Nicaragua
Fin de la luna de miel USA-Sandinistas
La actual ofensiva de la derecha se diferencia de las anteriores. La duración e intensidad de esta ofensiva están vinculadas a un factor determinante: el gobierno de los Estados Unidos ha puesto fin a su tregua de tolerancia
para con la política seguida de tolerancia con los sandinistas
del gobierno de la Presidenta Chamorro.
Equipo Envío
La decisión de Washington, reflejada en términos que no admiten duda -como la suspensión de la asistencia oficial estadounidense al gobierno nicaragüense -, apunta a la decisión del poder metropolitano al menos, en la medida en que esté dominado por los republicanos de forzar una modificación drástica en el esquema político de Nicaragua, trasladando su confianza y mandato de la facción de derecha gobernante en el Ejecutivo, la de oposición en los partidos.
La decisión imperial marca, ¿quizás?, el final de un debate entre círculos estadounidenses de poder republicano respecto a Nicaragua a la definición de los intereses de los Estados Unidos en el país. Para finales de agosto, ni el gobierno ni la Embajada de Estados Unidos en el país. Para finales de agosto, ni el gobierno ni la Embajada de Estados Unidos en Managua podían continuar explicando que las demoras en los desembolsos obedecían a la insuficiencia de información de un Congreso influenciado por Alfredo César y otros nicaragüenses poco patriotas.
Tampoco se repetía la historia de que la Administración Bush estaba a favor de los desembolsos, pero que el momento electoral y el poder de algunos representantes no los permitían. Ya nadie podía dudar de que en Washington se había alcanzado el consenso y que los planteamientos expresados crudamente por el Senador Helms y sus acólitos republicanos, incluyendo sus admiradores en Managua, sólo diferían en aspectos de matiz de la posición del Ejecutivo.
Mango y sarténSegún una interpretación, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia han llegado a la conclusión de que debe ponerse fin al marco de estabilidad lograda en Nicaragua, en que el sandinismo y el movimiento popular cuentan con un espacio de influencia demasiado alto para el criterio de los Estados Unidos y, peor aún, que este marco peligra institucionalizarse.
Otra interpretación señala una mayor continuidad en la política estadounidense. Habiéndose logrado imponer el programa de ajuste económico y la estabilización monetaria, es hora de la segunda etapa:la del ajuste estructural político, con lo que se complementaría la etapa anterior y se cosecharía el producto de las división en el movimiento popular, que la anterior etapa habría logrado.
Fin de un experimento históricoNicaragua, inserta en una región considerada como un laboratorio para la política exterior estadounidense, está poniendo a prueba si, tras la supuesta conclusión de la guerra fría, los Estados Unidos hegemonistas serán capaces de llevar su contienda histórica con la izquierda revolucionaria desde el campo militar al político.
A lo largo de la última década, ni la intervención militar ni la electoral lograron borrar del mapa político y social de Nicaragua al sandinismo. Cabe preguntarse si con la desintegración de la Unión Soviética y el surgimiento de la unipolaridad militar, la desaparición del sandinismo, es decir, la fuerza izquierda más poderosa de la región, debe continuar siendo un objetivo estratégico para los Estados Unidos. Supuestamente, el mismo proceso evolutivo del sandinismo, ? su respeto al marco constitucional y la entrega pacífica del poder al nuevo gobierno ?, debería incidir en asegurar una relación de "respeto mutuo" y competencia pacífica en el plano político?electoral, entre ambas partes.
En efecto, los Estados Unidos y el FSLN estaban coincidiendo, por vez primera en la historia de sus relaciones bilaterales, en el apoyo que ambos daban al gobierno de Barrios de Chamorro. Por un lado, los Estados Unidos eran la fuente principal de financiamiento para la estabilización económica, que era una prioridad compartida por las tres partes. El sandinismo, por su parte, debió de contribuir a la estabilización social y política, garantizando que los sectores populares respetasen la legalidad del gobierno, así como su capacidad de escuchar y responder a las demandas populares.
De esta manera, el gobierno firmó acuerdos con la AID y la banca multilateral para llevar a cabo los "ajustes estructurales" exigidos, a cambio de los fondos y nuevos préstamos, mientras con el sandinismo había firmado acuerdos de transición y luego de Concertación Económica y Social, comprometiéndose a respetar derechos adquiridos y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los pactos bancarios internacionales y los políticos internos tienen amplios antecedentes en la historia de Nicaragua y América Latina. Pero nunca antes se habían firmado con la participación directa o indirecta de una fuerza revolucionaria que constituyese, a su vez, la principal fuerza de oposición. Desde el punto de vista social, ¿quién se acoplaba a quien?
Esto es lo que no estaba decidido en Nicaragua donde, a diferencia del resto de la Región y gracias a la Revolución, el sistema político dentro del cual gobierna Barrios de Chamorro, no está estructurado para evitar la participación justa y equitativa de las fuerzas populares. Si bien esto no significa que el FSLN esté en condiciones de satisfacer la agenda popular, sí es evidente que el gobierno no está en capacidad de ignorarla.
Tres es multitud...La luna de miel de los Estados Unidos con el sandinismo vía Barrios de Chamorro, parece llegar a su final, quizás porque el "menage a trois" está prohibido, no solamente según las reglas de la iglesia, sino también de la historia. El sandinismo no asumió el papel de una oposición tradicional, es decir plegada a las prebendas gubernamentales, porque, al fin y al cabo, viene desde afuera de las cúpulas dominantes. Ciertamente, el tipo de concertación y conciliación exigida por el gobierno, no se dan entre sectores afines, sino en el marco de una confrontación en que se plantea la capacidad de las fuerzas populares para incidir sobre el poder político y el control de la economía.
