El Salvador
Hay que acabar con el trauma del terror, hay que impedir otra guerra
Para reflexionar sobre los obstáculos que la paz y la democracia tienen hoy en El Salvador, Envío entrevistó a dos mujeres: a María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado, y a Rosario Acosta, dirigente de la Central de Trabajadores del Campo (CTC) y miembro del comité ejecutivo de la Unión Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS).
Ambas ponen sus dedos en dos llagas nacionales.
Equipo Envío
El Salvador es un país con más de 75,000 víctimas de la guerra y miles de desaparecidos de las cuales la mayoría por violaciones sistemáticas de los derechos humanos fundamentales por parte de la Fuerza Armada y los "escuadrones de la muerte". El terror político se ha constituido en un trauma político y social, como consecuencia de hechos generalizados por un bloque en el poder, opuesto durante décadas a las transformaciones políticas.
La división de Derechos Humanos de ONUSAL, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Ad-Hoc para la evaluación de los oficiales del ejército gubernamental, se han constituido en instrumentos para superar la impunidad del ejército, lograr su depuración y alcanzar algo más que una vuelta a la "normalidad" en materia de respeto de los derechos humanos. También pretenden superar, en principio, el terror a que han sido sometidos quienes tan sólo buscaban justicia. Tras décadas de poder e impunidad militar, la tarea parece imposible.
Entrevista con María Julia HernándezTutela Legal del Arzobispado de San Salvador se ha constituido en fiel defensora de los derechos elementales del ciudadano común, ha denunciado las atrocidades cometidas y puesto en tela de juicio el corrupto sistema judicial. Envío recoge las impresiones de su Directora María Julia Hernández, sobre la situación de los derechos humanos en el nuevo proceso abierto con los acuerdos de paz.
ENVIO - ¿Cómo han evolucionado los derechos humanos en el nuevo período abierto con los acuerdos de paz?
HERNANDEZ - ONUSAL llegó antes de la firma de los acuerdos y antes del cese de fuego. Su principal misión era verificar los acuerdos de San José entre el FMLN y el gobierno, con un aspecto fundamental sobre los derechos humanos. Con ello, se sientan los cimientos de la verificación en este tema. El paso trascendental se da el 16 de enero con la firma de los acuerdos. Todos los derechos, que se estaban observando según los criterios del Protocolo 2, adicionados a los Convenios de Ginebra, es decir en materia de derechos humanos en la guerra, ya no se siguieron violando, puesto que con el cese al fuego se acabaron los operativos militares contra civiles, los bombardeos, los obstáculos al libre tránsito en el territorio; no hubo más problemas con los combatientes detenidos, heridos o prisioneros.
Sin embargo, pasaron a primer plano las preocupaciones con los otros grandes derechos. Aunque hay cierta disminución cuantitativa, cualitativamente no la hay. Siguen apareciendo cadáveres con señales de haber sido víctimas de torturas características de los escuadrones de la muerte y de haber sido torturadas en recintos específicos para este fin. Esto implica que los métodos anteriores a los acuerdos de paz se siguen utilizando aún. Muchas de ellas se quieren encubrir con un carácter de delincuencia común. Ya no se nombran como "sujetos de civil fuertemente armados" sino como "sujetos desconocidos".
Cuando se investigan los casos de violación, se ve en primer lugar, desinformación en los medios de comunicación; segundo, que estos hechos tienen mucho que decir sobre la motivación política del crimen. Desgraciadamente, no tenemos el instrumental adecuado para llevar hasta sus últimas consecuencias, a niveles científicos, las investigaciones. Pero tenemos lo suficiente para deducir cuándo un crimen tiene una motivación política y cuando no. Habrá muy pocos que se queden en una indeterminación.
"En El Salvador hay una violencia sistemática contra el derecho a la vida"
ENVIO - ¿Cómo incide la delincuencia en esta situación?
HERNANDEZ - Hay una violencia sistemática contra el derecho de la vida, a la integridad física y moral de las personas y un quererle quitar la libertad y la expresión de las personas de una manera sistematizada, encubierta o bajo el amparo de la delincuencia común y su fomento.
Podemos decir que las estructuras que generan estos fenómenos no han desaparecido. La situación real es que no sólo se trata de la Policía Nacional, sino que entran también en juego la Policía Municipal, las bandas paramilitares que asesinan y el delincuente, que está recibiendo un mensaje de que ahora puede actuar. Entran en juego una serie de factores que van incidiendo en una motivación política para violar los derechos humanos. No sólo se trata de delincuencia común. Indudablemente, en un país con serias deficiencias estructurales y económicas hay más delincuencia que en un país que no tenga esas deficiencias. Pero, esa raíz incide con la violencia política histórica.
ENVIO - ¿Incide esta violencia con la motivación y movilización política generadas por el optimismo ante la firma de la paz?
HERNANDEZ - Cuando se firmaron los acuerdos, se abrieron espacios. Desconcertó a unos y entusiasmó a otros. Los desconcertados empiezan a reaccionar. Es preciso examinar muy profundamente la situación. Se da un cese del enfrentamiento armado, pero hay que construir la paz. Lo que se ha dado es un callar las armas. Esto ha implicado una complejidad de acuerdos que se necesitan realizar para que en su conjunto se de una incorporación a la vida civil del FMLN, una disminución de lo militar y apertura del espacio político para las reformas estructurales que el país necesita.
En un primer momento se detuvo mucho el conjunto de las acciones. Poco a poco, las fuerzas que siempre se han opuesto a los cambios empiezan a reaccionar de dos maneras. Una, con una sistemática oposición a los acuerdos de una manera legalista y fijándose en puntos y comas, y no en lo esencial, el espíritu de los acuerdos: quieren entramparlos. Y para frenar los acuerdos hacen que la población no se incorpore a los niveles políticos, por medio del terror.
Este método es el que ha funcionado siempre y les resulta fácil manejarlo, por el tipo de persecución y de violación de derechos humanos que se ha dado. Fue tan intensa, tan numérica y tocó a todos los sectores, que ha quedado un trauma social en la población salvadoreña sobre la persecución. Los escuadrones matan a uno o dos individuos y, con ello, saben que están enviando un mensaje de terror a gente que todavía está traumatizada y tienen temor de expresarse, de darse cuenta de que han conquistado sus derechos o que puede concientizarse para su conquista. El mensaje está dado y bien dado, en una sociedad traumatizada.
"Nuestro sistema judicial debe ser transformado por ser generador de impunidad"
HERNANDEZ - Otro elemento importante radica en el actual sistema judicial. Si se trata de alcanzar un estado de derecho, uno de los órganos fundamentales que debe ser transformado es el judicial porque es uno de los mayores creadores de impunidad en este país. No sólo por su corrupción histórica interna, - jueces, ayudantes, órganos auxiliares, la fiscalía - sino también porque todo lo que debía funcionar no ha funcionado.
Se han cometido miles de crímenes políticos y de violaciones de los derechos humanos, y el órgano judicial no ha actuado. Aún los pocos jueces honestos que quedan, no han actuado por temor. Y claro, tampoco ha funcionado por la violencia de la guerra. Pero, lo que nos ha sorprendido es que, en los acuerdos de paz, el aspecto menos tocado, menos dialogado y menos negociado fue el Organo Judicial. Lo único que se pudo implementar fue una pobre reforma a la judicatura, pero lo que se necesita es mucho más profundo y estructural para que el órgano pueda funcionar, puesto que ha de ser el garante del respeto y la justicia en el futuro.
Aquí entran muchas reformas a la constitución y las leyes secundarias, firmar nuevos tratados establecidos desde hace mucho tiempo, como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. El problema del cambio de toda la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados no son idóneos porque todos están manchados de corrupción. Entra en juego también la preparación de los jueces, la preparación de una carrera judicial seria, los órganos auxiliares a la administración de justicia, la creación de cuerpos de investigación judicial, de institutos de medicina forense independientes y otros muchos más.
ENVIO - ¿No hay avances en el sistema legal y la superación de la impunidad?
HERNANDEZ - No ha habido un avance en absoluto en el sistema judicial. Y esto es muy importante para acabar con la impunidad. Visto hacia el pasado, resalta en la parte militar. Excepto en el caso de los sacerdotes jesuitas, donde sólo se han determinado los actores materiales, en ningún otro caso se ha utilizado seriamente la administración de la justicia, aún con sus deficiencias.
ENVIO - ¿Cuál es la situación en la investigación de las grandes masacres del pasado?
HERNANDEZ - Hemos luchado mucho para presentarlos a los juzgados. Se dio una lucha titánica, a niveles jurídicos, con el caso de El Mozote. Hubo muchos obstáculos pero, poco a poco, hemos logrado que el juez vaya tomando los testimonios de los sobrevivientes, inspeccione el lugar y estamos luchando para que dé la fecha para las exhumaciones, para poder establecer el cuerpo del delito. Y que se investigue de tal manera que pueda salir la verdad.
ENVIO - ¿Es esto un trabajo independiente del que va a realizar la Comisión de la Verdad?
HERNANDEZ - No, con o sin la existencia de la Comisión de la verdad y la Comisión Ad-Hoc, nuestro trabajo consiste en velar por los derechos humanos. Ahora que estas comisiones vienen a investigar estos hechos, hemos podido proporcionar a ambas comisiones, los elementos de estas investigaciones para que ellos también puedan investigar por su lado y, en el caso de la Comisión Ad-hoc, se den las medidas administrativas para los culpables.
ENVIO - ¿Podemos ser optimistas respecto a la misión de estas comisiones?
HERNANDEZ - Ambas comisiones son sumamente limitadas. Tienen facultades muy estrechas, pero son muy importantes por los espacios que abren. Se les podrá juzgar cuando den su resultado. En principio, podemos establecer la seriedad de ambas. Su problema va a ser limitado de sus funciones. Ninguno tiene función jurisdiccional y eso me parece muy grave. Pero, al fin y al cabo, abren espacios importantes: a nivel administrativo nunca se había cuestionado a los militares y la Comisión Ad-Hoc lo está haciendo. Ellos darán un informe al presidente diciendo qué oficiales pueden continuar de alta en el ejército y cuales deben proceder a la baja. Va a ser muy limitado, porque no han tenido tiempo de examinarlos a todos y no tienen la investigación total para poderlos juzgar, pero algo se hará.
La Comisión de la Verdad tiene facultades para recibir los hechos, investigarlos y juzgar sobre ellos, pero no a niveles jurisdiccionales. Entregarán su informe al gobierno, al FMLN y al Secretario General de la ONU, con el objeto que estas cosas no se repitan en el futuro. Aquí viene el punto débil de esta comisión. Al no tener una función jurisdiccional, lo más que van a poder hacer es recomendar a la Fiscalía o al Gobierno respecto a los pasos a nivel procesal que se podrían dar. Desgraciadamente, se contemplan en los acuerdos que este trabajo de la Comisión de la Verdad se le podrá otorgar a la Asamblea Legislativa.
Con la actual composición de la Asamblea, se podrá amnistiar a la mayoría, con la cual se plantea un grave problema a nivel de derechos humanos. No es que se planteen medidas de venganza, sino medidas esenciales y fundamentales que construyan la paz y un estado de derecho. Y esto sólo se puede hacer sobre la justicia. Nosotros pedíamos tres pasos: uno, conocimiento de la verdad; administración de la justicia; y tres, el perdón para la reconciliación. La amnistía no nos parece conveniente, porque no requiere la administración de justicia. Sin esta base se dificultará seriamente el proceso de paz, porque no habrá una catarsis social ni acciones ejemplarizantes que detengan futuras violaciones a los derechos humanos por parte de personas que se oponen a los acuerdos de paz.
ENVIO - ¿Hay obstáculos para el trabajo de las Comisiones?
HERNANDEZ - Indudablemente que los hay. Pongo un ejemplo: si la Comisión Ad-hoc ha pedido los expedientes de los oficiales y sólo se les ha dado parte de ellos o incompletos, esto constituye un obstáculo para su trabajo. Asimismo, la Comisión Ad-hoc ha solicitado al Departamento de Estado la información que maneja sobre las violaciones de los derechos humanos que ha cometido el ejército, pero por la razón que sea, Estados Unidos no ha facilitado esa información y ha habido una gran obstaculización a su labor.
En cuanto al papel de ONUSAL me parece muy importante en cuanto viene en un momento de transición. El mecanismo de verificación internacional es esencial en este período. Pero es importante señalar que los salvadoreños deberíamos ser más protagonistas del proceso. Pareciera que nos hemos atenido mucho a terceros, y las grandes mayorías populares, los partidos políticos, el mismo gobierno y el FMLN no son los más grandes protagonista. Esto hay que criticarlo. Debería tomarse más en serio esta problemática.
"Hay un error estructural en la misión de la ONU, la ONUSAL"
ENVIO - ¿Qué opinión le merece las declaraciones de Jung-Hecker, ex-funcionario de ONUSAL?
HERNANDEZ - Jung-Hecker señala casos en que se revela la falta de investigación en lo que se refiere al componente de Derechos Humanos, y la prevalencia de criterios políticos y diplomáticos sobre la realidad de los derechos humanos.
Me parece que debería haberse recibido y respondido con la seriedad necesaria para que, si realmente se dieron estas dificultades dentro de ONUSAL, tomar ejemplo de esto, que no se repitan y funcionar de la manera correcta. No tengo claridad acerca de qué tipo de acciones internas se han tomado, pero lo lógico, es que, como responsable verificadora de los Derechos Humanos, deba haber tomado medidas correctivas al respecto.
Lo fundamental está en un error estructural, que quizá no se dio cuenta la ONU por ser primera experiencia en el momento del establecimiento de la misión en el país. Personalmente, considero que el componente de derechos humanos de ONUSAL debería haber sido un componente autónomo del resto de los componentes de verificación. Una autonomía tal que no tuviera que haber pasado por el tamiz político-diplomático del conjunto. Aquí está el fallo de esta componente de derechos humanos.
La experiencia ha sido muy rica. Es una nueva figura jurídica del derecho internacional como mecanismo de protección de los derechos humanos, y esto es muy importante. Pero a la vez ha tenido un error que ha de repararse para futuras misiones de la ONU. Tiene que darle plena autonomía jurídica al componente de derechos humanos y no integrarlo al conjunto político y diplomático, porque entonces sufre mucho el componente de derechos humanos. Si por no herir susceptibilidades a niveles políticos y diplomáticos hay que callarse las violaciones a los derechos humanos, se está sacrificando la realidad de los derechos humanos y su real avance, por ganar unos puntos políticos y diplomáticos. Un componente de derechos humanos debe ser siempre autónomo. Porque es natural que la defensa de los Derechos Humanos no va a tener los requisitos político-diplomático para decir que no sucede nada o que no podamos decir nada por motivos políticos?diplomáticos, y no podamos demandar a una parte o a otra.
ENVIO - ¿La división de Derechos Humanos de ONUSAL termina su mandato el 31 de octubre?
HERNANDEZ - Creo que se le va a prolongar su mandato. Por razones de lógica política y por razones de nuestra realidad. Aunque ha habido avances positivos, también han habido grandes estancamientos en derechos humanos. Frente a una realidad tan problematizada como los derechos humanos, y que es una realidad fundante para los demás acuerdos, no puede dejarse sin una adecuada y calificada verificación. En octubre se nombra un nuevo director del componente de derechos humanos de ONUSAL. Eso es ya un alivio, y esperamos se le conceda mayor autonomía.
Entrevista con Rosario Acosta
ENVIO - Para empezar, hagamos una evaluación de la jornada de los trabajadores de los días 13 y 14 de julio.
ACOSTA - Nos parece que el gobierno trató de minimizar los resultados de la jornada. Incluso habló de que un 99% de las labores estatales funcionaron; pero nosotros estamos conscientes de que ese 99% que el gobierno plantea es al revés; el 99% de las instituciones estatales y municipales se sumaron al paro nacional. En algunas seccionales sindicales no han parado, como algunas alcaldías que están negociando sus propias plataformas y algunas seccionales del Seguro Social, a partir de sus problemas propios, de sus departamentos o regiones. Pero la mayoría de los ministerios se ha sumado a la protesta nacional. Los resultados de esta jornada, si no son del 100% favorables, sí son los mejores posibles.
ENVIO - ¿Cuál era la plataforma de lucha en esta jornada?
ACOSTA - La plataforma que planteamos en la asamblea general, donde estaban representadas más de 85 organizaciones representantes de la Intergremial, prácticamente son problemas nacionales como la no implementación del IVA en su proyecto inicial sin una concertación y discusión a partir de la realidad del país, la solución a todos los problemas laborales estatales, aproximadamente unos doce actualmente, más los otros problemas en la industria privada; la solución de los problemas salariales, a dos niveles: un incremento de $500 para los trabajadores estatales y la solución del problema de los aguinaldos y $200 de incremento salarial para el sector privado.
Además planteábamos la incorporación inmediata de ANEP al Foro de Concertación y la participación de una manera respetuosa y seria de parte del gobierno en el Foro. Por último, protestar contra el posible incremento a las tarifas del agua y luz, y exigir la solución al problema agrario a nivel nacional, no sólo en el aspecto de tierras que es como está contenido en los acuerdos de paz, sino como lo planteamos las organizaciones campesinas.
El anuncio de esta actividad sacudió a las estructuras económicas y al gobierno que llamaron a la Intergremial a no desarrollar la jornada, pero sin plantear soluciones a la plataforma que presentábamos. Prácticamente nos vamos a la actividad sólo con el compromiso del gobierno de tratar de mediar en caso se dieran actos de represión en contra de los trabajadores que estuvieran apoyando el paro y compromiso de ANEP para discutir los mecanismos de su incorporación al Foro. Por parte de COPAZ un compromiso de mediar entre los trabajadores, gobierno y empresarios para que los acuerdos se llevan realmente a su ejecución.
ENVIO - ¿Cómo ve el balance de la jornada?
ACOSTA - Sintetizando los resultados de esta jornada de protesta nacional del 13 y 14 de julio sobre estos problemas, principalmente económicos y sociales, porque hemos tratado de que los puntos de la plataforma vayan más en términos socio-económicos que políticos, los resultados son sumamente favorables. Hemos alcanzado cuatro puntos: COPAZ se ha comprometido a exigir a ANEP para que se incorpore al Foro y que éste funcione realmente.
Asimismo el gobierno ha aceptado presionar a ANEP para que se incorpore sin mayores condiciones. ANEP ha aceptado su incorporación al Foro para después de las vacaciones de agosto. Esto es un logro importante a partir de la protesta nacional. Además se conformará una comisión mixta entre el gobierno, los trabajadores y ANEP para estudiar y darle solución a los conflictos laborales: contratos colectivos, cláusulas especiales y el incremento salarial. Además, una comisión para plantear una solución al problema agrario. Si esto se lleva a buen término, prácticamente hemos logrado en un 100% los objetivos planteados en la protesta nacional.
ENVIO - Estas negociaciones parciales que se dieron en algunas seccionales o regiones, ¿eran previas al llamado a la jornada?
ACOSTA - No. Este es el detalle. Creemos que algunas alcaldías, seccionales del Seguro Social y de ANTEL prácticamente cayeron en una trampa del gobierno y de la empresa privada. Dos días después que acordamos la ejecución de la protesta, el gobierno nos llamó como Intergremial a una reunión para tratar de dilucidar los problemas y que no ejecutáramos la jornada. El gobierno quería limpiar la mesa de todas las esperanzas y empezar a trabajar sin conflictos; ellos decían estar dispuestos a empezar a trabajar a partir del lunes 13 en el desarrollo y cumplimiento del acuerdo sobre el Foro de Concertación.
Su único planteamiento era entrar a la discusión pero que nosotros no ejecutáramos la jornada. Ellos decían poder discutir los problemas laborales, salariales y tarifarios, pero no los problemas de la implementación del IVA y la cuestión agraria. Querían que desecháramos esos dos problemas para empezar a discutir sobre los otros. Pero para nosotros esos son puntos de interés nacional. Así que no era posible suspender la actividad en base a la propuesta del gobierno.
Incluso nos mandaron un mensaje por medio de los embajadores de los cuatro países amigos del proceso de paz (México, España, Colombia y Venezuela), de la Iglesia Católica, por parte de COPAZ y ONUSAL, en que nos pedían cordura, pero sin darnos respuestas satisfactorias a nuestros problemas. Porque el problema no es de capricho, de hacer o no hacer la jornada solo porque la intergremial se la proponga, o porque COPAZ, ONUSAL o los países amigos nos pidan suspenderla. El problema es que los trabajadores tenemos una situación económica real que no está resuelta y el gobierno quiere impulsar una política económica neoliberal a como dé lugar, sin discutirlo en el Foro.
Y esto no es sólo en El Salvador, sino también regional. Y a partir de esto se están generando confrontaciones sociales. No está de más mencionar que el mismo 13 y 14, coincidente con nuestra jornada de protesta nacional, se han dado paros estatales en Guatemala y en Costa Rica, producto de los mismos problemas que generan las políticas económicas de estos gobiernos.
"Los trabajadores centroamericanos se están organizando,
existe actualmente una concertación regional"
ENVIO - ¿Es esto una mera coincidencia o un avance regional de los trabajadores?
ACOSTA - Hay una concertación regional, y nosotros no negamos esa concertación. Estamos a partir de CONCENTRA en una coordinación regional principalmente para la educación y desarrollo del movimiento sindical a nivel centroamericano. Pero esta coincidencia laboral no tiene nada que ver con CONCENTRA. Ha sido una coincidencia del destino y de cada una de las realidades de los países que estamos dentro de la problemática de los modelos neoliberales. Quizá Cristiani o los gobiernos de Guatemala y Costa Rica podrán decir que es producto de CONCENTRA. Pero, realmente, si nos hubiéramos propuesto hacer una jornada regional, a lo mejor no nos hubiera salido porque es una primera experiencia. Nunca lo hemos hecho. Es pura coincidencia y nadie nos puede decir que hemos hecho un plan regional. Claro que ésto nos puede dar pie para ver si podemos hacerlo.
Esta jornada nos deja saldo positivo nacional, pero también a partir de un análisis regional, nos plantea la posibilidad de solucionar los problemas internos desde una perspectiva más amplia, desde coordinaciones regionales con los países de Centroamérica en materia sindical y económico-social.
ENVIO - En principio, esta es la primera vez que el ejército no aparece en la escena nacional directamente. Más bien ha sido la Policía Nacional la que ha estado presente en los centros de trabajo. ¿Se dio algún tipo de conflicto con la seguridad pública?
ACOSTA - Efectivamente, el ejército como tal se mantuvo acuartelado, no apareció en ningún lado, no hubo acciones de represión; pero la Policía Nacional, a pesar de que no sacó los anti-motines, a nivel nacional sí estuvo en retenes bastante fuertes parando vehículos y buses y registrando a los pasajeros. Estuvieron también en algunos lugares estratégicos como en la Calle de las Chinamas, en Ahuachapán, en Chalatenango, en la carretera del litoral y en algunas localidades cercanas a la capital.
Y es que, tres días antes al desarrollo de la protesta, hubo un compromiso del gobierno, tras las presiones por medio de ONUSAL y COPAZ, de mantener una comunicación directa entre el ministro de la presidencia y el centro de operaciones y de información de la Intergremial, en caso de una situación de emergencia de represión o confrontación de parte de la Policía o del Ejército, en cualquiera de los centros de trabajo en que se estuviera desarrollando la protesta.
Además tenemos otros elementos que ayudaron en esto: los acuerdos de paz en proceso de cumplimiento; tenemos a ONUSAL, espectadora y vigilante del proceso, que bien o mal, pero están aquí, y tenemos a COPAZ, que es la verificadora del cumplimiento de los acuerdos. Me parece que aquí, a diferencia con Guatemala, prácticamente tenemos un tanto amarrada a la bestia. No está mutilada, sólo un tanto atadita. En ese sentido hemos tenido cierta ventaja con estos factores, frente a los demás países de la región.
"La misión de la ONU, ONUSAL no tiene claro su papel"
ENVIO - Respecto a ONUSAL, Philippe Texier dejó su cargo como jefe de la división de derechos humanos, y días después aparece la carta de Reinhard Jung-Hecker, cuyo contrato no fue renovado, donde hacía públicas ciertas críticas al funcionamiento de ONUSAL. Esto a propósito de que trabajadores del Ministerio de Hacienda denunciaron la llegada de unos funcionarios de ONUSAL exigiendo que se quitaran rótulos de protesta para que se pudiera trabajar. ¿Cómo ven la labor de ONUSAL?
ACOSTA - A nivel personal, creo que ONUSAL no tiene claro su papel y esto los ha llevado a cometer ciertos errores. Los campesinos, por ejemplo, los han vinculado con los esfuerzos de los desalojos de tierras, apoyando a los terratenientes. Los trabajadores también han criticado la actitud de ONUSAL. Parece que jugaran un papel demasiado imparcial. Es preciso que el gobierno, el FMLN, los trabajadores y las Naciones Unidas le expliquemos a ONUSAL cuál es su papel, porque se percibe que no hay claridad. Es verdad que andan con los policías viendo que respeten a la población civil, pero también andan en el campo acompañando los desalojos de propiedades. Igual estuvieron el 23 de junio en la huelga de los trabajadores del Ministerio de Salud, viendo que golpearon a un trabajador y que desalojaron a otros que protestaban en la calle.
Para COPAZ, en los acuerdos su papel aparece más claro: verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Pero a pesar de que aparece claro, COPAZ no está cumpliendo ese papel. Se ha disuelto en comisiones y reuniones aquí y allá. Después de casi seis meses de la firma de los acuerdos, COPAZ no se ha preocupado más que del acuerdo de la concentración y desmovilización de los combatientes. Así, ONUSAL no tiene claro su papel.
Más que simplemente criticarlo, en lo personal, creo que debemos ayudarle a discutir y aclararle cuál es su papel. No es sólo de venir a estar aquí y estar viendo que mataron uno aquí, denunciarlo e informarlo por medio de la división de derechos humanos, sino más bien de tratar que esos casos vayan desapareciendo como consecuencia de su estancia aquí. Y puede ser importante, tanto para mejorar aquí su papel, dado que es primera experiencia de la ONUen este tipo de conflictos, como para que se desarrolle una mejor labor en el caso de que Guatemala resuelva su conflicto de manera similar a la de El Salvador.
"Si no se resuelve el problema de la tierra, en diez años habrá otra guerra"
ENVIO - Por último, ¿cómo ven actualmente las organizaciones campesinas la situación del problema agrario?
ACOSTA - En 1991, después de casi 11 años de la famosa reforma agraria, el campesino encuentra que su problema no ha sido resuelto en cuanto el acceso a la tierra y se inicia una ola de tomas de tierras, producto de la profundización de la crisis económica. En ese período, el gobierno, en vez de reconocer objetivamente el problema de sobrevivencia del campesino, le da un carácter político y empieza a plantearse que es una línea de desestabilización del FMLN. En lugar de buscarle soluciones al problema, se empieza a desalojar y a capturar. Así, el problema económico reivindicativo de los campesinos se empieza a politizar.
Es en este período que entramos en negociación con el gobierno y se genera el acuerdo del 3 de julio de 1991, donde se comprometen el gobierno y el ejército con Alianza Democrática Campesina a no desalojar las 48 propiedades tomadas y nosotros a no tomar más tierras. Después de un año de ese acuerdo, no ha habido ni una sola propiedad legalizada, sino que más bien ha habido más desalojos.
Nosotros, como organizaciones campesinas no hemos promovido más tomas. Las tomas se escapan a nuestra voluntad, nuestro papel es de acompañamiento, apoyo y asesoría. La gente se toma la tierra y luego viene y nos informa.
Es la necesidad la que los mueve y nosotros no podemos abandonarlos. Nosotros no podemos controlar este movimiento, pero hemos hecho el esfuerzo porque no haya más tomas a pesar de toda la propaganda de la ANEP que luego toma como argumento para no participar en el Foro de Concertación.
Al acuerdo del 3 de julio se suman los acuerdos tomados en la negociación, pero ni unos ni los otros resuelven totalmente el problema campesino. Nosotros tenemos reportadas más de 260,000 familias sin tierras. Y no tenemos hasta ahora ninguna señal del gobierno que indique que esté tomando en serio el problema. Si no resuelve siquiera el problema del acceso a la tierra para los ex-combatientes, de ambos lados, menos va a resolver el problema de los campesinos tradicionales. Y aun, en el caso que lo quisiera resolver, en este país no es realmente posible. Nuestra idea no ha sido nunca "pedacear" el país, sino más bien buscar otras formas de tenencia de tierra. No es sólo resolver el problema de la forma de propiedad, sino también el problema de los destinos de las ganancias que generan esas propiedades. Nosotros planteamos la discusión de propuestas que lleven al campesino, no a recibir una parcela, sino a reordenar la economía democratizándola.
ENVIO - Entonces, la Comisión especial de COPAZ para el problema agrario ¿no está oyendo nada de los planteamientos de las organizaciones campesinas?
ACOSTA - Exactamente. Ni COPAZ, ni el gobierno, ni ANEP han querido escucharnos. La Comisión agraria de COPAZ ve el problema sólo a partir de las zonas conflictivas y eso no es todo el problema. Si no resolvemos correctamente el problema, de aquí a diez años va haber otra guerra.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica