría de alguna manera que proseguirse con la formación del Estado. Un partido de izquierda tendría que plantearse el desarrollo del Estado y la formación de la sociedad civil y eso como tarea de largo plazo.

¿LA JUSTICIA SOCIAL CON DEMOCRACIA?

Promover los derechos ciudadanos dentro de los sistemas políticos existentes implica aceptar la necesidad de enfrentar las tensiones y contradicciones que son evidentes e inevitables entre la libertad de mercado y la justicia social. Enfrentar estas tensiones es aceptar el reto fundamental de la democracia.

Como todo reto, la promoción y defensa de la democracia dentro de los modelos neoliberales que funcionan en la región implica riesgos. Porque la racionalidad del mercado impone prioridades, tiempos y conductas que pueden restringir, y hasta desvirtuar, el horizonte de las aspiraciones sociales de la izquierda latinoamericana. Esa racionalidad es ciega ante la injusticia social, la degradación del ambiente y la pérdida de la dignidad humana.

Finalmente, es importante recalcar que la idea del consenso social y la lucha por los derechos ciudadanos no deben verse únicamente como instrumentos para facilitar la lucha contra la racionalidad del mercado. La democracia y la acción de una verdadera sociedad civil con derechos ciudadanos deben aceptarse, también, como la fuente necesaria de la legitimidad democrática que la institucionalización de un proyecto de izquierda necesita. En ese sentido, la democracia debe verse como un medio para alcanzar la justicia social, pero también como un fin en sí misma.

EL DESAFÍO ÉTICO DE LA IZQUIERDA

El tremendo desafío que significa luchar contra el imperio de la racionalidad del mercado no debe hacernos olvidar que los objetivos éticos y morales de la izquierda trascienden al capitalismo y al neoliberalismo. Los valores de la izquierda no se definen simplemente en contraposición a la derecha ni a los valores del capital. Se puede ser anticapitalista y ser, al mismo tiempo, un violador y hasta un enemigo de los valores que garantizan el respeto a la humanidad de los demás. Se puede ser anti-neoliberal y ser, al mismo tiempo, un promotor o un practicante de formas de conducta que contribuyen al empobrecimiento de la condición humana.

La lucha de la izquierda antecede y trasciende al mercado porque no solamente el capitalismo contribuye a la degradación humana. La lucha de la izquierda contra la racionalidad del mercado se justifica, esencialmente, porque esa racionalidad niega las aspiraciones humanas de los más pobres y débiles de la sociedad y no porque sea la única racionalidad que contribuye al empobrecimiento material y moral de la sociedad.

Luchar por la justicia y por la democracia implica luchar contra la racionalidad del mercado no porque ésta represente la totalidad de las fuerzas que conspiran contra el desarrollo integral de la humanidad. Luchar por la justicia y por la democracia implica luchar contra todo tipo de conducta y contra todo modelo de organización social que obstaculice el desenvolvimiento y la maduración de condiciones sociales favorables al desarrollo de una inteligencia que respeta la inteligencia de los demás; de una felicidad que no limita la felicidad de los otros ni de las otras; y de las sensibilidades que enriquecen las sensibilidades del resto de la sociedad.

Los símbolos y los ejemplos son de fundamental importancia en cualquier proceso de transformación de la realidad que busca alcanzar justicia y libertad para la humanidad. Los líderes de los movimientos de izquierda deben ser capaces de expresar en su discurso y en sus actuaciones los principios y los valores que dicen promover. No se puede construir la democracia actuando anti-democráticamente. Ni se puede promover la justicia practicando la injusticia. Ni se puede luchar efectivamente contra la corrupción desde la corrupción. No se puede institucionalizar una moralidad que rechace la mentira, sino mediante la siembra constante de la ética de la verdad.

CONTRA CUALQUIER INJUSTICIA,
CONTRA LA MORALIDAD NEOLIBERAL

Hablar de ética es hacer referencia al sistema de valores que los individuos, o los grupos organizados de individuos dentro de una comunidad utilizan para definir su propio sentido del bien y del mal. La ética de esos grupos e individuos estará inevitablemente condicionada por una moral social que se reproduce mediante el proceso de socialización.

El concepto de socialización hace referencia al proceso mediante el cual los individuos que pertenecen a una sociedad interiorizan un conjunto de valores, principios y formas de percibir y vivir la realidad. En ese proceso participan la familia, las escuelas, las iglesias, los medios de comunicación, los partidos políticos y el Estado.

La moralidad de la sociedad condiciona, pero no necesariamente determina, la ética de los individuos que la integran. Entre el individuo y la sociedad siempre existen espacios de libertad de acción y de pensamiento que permiten a las personas definir y decidir su conducta. De lo contrario no existirían ni un Ghandi, ni una Rosa Park, ni un Mandela, ni una Simone de Beauvoir, ni un Sandino, ni una Sorojini Naidu, ni un Romero, ni un Jesús de Nazaret. Todas estas figuras históricas se destacaron por ser capaces de desafiar los valores sociales dominantes. La sociedad y la humanidad se han beneficiado de su coraje.

Sin la posibilidad de desarrollar y vivir una ética que puede ser independiente de los valores que impone el orden social, es imposible hablar de un proyecto de izquierda organizado para ampliar los límites de la realidad existente. La izquierda, el poder de la izquierda, depende de su capacidad para enfrentar cualquier moralidad que justifique la injusticia y que obstaculice la libertad, con una posición ética y una moralidad congruente con sus objetivos sociales: congruente con el objetivo de elevar la condición humana hasta donde la historia y la biología lo permitan.

LA ÉTICA DE LA IZQUIERDA
COINCIDE CON LA ÉTICA CRISTIANA

La izquierda debe enfrentar el neoliberalismo con una posición ética y moral que contribuya al desmantelamiento de los valores que impone hoy la racionalidad del capital. De acuerdo a esa racionalidad, la bondad o maldad de una acción se determina en función de resultados materiales, alcanzados de acuerdo con las reglas del mercado. Las implicaciones humanas o las consecuencias que esa acción tenga para la justicia social y la promoción del bien común no forman parte de la problemática que aborda la moralidad del mercado.

Así pues, el neoliberalismo puede celebrar los logros macroeconómicos que alcanza una sociedad cuando favorecen el desarrollo del capital, independientemente del costo que las medidas que típicamente se utilizan para consolidar esos logros -achicamiento del gasto social, debilitamiento de los derechos laborales, etc.- impone sobre los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad.

Los valores esenciales de la izquierda están enmarcados dentro de una racionalidad sustantiva que es contraria al pragmatismo y al utilitarismo de los que se alimenta la moralidad neoliberal. En este sentido, la izquierda coincide con muchos de los principios y valores sustantivos del cristianismo y de otros pensamientos religiosos. Uno de esos valores es éste: “El respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio: Que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando, en primer lugar, de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente”.

Los modelos económicos deben formularse en función de la dignidad humana. En la racionalidad neoliberal, por el contrario, el mercado es el que formula en función de la eficiencia, de la rentabilidad, del crecimiento, económico...

LA ÉTICA DE DANIEL ORTEGA
NO ES DE IZQUIERDA

La lucha de la izquierda trasciende al neoliberalismo y hasta al mismo capitalismo. La izquierda es una posición ética contra cualquier forma de injusticia, abuso, falsedad y corrupción. En este sentido, muchas organizaciones y líderes que se definen como de izquierda, limitan y hasta obstaculizan la visión social que la izquierda debe articular y defender cuando suponen que ser de izquierda es, simplemente, defender una propuesta económica alternativa al neoliberalismo. Esa visión economicista y limitada ha llevado frecuentemente a la izquierda latinoamericana a practicar una ética política relativista y maleable.

La izquierda latinoamericana ha caído muchas veces en el pragmatismo para justificar su lucha contra el capitalismo. Por esa razón, ha tolerado la supresión de la libertad en nombre de la libertad. Y ha tolerado la corrupción de sus líderes en nombre de la necesidad urgente de acceder al poder. Pero una moralidad socialista no se puede construir a partir del despotismo y la corrupción.

La izquierda toleró los vicios y excesos del llamado “socialismo real” y articuló una tímida crítica contra ese modelo hasta que la historia reveló al mundo sus profundas miserias. Todavía hoy recurre al silencio para evadir la necesaria crítica que exige el experimento cubano, precisamente para proteger sus innegables logros.

Los vicios y los errores del Sandinismo en los años 80 y hasta los que practica el FSLN en la actualidad también son tolerados por importantes sectores y representantes de la izquierda latinoamericana. Hugo Chávez -considerado por muchos como el abanderado del “socialismo del siglo XXI” en América Latina- alabó la figura de Daniel Ortega durante la inauguración presidencial del lider sandinista en enero de 2007 llamándolo uno de los indispensables de la izquierda latinoamericana. Indispensable para la visión de la izquierda de Chávez, a pesar del enriquecimiento ilícito del ex-guerrillero, de su colaboración con los sectores más reaccionarios de la iglesia católica nicaragüense, de su participación en la aprobación del tratado de libre comercio neoliberal conocido como CAFTA, de su apoyo decisivo a la penalización del aborto terapéutico que ya ha cobrado la vida de varias mujeres pobres en Nicaragua, y de su alianza política con Arnoldo Alemán, reconocido internacionalmente como uno de los mandatarios más corruptos en la historia reciente de América Latina.

La izquierda debe articular y defender una posición compatible con sus objetivos o deja de ser de izquierda. Porque la izquierda no es un tatuaje o una afiliación partidaria, mucho menos pandillesca. Ser de izquierda es, en Nicaragua, una posición ética contra todo lo que representa la conducta del Presidente Ortega y del ex-Presidente Alemán.

CONTRA EL PRAGMATISMO ELECTORERO:
CELIA HART VS. ROSARIO MURILLO

La izquierda es esa ética y esa moralidad que expresó Celia Hart en su ya famosa crítica al FSLN. En esa carta, y entre otras cosas, Celia Hart condenó el pragmatismo utilitario y electorero del FSLN expresado también en su voto para penalizar el aborto terapéutico en vísperas de los comicios. En su crítica, la militante del Partido Comunista Cubano cita las razones expuestas por Rosario Murillo para defender el aborto terapéutico y contesta a esas razones ofreciendo una lección de ética que es tan de izquierda como cristiana.

Rosario Murillo: Nosotros, precisamente porque tenemos fe, tenemos religión. Porque somos creyentes, porque amamos a Dios sobre todas las cosas, es que hemos sido capaces de sobrellevar tantas tormentas, ¡sin inmutarnos! Únicamente aprendiendo de cada dificultad lo que el Señor ha querido enviarnos como lección, como aprendizaje. Por eso también defendemos, y coincidimos plenamente con la Iglesia y las Iglesias, que el aborto es algo que afecta fundamentalmente a las mujeres, porque ¡jamás nos reponemos del dolor y el trauma que nos deja un aborto! Cuando las personas tienen o han tenido que recurrir a eso, jamás se reponen.

Responde Celia Hart: ¡No, señora Murillo! De lo que no nos¬ reponemos las mujeres es de no decidir sobre nuestros cuer¬pos y nuestras prioridades. De lo que no nos reponemos es de que una niña de doce o trece años sea violada y deba parir aunque no esté en condiciones de cuidarse siquiera a sí misma. La que no se repondrá nunca es la vida de la joven que murió sin asistencia médica por un embarazo que requería, bajo las más elementales normas éticas, ser interrumpido frente a los ojos de los galenos, que no sé si puedan dormir en paz. si la joven y el bebé murieron sin piedad. Hipócrates sin duda les cobrará por no haberla sal¬vado.

LA ÉTICA PERSONAL
NO ES AJENA A LA MORALIDAD SOCIAL

La izquierda debe mantener una posición ética contraria a la ética oportunista y pragmática que prevalece hoy en Nicaragua y en la mayoría de los países de América Latina, sin caer en falsos moralismos. Más aún, la izquierda debe ser capaz de reconocer la existencia de un ámbito de acción privada y personal en la que no debe interferir ni el partido ni el Estado. Pero también debe ser capaz de establecer que la conducta personal deja de ser privada cuando viola los principios morales de su propuesta social. Debe, en todo momento, reconocer la necesidad de mantener la necesaria congruencia entre su palabra, sus actuaciones y la moralidad que dice defender.

Porque es una falacia argumentar que la verdadera ética de la izquierda se practica hasta después de llegar al poder. La ética del presente es el prólogo de la moralidad social del futuro.

También es una falacia hacer compartimentos éticos y separar la ética personal de la moralidad social, asumiendo que la conducta personal de los líderes de la izquierda es independiente de su contribución a una moralidad socialista y revolucionaria. La ética personal de los líderes de la izquierda se desarrolla dentro de la sociedad y, por lo tanto, condiciona sus valores.

¿QUÉ ES “LO PRIMERO” PARA LA IZQUIERDA:
FRANÇOIS HOUTART VS. MÓNICA BALTODANO

Un ejemplo de esta falacia lo ofrece la carta que lamentablemente publicara el sacerdote belga François Houtart poco antes de las elecciones nicaragüenses del 2006 en Nicaragua. Dice Houtart: Las elecciones nicaragüenses permiten reflexionar sobre la importancia central de la ética en política, lo que se puede situar a tres niveles.

La lucha contra el neoliberalismo es el imperativo moral más importante. Se trata del nivel ético que tiene que orientar todos los otros y que constituye la base de cualquier izquierda.

La ética interna a los sistemas políticos (partidos) es un segundo nivel que tiene también su importancia. La opinión popular es severa en este sentido. La falta de ética política ha tenido un precio, tanto en Brasil como para el Frente Sandinista en Nicaragua. Se trata, tanto de la organización democrática interna como del rechazo de todas las prácticas de corrupción o de alianzas que contradicen los principios.

El tercer nivel es la ética personal de los actores políticos. Hemos visto en muchos casos, y particularmente en Nicaragua, que también esta ética importa y que el precio político de su ausencia puede ser alto.

Ninguno duda que para una posición de izquierda, los tres niveles de la ética cuentan. Sin embargo, es el primer nivel el que debe ser la base fundamental de todo juicio político. Los dos otros tienen que ser reivindicados de manera permanente, pero en subordinación al primero.

Tal como lo señalara Mónica Baltodano, en su respuesta a los argumentos de Houtart, éste encuentra culpables a los actuales dirigentes del FSLN de pecados cometidos en los dos primeros niveles (su ética personal y la ética interna en el partido), pero termina al final absolviéndolos, por sus posiciones consecuentes ‘en la lucha contra el neoliberalismo, el imperativo moral más importante’.

Y concluye Baltodano: En otras palabras, y según este desafortunado artículo del amigo Houtart, es poco relevante o es secundario para la ética revolucionaria si el máximo dirigente de un partido que se proclama revolucionario fue acusado, con irrefutables evidencias, por su propia hijastra y su empleada, de violación y abusos sexuales prolongados. Resulta también de poca importancia que los dirigentes del FSLN se hayan transformado para integrarse en la clase de los hombres más ricos del país. Resulta justificado como “un pecado menor” haber pactado con el gobernante y político más corrupto y ladrón de la historia nacional, Arnoldo Alemán. Resulta de secundaria importancia la abolición del Estado de Derecho expresado en tantas decisiones judiciales en nuestro país, adoptadas en función de los intereses políticos o económicos de Arnoldo, de Daniel o de sus allegados. Y es de poca importancia el pacto del FSLN con el Cardenal Obando, otrora enemigo acérrimo de la Revolución y favorecedor en Washington de la guerra contrarrevolucionaria.

¿OLVIDAR LA ÉTICA DEL PRESENTE
POR UNA MORALIDAD FUTURA?

El error fundamental de Houtart es asumir que las distinciones analíticas que utiliza en su escrito corresponden a la manera en que funciona la ética y la moralidad en la realidad. Un movimiento de izquierda responsable no puede sacrificar los principios éticos que deben gobernar la conducta de sus líderes porque esa conducta forma parte de los condicionantes que forjan la moral de la sociedad. La ética de una organización como el FSLN participa en la estructuración de la moralidad nicaragüense. No opera en un espacio autocontenido, como lo sugieren las clasificaciones analíticas utilizadas por Houtart.

