La explotación minera, tan dura como la dictadura

La recientemente aprobada Ley de Minería inundará Honduras con 300 concesiones para la explotación minera. “Con la nueva ley nos han dado atol con el dedo, la hicieron los mismos inversionistas mineros para obtener la mayor ganancia al menor costo. Y con las mismas prácticas: se volvió a permitir la minería a cielo abierto, tan perjudicial. Estamos vendiendo nuestro futuro”. Así habla Monseñor Luis Alfonso Santos, obispo emérito de Santa Rosa de Copán, fundador de la Alianza Cívica por la Democracia, que hace unos años luchó activamente contra el extractivismo minero.

Jennifer Ávila

En el Occidente de Honduras existe una reñida lucha entre quienes se amparan en la ley del más fuerte para imponerse
y quienes buscan una aplicación imparcial de las leyes para proteger sus derechos. Hay municipios donde las leyes han sido aplastadas por los más fuertes, porque controlan las instituciones locales o participan en redes ilícitas de poder. Y donde los más débiles no tienen otra alternativa que no sea la de resistir, ante la ausencia de un auténtico Estado de derecho y la presencia de una institucionalidad débil y en manos de la corrupción y los poderosos de turno.

Ésta es la línea divisoria entre quienes utilizan la institucionalidad del Estado para sus propios fines y quienes se resisten a obedecerlos. Es el conflicto entre legalidad e ilegalidad. Es lo que se observa en el municipio de La Unión, departamento de Copán. En su casco urbano parece haber libertad de circulación, pero apenas se llega a las aldeas de San Andrés, San Miguel y Azacualpa, entra la sensación de tener que prepararse para otra suerte.

Hay ojos y oídos que vigilan. Así lo sentimos al adentrarnos en esta zona, donde dejamos de ser dueños hasta de nuestra propia sombra. Parecía que pasábamos a ser propiedad de quienes mandan sobre carreteras, viviendas y vehículos, quienes controlan a todo el que entra y sale. Es el poder ejercido por la compañía minera que se apropió de todo este entorno.

EN LO QUE YA
NO SERÁ AZACUALPA

Doña Virginia sale de su casa. Escuchó ruidos, no son comunes las visitas en su comunidad. Y no es para menos. Su aldea, Azacualpa, fue quedando aislada por las operaciones de una trasnacional minera en la zona de San Andrés. La minera comenzó a trabajar laborando en sus alrededores, hasta convertirla en zona de riesgo por los deslaves que sus actividades provocan.

Minerales de Occidente, MINOSA, es subsidiaria de Aura Minerals, una trasnacional canadiense que explota una concesión otorgada por el Estado para extraer metales en 300 hectáreas de tierra, las que con el tiempo se han ido expandiendo. Actualmente, MINOSA extrae alrededor de 344 mil onzas de oro al mes en una explotación a cielo abierto, según informa su propia página web. Las autoridades nacionales desconocen el dato exacto.

El departamento de Copán es uno de los más empobrecidos de Honduras. Un informe de la Secretaría de la Presidencia informa que de sus 23 municipios, 15 registran altos índices de extrema pobreza. Paradójicamente, es uno de los departamentos más codiciados por sus yacimientos de oro y plata, explotados por extranjeros desde el siglo 18.

La casa familiar de doña Virginia es muy pintoresca. Tiene pegadas en las paredes decenas de estampitas de la Virgen de Guadalupe, del Divino Niño y de otros santos, junto a fotos de sus cuatro hijos, los que parió en esta misma casa. La decoración no sólo expresa su religiosidad, también le ayuda a cubrir las paredes rajadas por las explosiones que provoca la minera a pocos metros de su vivienda.

La empresa MINOSA explota la mina a cielo abierto, una práctica catalogada entre las más agresivas con el medio ambiente. Comenzó arrasando toda la capa vegetal del territorio a explotar y de sus alrededores. Con explosiones, extrae la piedra con el mineral. Para separar el oro de la piedra utiliza agua con cianuro, un proceso llamado lixiviación, práctica utilizada también por otra empresa minera canadiense, “Entremares”, en el valle de Siria, lo que ha causado graves problemas de salud a sus habitantes y ha dañado seriamente el medioambiente.

Doña Virginia poco sabe de eso, pero sabe muy bien lo que ha vivido en su comunidad. Ahora la obligan a dejar su casa en esta aldea. “La minera nos dijo que nos hará casas más grandes, con un cuarto más y con solar”, cuenta, ofreciéndonos un refresco. Ésta será la última comunidad del sector desplazada por la minera a un nuevo sitio. El patronato local aceptó el traslado y lo que fue Azacualpa, en unos meses ya no lo será.

EN SAN MIGUEL,
DESOLACIÓN Y EXPLOSIONES

Cuando subíamos a San Andrés, vimos un predio donde se pretende construir algo. ¿Exactamente qué? Luego supimos que ésa será la nueva Azacualpa, justo abajo de la mina. Las comunidades de la parte alta de San Andrés eran San Miguel y Azacualpa. De San Miguel apenas quedan unas 7 casas, de las 76 que hubo antes. La iglesia está intacta, justo enfrente de la zona de lixiviación, de donde a diario mana agua con cianuro por decenas de regaderas. La minera indemnizó a algunas familias por sus propiedades, pero quienes no quisieron vender ahora viven aislados.

Es el caso de doña María, a quien encontramos jugando en silencio con sus niños. El silencio y la soledad se han apoderado del ambiente de estas pocas familias. Un poco tímida, doña María cuenta que creció en esa casa. Ahora todo está desolado y tampoco pueden irse. Su esposo trabaja en la mina, como los esposos de muchas otras mujeres del sector. Aquel silencio me pareció una amenaza de muerte, pero muy pronto se convirtió en un zumbido ensordecedor que nunca antes había experimentado. Las explosiones en la mina hacen la diferencia.

EL CASO DE DON QUINTÍN

Don Quintín Miranda trabajó en la mina de San Andrés entre 1982 y 1997. Lo despidieron cuando no pudo seguir por una enfermedad respiratoria que lo empujaba a la muerte. Se opuso rotundamente a la devastación de los bosques, montaña arriba, y al desplazamiento de su comunidad cuando la empresa minera amplió su producción. En ese tiempo era la transnacional minera Greenstone, también canadiense.

Don Quintín se opuso siempre a la minera. Hoy anda esquivo y parece haber bajado la guardia. No es para menos: una sola golondrina no hace verano. Cuenta que cuando varios patronatos se unieron para evitar que cortaran el cerro y desplazaran las familias, la minera les daba regalías a las demás comunidades, para que se pusieran en contra de quienes se le oponían. Ahora reina la división en La Unión.

“Antes se luchaba por los bosques, hoy es porque la mina no se vaya, porque si se va todos estos pueblos desaparecen. Yo antes le echaba toda la culpa a la mina. Pero no, el pueblo tiene mucha culpa por no pensar en su futuro”. Don Quintín asegura, además, que se fue saliendo de la organización cuando sentía que “lo andaban cerca”. Mientras nos va contando su historia, no deja de voltear a ver de un lado para otro, atento a los guardias de seguridad privados y a otros trabajadores de la minera, que insistentemente pasan frente a su casa.

La minera emplea a unos 800 habitantes de la comunidad. Pero don Quintín asegura que no son tantos, pues no hay personal capacitado en el pueblo. Dice que con uno o dos familiares trabajando en la mina las familias se confían y dejan de dedicarse a otras actividades productivas.

Purificación Hernández, de la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales, ASONOG, que estuvo en la zona entre 2002 y 2008, asegura que la tierra es infértil y las tierras canjeadas son mucho más pequeñas que las que tuvieron los pobladores en la antigua San Andrés. Y se lamenta: “Ahora ya no tienen ni donde amarrar su caballo, ni donde tener sus animales”.

“CUANDO LA MINA SE VAYA...”

Cuenta don Quintín, un poco nervioso, cuidándose de que nadie más lo escuche: “Antes estábamos a mil doscientos metros de altura, allá era fresco, aquí es muy caliente. Las casas las hicieron de bloques, pero nos limitaron el solar. Eso nos molestó bastante, no hemos podido tener un nivel de vida mejor, aquí no hay otra cosa más que la mina”. Campesino, asoleado, hablando en voz baja, nos cuenta que “así como se hizo una campaña en contra de la mina se hizo una campaña en contra mía. A todos los trabajadores que ganaban bien les decían que no vinieran a mi pulpería, porque yo estaba corriendo la mina para que se fuera.

En 2002, la minera fue denunciada por dos derrames de agua con cianuro en el río Lara, uno de los abastecedores de agua más importantes de la zona. A raíz de eso se firmaron compromisos para mejorar la calidad de vida de los pobladores y responder por los daños causados.

Para este líder comunitario, la minera se ha venido haciendo responsable en la comunidad desde el año 2006, por el aumento del precio del oro, cada día cotizado más alto en el mercado internacional. En ese mismo año la Yamana Gold le vendió a Aura Minerals la empresa por 200 millones de dólares y San Andrés se sumó a su lista de grandes minas en América Latina, encabezadas por las de San Francisco y San Vicente en Brasil.

La empresa se jacta de haber invertido millones de lempiras en salud y educación en la zona. El personal contratado por la empresa suele defenderla, asegurando que los sueldos que pagan son altos. Sin embargo, otras fuentes nos informaron que mucha gente de la zona padece de dolores de cabeza, de problemas en los huesos y en las articulaciones y de dolencias respiratorias, sin que nadie sepa el porqué. Don Quintín se alegra de que la minera se encargue de curar las enfermedades, pues el centro de salud público no funciona. Y dice: “Cuando la mina se vaya, ni el alcalde ni el gobierno van a poder con este pueblo, la mina es un gobierno central aquí”.

EL CASO DE DON ARTURO

Arturo Peña vive solo. Realmente solo. Sus únicas “vecinas” son las bases de las casas que habitaban sus primos y sus amigos en la ya desaparecida comunidad de Platanares, justo en el núcleo donde se explota la mina de San Andrés, de donde sale oro y plata y de donde vienen los temblores de tierra más terroríficos que ha sentido Arturo y su familia.

Don Arturo recuerda muy bien lo que el abogado de la minera le dijo: “Nosotros somos la ley”. Y recuerda: “Yo les reclamaba por el incumplimiento de un trato que habíamos hecho sobre mis propiedades, yo no tenía dónde irme, no quería dinero, sino las casas que me prometieron y que a nadie le cumplieron. Pero el abogado de la minera me lo dijo muy claro: “Si no querés salirte, te vamos a echar la policía”.

Don Arturo asegura que puso la denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, pero se mostró inoperante y hasta le aconsejó que recibiera las regalías que la empresa le ofrecía, aunque no fueran las justas. Dice: “Yo fui presidente del patronato en esta comunidad, pero me dejaron solo. Y ahora me buscan pidiéndome apoyo cuando la minera les incumple”. La comunidad lo abandonó, prefirió las regalías de la minera a la dignidad de don Arturo, quien hasta ahora se resiste a abandonar su patrimonio.

Don Arturo y don Quintín lucharon juntos en el patronato. Juntos le hicieron frente a las motosierras que pretendían dejarlos sin bosques. Ya todo cambió, ya nada es igual, hasta los venados desaparecieron, abunda el calor y el lugar, de ser verde, pasó a ser un desierto. Ahora los dos siguen de pie: don Arturo con la frente en alto, don Quintín con la cabeza agachada.

Cuentan: “Teníamos miedo que los cerros de atrás se resbalaran cuando botaran la loma. Tuvimos una reunión con el alcalde anterior y él nos prometió no ceder el permiso hasta que llegáramos a un acuerdo con la comunidad. Un día yo no estaba y ellos comenzaron a botar los árboles. Dijeron que el alcalde ya había firmado el permiso y que iban a poner una protección, un muro, para evitar los deslizamientos, pero nunca lo hicieron”.

Tras la aprobación de la nueva Ley de Minería, las autoridades aseguran que los problemas de la voluntad informada de las comunidades están resueltos y que casos como el de San Andrés y Platanares no se repetirán. La Ley acepta la figura de la oposición a una concesión, pero establece que la oposición debe cumplir el requisito de presentarse 15 días después de haber sido publicada la solicitud en un periódico nacional.

EL PRECIO DE LA CONCIENCIA

Según Juan Ramón Ávila, presidente de ASONOG, el Estado sigue utilizando mecanismos inconsultos para elaborar sus leyes y eso beneficia a las empresas mineras, que además de tener la ley de su lado tienen el poder económico. Advierte: “Las mineras tienen sus métodos y empiezan a darle espejitos a la gente. Le ofrecen trabajo y con esos engaños compran a los líderes comunitarios y los llevan a negociaciones en las que participan los órganos estatales confabulados con la minera. Eso seguirá pasando con la nueva ley”. Ávila reconoce también que la institucionalidad en Honduras está aún más quebrantada después del golpe de Estado, y que esto ha servido para entregar el país en bandeja de plata a las empresas transnacionales.

La Nueva San Andrés, así como la desplazada comunidad de Azacualpa, son ejemplos de que la conciencia del pueblo tiene un precio. Y la minera lo ha pagado. Cuando alguien no acepta vender su conciencia, el riesgo y las consecuencias son muy altos. Así ocurrió con Francisco Machado, antiguo director de ASONOG, quien tuvo que abandonar el país para evitar que se consumaran las múltiples amenazas de muerte en su contra.

¿VALE MÁS EL ORO
QUE EL AGUA?

Según una investigación realizada por ASONOG en enero de 2003 se produjo en la noche un “accidente” en el lugar. De 300 a 500 galones de solución de cianuro de sodio fueron derramados en el río Lara, en apenas 10 minutos, ocasionando la muerte de 18 mil peces, ranas, cangrejos y libélulas, entre otros. En marzo de 2009 ocurrió lo mismo con aproximadamente 150 galones de agua cianurada. El río Lara desemboca en el río Higuito, que abastece de agua a todo el municipio de Santa Rosa de Copán.

La compañía aseguró que fue un trabajador quien dejó la llave abierta y que los datos divulgados por ASONOG eran falsos y respondían a una campaña contra la minera. Sin embargo, un informe de impacto ambiental realizado en 1997 había advertido de ese peligro, puesto que las pilas de lixiviación de esta empresa están a menos de 100 metros del río y en invierno rebalsan, como en efecto ocurrió.

El CONADEH (Comisionado Nacional de Derechos Humanos) y la municipalidad de Santa Rosa de Copán le pidieron a un consultor externo que midiera el impacto de la explotación minera y el uso del cianuro en la zona. La investigación realizada constató daños en las comunidades y contaminación en sus fuentes de agua. Esto llevó a MINOSA ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, donde la compañía fue condenada y obligada a pagar una multa de 1 millón de lempiras por sus faltas. No obstante, y según el testimonio de organizaciones ambientalistas, la conducta de la compañía sigue siendo la misma o aún peor que antes de ser multada.

20 MIL LITROS POR HORA
CONSUME LA MINERA

Santa Rosa de Copán está a 40 kilómetros al norte de San Andrés Minas y se ha convertido en los últimos veinte años en un centro de oportunidades: tiene cinco universidades, cinco canales locales de televisión por cable y su población ha aumentado rápidamente. Sin embargo, su infraestructura no tiene capacidad para responder a las demandas de la población, incluyendo el abastecimiento de agua. Hoy viven aquí unas 60 mil personas, que sólo tienen acceso al agua ocho horas por semana.

El encargado de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Santa Rosa de Copán, Amer Cruz, asegura que el agua en esta ciudad es una de las más caras del país. Hay personas que pagan de 400 a 1 mil lempiras mensuales por el agua. (20.39 lempiras = 1 dólar en agosto 2013). Cruz explica: “Nosotros, como municipalidad, contamos con un laboratorio que es uno de los mejores de Occidente, pero no está certificado por las instituciones encargadas. Aquí se hace análisis a diario del agua que es ingresada a la planta, se trata con químicos para atacar algunos metales pesados que vienen en el agua y otros tipos de contaminantes, como heces fecales”.

El funcionario recuerda que en 2009 hubo una descarga de Minerales de Occidente. “Estuvimos presentes en la denuncia, pero lastimosamente no hay un seguimiento por parte de las autoridades, no hubo una retribución de daños y hubo una gran cantidad de peces muertos. Sin embargo, yo no puedo dar una declaración diciendo que hubo contaminación, porque en ese momento no se comprobó científicamente”. Ahora ninguna autoridad se atreve a decir que en realidad hubo contaminación o que sigue habiéndola.

Según Cruz, la nueva Ley de Minería establece que los proyectos mineros pueden usar toda el agua que necesiten tanto para la extracción de minerales, como para el uso de sus trabajadores, lo que provocará un uso irracional de este recurso. “Las leyes se contradicen -afirma-, porque la Ley Marco de Agua Potable dice que el agua es un bien común y el Estado tiene que garantizarla. Pero esa ley queda inútil ahora con la Ley de Minería, que le da mucho beneficio a las mineras”. Esto se confirma en el caso de la mina de San Andrés, que consume al menos 20 mil litros de agua por hora.

¿QUIÉN MANDA CUANDO
NO HAY ESTADO QUE GOBIERNE?

Juan Carlos Elvir fue alcalde de Santa Rosa de Copán de 1998 a 2006. Cuando comenzó su primer período, la mina a cielo abierto de San Andrés llevaba un año de instalada. Elvir asegura que en su mandato no pudieron hacer mayor incidencia, porque a lo largo del camino fueron detectando, tanto “la falta de patriotismo” del gobierno, como los impactos negativos que tienen estos proyectos en el ambiente.

Según Elvir, “en el caso de la mina de San Andrés ya se había previsto el problema del agua potable, sin embargo el gobierno nunca tuvo capacidad para monitorearlo. Al menos en una oportunidad hice una crítica muy fuerte a organizaciones como ASONOG, que hacen una incidencia sorda y no se preocupan por buscar fortalecer la institucionalidad del país”.

Elvir estuvo activo en el proceso de denuncia por los derrames de cianuro de la mina en el río Lara, pero cayó
en el mismo error que critica a ASONOG, pues en lugar de demandar que el estudio a los daños ambientales lo hicieran instituciones del Estado, manifestó su malestar porque las organizaciones ambientalistas no aceptaron los estudios financiados por la minera. “La misma compañía minera -relata- estaba dispuesta a poner los recursos para fortalecer el equipo y para que se pudieran hacer las pruebas correspondientes al agua, pero armaron un alboroto. Mientras tanto, el proyecto minero continúa y ha causado daños irreversibles, porque las medidas establecidas en el plan de mitigación no se cumplen”.

Ante la inquietud sobre quiénes son los que a fin de cuentas mandan en la zona, Elvir reconoce que quien gobierna es quien tiene las armas y el dinero y acepta que hay cosas que no se pueden remediar. Es candidato a diputado por el Partido Liberal.

¿MINERAS Y NARCOTRÁFICO?

Le preguntamos a Elvir si conocía de algún caso en que el narcotráfico tuviera inversiones en la industria minera y contestó así: “Nadie puede desconocer que el lavado de activos es la forma de satanizar al narcotráfico. Pero aquí hay gente que lava el dinero que le roba del gobierno y eso no lo satanizamos. Y al final de cuentas, el perjuicio es igual o peor. Hay tendencias que no se pueden evitar. Superman no existe”.

La incertidumbre es el sentimiento común en esta zona. La mayoría sabe que quien gobierna no son las autoridades electas, sino quienes tienen armas y dinero. Carlos Guzmán, de ASONOG, asegura que la denuncia contra la empresa minera tiene sus riesgos y así lo viven los promotores sociales de su organización. La población está sola y parece no tener otro remedio que conformarse, a lo que se añade el papel de los medios de comunicación locales, que en lugar de denunciar se doblegan ante el dinero o se callan por miedo.

El periodista copaneco Danilo Osmaro Castellanos ha sido objeto de varias amenazas por la encargada de comunicaciones de la minera. Dice: “En esta zona, la mina es un tema prohibido. Y con la situación de violencia agudizada que tenemos ya no es bueno arriesgarse tanto”, expresó.

MONSEÑOR SANTOS:
“NOS DAN ATOL CON EL DEDO”

Monseñor Luis Alfonso Santos, obispo emérito de la diócesis de Santa Rosa de Copán, fue fundador de la Alianza Cívica por la Democracia, hoy reducida a una oficina sin personal ni recursos. En 2007 esta instancia encabezó una lucha contra la minería en la zona. Hoy, monseñor Santos dice que la lucha contra la explotación minera dejó de ser prioridad en la diócesis y ha sido opacada por las nuevas autoridades de la Iglesia católica.

La Alianza Cívica por la Democracia impulsó la lucha por una nueva ley de minería, que asegurara la plena participación de las comunidades y la preservación del medioambiente, sustituyendo así los términos de la ley vigente desde 1998. Monseñor Santos afirma que les han dado “atol con el dedo”, ya que “la nueva ley de minería sigue con los mismos errores, siempre hecha por los inversionistas mineros para obtener la mayor ganancia con el menor costo. Se volvió a permitir la mina a cielo abierto, como la tenemos en estos cerros, con esos grandes cráteres que abre la compañía y que después trata de rellenar. La nueva Ley de Minería legitima esas mismas prácticas”.

“Alguien que trabajó en la mina dijo que la compañía tiraba el agua con cianuro y cuando vienen esas tormentas, en agosto sobre todo, esa contaminación no es sólo del agua, es de la tierra, es del aire”, asegura monseñor Santos, uno de los pocos que se atreve a mencionar la palabra contaminación cuando habla de la MINOSA.

Rolando Milla, Comisionado Noroccidental de Derechos Humanos, ratifica lo que dice el obispo, a la vez que denuncia que nunca ha existido una instancia, ni legal ni privada, que pueda monitorear la explotación minera de las grandes transnacionales. Por eso no se han podido comprobar los daños que hace la mina en San Andrés.

Según Milla, ha faltado voluntad política para que la explotación minera se establezca con un equilibrio en que el Estado, las comunidades y la empresa generen riquezas, en vez de perjuicios al ambiente. Y afirma: “Aquí la única palabra que vale es lo que la mina dice. Y sentimos desconfianza cuando el Estado brinda resultados sobre la contaminación a través de DEFOMIN (Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería).

300 CONCESIONES MINERAS

Purificación Hernández, de ASONOG, ha vivido en carne propia la inoperancia del Estado y el poderío económico de la minera. Cuenta que cuando sucedió el primer derrame de agua cianurada en el río Lara, en 2002, ellos llevaron doce libras de pescados muertos al Ministerio Público e hicieron la denuncia correspondiente y unas semanas después les dijeron que carecían de reactivos para hacer las pruebas y que el pescado se había podrido en las bodegas de la institución. Las evidencias quedaron borradas y los denunciantes, de manos atadas.

Para Donald Hernández, del Centro por el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC), que el Estado no haya sido capaz
de llevar bien la explotación minera en apenas tres minas metálicas en el país es un claro aviso de que en las 300 concesiones que inundarán Honduras a partir de la nueva Ley de Minería la situación se le irá totalmente de las manos.

Aldo Santos pasó de ser Fiscal del Ambiente a la dirección de DEFOMIN, de ser representante del Estado para defender el ambiente a ser director de una institución identificada con los intereses mineros. La colusión con las empresas mineras de las instancias públicas responsables de fiscalizar y proteger el ambiente ha impedido que se avance en los procesos de denuncia. Es lo que ha ocurrido en los casos del Valle de Siria en Francisco Morazán y en el de San Andrés en Copán.

No obstante, Santos asegura que el problema no son los funcionarios, sino el hecho de que una misma instancia sea fiscalizadora y a la vez promotora de la actividad minera, lo que en la práctica sirve únicamente a quienes tienen más poder y más dinero. Santos señala también que el presupuesto asignado a DEFOMIN se orienta, casi todo, a cubrir salarios, quedando muy poco para su operatividad, exponiéndose así a depender del apoyo económico de las empresas mineras.

Monseñor Luis Alfonso Santos nos dice que el Estado nunca ha sabido qué cantidad de minerales se sacan de Honduras, “porque a La Unión lo que llega es un helicóptero y me han dicho que lo que cargan allí es un quintal de oro y se lo llevan. Allí no hay policía que revise, nadie sabe adónde va. Nosotros los hondureños somos víctimas de un saqueo de nuestros minerales y por tener ahora un plato de lentejas estamos vendiendo nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y nietos. Todo se lo llevan”.

GUISAYOTE:
DEL DESIERTO AL PARAÍSO

Ir de San Andrés a La Labor, en el departamento de Ocotepeque, es cambiar totalmente de aires. Es como ir del desierto al paraíso, es pasar de los destrozos causados por la minería a la Reserva Biológica del Guisayote, al aire limpio y al agua pura que allí fluye libremente.

Según el Instituto de Conservación Forestal, esta reserva, a pocos kilómetros de San Andrés Minas, tiene una extensión de más de 14mil hectáreas. Tiene bosques de hoja ancha, bosques de pino y bosques nublados. En su momento también fueron amenazados por la explotación minera transnacional. En 2002 este territorio fue entregado en concesión a la empresa canadiense Maverick para extraer oro y plata. Autoridades y empresarios no calcularon que un pueblo entero se les iría encima. Ese año, cientos de pobladores de La Labor y de los municipios aledaños, incluyendo Santa Rosa de Copán, se tomaron las carreteras durante tres días consecutivos hasta que lograron iniciar una negociación en defensa de la Reserva.

Juan Carlos Elvir, por ese entonces alcalde de Santa Rosa, se unió a la lucha hasta que se canceló la concesión. Según el ex-edil, la empresa canadiense demandó al Estado hondureño por 200 millones de lempiras por incumplir su trato. Don Pedro Pinto, un respetado líder de La Labor, fue el pilar más sólido en la construcción de las bases organizativas contra la explotación minera en la zona. Cuenta que cuando comenzaron a ver entrar las máquinas a la montaña agarraron sus machetes y “sus pistolitas viejas”, para proteger la Reserva.

MUNICIPIOS “LIBRES
DE EXPLOTACIÓN MINERA”

Cuenta don Pedro Pinto: “Fueron dos años de lucha en paz, de negociaciones con la empresa. Ellos nos pintaban pajaritos en el aire, ofreciéndonos piñatas, confites, proyectos. Para una semana santa volvieron a sorprender el pueblo: aparecieron grandes cartelones ofreciendo trabajo para la explotación minera. Volvimos a convocar a la población y allí comenzamos la denuncia. Las marchas populares siguieron hasta el año 2004. En ese lapso de tiempo conocimos la experiencia de San Andrés y la del Valle de Siria y vimos allí que no es cierto lo que las empresas mineras hablan, porque hay destrucción del bosque, hay contaminación del agua y derroche. Y toda esa experiencia la trajimos a nuestra comunidad. Pasaron muchas cosas. Fue asesinado un periodista que nos acompañó: German Rivas, de Santa Rosa. Su asesinato sigue en la impunidad, aún no se sabe si fue por eso, pero él se había hecho un aliado nuestro en contra de la minera. Él no llegó a ver lo que tenemos hoy: un municipio libre de explotación minera”.

Municipios como La Labor, declarados “libres de explotación minera”, se sienten en peligro ante el poderío de la industria minera trasnacional, ante la corrupción estatal y ahora ante la nueva Ley de Minería, aprobada en 2013, en medio de la convulsión que vive Honduras.

Un cambio de alcalde podría afectar a la comunidad de La Labor. Pedro Pinto asegura que en un foro político realizado en abril de 2013 el candidato del Partido Nacional informó que la empresa minera le había ofrecido 250 mil dólares si ganaba y que, a cambio, les dejara explotar el Guisayote. Las comunidades de Llano Largo, Santa Lucía, El Ingenio y La Labor, en el núcleo de la Reserva, están alertas.

Dice don Pedro Pinto: “Ya estamos resintiendo esto con las elecciones. Yo todavía resisto a no venderme, pero aún hay una población que puede llegar a venderse. Aquí suena que quien financia las campañas políticas de algunos candidatos es MINOSA. Se nos avecina una lucha tenaz, pero a partir de la Coordinadora de Sociedad Civil estamos comenzando a preparar acciones. Ojalá que el pueblo no sea masoquista”.

TODO ES POSIBLE
CUANDO HAY CORRUPCIÓN

Los “municipios libres de explotación minera” están en peligro, además, porque según el artículo 49 de la nueva Ley de Minería “no podrán establecerse zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería, sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente”.

Aunque la concesión del Guisayote es ilegal, nada es imposible cuando hay corrupción. Para Juan Ramón Ávila, la esperanza está en sentar bien las bases, declarar a los municipios “libres de explotación minera” blindándose en leyes internacionales y uniéndose toda la región, que sigue siendo víctima de saqueo cuatro siglos después de la Colonia.

“Ahora lo importante es no dejar entrar a las empresas, porque en dejándolas entrar acabarán con este paraíso.
Con la nueva Ley de Minería, y con la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo, Honduras está entregando la soberanía nacional y con eso la lucha se nos vuelve cuesta arriba”, dice Ávila.

EN RESISTENCIA
A LA PAR DE LOS PINOS

Pedro Pinto teme por su vida. Ya sufrió un atentado y ahora, con el clima de impunidad y violencia, le es más difícil estar nadando contra la corriente. Pinto asegura que la violencia que viven en Ocotepeque es igual de agresiva a la que hay en San Pedro Sula, pero la falta de Estado en la zona es tal que nadie se da cuenta de la grave situación en que viven: “Aquí sabemos que corremos un riesgo y es posible que vamos a tener muertos o compra de líderes de la comunidad. Ya lo sabemos: si una comunidad empieza a aflojar nos va a pasar lo de San Andrés”.

En el Guisayote, Pedro Pinto y su comunidad se aprestan a continuar la lucha y siguen creyendo en la fuerza de la resistencia comunitaria. En San Andrés, doña María y doña Virginia, atrapadas en sus silencios y soledades, ven pasar las máquinas que no se atrevieron a detener. Y, aunque don Quintín también agachó su cabeza después de tantas presiones, todavía sigue erguido, a la par de los pinos y los liquidámbares, símbolos de resistencia ante la opresión del oro y la plata, de esta minería saqueadora, tan dura como la dictadura.

PERIODISTA DE RADIO PROGRESO Y DEL ERIC (EQUIPO DE REFLEXIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN)
DE LOS JESUITAS EN HONDURAS.

Imprimir texto

Enviar texto