Al igual que las cúpulas oligárquicas de otros países, la derecha nicaragüense no está en disposición de perder, compartir o alternar el poder con las fuerzas populares. Pero, a diferencia de sus contrapartes regionales, la alta burguesía nicaragüense perdió el poder global sobre la nación: primero, a manos de Somoza y la Guardia Nacional; y luego, a manos del Sandinismo y los órganos de poder constituidos durante sus años en el gobierno.
Desde 1912, con la intervención del ejército estadounidense, la tarea de proteger a la burguesía nicaragüense contra sus propias debilidades internas ha recaído sobre los Estados Unidos: vía de la intervención militar directa, entre 1912 y 1934; vía la Guardia nucleada alrededor de los Marines, entre 1935 y 1979; y vía la "contra" militar, nucleada alrededor de la Guardia, a partir del triunfo de la Revolución.
La sobrevivencia del sandinismo significó la sobrevivencia de la fuerza política y social más fuerte del país, la que no pudo ser ignorada por el gobierno de Barrios de Chamorro ni por los Estados Unidos. Independientemente de la voluntad de la derecha, triunfante en las elecciones y de los Estados Unidos, triunfantes en la Guerra Fría, el sandinismo al no haber perdido la guerra sino unas elecciones, preservó importantes cuotas de influencia en las Fuerzas Armadas, cámara legislativa, poder judicial, municipalidades y, por supuesto, a nivel sindical y de organismos sociales. En una palabra, lo suficiente para hacer ingobernable el país si así lo hubiera querido, pero no fue así; el sandinismo no optó por jugar el papel desestabilizador a que apostaron la derecha y los Estados Unidos mientras permanecieron en la oposición.
Negociar para ganarDe una manera más inteligente y realista, el FSLN se propuso negociar con el gobierno a partir de su fuerza movilizadora. Es decir, estabilizadora o desestabilizadora. Algunos llamaron chantaje a esta actitud pero para otros es, simplemente, democracia en acción.
Los Estados Unidos pusieron a prueba su estrategia neoliberal , con la confianza de que con la combinación de ayuda financiera y condicionamiento a las políticas económicas, el gobierno de Barrios de Chamorro aseguraría para Nicaragua una estabilización económica favorable a la reconcentración del poder financiero en manos de la vieja burguesía, todo en nombre del estímulo a la "empresa privada". Pero el programa neoliberal se estancó en Nicaragua, porque la lucha de los sectores populares y la carencia de una fuerza represiva obediente a los intereses del capital y a los Estados Unidos, impidieron al gobierno atender las pretensiones más extremas de la vieja derecha, incluyendo los grupos financieros vinculados al somocismo. Este paréntesis se reflejó en la batalla sobre la propiedad que en alguna medida, los sectores populares arrancaban un reconocimiento "de facto", aunque la mayoría de las veces no "de jure", de su titulación rural o urbana.
¿Cuál oposición?En Nicaragua los experimentos políticos siempre dan resultados asombrosos. La coalición que había llevado a Barrios de Chamorro a la Presidencia, pasó a usurpar el papel de oposición que legítimamente corresponde al FSLN.
En efecto, un gobierno no puede gobernar sólo y Barrios de Chamorro decidió asegurar su administración apoyándose en el FSLN. No se trató de una traición ideológica, sino de una necesidad política. La gobernabilidad del país y su estabilidad eran alcanzadas por un gobierno débil, en un país semi destruido, apoyándose en la principal fuerza social y política de la nación, el FSLN y no en una coalición de partidos minúsculos y conflictivos, unidos únicamente por su determinación de erradicar al sandinismo de la historia nacional.
Tampoco podía el gobierno ignorar la influencia del sandinismo en las Fuerzas Armadas y en la Policía, que también son instrumentos indispensables para ejercer el poder. Y sin un grupo de alguna importancia en el Parlamento, el gobierno quedaba sin bancada en la Cámara Legislativa y sin capacidad de ejercer el poder que le corresponde salvo por los acuerdos a que pueda llegar con el FSLN en torno a los cuales, logra agrupar algunos votos adicionales de la UNO para contar con una mayoría.
Pero el precio que ha tenido que pagar el FSLN por este arreglo no ha sido pequeño, porque ha significado cargar con las críticas y desconfianza generadas por la política gubernamental. En muchos sentidos, se pagó el precio político de ser "co?gobierno", frente a la derecha y al movimiento social, pero sin ninguno de los beneficios atribuibles a dicho estatus: programas políticos y económicos conjuntos, participación en carteras ministeriales y otros. Pese a todo, existía una relación de consulta permanente aunque no necesariamente se alcanzasen acuerdos.
Una relación de consulta entre el gobierno y la principal fuerza de oposición, se hubiera considerado en Europa como algo característico de la democracia pero en Nicaragua, resulta inaceptable para los Estados Unidos, porque en Washington se sigue considerando al FSLN como una fuerza inaceptable, independientemente del 41 por ciento de electorado que logró en las últimas elecciones.
Los Estados Unidos, por lo tanto, se propusieron romper la dependencia del gobierno respecto del FSLN, aunque con ello se pusiera en peligro la estabilidad política y económica del país. Para lograr este objetivo, se hacía necesario resquebrajar la influencia del sandinismo en los tres sectores fundamentales que, en opinión de Washington, mantenían a Barrios de Chamorro sujeta al esquema de co?gobierno: las Fuerzas Armadas y la Policía, el Parlamento y el Movimiento Social.
Quien paga, mandaLas diversas escuelas de análisis político de Washington, desde los llamados pragmáticos hasta los ideólogos, habían llegado a la conclusión de que, mientras persistiera la dependencia gubernamental respecto del sandinismo, se retrasaría peligrosamente lo que la AID llama el "despegue" económico, es decir, la consolidación del esquema neoliberal capitalista en sus componentes económicos y políticos. Incluso, se pondría en peligro hasta el "progreso" logrado por el gobierno a lo largo de estos dos años, porque la inversión y la producción privada no se están activando para asumir el papel de conductor global de la economía, que hasta este momento ha sido asumido por la AID, con fondos de la Tesorería Oficial de los Estados Unidos.
También se decidió aprovechar un momento de debilidad del gobierno a causa de los desembolsos que debía asegurar a la banca en septiembre pero, además se da la circunstancia de que la Administración ya no contará con la misma capacidad de presionar en 1993, cuando lo solicitado para Nicaragua son apenas 170 millones de dólares, en comparación con los 550 que se solicitaron para el año fiscal 1990?1991.
"Cubanización" de la política de Washington hacia NicaraguaEL gobierno en Managua y, en menor medida, los funcionarios del Departamento de Estado, han insistido en su versión optimista respecto a la "traba" sufrida por los desembolsos, incluyendo el señalamiento de que "todo se complica por el momento electoral" de Estados Unidos. Sin duda, el momento electoral pesa sobre la retención de la ayuda, porque multiplica la sensibilidad de los políticos del Congreso y la Casa Blanca a las demandas de los ciudadanos.
Pero el mayor peligro está en la evidencia de que la política estadounidense hacia Nicaragua corre cada día mayores riesgos de "cubanizarse", es decir, de institucionalizar la hostilidad oficial mediante campañas de presión sobre el Congreso muy bien concertadas principalmente por parte de la comunidad antisandinista y anti?chamorrista de Miami, en coordinación con los sectores más derechistas de Nicaragua. Ya nadie puede dudar de la eficacia de este mecanismo de presión. La comunidad nicaragüense no cuenta, ni de lejos, con el poder movilizativo y financiero de su contraparte cubana, que otorga a ésta y a su brazo organizativo, la Fundación Nacional Cubana, un peso desmedido en la formulación de la política oficial hacia Cuba.
Sin embargo, a partir de intereses creados y representados en Nicaragua y de la presencia financiera de los grupos económicos de Managua y de Miami, es necesario tener en cuenta la influencia que puede ejercer en Washington la extrema derecha auto?exiliada, provista en sus más altos rangos de ciudadanía estadounidense y de nexos estrechos con los fundamentalistas anti?castristas y con las estructuras de los dos partidos de Estados Unidos en Florida, incluyendo un viejo nexo anti?sandinista con Jebb Bush, hijo del Presidente. El anti?sandinismo visceral, que está reducido a una minoría en Nicaragua, cobra un peso político desmedido al contar con su canal directo en Washington.
De esta manera, los anti?sandinistas encuentran aliados naturales en el Ejecutivo y Legislativo norteamericano, ? sin mencionar las fundaciones derechistas ?, que incluso, adiestran a los nicaragüenses en las tácticas de lobby, incluyendo cartas y llamadas telefónicas a los Congresistas. El objetivo de toda esta actividad es hacer llegar al pueblo nicaragüense un mensaje que ya había sido escuchado durante la campaña electoral de 1989?1990: apoyar o tolerar al sandinismo tiene un precio económico. Por lo tanto, apoyen las posiciones y candidatos más anti?sandinistas o llevaremos al país a la bancarrota, negando la ayuda indispensable.
El odio como motor Para los "ultras" del Congreso, Barrios de Chamorro no es más que "la cabeza oficial de un régimen sandinista dirigido por bandidos corruptos", en las palabras del director del equipo del Senador Helms, en la Comisión de Relaciones Económicas del Senado. Según el Miami Herald, la oficina de éste influyente senador se ha convertido en un centro de distribución de información de datos sobre el gobierno nicaragüense, donde se trabaja "día y noche" recopilando datos acerca de propiedades incautadas, muertes violentas de ex?contras y otros aspectos polémicos de la vida política de Nicaragua. De aquí emanan informes titulados "Quién se robó qué", detallando propiedades expropiadas y confiscadas, junto con la relación de quiénes son sus inquilinos actuales y los dueños anteriores. Toda la información es suministrada por sectores derechistas de oposición en Managua pero, especialmente, en Miami.
Estados Unidos : Poniendo los puntos sobre las íes"Se acabó la luna de miel", dijo el Senador Helms en una carta fechada el 22 de junio, dirigida al Administrador de la AID en la que señala intención de este obstinado personaje del Congreso de oponerse a toda ayuda futura, porque "simplemente, eliminaría todo incentivo de reforma verdadera".
La carta del Senador Helms puso el dedo en la llaga. Planteando una posición ideológica coherente, Helms asumió la representación de los intereses más crudos de imperio y de la derecha, al exigir un replaneamiento global en el esquema de convivencia establecido entre el FSLN y el Ejecutivo. Tanto en relación con la propiedad como con las Fuerzas Armadas, Helms demanda cambios de fondo y no de forma y exige a la vez que si un régimen quiere merecer asistencia estadounidense, tendrá que crear un marco de propiedad y de seguridad que responda exclusivamente a las fuerzas del capital y, por ende, a los más entrañables intereses de los Estados Unidos.
Helms vino a señalar clara y públicamente la contradicción en la política estadounidense hacia Nicaragua. La premisa de Washington había sido que la necesidad económica del régimen aseguraría la implementación del programa económico neoliberal y contribuiría a la conformación de un marco político contrarrevolucionario. Si el sandinismo no era extirpado, por lo menos acabaría siendo contenido y subordinado al marco político, pues Washington contaba con una mayor "firmeza" de parte del gobierno de Barrios de Chamorro por un lado y con la división del FSLN a partir de sus contradicciones internas.
Pero al cabo de dos años ni la "firmeza" ni la "división" están claramente perfilados: para Washington se trata de una inversión que arroja pérdidas en vez de utilidades. Además, los montos son considerables, desde la perspectiva de Washington: se trata del mayor paquete de ayuda otorgado a un país latinoamericano; la cuarta ayuda en importancia en el mundo; y la mayor ayuda "per cápita" de los Estados Unidos a cualquier país.
Muy al contrario, todo evidencia que la asistencia estadounidense servía como recurso estabilizador para la relación de cooperación entre el FSLN y el Ejecutivo, una relación que ahora amenazaba con institucionalizarse. Tal como lo señalaron los funcionarios de la Embajada estadounidense en Managua, los señalamientos de Helms que habían sido canalizados desde el advenimiento del gobierno de Barrios de Chamorro, eran compartidos por la Administración y hubieran surgido independientemente de Helms.
La fuerza de la derechaPero esta vez, la presión estadounidense se hizo más efectiva porque fue planteada directamente desde el Congreso en el período en que éste revisa las apropiaciones financieras. Helms no está sólo; lo acompañan la Casa Blanca y el Departamento de Estado y, en Nicaragua, Alfredo César y sectores empresariales adversos. Pero además, también fuerzas a lo interno del Ejecutivo nicaragüense que vieron en el chantaje económico la posibilidad de articular una campaña global orientada a poner punto final a lo que denominan el "co?gobierno" de Antonio Lacayo con los hermanos Ortega.
Hasta finales de junio, el ejecutivo ingenuamente, explicaba a la opinión pública que el problema se originaba en una "falta de información" en el Congreso estadounidense y de que por parte de la Administración había una disposición "positiva". Sin embargo, una misión gubernamental encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Gobernación, que recorrió los pasillos del Congreso, fracasó en su afán explicativo. El Canciller reconoció al regresar que la posición de Helms era ideológica y que los pasos que demandaban de parte del gobierno no eran compatibles con una pretensión mínima de soberanía.
No bastaban las explicaciones. Mientras tanto, Helms lograba que otros Senadores se sumaran a su posición, al tiempo que la Administración les aplaudía por debajo al presenciar la efectividad de las presiones sobre el gobierno de Managua.
A pesar de la retórica nacionalista, el Ejecutivo preparó medidas internas orientadas a satisfacer a los Estados Unidos y a la extrema derecha que, por fin, había encontrado en Helms un líder y un vocero efectivo, que no podía ser ignorado por el gobierno. La encargada de la AID en Managua advirtió públicamente que el Senador Helms no era un ideólogo descarrilado ni estaba "fuera de los márgenes", y que no era justo culpar a César por la retención de la ayuda.
Entre rumores y realidades de división en el gabinete y llamados a exigir la renuncia de Lacayo, el gobierno nicaragüense comenzó a girar hacia la derecha en los hechos; entrando en contradicción con los compromisos políticos y constitucionales asumidos con el FSLN. A regañadientes, se procedió a atender el llamado planteado por Baker en Managua en enero y reiterado por Helms: el capitalismo requiere de inversión privada, la inversión exige seguridad sobre la propiedad, la seguridad exige contar con un aparato policial que haga valer la supremacía de la propiedad privada.
El nudo está en el problema de la propiedad Los puntos uno y dos de Helms apuntan a la cuestión de la propiedad demandando su restitución a ciudadanos estadounidenses, nicaragüenses y compañías nacionalizadas. Esto significa trastocar no sólo las propiedades entregadas por el sandinismo, sino también otras entregadas por el gobierno, a partir de empresas agrícolas o industriales estatales que fueron privatizadas, pero no regresadas a sus viejos dueños, que en muchos casos ya habían sido compensados. Otra categoría de devoluciones que se comenzaron hacer efectivas incluyen propiedades afectadas por los decretos 3 y 38 que confiscan los intereses de la familia Somoza y sus allegados.
Desde la perspectiva de la derecha, no basta con una voluntad de devolver propiedades, sino que además es preciso asegurar la capacidad del dueño de ejercer su derecho de propiedad. En esto último, el gobierno se había venido quedando corto, porque el proceso de Concertación obliga a la negociación con los ocupantes y, en cualquier caso, la Policía no se metía. En julio, sin embargo, se multiplicaron los casos de ex?somocistas que demandaban el regreso de sus propiedades así como de oportunistas que habían sido compensados en el pasado, pero que ahora decían que la compensación no era suficiente. Hacer "justicia" en estos casos implica forzar el desplazamiento de centenares de campesinos asentados sobre esas propiedades, o bien de trabajadores que habían llegado a arreglos con el gobierno para la administración de empresas.
En agosto, el gobierno anunció la entrega de acciones de los entes autónomos más importantes de servicios públicos como compensación a los confiscados a los que no se pudiera restituir su propiedad. Aunque el gobierno supuestamente se reservaba una mayoría de las acciones de las empresas publicas de electricidad, aguas, correos y teléfonos, estaba claro que buscaba como matar dos pájaros de un tiro: ceder a la presión de la AID y de paso privatizar los servicios básicos, y asegurar una compensación a los reclamantes de propiedades, sobre todo a los de ciudadanía estadounidense.
Por su parte, los movimientos comunales y sindicales rechazan una medida que implica entregar la administración de esos servicios a empresarios privados, más interesados en el lucro que en el servicio. "¿Por qué los ex?dueños no aceptan que se las indemnice con empresas que requieren ser reactivadas"?, preguntó un dirigente obrero.
Qué dicen de la Policía y de las Fuerzas ArmadasHelms exigió la remoción de oficiales sandinistas de alto rango de la policía, inteligencia y agencias gubernamentales. En julio se anunció una reestructuración de la Policía mediante la cual, los delegados civiles del Ministro de Gobernación asumen autoridad sobre la policía local, con lo que se rompe la antigua cadena de mando militar.