La izquierda no debe ordenar las obligaciones éticas de sus líderes en dos momentos: el momento de la lucha -en el que debe actuar pragmáticamente- y el momento del triunfo, cuando debería empezar a practicar una ética socialista y revolucionaria. No se puede sacrificar la ética del presente en nombre de una moralidad futura, porque la ética de hoy termina incrustándose en la moralidad política del mañana. Mil mentiras no son capaces de parir una sola verdad. La corrupción de una organización de izquierda antes de llegar al poder termina siempre convertida en el anuncio de su corrupción cuando gobierna.

El escrito de Houtart, además, expresa una visión política y ética limitada por un esquematismo teórico que lo hace olvidar que el horizonte de la izquierda debe trascender los límites que impone la lucha contra el capitalismo neoliberal. La lucha contra el neoliberalismo se justifica porque atenta contra la dignidad humana. Pero el neoliberalismo no es la única amenaza contra la dignidad de la humanidad. La mentira y la corrupción también atentan contra el desarrollo integral de la sociedad. En este sentido, la posición de Houtart es profundamente conservadora porque reduce la lucha de la izquierda a la lucha contra un sistema eco¬nómico en particular.

Sobre esto, dice Iosu Perales en su respuesta al escrito de Houtart: El espíritu conservador en la izquierda se manifiesta habitualmente en la incapacidad de cultivar un sentido de la crisis, una atención crítica continuada a lo que sucede en la vida real. Se prefiere obviar los hechos, enmarcarlos en todo caso en un cuadro explicativo funcional, con tal de salvar unas categorías ideológicas y políticas ya obsoletas. Este espíritu conservador no está preparado para depurar legados ideológicos y producir ideas e imágenes más ricas y adecuadas a nuevas situaciones. Convierte lo revolucionario en una pieza arqueológica en lugar de hacer de ello una palanca para, si hace falta, recomenzar de nuevo. Es verdad que la idea de crítica no tiene una historia muy extensa y la del pensamiento crítico menos todavía, pero las gentes de izquierda necesitamos recorrer un camino que nos libere de cárceles intelectuales que nosotros mismos hemos construido, mediatizados por nuestros propios temores.

PARA EL FSLN,
LA ÉTICA ES “UN PREJUICIO BURGUÉS”

Finalmente, el planteamiento de Houtart expresa una visión pragmática de la política. Para Houtart, la lucha contra el neoliberalismo lo justifica todo. Pero la conducta de los líderes de la izquierda nicaragüense o latinoamericana no puede ser pragmática, si por pragmatismo se entiende una visión de la política como una práctica que se acomoda a la moralidad existente o a cualquier cosa que resulte conveniente.

La conducta pragmática, y el propósito de construir una sociedad fundamentada en la democracia y la justicia social, son contradictorios porque tanto la democracia como la justicia social son principios diseñados para moralizar la política y la lucha por el poder. En otras palabras, la justicia social y la democracia son expresiones de una filosofía política que impone requisitos, límites y condiciones a la conducta humana. El pragmatismo, por el contrario, es una manera de vivir al margen de todo condicionamiento ético o moral.

Fue precisamente para justificar el pragmatismo del FSLN que Ricardo Coronel Kautz, uno de sus ideólogos, escribió señalando que la ética es un prejuicio burgués. Eso permitió al FSLN llegar al poder -en las palabras de Coronel- haciendo uso de la demagogia, la manipulación, el manoseo, el engaño, la venta de ilusiones, la trampa, el jueguito, la compra y venta de voluntades, el chantaje, el cinismo, las coimas, los pactos prebendarios, el nepotismo, la llamada corrupción, el abuso de la palabra y el tráfico de influencias, la media mentira y media verdad, y todo lo demás.

El caso del FSLN es dramático: ni siquiera ocultó la ausencia de una ética de izquierda en su lucha por el poder. Coronel Kautz se encargó de “teorizar” el descarnado pragmatismo de esa organización política. ¿Cómo es que, entonces, tantos distinguidos personajes e intelectuales nicaragüenses respondieron a la victoria del FSLN otorgándole al Presidente Ortega “el beneficio de la duda”? ¿Qué facetas de nuestra cultura política refleja esa respuesta? Responderemos a estas preguntas en nuestra próxima reflexión en estas mismas páginas.

CATEDRÁTICO DE CIENCIAS POLÍTICAS EN CANADÁ. COLABORADOR DE ENVÍO.

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