Panamá
La eterna condena
"Estamos condenados a vivir bajo el paraguas del Pentágono",
dijo el General Omar Torrijos al momento de la firma de los Tratados Canaleros en 1977.
La invasión de Panamá confirma aquella predicción.
Cada día se hace más evidente la decisión de Estados Unidos
de seguir en el Canal después del año 2000.
Equipo Envío
Desde la invasión en diciembre de 1989 hasta la intervención militar en diciembre de 1990, todas sus acciones son congruentes con este objetivo. La continuidad de su intervención en cada Ministerio del gobierno, en la estrategia económica, en la formación de las fuerzas de defensa, en el desgaste al que se ha empujado al gobierno - al no compensar por los daños del boicot económico y la destrucción de la invasión, calculados en 1,500 millones de dólares ni suministrar la ayuda prometida -, en la tolerancia con el supuesto golpe del Coronel Herrera como forma de presionar al gobierno de Endara, etc., indican la voluntad política de llevar adelante esta política de permanecer en Panamá.
La invasión norteamericana de diciembre/89, aunque fue la numero 13 en la breve historia de la nación panameña, fue sin embargo la decisiva y la que ha marcado la ruta para el futuro. Estados Unidos manifestó repetidas veces que pretendía sacar del poder a Noriega y defender los intereses norteamericanos. Lograron ambos objetivos. Noriega era un empleado de la CIA desde 20 años, como se ha comprobado en el juicio de Miami. La instauración de la democracia y la liberación de Panamá de la dictadura son las mismas argumentaciones dadas en relación a Hussein en el Medio Oriente. Estados Unidos siempre ha negado en discursos y tratados que quiere asegurar su presencia militar en Panamá después del año 2000. Sin embargo, esa fue la principal razón de la invasión.
"Condenados a vivir bajo el paraguas del Pentágono", dijo el General Omar Torrijos al momento de la firma de los Tratados Canaleros en la OEA, en 1977 en Washington. La invasión de Panamá, la coyuntura de 1990 y la nueva intervención norteamericana del 5 de diciembre confirman aquella triste predicción de Torrijos. Cada día se hace más evidente la decisión de Estados Unidos de quebrar cualquier intento por impedir su permanencia en el área del Canal después del año 2000.
Japón acepta el GolpeTambién se pretendía definir con precisión la hegemonía exclusiva de Estados Unidos en este puente entre el Pacífico y el Atlántico. Sobre todo por la creciente presencia geoeconómica de Japón en Panamá. En los últimos años, Japón había establecido, independientemente de Washington, vinculaciones con Torrijos, especialmente con el ministro Nagano. Esta proyección geoeconómica autónoma de Japón en Panamá había transformado al pequeño país del istmo en el segundo país de inversiones japonesas en el mundo después de Estados Unidos con inversiones superiores incluso a las del conjunto de toda América Latina, mayores que en Gran Bretaña y Alemania, con un monto de 12 mil millones de dólares.
Por otro lado, el centro financiero panameño estaba liderado por los bancos japoneses. Lo mismo sucedía en la Zona Libre de Colon, segunda zona libre del mundo. Igualmente las "banderas de conveniencias" registradas en Panamá en la segunda flota comercial del mundo tenían preminencia japonesa y Japón está alcanzando ya a Estados Unidos como principal usuario del tráfico canalero. Al iniciarse el boicot económico contra el régimen de Noriega, Japón, sorpresivamente, mantuvo una actitud neutral e incluso aporto fondos de ayuda humanitaria al país.
El boicot económico, la consecuente crisis que padeció el país por la reducción en un 27% del PIB, la desestabilización económica y política, provocó el cierre de JETRO, la compañía exportadora del gobierno japonés, de varios bancos y de la escuela japonesa y el traslado de actividades económicas japonesas a Costa Rica, Miami y otros países de América Latina. La invasión demostró a Japón que Estados Unidos afirmaba su hegemonía en exclusividad a cualquier precio. Japón padre participar en el acuerdo tripartito de un nuevo canal y en las actividades de la plataforma de servicios transnacionales de Panamá, siempre y cuando estas actividades estuviesen reconocidas como convenientes por los Estados Unidos.
El mensaje que la invasión de Panamá envío a Japón, fue claramente asimilado por este país, que reaccionó en forma consecuente en la nueva área de conflicto donde Estados Unidos ha vuelto a definir su pretensión de hegemonía global. La crisis del Golfo y el financiamiento de las operaciones militares norteamericanas por sus competidores económicos, Japón y Alemania, así lo confirma.
La impunidad de Estados UnidosLas consecuencias humanas de la invasión a Panamá han sido cuantificadas entre 300 y 700 muertos - datos del gobierno norteamericano y panameño - y entre 3 mil y 7 mil muertos y desaparecidos, según la Comisión de Derechos Humanos de la Iglesia y la Comisión Ramsey Clark. La Cámara Panameña- Norteamericana estimo en 1,500 millones de dólares los daños materiales producidos por la invasión.
El Comité de Familiares de Muertos y Desaparecidos logro la apertura de dos fosas comunes en las ciudades de Panamá y Colón, una de las cuales contenía 120 cadáveres. La impunidad y el muro de silencio que ha caído sobre los muertos causados por la invasión de Panamá puede ser presagio de lo que acaecería después de la Guerra del Golfo. Urge una investigación internacional independiente de cuál fue el costo humano de la invasión de Panamá como una salvaguarda frente a intervenciones que violan el derecho internacional y traumatizan a los pueblos.
Por otro lado, las 15 mil personas que habitaban en unas 3 mil viviendas del barrio de El Chorrillo, que fue arrasado el 20 de diciembre, siguen alojadas en su mayoría en hangares, sin haber recibido indemnización por sus casas ni por sus familiares victimados. Al año de la invasión se pretende erradicarlos del área original de sus viviendas, para utilizar estos terrenos para inversiones públicas y privadas.
El trauma nacional causado por la corrupción y la dictadura de Noriega favoreció la aceptación de la intervención de las tropas norteamericanas, como la salida más expedita de una ignominia nacional. Un 80% de la población panameña aceptó la invasión que el Arzobispo de Panamá incluso, calificó de "liberación". Sólo una minoría consideró la invasión como una gran vergüenza y un trauma nacional que costaría varios años en ser superado por la mayoría del pueblo. Bolívar no lo dijo, pero padre muy bien haberlo dicho: que Panamá parecía predestinado por el destino para ser ocupado a perpetuidad por las tropas yanquis.
Perpetuidad legalizada en 1903, reconfirmada por el Tratado de Neutralidad del Canal y fortalecida por la invasión de 1989 y por la presencia militar, económica y social que se mantiene desde entonces. Esta eterna condena que sí predijo Torrijos, esta explícitamente recogida por el Comité de Santa Fe al afirmar: "Una vez que este en el poder un régimen democrático, Estados Unidos y Panamá deberán comenzar a planificar seriamente la adecuada administración del Canal... Al mismo tiempo deberán iniciarse las discusiones en torno a una defensa realista del mismo después del año 2000. Estas platicas deberán incluir la retención por parte de Estados Unidos de un número limitado de instalaciones en Panamá, para una adecuada proyección de fuerza en el hemisferio occidental".
El triunvirato políticoEn mayo de 1989 fue electa la nomina oposicionista Endara-Arias-Ford. En realidad, en aquellas elecciones se realizo un plebiscito. Se trato de un voto anti-Noriega. Al parecer, esto no ha sido entendido por los actuales gobernantes. Todos coincidían en que la figura de Endara no significaba más que un intento por capitalizar el populismo de Arnulfo Arias.
La superioridad intelectual y política de los candidatos a vicepresidentes era evidente. En este triunvirato se expreso la alianza entre la Democracia Cristiana, el Molirena y el Partido Liberal auténtico, todos adversarios políticos en otros tiempos. No tenían un proyecto político consistente, pero lograron capitalizar el descontento contra Noriega y triunfaron. La Cruzada Civilista y esta alianza política fueron conformadas con apoyo financiero y fuerte presión política de Estados Unidos que quiso resolver así las divisiones personales y las contradicciones políticas de grupos históricamente opuestos. El mismo fenómeno que se desarrollaba en Nicaragua con la UNO se dio en Panamá, con la participación de la embajada y de la administración norteamericana.
Ambas coaliciones, una vez en el poder, se fraccionaron y pelearon por las respectivas cuotas de poder. Los grupos cívicos de la Cruzada Civilista formaron fracciones políticas semejantes a las que el Vicepresidente Virgilio Godoy conformó en Nicaragua con alcaldes, sectores de la contra y el COSEP.
En el caso de Panamá, la sumisión y el tutelaje frente a Estados Unidos es mucho más ostentoso que en Nicaragua, por la falta de personalidad de Endara, que contrasta con la dignidad que a pesar de su falta de profesionalismo político heredó Violeta Chamorro de la historia nicaragüense y de la tradición de su familia.
Una democracia de baja intensidadEn Panamá y en Nicaragua, el estilo de democracia que han representado otros gobiernos centroamericanos de diverso color político - los de Duarte, Azcona, Oscar Arias, Vinicio Cerezo, Callejas y Cristiani -, ofrece suficiente evidencia para reafirmar que esta "democracia de peaje", tutelada y en parte financiada, es una forma de interferencia y control que reafirma la tesis de democracia de baja intensidad. Se trata de la forma más sutil de mantener la hegemonía exclusiva de Estados Unidos en su "patio trasero", incluso después del fin de la Guerra Fría, instrumentalizando la democracia para interferir en la vida y soberanía de nuestras naciones.
La descomposición política del triunvirato panameño ha alcanzado altos niveles y a los 13 meses de la invasión norteamericana, el gobierno que tomó posesión en la base militar norteamericana de la Zonal del Canal ha sido completamente descalificado por la opinión publica. Este colapso se manifestó en las elecciones para complementar la Asamblea Nacional de finales de enero, donde hubo más de un 60% de abstención y donde la oposición obtuvo la mayoría de los escaños.
Por otro lado, la nueva fuerza pública fue depurada de unos 400 oficiales de las antiguas Fuerzas de Defensa, nombrándose como jefe de la nueva Fuerza Publica a un civil. Esta reestructuración patrocinada y protegida por la presencia directa de las tropas norteamericanas en el territorio y calles panameñas, no consiguió garantizar la estabilidad. Por el contrario, la delincuencia, los asaltos a bancos y las operaciones de narcotráfico han superado los que se producían al amparo de la corrompida Guardia Nacional de Noriega.
Esta situación provoco fuerte malestar entre la población y serias confrontaciones entre los miembros del triunvirato. El Vicepresidente Ford llamo públicamente a los miembros de la fuerza pública nacional "payasos", por estar sólo pintados en la pared y "maricas", por no atreverse a reprimir la delincuencia.
El 16 de octubre se "develo" un supuesto plan de golpe de Estado comandado por el ex-jefe de la fuerza publica, Coronel Eduardo Herrera. Fue apresado en una "prisión de máxima seguridad" en la Isla No bajo custodia militar norteamericana y al cabo de mes y medio, el 4 de diciembre consiguió escaparse de la prisión para tomarse el cuartel central de la policía en plena Zona del Canal custodiada por las tropas norteamericanas. Esta "democracia" y esta "seguridad" revelan los peligros de vivir bajo un proyecto ajeno y bajo la eterna condena que pesa sobre el país.
Lo económico: lo mismo, pero peorEn junio/90 se hizo pública la Estrategia Nacional de Desarrollo y Modernización Económica, como una respuesta a la crisis y como síntesis de la politica económica del nuevo gobierno. La Estrategia Económica plantea un cambio en la orientación de la economía panameña, manteniendo las exportaciones y los servicios como motor del desarrollo. Sin embargo, señala un conjunto de políticas complementarias que tratan de liberar el mercado laboral, reducir la protección de la industria nacional, liberar los precios agrícolas y reducir los costos de transporte y construcción. La privatización de empresas estatales y la reducción del papel del Estado en beneficio del sector privado es uno de los pocos aspectos en que hay un pleno consenso a nivel gubernamental.
Sin embargo, la pugna por las cuotas de poder llevo a que en diciembre/90 la única empresa privatizada fuera el Hotel Taboga y que para la propuesta de privatizar Air Panamá no aparecieran compradores, a pesar de que el flamante Vice-presidente y Ministro de Planificación lanzo la propuesta afirmando que "este país será 100 por ciento empresa privada".
El principal obstáculo para llevar adelante la estrategia económica ha sido la deuda externa de 3,813 millones de dólares, con un retraso en el pago del servicio de 540 millones de dólares. Para ello, el gobierno ha destinado 400 millones, el 30.8% del presupuesto, con el fin de convertirse de nuevo en sujeto de crédito internacional. Pero esta decisión presuponía que la solicitud de 1,500 millones de dólares de ayuda norteamericana para reconstruir el país seria atendida con prontitud por Estados Unidos.
A un año de la invasión, la ayuda norteamericana aprobada fue de solo 420 millones, de los cuales sólo 244 han sido desembolsados para enfrentar una reducción del PIB del 38% por debajo del de 1987, con un desempleo que alcanza un 35% en el área metropolitana, un déficit habitacional de 240 mil viviendas y uno de los peores casos en el pago del servicio de la deuda externa, por ser mayoritariamente con la banca privada comercial, en contraposición con la del resto de Centroamérica, que es mayoritariamente deuda oficial.
En julio/90 se firmó el acuerdo con la AID, que ejemplifica el proyecto neo-liberal en su pureza más extrema y que desconoce la caótica situación económica en la que se encuentra el país y el trauma nacional, situaciones que requieren de un período de oxigenación para reconstruir hasta el sentido de nación. La AID y el propio Pentágono han designado asesores norteamericanos en todos los ministerios y entidades gubernamentales, cuyas listas han sido ampliamente publicadas en el país sin provocar mayores rectificaciones por parte del triunvirato. A pesar de tan estrecho asesoramiento, solo el comercio y la construcción han mostrado signos de recuperación.
El desempleo, la pauperización y la desigualdad en la distribución de los ingresos se hace cada vez más aguda, lo que fomenta un nivel de inestabilidad e inseguridad social nunca antes conocido en el país. La pregunta popular más determinante es: "cómo sobrevivimos el próximo año y como se garantiza la seguridad del ciudadano común". En el campo la pregunta es: "donde vendemos los productos para asegurarnos un mínimo ingreso". Ante la fuerte agudización de la miseria y la inestabilidad, la propia Iglesia, que celebró la salida del poder de Noriega y la llegada del nuevo gobierno, ha tomado una posición crítica, incluso más fuerte que contra el torrijismo, siendo esto más sorprendente por la participación en el gobierno de connotadas familias católicas de tradicional cercanía con la Iglesia.
El documento de la Comisión Nacional de Reconciliación nombrada por el propio Presidente y presidida por el Arzobispo McGrath es posiblemente la mejor prueba de la incapacidad del gobierno y de la desilusión y el rechazo popular que existen y que fuerzan a la Comisión presentarlo a la propia Presidencia. En este documento y en la Carta Pastoral del Episcopado panameño se exige al gobierno norteamericano una justa compensación por los daños de la invasión, la investigación sobre los muertos y desaparecidos, la retirada de las fuerzas norteameriacanas, un plan económico que responda a las urgentes necesidades de las mayorías más pobres y un proyecto nacional de consenso amplio que elimine las pugnas por cuotas de poder que han desacreditado al actual gobierno, aumentando su incapacidad para enfrentarse a los graves problemas del país.
El pueblo no se dejaEl trauma nacional del pueblo panameño provocado por la corrupción de Noriega, la represión de la Guardia Nacional y la utilización de la bandera nacionalista para encubrir el personalismo y la corrupción, fue acrecentado por la vergüenza de tener que aceptar la erradicación de la dictadura a través de la intervención de quienes han sido permanentes invasores del país.
La historia del movimiento obrero panameño, en medio de una lucha inclaudicable por recuperar el Canal, por mantener la bandera de la dignidad nacional, por recuperar un nivel de vida digno en un país rico y con potencial de futuro, se ha visto permanentemente confrontada con el oportunismo de los dirigentes, la corrupción y la subordinación a ciertos dirigentes políticos y la cooptación por proyectos populistas o liberales, que ofrecían algunas prebendas a costa de la sumisión de las organizaciones y propuestas populares. La invasión de diciembre/89 incremento el trauma popular y nacional, lo que provoco una fuerte parálisis del movimiento en los primeros meses de 1990.
Sin embargo, en el mes de febrero comienza una firme reivindicación por tierras y las primeras huelgas de sectores no sindicalizados. A pesar de que su objetivo fundamental es mantener el empleo, también lo es preservar la dirigencia sindical para evitar su eliminación por los asesores y militares norteamericanos presentes en las instituciones y transformados en fuerzas de disuasión, no solo en las dependencias del Estado, sino en el propio centro financiero y hasta en la Cervecería Nacional.
Ante el aumento del desempleo y la pobreza, el 16 de octubre se desarrolló una gran marcha laboral que sentó las bases de la Coordinadora Nacional por el Derecho a la Vida. En octubre, el gobierno acusó al Coronel Herrera de conspirar y de estar involucrado con los dirigentes sindicales.
El Coronel Herrera, opositor a Noriega y con muchos años de exilio, fue destituido y arrestado, para reaparecer después en la "conjura" que provocó la segunda intervención norteamericana. Curiosamente, el "golpe" del Coronel Herrera, que escapo de la cárcel de seguridad norteamericana en la Zona del Canal, se dio a las pocas horas de la mayor marcha popular de la historia reciente de Panamá (4 de diciembre), que precedía además a un paro nacional convocado para el día 5. La protesta popular había ido acumulándose con marchas mensuales realizadas los 20 de cada mes. En ellas se condenaba la invasión norteamericana y se reclamaban reivindicaciones populares.
La segunda intervención militar responde a la constatación de que la oposición se estaba organizando en forma coherente, esta vez a través de las organizaciones populares más que a través de los partidos políticos. Además, se estaba reconstituyendo una identidad popular y nacionalista no potable para la burguesía del triunvirato, que miraba renacer en medio del trauma de la invasión la oposición de negros, indios y pobres con creciente sentido patriótico.
La intervención de diciembre fue seguida de una fuerte represión laboral, con la expulsión de cientos de lideres sindicales especialmente del Estado, con una clara violación del Código del Trabajo y de la propia Constitución, pues las expulsiones no fueron precedidas de un juicio laboral. El fenómeno de masas de diciembre y el rechazo político al gobierno de enero revelan que incluso una nación desposeída de su principal atributo, la soberanía, puede reconstituir en pocos meses su dinámica social y nacional para rechazar un proyecto ajeno y un gobierno espúreo.
Las experiencias de Nicaragua y Panamá en 1990, dolorosas y confusas para la conciencia popular, deben ser analizadas desde la perspectiva de esta re-organización del pueblo que renace de las cenizas de la intervención y de la derrota electoral. Por otra parte, Nicaragua y Panamá, que podrían haberse convertido en los "show-case" del proyecto neo-liberal para la región, son todo lo contrario: el espejo más lúcido en el que se reflejan las limitaciones y los desastres de proyectos ajenos impuestos contra los intereses de las mayorías.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica