Protesta mal enfocada e inmadurez en la concertación económica

Al hacer un balance del movimiento popular centroamericano se aprecia la enorme brecha que separa al pueblo organizado del pueblo no organizado, que es la inmensa mayoría.

Equipo Envío

Si ha habido avances esperanzadores en el proceso de desmilitarización y negociación política entre los nuevos gobiernos y las tres vanguardias revolucionarias en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el panorama de lo acontecido en la sociedad civil parece mucho mas oscuro. La cosecha de una década de lucha ha sido una nueva vitalidad de la sociedad civil política frente al militarismo pero el costo de esa conquista han sido crecientes niveles de extrema pobreza, de delincuencia en la ciudad, de abigeato en el campo, de narcotráfico y de otras formas de descomposición social que acompañan a la pobreza, impuesta primero por la guerra de baja intensidad norteamericana y luego por el esquema neoliberal.

Entre 1986 y 1989 hubo un cambio gradual desde la guerra de baja intensidad, que priorizó los gastos militares en la región, hacia una guerra de contrainsurgencia comercial que, sin dejar el garrote, prioriza el paquete económico regional homogéneamente destructor. ¿Cual ha sido la respuesta del movimiento popular al deterioro de la sociedad civil en 1990, no en el creciente numero de las organizaciones que la componen sino en la base material que las puede sustentar?

Los años 70: protesta sin propuesta
Los años 80: propuesta fallida

La coyuntura regional del movimiento popular esta mucho mas tensada por su propia dinámica durante las ultimas dos décadas que por los acontecimientos en la URSS y la crisis del socialismo europeo.

La perdida de las elecciones en Nicaragua ha afectado mucho mas al movimiento popular que la repentina desaparición del socialismo de Europa del Este. Quienes quedan mas desconcertados por la crisis del socialismo son las vanguardias de la región y los grupos mas politizados del movimiento popular, porque solo ellos podían entender la relación entre el proyecto europeo de socialismo -surgido de una revolución popular en la URSS e impuesto en el resto de Europa del Este por el ejército rojo y partidos comunistas minoritarios - y las características propias del socialismo centroamericano.

El movimiento revolucionario de la región ha vivido mas del radicalismo de las masas empobrecidas que de esquemas teóricos. La caída del socialismo obliga a las vanguardias a revisar sus esquemas teóricos marxistas, que habían sido adaptados solo parcialmente a la realidad de sus países respectivos. La derrota del sandinismo y los problemas de la relación entre partido, Estado, y organizaciones populares les obliga a una transformación aun mas radical de sus esquemas filoleninistas sobre el carácter del partido revolucionario y sobre la transición al socialismo.

Para el movimiento popular, la caída del sandinismo - y no la crisis del marxismo-leninismo europeo - fue la nota desconcertante de 1990. Este desanimo por desconcierto tendrá que entenderse desde la historia reciente de lucha popular en la región. Los años 70 fueron un tiempo de protestas sin propuestas. Durante la década, el movimiento popular vivió un momento de protesta sindical y campesina sin siquiera visualizar una propuesta alternativa. Fue aquel un movimiento meramente contestatario, muy teñido con esperanzas de justicia y fuertemente marcado por la religiosidad popular.

Los años 80, en cambio, han sido un tiempo de protestas incrementadas en base a una propuesta fallida o insuficientemente elaborada. Durante los 80, con el triunfo de la revolución popular sandinista, la protesta del movimiento popular en otros países de la región se intensificó y se fortalecieron las vanguardias político-militares, con la verificación de que una victoria popular había sido posible en la región. Sin embargo, el FMLN y la URNG no elaboraron sus propios esquemas de gobierno post-triunfo. En medio de su guerra de guerrillas, les fue mas fácil dejar en las masas la imagen de la Nicaragua sandinista como la tierra prometida.

El tiempo para sembrar estaba en Nicaragua. En el resto de la región la única tarea era intentar arrancar las raíces podridas de las dictaduras militares de los regímenes oligárquicos y de las influencias de las Embajadas estadounidenses.

A partir de 1985, con la prolongación del conflicto en El Salvador y con la avalancha de información sobre el desabastecimiento y la persistente pobreza en "la tierra prometida" y sobre los otros costos humanos de la intervención norteamericana y de la contrarrevolución, crecieron las dudas acerca del modelo sandinista, tanto en las bases del movimiento popular como en las cúpulas de las vanguardias, aunque las poblaciones en las zonas de control de la guerrilla se afianzaban en una mutua solidaridad con la lucha de los pobres nicaragüenses.

Las cúpulas se encontraron más preparadas para la derrota electoral que las bases del movimiento popular y la noticia del 25 de febrero de 1990 exploto en un desconcierto fuerte en el seno del pueblo organizado, no solo en El Salvador y Guatemala sino en toda América Latina. La agenda popular no había sido elaborada. Para los a$os 90, aparecen una serie de desafíos claramente sentidos, pero sin capacidad aun de articular una agenda de praxis histórica con proyectos y propuestas concretos de carácter socioeconómico que respondan a los intereses inmediatos de las masas centroamericanas, tan duramente afectadas por las incoherencias de las políticas de estabilización monetaria y de ajuste económico. Para el movimiento popular el peligro de esta coyuntura es una regresión a su esquema de lucha de los años 70 sin capitalizar sus avances de la década pasada para en el trabajo cotidiano presentar en los 90 propuestas de organización económica y social concretas. "Concretas" quiere decir enraizadas en la practica, la autonomía y la rentabilidad económica, alternativas realmente populares.

Fractura estructural entre organizados y no organizados

Existe una fractura profunda en el seno de las masas centroamericanas entre el pueblo organizado que mantiene, a pesar del desconcierto de 1990, su esperanza de justicia social, por un lado, y, por el otro, el pueblo no organizado, urgido por la sobrevivencia diaria ante la crisis económica y desilusionado frente a la posibilidad de transformación social o cambio a nivel nacional.

Entre el pueblo organizado existe un caudal de identidad clara de su función política, de rechazo al militarismo y a los privilegios económicos de las clases dominantes. Se mantiene vivo el ideal de una sociedad mas justa y mas igualitaria, cosecha de más de dos décadas de cuestionamiento del estatus que de la región. Entre el pueblo organizado, a pesar de sus divisiones internas y del verticalismo que ha caracterizado a la organización popular, hay mucha gente que esta dispuesta a hacer grandes sacrificios para conservar el espacio económico conseguido en sus luchas - las reformas sociales llevadas a cabo en Nicaragua, por ejemplo - y para seguir abriendo un espacio para los derechos humanos y la desmilitarización de la sociedad - en los casos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica, en orden descendente -.

La lógica de fondo del pueblo organizado es la lucha política para conseguir beneficios económicos. Manifestaciones callejeras, huelgas en empresas que no tienen alternativas de reconversión industrial, tomas de edificios, exigencias del mantenimiento de salarios estatales sin propuestas de racionalización en los servicios públicos... Entre el pueblo organizado hay desconcierto por la derrota electoral del sandinismo y entre los sectores mas radicalizados, incomprensión ante la complejidad del ajuste estructural impuesto a la región y ante los nuevos caminos de negociación política y concertación económica que se dan entre las vanguardias y los nuevos gobiernos neoliberales.

El desconcierto pesa mas fuertemente cuando los nuevos procesos políticos toman la forma de negociación entre cúpulas, por falta de adecuada participación de las bases en la formulación de la agenda popular puesta sobre la mesa de negociaciones. Surge entonces un desanimo por miedo a perder nuevas batallas con estilos antiguos para librarlas, perdida que se cree se produciría o en la misma mesa de negociaciones entre las cúpulas o mas tarde, en la vida diaria. El desconcierto pesa también notablemente cuando la escena internacional, con sus condicionamientos, cambia tan radical y rápidamente que se convierte en un enigma indescifrable porque se ha perdido la clave de lectura con que antes se comprendía. El desconcierto llega a formularse incluso como una especie de orfandad de medios de comprensión: se ha perdido la brújula, y se esta en un país inédito que hay que explorar, inventando imaginativamente con tino las nuevas coordenadas que permitan orientarse de nuevo.

El pueblo no organizado, igual que el pueblo organizado, siente en carne propia el gran deterioro de sus condiciones de vida, deterioro acumulado en los a$os de guerra y en la larga crisis económica e incrementado por el ajuste económico impuesto.

La diferencia con el pueblo organizado esta en que el pueblo no organizado ha perdido la esperanza de encontrar una salida justa a la crisis. Este sector del pueblo no ve, sobre todo, la posibilidad de una salida colectiva a la crisis y sufre de cansancio por la inestabilidad política, de miedo por las condiciones de guerra y violencia imprevisible y de agobio por la crisis económica.

Si en un tiempo tuvo esperanzas, ahora reina ya entre ellos la desilusión frente a la política porque no lo comprende, por el miedo creado por la represión a los que buscan alternativas fuera del orden dominante establecido, por la necesidad de encontrar trabajo a como de lugar, por la lucha cotidiana para asegurar comida y techo para sus niños o por la convicción de que, cualesquiera sean las luchas populares y su intensidad, el orden establecido no va cambiar.

Precisamente, el orden y, además, su reconstrucción por la paz serían los únicos horizontes en los que ven sentido. Algunos abandonan de tal modo la confianza en la praxis histórica que piensan que "solo Dios podría arreglar la situación presente". Todo esto revierte hacia la resignación del catolicismo tradicional y el sentido apocalíptico y la moral individualista de las sectas evangélicas. La lógica de fondo del pueblo no organizado es la lucha individual, familiar y local para la sobrevivencia económica y la estabilidad psíquica en un mundo inestable y cruel. Igual que entre el pueblo organizado, reina la incredulidad en el sistema político establecido - como lo demuestra un creciente abstencionismo electoral en algunos países -, aunque los organizados no encuentran un aliado en ese abstencionismo porque el pueblo no organizado tampoco cree en una
política alternativa.

Entre el pueblo no organizado es difícil hablar de desconcierto. Todos buscan alternativas en su estrategia de sobreviviencia familiar dentro del Sector Informal Urbano (SIU), en la migración a los Estados Unidos - un tipo de exportación de mano de obra que ha sido el rubro mas importante de exportación y de generación de divisas netas en la mayoría de los países de la región - y en el refugio en las sectas evangélicas, que dan un contrapeso de cohesión social a su lógica individualista de "sálvese quien pueda". Estas ofrecen, además, la purificación de los vicios del alcohol, del tabaco y de la infidelidad matrimonial, y una consecuente mejora en el uso de los escasos recursos económicos
que poseen.

El problema fundamental del movimiento popular social y político centroamericano - el reverso de la medalla, cuyo anverso es el crecimiento en su seno de un nuevo sujeto histórico - es su carácter de minoría frente a las mayorías que constituyen al pueblo no organizado. A los ojos de este pueblo no organizado, las organizaciones populares aparecen como una secta, cuyo "dios" ha fracasado y cuya membresía tiene que exponerse a la represión y persecución, además de perder tiempo para el trabajo tan necesario para la sobrevivencia económica. A sus ojos, la cosecha de experiencia en la lucha y la reserva moral para la democratización y la transformación de la región parecen una solemne locura.

La falta de creatividad del movimiento popular en abordar la brecha entre su tipo de identidad y el tipo alternativo de identidad del pueblo no organizado y en enfrentar en forma directa las condiciones materiales económicas y sociales de las mayorías populares es, quizás, su principal lastre. La división que hacen del pueblo entre "los conscientes" y "los no conscientes" revela su propio sectarismo y el limite de su capacidad para acumular fuerzas.

En este contexto, el resultado de los sacrificios heroicos del movimiento popular centroamericano es una protesta justa, pero demasiado debilitada como para ser aceptada, al menos parcialmente, por el pueblo en su conjunto, que se siente cansado de tantas protestas sin propuestas promisorias de una mejoría inmediata, aunque sea mínima para su sufrimiento económico. Además de esta fractura principal en el seno de las masas, existen fisuras secundarias entre los dos grupos. Entre el pueblo organizado están las divisiones ideológicas e institucionales provenientes de las organizaciones políticas. Entre el pueblo no organizado están las divisiones entre católicos y protestantes y entre los ladinos y las distintas etnias.

Una coyuntura de ajuste económico: desfase entre lo político y lo económico

La practica del movimiento popular organizado centroamericano priorizó los factores políticos sobre los económicos y durante 1990 no logro abordar creativamente la brecha existente entre los organizados, cuyos intereses fueron enfocados en los proyectos nacionales de desmilitarización y negociación, y los no organizados, cuyos intereses giraron en torno a la lucha cotidiana familiar y local para la sobreviviencia económica. Durante 1990 se detectaron en la región tres tendencias en este desfase entre lo político y lo económico.

La primera en Guatemala y El Salvador, donde o no hubo enfrentamiento directo entre el movimiento popular y el ajuste económico o, cuando lo hubo, como en El Salvador, por medio de las reuniones de la intergremial, los gremios empresariales y el gobierno actuaron en forma totalmente intransigente. La segunda, en Honduras y Panamá, donde el movimiento popular no tuvo suficiente fuerza para lograr el inicio de una concertacion con los nuevos gobiernos de Callejas y Endara. Y la tercera, en Nicaragua y Costa Rica, donde el movimiento popular tuvo participación en el proceso de concertacion socioeconómica, pero busco el enfrentamiento con el ajuste en el terreno que se refería al tamaño del Estado y al de su déficit fiscal, que resulto ser el terreno mas favorable para su contrincante neo-liberal.

Guatemala y El Salvador: desmilitarización y movimiento popular sin concertacion económica

En Guatemala y El Salvador, el movimiento popular ha sido fuertemente condicionado por la lucha guerrillera y las exigencias impuestas por el proyecto de las vanguardias. Este proyecto ha evolucionado desde una priorización de la toma del poder político-militar entre 1980 y 1986, y entre 1987 y 1990, con la prolongación de la guerra, hacia la estrategia de obligar por la fuerza a la desmilitarización y democratización de los países mas represivos de la región.

En Guatemala, el eje del año fue el ajuste económico y el proyecto de modernización neoliberal. Mientras que la dinámica nacional giro en torno a la economía, las protestas del movimiento popular fueron en otro sentido. A pesar del hecho de que la inflación aumento en un 75% y los salarios solo en un 10%, y de que los ingresos del campesinado fueron gravemente afectados por una política económica que privilegio la exportación a expensas de los productores de granos básicos y otros productores de bienes de consumo interno, como los del sector de la construcción, el movimiento popular se centro en la lucha por los derechos humanos, con nuevos brotes de luchas "clasistas" a favor de la mujer y de reivindicaciones étnicas, que lanzaban como proyecto un modelo prehispánico perfecto, sin clases sociales y sin tensiones económicas.

Hubo avances, evidenciados en la creciente conciencia antimilitarista, concretada incluso en una nueva ley que reduce los poderes de este estamento de la sociedad, arrancando de su jurisdicción las Patrullas de Autodefensa Civil.

En la ausencia de expectativas económicas concretas para las mayorías pobres, y con la creciente desnacionalización popular por causa de la migracion a Estados Unidos y el flujo de remesas familiares internacionales, el movimiento popular, desprovisto de una alternativa económica popular, resulto mermado por la polarización religiosa entre católicos y sectas evangélicas, por la creciente polarización entre ladinos e indígenas en las nuevas expresiones indigenistas de la fractura cultural y de situación de clase mas profunda de la sociedad guatemalteca, y sobre todo por la creciente tensión entre militarismo y sociedad civil, analizada en el segundo apartado de este trabajo.

Mediatizado por esta triple polarización, fue notable la debilidad del movimiento organizado para movilizarse frente a las alzas en los precios del transporte y de otros servicios públicos, que en años anteriores provocaron motines. A la vez, avanzó el proyecto de solidarismo empresarial frente al vacío de acción del movimiento popular alrededor de los aspectos mas económicos de la coyuntura. La ausencia del movimiento popular en la campaña electoral señalo también su incapacidad de forjar una estrategia de alianzas de clase para abrirse un espacio en el debate nacional económico.

La economía fue el tema central de la elección presidencial. El sufrimiento económico del pueblo no organizado encontraba en el mensaje de orden y paz de Ríos Montt una condición favorable a sus proyectos de sobrevivencia económica. Su candidatura, empero, fue excluida por anticonstitucional y por la oposición del sector civil de las clases dominantes y de los militares mas moderados , que decidieron impedir que sus planteamientos económicos fueran enturbiados por las estridencias fanáticas del general evangelista. Al explicar el elevado grado de abstención electoral habrá que tomar en cuenta a una notable cantidad de pueblo no u73 organizado, que no votó por no encontrar creíbles las propuestas de mejoría económica.

En El Salvador, el proceso de dialogo y las negociaciones en torno a la desmilitarización de la sociedad ocuparon el centro de la coyuntura. Aunque se constituyo la intergremial -fracasada - y aunque se sobrentienda que los problemas socioeconómicos y la justicia social entraran con mas concreción en un tiempo posterior de esta primera fase de negociaciones, de hecho, durante 1990, el movimiento popular salvadoreño tuvo un carácter primordialmente político, movilizado alrededor de la represión militar, del asesinato de los jesuitas, de las propuestas de depuración de la Fuerza Armada, y, en general, de la desmilitarización de la sociedad.

La ofensiva del FMLN a finales de 1989 apagó la organización popular en la ciudad. Mucha gente se fue al campo con la guerrilla y el miedo posterior a la ofensiva congelo su capacidad de movilización. Sin embargo, al inicio de 1990, el movimiento vuelve a reconstituirse, mostrando la capacidad de resistencia y decisión de los sectores del pueblo organizado para salir de nuevo a las calles. Durante el resto de 1990 padeció, sin embargo, de una falta de apertura ideológica hacia los sectores no organizados.

El estilo de organización no cambio - siempre se basó en "entrar con lo nuestro para salir con lo nuestro -". Hubo falta de creatividad de las organizaciones populares, por demasiada dependencia en las consignas y una persistente practica de usar los argumentos muy politizados del FMLN. Esto solo facilitó mayor represión e hizo lenta la acumulación de fuerzas populares. Igual que en Guatemala, el movimiento popular no se preparó para tener suficiente influencia en las elecciones para la Asamblea Nacional, que podría resultar aun mas derechista que hasta ahora si se da una victoria de ARENA, cuyos candidatos son esta vez casi exclusivamente del ala de D'Aubuisson.

Los avances mas importantes de los movimientos populares salvadoreño y guatemalteco se dieron en las zonas de guerra. Y mas importante aun ha sido el impacto de lo acontecido en las zonas de guerra sobre la identidad popular en las ciudades. En esas zonas, las experiencias populares en desarrollo compensan, como modelo naciente de esperanza, la perdida del poder gubernamental en Nicaragua. En El Salvador, la lucha por los derechos humanos y la humanización de la guerra logro legalizar la situación de la población civil en Morazán.

En Morazán, los refugiados de Colomoncagua, Honduras, se repatriaron y fundaron la "Ciudad Segundo Montes" al sur de la zona de control de la guerrilla en Morazán. En Chalatenango, sin llegar al mismo reconocimiento legal de las organizaciones populares en zonas liberadas, también hubo revitalización de la vida de la sociedad civil con repatriaciones desde Honduras e importantes reubicaciones de desplazados internos. En todos estos casos se han dado nuevos brotes de organización económica y social y avances en la autonomía popular.

En Guatemala, el fortalecimiento de la Población Civil en Resistencia en El Quiche fue una semilla que maduro en el silencio de la represión. En 1990, no fue posible detener su salida a la luz publica y su encuentro con el movimiento en pro de los derechos humanos.

Honduras y Panamá: recomposición del movimiento popular, represión militar y concertación económica fracasada

El movimiento popular en Honduras y Panamá ha sido fuertemente condicionado por la crisis de Nación y de Estado por la que atraviesan estos dos países ístmicos. Son los dos países de la región cuyo territorio esta ocupado por fuerzas armadas norteamericanas, aunque el peso de la presencia militar estadounidense es mucho menor en Honduras que en Panamá. En estos dos países, se ha evidenciado una recomposición del movimiento popular frente a la crisis económica y a la situación militar.

A pesar de promesas de concertación social y económica de los gobiernos de Callejas y Endara y de las movilizaciones populares en torno al ajuste económico - contra "el paquetazo" en Honduras, por "el derecho a la vida" en Panamá -, el proceso de concertación ha quedado en nada. Mas bien, el uso del ejército hondureño por Callejas para reprimir al movimiento popular y la amenaza de las fuerzas norteamericanas en Panamá desvelaron no solamente el carácter de los gobiernos sino también la debilidad de su renaciente movimiento popular.

Durante 1990, hubo claros avances en el movimiento popular en estos dos países. En Panamá, el país con un movimiento popular mas débil de la región por las corrupciones del Torrijismo y la influencia tan negativa de Noriega, la organización popular, con una debilidad de estructuras y de planteamientos que le impiden la consistencia orgánica, solo ha logrado abanderar cuestiones reivindicativas, y estas en mínima cantidad. Sin embargo, se han dado pasos importantes. Se ha formado la Coordinadora Nacional por el Derecho a la Vida, el Comité de Defensa de la Soberanía y la Central General de Trabajadores, cuyos dirigentes, en su gran mayoría, no participaron de los malos manejos de las dirigencias anteriores. Estas instancias no tienen ni seis meses de formadas y aun es temprano para hacer un balance, pero parece que un movimiento popular autónomo e independiente empieza a nacer en Panamá.

En Honduras, país con niveles de organización popular mucho mas amplios que Panamá, pero mediatizados por divisiones, corrupción de dirigentes y verticalismo, hubo una evolución aun mas positiva en el frente popular. Las organizaciones político-militares, el Frente Morazanista para la Liberación de Honduras (FMLH), el Partido Comunista de Honduras (PCdH), el Movimiento Unido Popular Revolucionario (MUPR), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Hondureños (PRTC-H) y el Movimiento Popular de Liberación (MPL), marcadas por su intento de imitar a las vanguardias de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por sus pronunciadas divisiones ideológicas y su poco arraigo en las masas populares, reconocieron que la organización político-militar de izquierda no tiene futuro en Honduras, al menos en tanto las masas sigan creyendo en la alternabilidad de los partidos tradicionales en el poder.

Estos grupos de izquierda revolucionaria, al mismo tiempo que buscaron dialogo con el gobierno de Callejas alrededor de una amnistía amplia para los presos políticos, de la anulación de la ley anti-terrorista - utilizada mas contra el movimiento popular que contra ellos -, y del retiro de las tropas norteamericanas del territorio hondureño, prometieron también su incorporación a la lucha a través de procesos electorales por una democracia participativa y avanzada y a través de la búsqueda de un consenso de las masas en torno a su movilización por objetivos inmediatos y salidas mas limitadas y viables.

Este recambio en las organizaciones político-militares fue precedido por una evolución mas positiva en el seno de las organizaciones populares de corte civil, en su intento de superar sus sectarismo, sobrepolitización y verticalismo, y de recuperar vínculos con la masas no organizadas en torno a sus necesidades económicas. Al final del año, cuatro instancias del movimiento popular (APU, CNTC, PCH, OCH), con mas arraigo en las bases, se pronunciaron a favor de la creación de un partido político pragmático, con un programa de gobierno viable, basado en la organización popular económica y social.

Tratarán de llegar en primer lugar a una "concertación" al interior del movimiento popular entre organizaciones afines y de formar tres frentes:

1) el que comprenda a las organizaciones campesinas y sindicatos de la ciudad,
2) el que abarque a los patronatos a nivel de los barrios de todo el país,
3) el que reúna a los pequeños y medianos empresarios.

Los tres frentes serán pluralistas desde el punto de vista ideológico e independientes de la manipulación partidaria. En un segundo momento, se proponen fomentar un partido capaz de enfrentar la tarea de ganar un tercio del voto en las elecciones nacionales de 1994 y propugnar por una concertación pragmática con el gobierno desde los intereses de las organizaciones populares.

Durante 1990, el enfrentamiento del movimiento popular hondureño con el programa del gobierno de Callejas cosecho pocos resultados en los cuatro frentes principales de lucha:

1) la defensa del trabajo y de los niveles salariales de los empleados públicos,
2) la huelga de los trabajadores bananeros contra las empresas trasnacionales,
3) la protesta de las cúpulas de las organizaciones campesinas contra políticas agrarias que impiden que el campesinado mejore los niveles de producción y productividad de granos básicos,
4) la anulación de la ley anti-terrorista y la amnistía general para los prisioneros políticos.

En cada uno de estas cuatro áreas, el movimiento popular fracaso en su intento de lograr una concertación que beneficiara a las clases populares. La recomposición del movimiento popular y la búsqueda de una propuesta popular pragmática, apenas iniciadas a principios de 1990, no lograron tomar cuerpo en las masas. Por esta razón, la reacción del movimiento popular a la concertación sin negociación anunciada por el gobierno de Callejas no pudo ser mas que una reacción contestataria y mal planteada en los terrenos mas favorables del enemigo neoliberal.

Da una idea de lo agitados que fueron los primeros meses del gobierno callejista el saber que entre enero y julio hubo 35 huelgas y 26 conatos de huelga sin contar numerosos paros y otros tipos de conflicto laboral. De todas las huelgas, la mas importante fue la que emprendió el sindicato de los trabajadores bananeros (SITRATERCO) en contra de la Tela Railroad Company de la transnacional Standard Fruit. El reclamo era el aumento salarial de un 60% y la huelga duro 42 días, convirtiéndose en la huelga mas prolongada de la historia hondureña. Según la organización empresarial nacional, COHEP, esta huelga causo perdidas por 35 millones de dólares entre salarios no percibidos, ingresos fiscales perdidos, bananos no exportados y daños a las plantaciones.

La unificación del movimiento popular se dio en la protesta conjunta del Primero de Mayo y en la formación de la Plataforma de Lucha que respondió al paquetazo económico en forma meramente contestaría, pidiendo:

1) la derogación de las medidas económicas nuevas,
2) el derecho a la contratación colectiva, a la estabilidad laboral y a la oposición al solidarismo patronal,
3) el fin del congelamiento de los salarios,
4) el cese de la privatización,
5) la detención de los despidos masivos de empleados públicos,
6) el mantenimiento del monto de los presupuestos de carácter social como salud y educación.

De hecho, fue un programa de protesta obrerista. Las concentraciones callejeras del Primero de Mayo fueron enormes, sobrepasando las expectativas en Tegucigalpa y aun mas en el norte, en San Pedro Sula y Tocoa, donde operan las transnacionales bananeras. Sin embargo, el aislamiento del pueblo organizado y los problemas de su organización desinflaron el globo de la protesta popular tan rápidamente como se había hinchado en los primeros meses del año.

Ante la falta de propuestas populares con formas alternativas para reducir el déficit fiscal, el gobierno pudo, con toda razón, rechazar la "concertación" para cualquier cambio en su política. La "concertación agraria" termino con un pacto entre el gobierno callejista y los terratenientes y ganaderos, excluyendo las protestas campesinas. La amnistía general se convirtió en una amnistía parcial que no beneficio a los presos políticos, porque según el Presidente Callejas, "no hay presos políticos en Honduras".

Las organizaciones campesinas desmintieron la farsa de la amnistía y su relación con la ley anti-terrorista. Un reclamo de los dirigentes de ACAN-UNC señaló que "ni a los propios campesinos beneficiara el parcial decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional, pues se trata de una burla y una farsa. Los agricultores y ganaderos se inventan los procesos de usurpación de tierras, amenazas de muerte, hurto de ganado mayor, etc. Los que están en prisión no están acusados por delitos políticos sino por delitos comunes. En resumidas cuentas, lo que se busca es hacerle al gobierno una imagen a nivel internacional: es una amnistía que no abarca a nadie pues no reconoce presos políticos y los campesinos (dirigentes del movimiento campesino) están acusados de delitos comunes."

A pesar de las debilidades del movimiento popular en su manejo de la concertación, el alzamiento popular, estimulado por el impacto de las medidas sobre el nivel de vida, fue lo bastante fuerte como para obligar al gobierno callejista, supuestamente civil y modernizante, a volver a los mecanismos mas típicos del estado hondureño: el soborno de dirigentes y la represión militar. El medio preferido por Callejas para cumplir el objetivo de romper el movimiento sindical y las protestas de empleados públicos sobre las violaciones de las Leyes de Servicio Civil y de Administración Publica fue la creación de "directivas paralelas", con un éxito inicial en la ANDEPH (Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras). Posteriormente, el gobierno logró sindicatos paralelos en otras organizaciones (SEPCAMAT, COCOCH, SITRAIHSS, los Patronatos Capitalinos, la UNC en el campo, SITRAMUNDIC, SITRATEL). Los dirigentes "paralelos" y sus seguidores salieron con declaraciones como las de Oscar Escalante: "Estamos dispuestos a sacrificarnos", cuando en realidad los despedidos fueron los trabajadores más combativos.

Al mismo tiempo, el gobierno de Callejas, en vez de cortar significativamente los presupuestos militares, reforzó la militarización de la sociedad, aleándose con las Fuerzas Armadas para romper la protesta popular. Aumentaron las amenazas y persecuciones de dirigentes populares. Las Fuerzas Armadas, en defensa de su presupuesto, ligaron la protesta popular con el terrorismo. El Coronel Mario Amaya declaro en Colon que "los subversivos se encuentran muy activos y que, sumados a la existencia de enemigos históricos vecinos, nos obligan a mantenernos alerta". El Coronel Alvaro Armilo Reyes se pronunció así: "Las organizaciones populares sirven de fachada de los que trabajan por desestabilizar y destruir la democracia en Honduras".

El General Arnulfo Cantarero afirmó que "la democracia no se mantiene con letras ni con violines, se mantiene con las armas". Los asesinatos de Francisco Bonilla y Ramón Briceño, dos líderes populares, tuvieron como objetivo generar terror en la población para que no protestara por las medidas económicas. El gobierno callejista utilizo las Fuerzas Armadas con motivo de las protestas de los sectores populares ante el aumento del costo del transporte urbano. Solucionó el conflicto de las bananeras solo con intervención masiva del ejército, declaración de la ilegalidad de la huelga y amenazas de encarcelamiento de dirigentes, cediendo solo en un aumento de un 25% en el salario - sin el pago de los salarios caídos durante la huelga -. Al sindicato, ante el peligro de su propia desaparición, no le quedo mas remedio que aceptar la proposición gubernamental.

La concertación fracasada en Honduras se debe tanto a las debilidades del movimiento popular como a la crisis del Estado hondureño y a la necesidad de Callejas de fortalecer su gobierno, sobornando dirigentes de sindicatos para dividir el movimiento popular e influyendo para que el Congreso Nacional retrocediera ante las amenazas de los militares contra el mismo.

El vocero oficial de las Fuerzas Armadas, Coronel Oscar Flores, respondió en tono agresivo a los intentos de los congresistas de recortar el presupuesto militar y anular el servicio militar obligatorio -"No acorralen al tigre" -, recordando así a los congresistas el encarcelamiento de los parlamentarios en 1904. Incapaz de controlar al ejército y forzado, como todos los presidentes hondureños, a permitir su acceso a los recursos económicos de la República, terminó desatando el poder militar contra su propio pueblo.

En Panamá, el escenario fue similar al de Honduras. Ante la avalancha de la crisis económica y la inestabilidad provocada por la intervención norteamericana, los grupos populares, organizados o no, han tratado de responder. Uno de los hechos que llama la atención es la cantidad de tomas de tierras que hubo en los primeros cinco meses del año (21 en total), en su mayor parte en la zona metropolitana y la mitad en tierras de propiedad privada. La mayoría de estos movimientos son espontáneos o con un mínimo de organización. Con respecto a las huelgas, llama la atención también que solo haya habido tres en el primer semestre de carácter reivindicativo y solo en el sector de servicios comunales. Por supuesto, no faltan motivos para hacer huelgas, pero con la dirigencia destruida por el gobierno militar, con la presencia disuasiva del ejército de los Estados Unidos y con el peligro de quedar sin empleo a la primera protesta, ha sido difícil que estas se desarrollaran.

Sin embargo, el renaciente movimiento popular logro montar manifestaciones publicas y cierre de calles al final del año, empezando desde agosto y llegando a las movilizaciones mas importantes el 16 octubre y el 5 de diciembre de l990. Estas manifestaciones han sido un recurso muy buscado por la gente. Los refugiados de guerra de Panamá y Colon, los familiares de muertos y desaparecidos en la invasión gringa, los estudiantes, los obreros y empleados públicos, los asegurados, los jubilados, los periodistas y hasta los maestros y profesores - gran base de apoyo de la Cruzada Civilista, de la que broto la alianza que presentó la candidatura de Endara - se han unido alguna vez a las marchas de protesta. Todo esto indica una situación de malestar creciente y que va llegando a niveles incontrolables para el gobierno. El carácter de la movilización en Panamá ha sido aun mas espontaneo, reactivo y contestatario que el del movimiento popular en Honduras.

Igual que en Honduras, el nuevo gobierno de Panamá ha respondido con represión. Ante la presión popular, el gobierno solo ha sabido responder con oídos sordos, represión, negación de dialogo y rechazo a concertarse con el pueblo. Es sintomático la reacción espontanea, a los mas altos niveles (Endara y Ford), con insultos y desprecio. Son múltiples los casos de este tipo de respuesta en este año. A principios del año se desató una cacería de "noriegatos y codepadis" - así bautizó la imaginación panameña a presuntos allegados de Noriega y a miembros de los Comites de Defensa de la Patria -, con múltiples despidos en el sector publico. A las 21 tomas de tierras se ha respondido con 9 desalojos violentos en los terrenos de propiedad privada, en los cuales ha participado casi siempre el ejército de Estados Unidos. En algunas zonas indígenas y campesinas, con la excusa de buscar "guerrilleros", el mismo ejército de ocupación encarcelo, registro casas, rastreo terrenos, amedrento poblaciones y, sobre todo, humilló a la gente.

Quizás lo que ha creado mayor conflicto y mayor represión por parte del gobierno fueron las dos manifestaciones (16 octubre y 5 diciembre) movilizadas por la Coordinadora por el Derecho a la Vida. Ambas han tenido las mayores realizadas este año y ambas han tenido como respuesta la acusación de "sedición", con curioso parecido a las clásicas reacciones de Noriega y a las actuales del gobierno de Callejas en Honduras. El 17 de octubre, tras la primera marcha, "se develó" un plan de golpe de estado y se acusó a los organizadores de la marcha de apoyar el golpe.

El 5 de diciembre se ligo la marcha a la pantomima de golpe de estado, que realizaría el Coronel Eduardo Herrera al "escaparlo" de la cárcel. Esta segunda acusación tuvo mas consecuencias: Endara juró defender la democracia costara lo que costara. Para ello, presentó un proyecto de ley a la Asamblea para legalizar los despidos de cerca de 400 empleados públicos que organizaron la marcha del 5 de diciembre y participaron en ella. Este proyecto se convirtió en tres días en la Ley 55, que contiene 13 violaciones de la Constitución y fue anunciada en medio de
manifestaciones violentas.

En los dos países con crisis de Nación y Estado mas pronunciada de la región, 1990 vio nuevos gobiernos sin capacidad de dialogo, repartiendo palos para dar imagen de firmeza, pero perdiendo cada vez mas el apoyo popular que tuvieron hace un año. Sin embargo, los movimientos populares de Honduras y Panamá no han podido cosechar el descontento por carecer de hilos que los conectan con las masas no organizadas y de propuestas concretas que representen un esquema alternativo de ajuste económico y
estabilización, basado en la practica popular. La protesta sin propuesta sigue siendo el talón de Aquiles de la alternativa popular no solo en estos dos países sino en toda la región.

Nicaragua y Costa Rica: el enfrentamiento parcial con el ajuste y el peligro de la concertación cooptada

Tanto en Nicaragua como en Costa Rica, el enfrentamiento del movimiento popular con el ajuste neoliberal se encontró con condiciones muy especiales con respecto al resto de Centroamérica. En los dos países se había desarrollado, desde las reformas de l948 en Costa Rica y desde 1979 en Nicaragua, un sector público amplio con grados diferentes de sofisticación pero con cobertura de los aspectos tanto de política social como de gestión económica de la nación. En la región, ambos países muestran el grado mas avanzado de integración como estados nacionales.

El ajuste económico en Nicaragua estuvo condicionado por la fuerza de un partido de oposición, que no tiene equivalente en el resto de la región, el FSLN, y sobre todo por sus organizaciones de masas que, a partir de la derrota electoral, lograron una mayor autonomía e independencia. El ajuste económico en Costa Rica estuvo acompañado, como en todos los años anteriores, con un tratamiento especial por parte de Estados Unidos y un amplio financiamiento externo.

En Nicaragua, durante el período de transición al nuevo gobierno (marzo y abril), el FSLN desarticulo su propio ajuste, puesto en marcha forzada desde junio de l988. Luego, el movimiento popular nicaragüense, liderado por el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), organismo que agrupa a organizaciones de obreros industriales, empleados públicos, la UNAG en representación de los productores campesinos, trabajadores profesionales, etc., seguía desarticulando los intentos del nuevo gobierno de iniciar nuevamente el proceso de ajuste.

En el período de transición entre uno y otro gobierno, el FSLN incremento los salarios de los obreros y empleados públicos en forma brusca y dejo de devaluar la moneda nacional, entregando al gobierno de Violeta Chamorro una situación económica caótica. La disciplina impuesta por el FSLN con tanto costo durante 1988-89 fue rota en pocos días con estas dos medidas desarticuladoras. Los intentos del nuevo gobierno de quitar a la clase obrera y a los empleados públicos lo que el FSLN les había entregado, se enfrento con una fuerte movilización popular: tomas de edificios públicos, barricadas en las calles... Finalmente, el gobierno fue obligado a una concertación con el FNT.

Si es cierto que solo en Nicaragua el pueblo pudo cambiar y controlar en algún sentido el rumbo del ajuste gubernamental y que los asalariados terminaron el año con alzas salariales que significaban un 63% de aumento en su poder de compra real, esto no quiere decir que el movimiento popular sandinista abordo el problema del ajuste mejor que el pueblo hondureño. Lo abordo en {una forma igualmente parcial, pero con mucha mas fuerza. El factor crucial fue el carácter no represivo y civilista del ejército y de la policía, cuyas funciones, en contraste con las de estas instituciones en el resto de la región, fueron las de salvaguardar el orden para todos los nicaragüenses y no solo para
las clases acomodadas.

La ingobernabilidad es económica, no es política

El movimiento popular sandinista centro todas sus fuerzas en las cuestiones del empleo publico y los salarios, pero dejo descuidado el problema de la liquidez para el campesinado -los ingresos de este sector sufrieron drásticamente -, el problema de la descapitalización del SIU productivo, y el problema de la reconversión industrial, sin la cual muchos obreros quedaron desempleados no por obra del gobierno sino por obra de las leyes del mercado.

Logro parar la privatización inmediata de las empresas y fincas estatales, aunque probablemente solo por algún tiempo, pues esa cuestión todavía esta pendiente en la agenda del gobierno y del Fondo Monetario Internacional. Después del alzamiento del FNT y de la concertación, los salarios han empezado a mermarse a partir de octubre. Por otro lado, el gobierno ha logrado crear sindicatos paralelos en el sector publico y en áreas estratégicas de la producción industrial, lo que hará mas difícil repetir las movilizaciones y huelgas de l990.

El enfrentamiento del movimiento popular sandinista con el ajuste económico del gobierno de Violeta Chamorro fue una protesta contestataria sin una propuesta alternativa desde los intereses de las clases populares en su conjunto. Por falta de esa propuesta, sufrieron amplios sectores del pueblo y el FSLN mismo no logro consolidarse, superar sus divisiones internas, y avanzar significativamente en su programa de "gobierno desde abajo". Mas bien, se destaco en el "desgobierno desde abajo". Los ministros del gobierno, independientemente de sus diferencias, concuerdan en definir el problema principal del gobierno nicaragüense como "la ingobernabilidad del país".

Esta ingobernabilidad es económica, no política. Y la hábil decisión del FSLN de "gobernar desde abajo" para mantener el Protocolo de Transición, la Constitución de la nación y el régimen democrático nicaragüense, no fue acompañada por similar habilidad en su enfrentamiento con el ajuste económico.

Si el gobierno de Nicaragua fuera capaz de conseguir un acuerdo amplio y en términos flexibles con el FMI y el Banco Mundial y, a la vez, obtener una cantidad significativa de nuevo financiamiento internacional, la movilización de la oposición, planteada en una forma tan parcial, pudiera ser cooptada en los años 1991-93. Es improbable que el gobierno tenga tanta suerte y es mas probable que el problema de ingobernabilidad económica siga siendo el rasgo principal de la coyuntura en 1991.

Si la cooptación del movimiento popular es una lejana posibilidad en Nicaragua, es una realidad ya presente en Costa Rica. El nuevo presidente de Costa Rica, Rafael Angel Calderón, luce como "el Fujimori de Centroamérica". Subió al poder con un discurso de medidas económicas moderadas, nuevos paquetes sociales para el pueblo, beneficios para los jubilados, etc. Una vez en el poder aplico un programa de "shock económico" para poder mantener el ritmo del ajuste en Costa Rica.

La respuesta del movimiento popular costarricense al engaño de Calderón ha sido mínima. De hecho, hubo menos huelgas y protestas en 1990 que en los años 1988-89. Aunque este declive progresivo de la protesta popular frente al ajuste es una ley común en toda América Latina - y en esto confían los nuevos gobernantes neo-liberales de Centroamérica -, existen condiciones especiales en Costa Rica que explican la cooptación del movimiento popular para enfrentar el ajuste.

Junto a las condiciones de financiamiento especial de que ha gozado Costa Rica y con sus avances en los programas de reconversión industrial y expansión de exportaciones no tradicionales - logros que han descansado en el apoyo especial de la AID -, la complejidad del Estado costarricense, la institucionalización de todo tipo de problema social y productivo y el entretejido de ese Estado con el nacionalismo tico y con la identidad popular de que su democracia se acerca mas a la de Suiza que a la de Centroamérica, ejercen un enorme poder de fragmentación del movimiento popular. Las múltiples asociaciones productivas y sociales encuentran su contraparte no en Calderón sino en algún burócrata conciudadano, en la subdivisión de un Ministerio o en un programa de la AID o de cualquier ONG.

El poder de cooptacion por vía institucional y cultural determina una fuerte fragmentación del ala progresista del movimiento popular, en el que se da una triple división del Partido Comunista junto a los embrollos ideológicos del ala izquierda de Liberación Nacional (PLN). Además, en Costa Rica, el movimiento de solidarismo empresarial es de los mas fuertes de la región y la fragmentación del movimiento popular incrementa su influencia en la clase obrera.

En Costa Rica el movimiento popular encuentra al contrincante neoliberal mas preparado y capaz de la región. El reto de escapar de la cooptación de sus intereses por el Estado costarricense es enorme.

El porvenir: más ajuste y más capacidad neoliberal

Hasta ahora solo hemos tratado de hacer un análisis frió y objetivo del balance del movimiento popular. La alternativa popular en la región enfrentara una creciente sofisticación de su enemigo neoliberal en los años que vienen. Sin embargo, no hemos tocado el factor mas importante del movimiento popular, el potencial humilde y escondido en el seno de las masas populares centroamericanas.

Ese poder es la lucha diaria del pueblo no organizado frente al ajuste económico, que no le incluye suficientemente en sus planes. Dentro del campesinado y en el SIU avanza la diaria elaboración de estrategias de sobrevivencia popular, de racionalización, reconversión y diversificación de sus actividades económicas, para así enfrentar la descapitalización de la economía de los pobres, en la que se basa la lógica de fondo de los ajustes económicos que se impone hoy a los latinoamericanos.

El pueblo centroamericano sorprendió tanto al imperio como a los analistas políticos de la izquierda latinoamericana con su rebelión contra las dictaduras y las oligarquías en los 80. Ahora germina, como una semilla bajo la tierra, la repuesta popular al nuevo enemigo neoliberal de esta ultima década de este siglo. En la medida en que las organizaciones populares puedan conectarse con este potencial escondido en las masas no organizadas, puede surgir una propuesta popular para dar nueva vida al movimiento popular centroamericano.

El camino de los pobres en los años 90 será un camino angosto y difícil. Camino que se abriría con una esperanza meramente ilusoria si no fuera por las debilidades internacionales y las incoherencias internas que tiene el mismo programa neoliberal en Centroamérica.

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