A principios de agosto, se dio a conocer la decisión del Ejecutivo de separar al Jefe de la Policía y otros altos oficiales de sus cargos. La noticia tomó por sorpresa al FSLN, porque se trata de una violación flagrante del Acuerdo de Transición y una desviación de la práctica de consultas. La dirección sandinista ya había estado de acuerdo con la baja de algunos cuadros, en un proceso similar al llevado a cabo en el Ejército. Se conoció asimismo que el gobierno había consultado con el FSLN la decisión de pasar a doce mandos de la Policía a retiro, a cambio del destrabe de la ayuda y que esta propuesta sería llevada personalmente por Lacayo al Secretario Baker. Una vez en la reunión, Lacayo ofreció ? o se le exigió ?, la cabeza del Jefe de la Policía, también.
Regresa la recontraEsto provocó una protesta del FSLN y una reunión de emergencia de la Asamblea Sandinista en que se denunció este nuevo indicio de "persecución política antisandinista" y se criticó al gobierno por su "actitud dependiente" ante el "injerencismo norteamericano". Aunque el gobierno había violado claramente los acuerdos de transición, el ex?Presidente Daniel Ortega consideró que podrían continuar teniendo vigencia con un "nuevo contenido" que asegurara respeto legal a la institucionalidad de la policía con la creación de una ley orgánica, ? como la que ya goza el Ejército ?, para dar estabilidad a los mandos.
La Asamblea Sandinista también denunció que agencias del gobierno de Estados Unidos están promoviendo operaciones encubiertas para reorganizar a los recontras armados y acoplarlos con los grupos de extrema derecha. En efecto, pocos días antes se anunciaba la muerte del cabecilla José Angel Morán, el "Indomable" que, tras una estancia en Estados Unidos, había regresado a Nicaragua para dirigir la reorganización de los recontras.
El problema no es de personalidades sino respecto del carácter de la Policía porque, independientemente de los cambios, la influencia sandinista continúa siendo predominante y los mandos policiales continúan siendo sandinistas. "Los yanquis van a quedar satisfechos hasta que aquí tengamos una Policía al servicio de los capitalistas", advirtió Ortega. Para el sandinismo, lo más grave es la aceptación gubernamental de las imposiciones de los Estados Unidos.
Pero el destrabe de la ayuda tampoco se materializó. Aparentemente, como parte del acuerdo Baker?Lacayo, la Administración se comprometía a asegurar el desembolso de un 50 por ciento de los fondos comprometidos. La interpretación popular es que el otro 50 por ciento se hará efectivo en el momento en que se presente a Washington la cabeza de Humberto Ortega como Jefe del Ejército.
Sorpresas esperadasEl diario La Prensa, ahora bajo el control editorial de Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la Presidente y adversario político del yerno de la Presidente y Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo, se sumó a la campaña de Helms durante todo este período, mediante una serie de reportajes sensacionalistas sobre la actuación de los viejos órganos sandinistas de inteligencia.
Para muchos, tampoco fue coincidencia que, a partir de la insistencia explícita de Helms, se investigaran las muertes del joven Jean Paul Genie y de ex?líderes "contras", incluyendo Enrique Bermúdez. En este contexto, un Tribunal de Managua lanzó una acusación formal contra escoltas del General Humberto Ortega, implicándolos directamente ? y al General indirectamente ?, en la muerte a tiros de Genie, supuestamente a manos de escoltas luego de que penetró en un perímetro de seguridad. Para Helms y para los representantes de la AID el caso de Genie "es el símbolo de la violencia, del irrespeto a la Ley por parte de ciertos individuos y grupos".
La actuación del Tribunal, que a lo largo de casi dos años había engavetado el caso por la extrema politización que lo rodeaba, sirvió para atender otro reclamo de Helms sobre la reforma judicial.
Este punto, como los anteriores, habían sido reclamados por la derecha empresarial para agilizar la consideración de sus litigios, junto con el reclamo de que la Policía efectivamente hiciera cumplir las sentencias judiciales, principalmente en materia de desalojos de propiedades ocupadas.
Otra demanda pidiendo la investigación de los "150 luchadores por la libertad asesinados desde que Barrios de Chamorro asumió el poder", fue en parte producto de la campaña de La Prensa y los medios derechistas con ex?líderes de la "contra", quienes denunciaron que estaban siendo acosados y eliminados. Nuevamente, se trataba de impactar al Congreso con esta denuncia, explotando el apego emotivo de muchos congresistas, como Helms, a la ex?contra.
Washington presionaba al gobierno en Managua, el gobierno ordenaba la devolución con la intervención de la Policía y en el Norte, la Policía pedía el apoyo del Ejército para hacer cumplir la orden de Managua y de Washington.
Ante actos de fuerza puntuales pero inaceptables del Ejército contra campesinos, organismos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la ATC denunciaron al ejército y a la policía por querer resolver el asunto de la propiedad por la vía del garrote. Muchos se preguntaban si en eso precisamente, estribaba el "cambio de mentalidad" que el Ministro de Gobernación decía estaba comenzando a imperar en la policía.
Más seria aún era la alerta lanzada por estos organismos en el sentido que los capitalistas locales instrumentalizan a la Policía y al Ejército para solventar los conflictos agrarios a su favor.
El poder económico local está comenzando a recuperar su antigua capacidad represiva como consecuencia de las "reformas" en las estructuras policiales, aunque jurídicamente nadie puede obligar al EPS a cumplir con el papel de gendarme de intereses económicos, porque la Constitución le asigna exclusivamente la defensa nacional y ninguna otra función.
Daniel Ortega, por su parte señala que la Policía y el EPS continúan resistiendo la campaña derechista para que asuman un papel represivo y que actúen al estilo de la policía de Los Angeles.
¿Una Nicaragua sin Lacayo y sin Centro?En muchos sentidos, el tiempo no está a favor de los sectores más extremistas que, al cabo de dos años, no logran ampliar su espacio político. Al recurrir de manera tan intensa a sus amigos de Washington demuestran su grado de desesperación ante lo que consideran la consolidación del "co?gobierno" y del régimen mixto de propiedad. En términos políticos, están contados los días de César como Presidente de la Cámara Legislativa, ya que la combinación de los votos de diputados del FSLN y del grupo de la UNO denominado "de centro", leal a Lacayo, asegura a corto plazo la elección de uno de estos últimos como nuevo Presidente de la Asamblea.
En este contexto, se genera la crisis de la retención de más de cien millones de dólares de ayuda de los Estados Unidos a Nicaragua, aprobados ya, pero cuyo desembolso es condicionado por el Congreso a ciertos "cambios" a lo interno de Nicaragua, lo que, por lo menos se aprovecha para desatar la más furiosa arremetida contra Lacayo, símbolo de la política de concertación y reconciliación con el FSLN. En julio y agosto siguieron cobrando fuerza las acusaciones de corrupción oficial que, aunque sustantivas, eran alimentadas por partidarios de la oposición derechista en la Contraloría y en los medios nacionales y extranjeros. Según altos dirigentes sandinistas, César y sus representantes se comunicaron directamente con el principal acusado, Antonio Ibarra, ex?Vice Ministro de la Presidencia, para ofrecerle el levantamiento de los cargos a cambio de declaraciones que implicaran a Antonio Lacayo.
Otro blanco era el denominado "Grupo de Centro". Como parte de la estrategia integral para debilitar al Ejecutivo, se le acusó de aceptar sobornos a cambio de votos favorables al Ejecutivo, con lo que el sector más derechista de la UNO había quedado reducida a la minoría en la Asamblea.
El escándalo fue promovido por la Contraloría, en manos de partidarios de César y por los corresponsales de Miami Herald y el New York Times. Se trataba de matar dos pájaros de un solo tiro: debilitar a Lacayo y a los diputados que con el FSLN, habían bloqueado el avance legislativo y ejecutivo de los postulados más extremistas en torno a la propiedad y de las Fuerzas Armadas.
De un golpe, César pretendía desprestigiar a Lacayo, cuyo ex?Vice Ministro de la Presidencia había huido a Miami tras comprobársele malversaciones de fondos; desprestigiar también a los diputados del llamado "Grupo de Centro", cuya lealtad al Ejecutivo aseguraba una mayoría en la Asamblea Legislativa en coalición con la bancada sandinista; y plantear dudas en los gobiernos donantes sobre el uso de los fondos. Circularon rumores de que Lacayo estaba implicado directamente y que tendría que presentar su renuncia.
Mientras tanto, el Vicepresidente Godoy pedía públicamente la renuncia de Lacayo a la vez que César insistía en la necesidad de realizar un "referendum". La debilidad del gobierno llegó al punto de que hasta el gabinete apareció dividido cuando algunos de sus miembros rehusaron firmar declaraciones de apoyo a la línea seguida por Lacayo. Por su parte, la Presidente afirmaba su lealtad hacia Ministro de la Presidencia declarando enfáticamente: "Si se va Lacayo, se va Violeta".
Si ante Washington el gobierno de Barrios de Chamorro había perdido su "credibilidad" como interlocutor, no faltaron sectores políticos dispuestos a asumir esta función.
Los tres mosquetones: Godoy, César y AlemánEn una inusual aparición a inicios de agosto, el Vicepresidente sin cartera, Virgilio Godoy, el Presidente del Parlamento, Alfredo César y el alcalde de Managua, Arnoldo Alemán suscribieron una declaración llamando al Ejecutivo a convocar un diálogo nacional entre "el gobierno de la UNO", la oposición política, la empresa privada y el sector sindical para definir una especie de Pacto Social que pusiera fin a la actual crisis y ganar nuevamente "la credibilidad internacional".
Concretamente se demandaba la destitución de los Jefes del Ejército y de la Policía para acabar con el "notorio vacío de autoridad gubernamental" que, según ellos, habría conducido al país a su actual situación de anarquía. Los tres rivales políticos amenazaban a la Presidente con que, de no cumplirse sus requerimientos, "dejaría como única alternativa una consulta popular".
Para la extrema derecha, se trata de cobrar el crédito político por la situación generada con la suspensión de la ayuda y las graves acusaciones de corrupción entre altos funcionarios que habían prometido "la revolución de la honradez". Se trataba también de atender, como en 1989 cuando se conformó la UNO, el insistente llamado de los Estados Unidos a la derecha de deponer sus agrias disputas internas y conflictos de personalidades que afectan a los más de 20 mini?grupo.
Estados Unidos busca colocar al FSLN a la defensivaLa estrategia estadounidense consiste en colocar al FSLN a la defensiva, obligándole a relegar a segundo plano las demandas de los sectores populares en un momento en que se está negociando con el gobierno los temas de la propiedad y de las fuerzas de seguridad.
El gobierno esperaba incluso que, en un momento en que tenía la espalda contra la pared, el FSLN usaría una vez más su influencia para detener las protestas "desestabilizantes" de los sectores populares. Ese planteamiento era compartido por algunos sandinistas que abogaban por la defensa del gobierno y por que no diesel la impresión de que el FSLN estaba chantajeando al gobierno desde las calles.
En las reuniones de la Asamblea Sandinista, las posiciones iban desde la ruptura total con el gobierno, promoviendo acciones de masas hasta el imperativo de privilegiar aún más la concertación negociada, para evitar la desestabilización y la caída del gobierno. Hubo quien abogó por el abandono de la confrontación con el imperialismo, ya que se trata del enfrentamiento "entre una hormiga contra un elefante"; alguien pidió una "alianza total con el gobierno para acabar con la ultraderecha", y otro más alertó acerca de que si no se plantean acciones concretas "cada día que pasa nos convertimos en coautores de todos los desmanes de este gobierno".
Ortega, por su parte, urgió a los congregados a no caer en posiciones extremas, llamando a fortalecer la cohesión y la unidad entre los sandinistas. Las "líneas de acción" propuestas reflejan esa posición, advirtiendo claramente que la batalla se dará en todos los terrenos.
Hubo unanimidad respeto a que el injerencismo es el meollo del asunto, lo cual no puede catalogarse como un descubrimiento histórico. El problema estriba en definir con precisión qué aspectos del injerencismo debe ser resistido con prioridad. Para Ortega y los líderes sandinistas la lucha por la defensa de la autodeterminación debe continuarse librando fundamentalmente en el terreno económico. Aún cuando el FSLN estaba obligado a pronunciarse y actuar frente a la "persecución política", la defensa de puestos en el gobierno no era lo fundamental y la crisis, en las palabras de Ortega, "no debía de desviarnos del rumbo que hemos venido defendiendo" en favor de los ajustes que se deben hacer al plan económico estructural del gobierno y de las modificaciones profundas que se deben hacer en torno a la propiedad.
La propuesta económica del FSLNEsta ambigüedad, necesaria para algunos sandinistas y repudiada por otros, también se refleja en la propuesta económica que el FSLN presentó al gobierno. En un documento extenso, titulado "planteamiento ante la Situación Económica Actual y las Políticas del Gobierno", el FSLN hacía su propuesta "alternativa" para enfrentar y superar la crisis económica y social. En resumidas cuentas, el documento planteaba al gobierno correcciones en el rumbo de su política económica que, actualmente, se orienta a buscar la recuperación mediante el estímulo a la actividad económica de una minoría empresarial.
El documento se plantea desde una perspectiva estatal que refleja el estilo "consultor" entre el gobierno y el FSLN en materia política; el problema es que en los aspectos económicos, la incidencia del FSLN sobre el gobierno ha sido mínima y siempre sujeta a los requerimientos de la banca internacional y de la AID. En este marco, las recomendaciones sandinistas, elaboradas más por técnicos que por organismos sociales, no apuntan a cambios estructurales, sino más bien paliativos y "compensatorios" para atenuar los efectos sociales.
Para muchos, resulta cuestionable que ante la presión de los organismos multilaterales, exista un margen para políticas que beneficien a sectores empobrecidos y permitan la incorporación de los pequeños productores. Más cuestionable aún es que el diálogo y la negociación, así como el estímulo del respeto a la propiedad individual y colectiva no promoviendo las tomas de tierra, fueran correspondidas por el gobierno.
La democratización del crédito y de la economía social no están en la agenda del neoliberalismo. Al fin y al cabo, se vuelve al dilema central: definir a quien se dirige el documento del FSLN o el FSLN en su conjunto: a sus bases políticas que demandan "coherencia", o al gobierno y otros sectores de la sociedad política y civil, que demandan "viabilidad". El debate continúa.
Batalla universitaria por el 6 por cientoLa efectividad con que el movimiento estudiantil compaginó la lucha negociada y movilizativa aleccionó a los que en el FSLN abogaban exclusivamente a favor de uno u otro método. Fue determinante la unidad de la comunidad universitaria y la tenacidad de los estudiantes para que, sucesivamente el Poder Judicial y el Legislativo les dieran la razón en lo concerniente a que el seis por ciento del presupuesto universitario debe calcularse sobre la base de los ingresos totales del Estado y no sobre los ingresos ordinarios, como pretendió de modo intransigente el Ejecutivo.
Fueron cincuenta días de protestas de cuyo desenlace dependía saber si en efecto, las modalidades de acción legal y cívica podían conmover al gobierno. A ellas se agregaron enormes marchas cívicas pero también otras formas de protesta, ? incluyendo la huelga de hambre ?. A diferencia de sus contrapartes en América Latina el movimiento estudiantil nicaragüense cuenta en sus filas con un porcentaje desproporcionado de ex?reservistas y militares y además, el conocimiento de que la práctica política es que el gobierno sólo escucha por la fuerza.
Autonomía e independencia del movimiento estudiantilNuevamente el gobierno jugó con el tiempo pero también con la estabilidad nacional al calcular primero, que el agotamiento se apoderaría de la comunidad universitaria y segundo, que los estudiantes quedarían aislados del resto de la población. Sin embargo, la beligerancia del movimiento estudiantil tomó a todos por sorpresa. Los estudiantes asumieron el reto que ni el FSLN ni movimiento social alguno había tomado: el de tomarle la palabra al gobierno y ver quién desgastaba a quién de ceder en sus respectivas posiciones.
El gobierno fue obligado a ceder o, por lo menos, a negociar. La clave del éxito fue la capacidad del movimiento estudiantil de colocar su causa por encima de banderas partidistas y de la polarización política existente para ganar apoyo entre los diversos partidos y poderes del Estado, aislando al Ejecutivo. El sandinismo estuvo presente, pero no por medio de sus parlamentarios, que en un principio respaldaron la posición del Ejecutivo de defender el presupuesto para luego cambiar su posición bajo las presiones estudiantiles; ni con banderas rojas y negras en las movilizaciones, sino a través de los dirigentes del movimiento que, en todo momento, se definieron como líderes gremiales sin aceptar diversos intentos de injerencismo mediatizador por parte del partido FSLN.
Por sus propias razones e intereses, diputados de la UNO hicieron causa común con la bancada sandinista para rechazar el dictamen oficialista sobre la interpretación del 6 por ciento. La pelota volvía al campo del Ejecutivo y de las negociaciones, no sólo entre la comunidad universitaria y el gobierno; sino también entre el gobierno y el FSLN. De manera astuta, el gobierno pretendió obligar al sandinismo a pagar la cuenta de la victoria de los estudiantes.
Según el Ejecutivo y los diputados de la UNO que apoyaron el dictamen pro?universitario, los fondos adicionales deben salir del presupuesto del Ejército o de otros Ministerios. El juego es claro: se trata de tener un pretexto para disminuir los rubros defendidos por el sandinismo y culpar a los estudiantes de los recortes o sacrificios que deban soportar el ejército y las entidades sociales.
Para diversos sectores populares y para el Jefe del Ejército la victoria de los estudiantes se cataloga como pírrica, en tanto que representan a "una minoría". Se había obligado al partido sandinista a plegarse a las demandas de los estudiantes, relegando coyunturalmente los grandes temas de la propiedad, la policía y el ajuste estructural. Pero también es cierto lo contrario: el Ejecutivo no pudo contar con el partido sandinista para que éste "convenciera" a los estudiantes de deponer su lucha, una lucha que había estado por encima de la partidaria, al vincularse a la sociedad civil directamente y que dejó al desnudo la falta de sensibilidad gubernamental e, incluso, de muchos sandinistas.
La inteligencia del puebloLa lección que impartieron los estudiantes a toda la sociedad política nicaragüense puede calificarse de histórica. Los estudiantes dieron lecciones en materia de viabilidad política de las causas populares sin afectar la coherencia reinvindicativa de su contenido, asegurando un nuevo espacio y respeto en la sociedad. La plena identificación con el sandinismo no fue necesaria ni conveniente, ya que no hubiera permitido aglutinar a otros sectores de estudiantes y padres de familia, unidos y quizás politizados por vez primera después de un letargo.
A la vez, se contó con la sabiduría política necesaria para aprovechar las contradicciones entre la UNO y el Ejecutivo y asegurar unos votos que no siempre respondieron a una posición pro?estudiantil. Además, aunque ningún diputado quiso reconocerlo, también influyó en la votación, tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo, la presencia de millares de estudiantes golpeando las puertas, exigiendo justicia y "dispuestos a todo", incluso la confrontación violenta, en caso de una votación negativa. Los estudiantes habían marchado pacíficamente, pero muchos portaban lápices inusualmente grandes.
Aprovechar la ocasiónUn "no" al 6 por ciento para la Universidad o la muerte de uno de los huelguistas de hambre, hubieran encendido un caos nacional. En efecto, ya se había dado una coincidencia en las protestas llevadas a cabo por los estudiantes y las de los desmovilizados del Ejército, donde la Policía había recurrido a los disparos a pocos metros de la Casa Presidencial. Se recordó lo ocurrido en Venezuela, donde murieron miles. "La lucha universitaria tomará ribetes sin precedentes en la historia de nuestro país, y el único responsable será este gobierno que quiere jugar con la inteligencia del pueblo", advirtió un dirigente estudiantil.
Pero también se trataba de un "no" a la posibilidad de que las bancadas parlamentarias, o el mismo FSLN pactaran con el Ejecutivo a espaldas del movimiento. Los estudiantes demandaron y lograron ser sus propios interlocutores, arrastrando a los sectores y a los partidos en lo que constituye un ejemplo magnífico del protagonismo que la sociedad civil popular recupera de la sociedad política.
Aunque la lucha estudiantil no puede tomarse como el modelo tan afanosamente buscado por quienes reclaman contra las medidas gubernamentales, la práctica viene a contribuir de manera importante, al debate sobre los métodos de lucha y el impacto que estos pueden tener sobre la población y sobre el gobierno. Contra todo pronóstico, la continuidad de la lucha, aún a riesgo de perder el apoyo de sectores del FSLN arrojó resultados positivos.
Pero esto no es atribuible, como insistió el gobierno, a haber recurrido a los poderes del Estado porque en efecto el mayor aglutinante de la mayoría que se articuló en la Asamblea Legislativa, no fue la justeza de la causa estudiantil ni la validez jurídica de un dictamen legal sobre otro, sino la necesidad política compartida de evitar el desbordamiento de las movilizaciones, de no permitir que se agotara la vía "cívica".
Esta historia continuará...Pecaban de ingenuos o auto?complacientes tanto la bancada de la UNO como la del FSLN, al plantear que habían sido capaces de interpretar y representar las demandas de este sector, cuando exaltaban que el acuerdo se había logrado a través de la negociación consensuada, olvidando que fueron casi dos meses de lucha, de sacrificios, de huelgas de hambre lo que forzó la negociación de ese consenso. El país se debate entre la presión norteamericana, en una ví y la presión gremial popular y de sectores medios, por otra. (Mientras se desarrollaba la lucha estudiantil, se movilizaron también por sus intereses gremiales, los militares retirados, los transportistas públicos, los transportistas privados, los lisiados de guerra y comenzaron a emerger eventuales luchas en otros sectores, como los estudiantes de Secundaria, los maestros de Educación Primaria y Secundaria y otros).
El pueblo que vivió una revolución más grande que el partido que la dirigió, se está comenzando a enfrentar marcadamente a la economía y política neoliberal que Washington pretende imponer. En ese contexto es que se mueven, haciendo malabares políticos, tanto los sandinistas de centro como los de izquierda y los políticos de la UNO, tanto de "centro" como de ultraderecha.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica