¿Todo para el pueblo pero sin el pueblo?

Las recalendarización de los acuerdos de paz se incumple una y otra vez. Y genera nuevas negociaciones que cada día toman menos en cuenta al pueblo.

Equipo Envío

Las expectativas positivas que existían a inicios de julio sobre un avance en el cumplimiento de los acuerdos de paz, empezaron con buen pie, mientras ambas partes realizaron acciones adecuadas. Sin embargo, la segunda desmovilización del FMLN no se llevó a cabo el 31 de julio, como se había acordado, porque no se dieron las facilidades al primer contingente de ex-combatientes, - desmovilizado el 30 de junio -, para su reinserción en la sociedad civil. Sólo se cumplió con el aspecto de la documentación legal, que reconoce a los ex-combatientes como tales, pero no se facilitaron becas, créditos agrícolas ni, mucho menos, tierras para trabajarlas.

El cumplimiento de los acuerdos que había caído en una parálisis, se desentrampó a mediados de junio como consecuencia de la presión internacional y de la renegociación de los acuerdos entre el gobierno y el FMLN, con la mediación de ONUSAL. Esta recalendarización no cambió la fecha tope, que se mantiene en el 31 de septiembre.

Sin embargo, las renegociaciones de las fechas cada vez que se da un incumplimiento grave, genera situaciones conflictivas, porque podría darse el caso de que el FMLN, en su afán de conseguir que los acuerdos se cumplan en su mayor parte, ceda algunos puntos que las bases consideran importantes. Por ejemplo, aunque el gobierno desalojó el cuartel de la ex-policía de Hacienda en cumplimiento de los acuerdos, no entregó el cuartel de la ex-Guardia Nacional, incumpliéndolos. Pero nadie ha protestado por ello, lo que hace sospechar que se cedió el cuartel a cambio de la instalación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo consiste en esclarecer las graves violaciones a los Derechos Humanos durante la guerra.

Como consecuencia parecen desprenderse tres cosas: el proceso de los acuerdos va tomando la forma de un acuerdo entre cúpulas que prescinden del pueblo; las relaciones entre el FMLN y las organizaciones populares no son tan transparentes como deberían ser; y tercero ONUSAL se inclina más hacia una salida diplomática de los problemas que por el estricto cumplimiento de los acuerdos.

Negociaciones sin pueblo

Desde el inicio del proceso se dijo que, sin la defensa valiente de los acuerdos por parte del pueblo y sin la exigencia de éste por su cumplimiento, el proceso no tendría asegurado su éxito. Sin embargo, el FMLN cada vez más parece dispuesto a apropiarse del derecho de negociar por el pueblo cosas que, en principio, aparecen como no negociables. La Guardia Nacional fue uno de los cuerpos más represivos desde su fundación.

En su cuartel se sabe de la existencia de cárceles clandestinas donde se tortura a civiles. El Cuartel es un símbolo de la represión y se exige su desmantelamiento.

Este es el punto más duro de digerir, el más disonante y casi el único, de los resultados de la renegociación sin pueblo.

Contradictorias relaciones entre el FMLN y las organizaciones populares

¿Qué pasó con el pueblo? La primera gran jornada de protesta frente al proceso de los acuerdos vino de parte de los trabajadores estatales con un paro laboral convocado por la Intergremial para los días 13 y 14 de julio mientras el gobierno acusaba al movimiento popular de ser manipulado por el FMLN. Sería ingenuo creer que existe una total independencia entre el FMLN y las diferentes organizaciones populares que adversan al régimen, coincidentes política, económica y socialmente.

Igualmente ingenuo es suponer que existe una relación orgánica establecida y que las organizaciones populares son una simple "fachada" del FMLN que éste manipula. Esta es la visión del gobierno y de la empresa privada, pero es insostenible y se contradice a sí misma, porque mientras intenta restar importancia política al FMLN considerándolo como minúsculo grupo al que nadie sigue, por otra parte le acusa de ser el gran gestor de la desestabilización por medio de las organizaciones populares.

La mejor prueba de la independencia de las organizaciones populares son las tomas de tierras que, como consecuencia de la situación crítica que viven los campesinos, se han dado en algunas regiones, a pesar de la promesa del FMLN y de organizaciones campesinas a no promover más tomas de tierras.

Y, más recientemente, la jornada reivindicativa de ANDES: las bases rebasaron a la dirigencia magisterial y las orientaciones del FMLN y se lanzaron a una huelga que se prolongó por mes y medio. Sin embargo, el problema ha de ubicarse en las posibles relaciones de imposición de parte del FMLN sobre las organizaciones, o de sumisión de éstas respecto de aquel, relaciones graduales según el gremio o sector. La cuestión no es sólo si se da esta relación, porque en términos políticos, un partido puede cooptar con alguna organización, y viceversa, estableciendo sus normas de relación.

El problema surge cuando se presentan asuntos de interés nacional, en los que el interés partidista o gremial puede ser superado. Todo se complica más aún teniendo en cuenta que cuando se habla del FMLN como partido, hay que tener en cuenta cinco organizaciones diversas. De este modo es posible que, después de la irrupción del FMLN en la vida política legal, las diversas organizaciones opten por permanecer a la expectativa de la línea política del FMLN. O que el FMLN se sienta con la suficiente capacidad política para aconsejar a las organizaciones sobre su quehacer.

El paro laboral convocado por la Intergremial es una buena muestra de que las relaciones son muy complejas. En principio, el paro fue iniciativa de los trabajadores estatales, aunque con diversa influencia de las cinco organizaciones que forman el FMLN respecto a los objetivos a conseguir y los medios a utilizar.

Aunque la mayor parte de los trabajadores estatales acataron el paro, hubo sectores que cayeron en la trampa de negociar reivindicaciones parciales, sobre todo de tipo económico, tras el ofrecimiento de la patronal de negociar, pero trabajar. Como consecuencia, no se logró el esplendor total del paro y se fraccionó la voluntad y las intenciones de los trabajadores respecto a los objetivos del paro. Además es significativo que los objetivos del paro hayan sido cuestiones económico-reivindicativas. Es evidente que las reivindicaciones económicas tienen su dimensión política implícita. De hecho en el marco de los acuerdos, los trabajadores exigían la incorporación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), al foro de concertación, pero sus exigencias político-económicas permanecen a un nivel gremial. Obviamente, no se pretende que en cada protesta de los trabajadores o de cualquier movimiento social, se incorpore la exigencia de que los acuerdos se cumplan al pie de la letra, junto con las propias demandas reivindicativas.

La pregunta es, sin embargo, ¿quién va a exigir que el ejército se reduzca de verdad, que desaparezcan de una vez los cuerpos represivos, que se reforme la administración de justicia en el país, que se castigue a los hechores de las grandes masacres y que se instale ya la nueva Policía Nacional Civil?

Los gremios de trabajadores tienen el inconveniente de que el gobierno siempre les acusa de realizar acciones con fines políticos desestabilizantes y de no restringirse a lo económico-reivindicativo que es donde el gobierno los quiere. Teniendo en cuenta este detalle, y ya sea lo que sea lo que hagan y demanden los sindicatos, el gobierno les va acusar de politizarlo todo y de salirse del ámbito económico-reivindicativo, no hay razón para evitar las demandas realmente políticas como, por ejemplo, exigir la desmilitarización o bien, otro punto contemplado en los acuerdos, presionando con un paro laboral.

Además, los acuerdos se conciben como estratégicamente importantes para la real democratización y desmilitarización de la sociedad, por lo que han de constituirse en la principal exigencia de las mayorías populares, más allá de acuerdos interpartidarios o negociaciones de cúpula. De otro modo, las organizaciones demostrarán que tienen una muy reducida visión del proceso de los acuerdos. En caso extremo y doloroso significará que el pueblo no cree en la real y honesta implementación de los acuerdos y que no los considera como un triunfo propio.

La diplomacia de ONUSAL

ONUSAL ha repetido una y mil veces que el proceso fundamental de los acuerdos tiene una fecha tope: el 31 de octubre. Entonces de lo que se trata es de presionar a ambas partes para que agilicen el cumplimiento de los acuerdos y contribuir a la búsqueda de soluciones en los momentos de entrampamiento. Ciertamente el aporte de los observadores de la ONU al buen caminar de los acuerdos en materia de seguridad pública, militar y social ha sido significativo. Sin embargo, las más de las veces su labor se restringe a ser espectador del proceso, y a reportar la marcha del proceso al Secretario General de la ONU.

La labor de ONUSAL es buena y positiva, pero puede ser mejorada, sobre todo ante la posibilidad de que esta experiencia de la ONU en la verificación de acuerdos internos pudiera ser repetida satisfactoriamente, en la solución del conflicto guatemalteco.

La confidencialidad y la discreción pueden entenderse desde un punto de vista netamente diplomático, pero no cuando se afecta directamente al futuro de las mayorías populares. La sumisión a criterios político-diplomáticos puede enturbiar el proceso, porque pueden ser aprovechados por sectores opuestos a la marcha real de los acuerdos.

No basta con ser testigo de la represión de determinado grupo sindical que protesta, o de un desalojo de tierras, ni con mostrar cuantitativamente que el índice de violación de los derechos humanos ha disminuido considerablemente. ONUSAL no es el principal responsable del éxito en el cumplimiento de los acuerdos, pero es preciso que contribuya a su feliz culminación.

Es en este contexto donde han de entenderse las múltiples insatisfacciones que provoca la labor de ONUSAL en algunas organizaciones populares. Otros síntomas de los problemas internos de ONUSAL, como consecuencia de su conflictiva labor, son las críticas vertidas por el ex-funcionario de la División de Derechos Humanos de ONUSAL, señor Reinhard Jung-Hecker, cuyo contrato con la institución no fue renovado, o la salida de Philippe Texier, responsable de la División de Derechos Humanos por más de un año, para asumir un cargo en el sistema judicial de su país.

Mientras tanto, muchos de los combatientes del FMLN, pertenecientes al contingente desmovilizado el 30 de junio y como consecuencia de la falta de oportunidades de reinserción, han ido regresando a los puntos de concentración donde, por lo menos, tienen comida y salud. En esas condiciones, desmovilizar otro contingente de otro 20 por ciento de combatientes, hubiera sido una falta de consideración del FMLN para con sus propios combatientes.

El 31 de julio marca en principio el desajuste del reajuste logrado a mediados de junio después de la visita de Goulding que tuvo como resultado una nueva recalendarización del proceso.

Lo que en principio pudo haberse considerado como normales retrasos en la ejecución de los acuerdos, fue tomando forma de una nueva crisis en el proceso de los acuerdos.

De hecho, la Fuerza Armada tomó como punto de discusión la primera desmovilización del FMLN. Según la FA., el FMLN habría desmovilizado sólo los combatientes más viejos y, en ningún modo, parte de sus fuerzas especiales. A la par, no habría entregado la totalidad de las armas correspondientes al primer 20 por ciento y las que entregó constituirían las armas más viejas.

El acuerdo de desmovilización supone la entrega del armamento del combatiente desmovilizado a ONUSAL, según el inventario de armas realizado por el FMLN y ONUSAL. Este último las almacenaría en un contenedor especial hasta el final del proceso. Las armas nunca pasarán a manos del gobierno ni a la FA, sino que habrán de ser destruidas por el mismo FMLN.

El peso de la tradicional resistencia a las transformaciones sociales

Ciertamente el FMLN aceptó los cuestionamientos de las FA, argumentando que las armas se deterioran y que si bien era cierto que para la ofensiva de noviembre de 1989 dispusieron de armamento nuevo, han pasado ya casi tres años desde entonces. La segunda cuestión se constituyó en elemento de presión: el FMLN no entregaría la totalidad de las armas hasta que el gobierno no ajustara el cumplimiento de los acuerdos. Este se constituyó en el centro de las discusiones, pero la realidad es otra: hay resistencia, no al cumplimiento de los acuerdos, sino a las transformaciones que tendrán lugar si los acuerdos llegan a cumplirse.

Hay sectores que históricamente se han opuesto a las transformaciones sociales. Son los que recibieron con desconfianza la firma de la paz y de los acuerdos. Hasta agosto, el inventario depurado de tierras en zonas conflictivas presentado por el FMLN para que pasen a propiedad de los ex-combatientes, no ha sido evacuado de la Comisión encargada de hacerlo. Tampoco ha habido un serio avance en la transferencia de las propiedades que rebasan el límite constitucional de 245 hectáreas y que los acuerdos remarcan.

Sin entrar en cambios profundos en el agro, tan sólo con el cumplimiento de la Constitución y de los acuerdos, los terratenientes tradicionales enfrentarían un peligro que buscan frenar a toda costa. Este sector es el mismo que en 1976 se opuso a la Transformación Agraria ("seguro de vida" que proponía el entonces presidente Coronel Molina), que se opuso ferozmente a la Reforma Agraria que inició la Democracia Cristiana y a la Fuerza Armada en sus planes contrainsurgentes; y los mismos que a la subida de ARENA a la presidencia en 1989, inició todo un proceso para desmantelar las cooperativas fruto de la Reforma Agraria. Este grupo de terratenientes junto con ANEP,han hecho lo posible por detener los acuerdos en materia agraria y socioeconómica. Por ello, ANEP se ha negado a participar en el Foro de Concertación, a pesar de las presiones que han ejercido los trabajadores.

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La Fuerza Armada se resiste y está ganando tiempo

En materia político-militar, se suman a este sector las fracciones de la Fuerza Armada que jamás aceptaron el hecho de no poder lograr una victoria militar sobre el FMLN. Por añadidura están perdiendo el control sobre la seguridad pública y tienen que aceptar a su principal enemigo de años haciendo propaganda y trabajo político libremente. De ahí los retrasos legales para la inscripción del FMLN como partido político. Si durante años se negaron a reconocer la beligerancia y la fuerza política del FMLN, estos sectores se resisten ahora a su plena legalización política.

Los retrasos para el inicio de los cursos en la nueva Academia de Seguridad Pública tampoco son casuales. Con los nuevos retrasos el primer contingente de la nueva Policía Nacional Civil no podrá salir a la calle sino hasta marzo del 93, y su despliegue total no podrá ser antes de las elecciones generales del 94. La antigua seguridad pública podrá seguir funcionando, casi paralelamente a la nueva.

Como consecuencia seguirán dándose los asesinatos políticos disfrazados de delincuencia común. Se ha pasado de la identificación de los criminales como "sujetos vestidos de civil fuertemente armados" a la de "sujetos desconocidos", pero los procedimientos judiciales y policiales de investigación continúan deficientes.

La "delincuencia común" perpetúa el estado de terror en la sociedad civil. Vistos desde la totalidad del proceso, los retrasos no son inocentes limitaciones institucionales o financieros. Constituyen en su totalidad la resistencia de quienes detentan el poder económico, militar y político a las transformaciones necesarias para alcanzar la desmilitarización, la democratización y la desterrorización de la sociedad civil.

Desde esta perspectiva, los retrasos conducen a crear serios impedimentos políticos y sociales de cara a las elecciones generales de 1994, la prueba de fuego de los acuerdos. Y a cerrar nuevamente como ha sucedido desde 1932, las salidas pacíficas y democráticas a los grandes problemas del país.

Goulding: Ni crisis ni acuerdos

Joaquín Villalobos, miembro de la comandancia general del FMLN declaró a principios de agosto que el cumplimiento de los nueve meses del cese de fuego dependen del gobierno. Si ese contexto no se crea (cumplimiento de los acuerdos) no damos pasos. El gobierno habría iniciado paralelamente su tradicional discurso: "Nosotros hemos cumplido, el FMLN está incumpliendo". Para el FMLN se había configurado una nueva crisis en el cumplimiento de los acuerdos. Para el gobierno no había tal crisis, tan sólo retrasos inocentes e incumplimientos del FMLN. ONUSAL convocó a las conversaciones tripartitas a fin de negociar el avance de los acuerdos retrasados, tanto de la recalendarización de junio como los correspondientes al calendario inicial.

A estas reuniones se incorporó el 13 de agosto Marrack Goulding, secretario general adjunto para operaciones de paz de la ONU. En su primera visita de marzo, Goulding logró dar impulso al primer estancamiento serio en el proceso de los acuerdos. En junio se logró la recalendarización de los acuerdos atrasados. Pero este nuevo calendario no llegó muy lejos. Goulding encontró retrasos preocupantes para el proceso.

Lo arduo de las conversaciones tripartitas quedó evidenciado con la prolongación de la visita de Goulding. Inicialmente programada para dos días, hubo que alargarla por dos días más. Visto negativamente, esto señalaría dificultades serias; sin embargo, para Goulding era prueba de "que se estaban alcanzado avances".

La visita de Goulding no arrojó resultados inmediatos y acuerdos favorables durante su estadía, pero logró ejercer presión sobre ambas partes. Se enfatizó seriamente la puesta al día en la ejecución de los acuerdos en torno a los aspectos militares.

Sólo sobre la base de un avance real en torno a la desmilitarización, desarme y desmovilización de ambas partes y puesta en marcha de la nueva policía, puede lograrse un cambio irreversible que impida volver a la guerra. Sobre esta base, los demás acuerdos pueden acelerarse.

En segundo lugar, se determinó un mecanismo de control: el 16 de septiembre (un mes después de la visita de Goulding) debe haber una evaluación del cumplimiento del calendario revisado. Sobre estos datos, "el Secretario General presentará un informe al Consejo de Seguridad, con sus recomendaciones sobre las acciones que considere apropiadas". Se insiste: el 31 de octubre debe completarse el calendario señalado por las partes. De ahí que la evaluación del 16 de septiembre ha de considerarse clave para que el proceso culmine con éxito.

Las partes anunciaron escuetamente en la prensa nacional el 22 de agosto que se había llegado a resultados positivos en cuanto al calendario del proceso. En consecuencia, el gobierno inició los programas de reinserción de los combatientes desmovilizados, el FMLN reinició la entrega del armamento del primer contingente desmovilizado y se espera la segunda desmovilización. A la par un hecho insólito: la asociación de lisiados del FMLN (ASALDIG) y la de la FA (ALFA) se presentaron a la Asamblea Legislativa para exigir programas de atención y pensiones.

No más discusión, sino hechos concretos

Las partes habrán de empeñarse en la puesta al día y en la real ejecución de los acuerdos. Si no lo hacen por fidelidad a los anhelos de paz y democracia del pueblo, al menos buscarán hacerlo para evitar una condena y una real presión internacional sobre ellos. La ONU, y con ella el pueblo salvadoreño, quiere evidenciar avances en un proceso que se desea irreversible. Goulding resume esta postura: "He enfatizado a ambas partes que lo que buscamos no es más discusión, ni más debate, sino acciones concretas sobre el terreno". La pregunta sin respuesta es ¿aceptarán avances en la transformación política del país el viejo poder económico y militar?

Carta del ex observador de ONUSAL Reinhard Jung - Hecker
al Secretario General de la ONU Boutros Boutros - Ghali

"Permítame dirigirme directamente a Ud. para exponerle mi preocupación respecto de la Misión de ONUSAL, en la cual desempeñé mis funciones como observador de Derechos Humanos.

La Misión fue creada e instalada en respuesta a la solicitud del Gobierno y de la guerrilla salvadoreña, pero ante todo representa el fruto de los esfuerzos del pueblo salvadoreño para salir, como usted lo llamó, de una "noche larga" y alcanzar una paz con justicia.

La instalación previa al cese de fuego del contingente de Derechos Humanos (DDHH), sirvió como punta de lanza para presionar y acelerar la firma de la paz y, por lo tanto, este instrumento de verificación de los DDHH tiene una importancia singular para el proceso de paz, tomando en cuenta la historia de este país. En efecto, la presencia de la ONUSAL pudo disminuir las violaciones sistemáticas de los DDHH. Si se trata de una mayoría temporal o definitiva queda por demostrarse.

Contemplado en los acuerdos de San José, el amplio margen de acción para la ONUSAL quería garantiza cambios estructurales y un trabajo independiente en la verificación de los DDHH, nuevo reto para una Misión de las Naciones Unidas. Sin embargo, la realidad fue diferente.

Desde el inicio, el jefe de Misión impuso sus reglas de juego, las cuales no permitían entrar en contradicción con las instituciones del gobierno, manteniendo un perfil bajo en las investigaciones de los casos más relevantes. La jefatura impuso una autolimitación y hasta autocensura para el trabajo de DDHH en una país que tanto necesita la demostración de una fuerza que podría acabar con la cultura de la impunidad. Criterios políticos y diplomáticos limitaron la autonomía del contingente de DDHH dentro de esta misión, compuesta por aspectos policiales, militares y políticos. En un seminario interno, el Jefe de Misión, restó claramente importancia al contingente de DDHH al definir la Misión como primordialmente política. Más aún, el jefe de la Misión pasó con sus decisiones por encima del propio Director y creó así una doble cadena de mando en la cual él se impuso casi siempre provocando así contradicciones y problemas internos.

El hecho de no consultar ni informar al Director sobre decisión de cerrar la Oficina Regional de Usulután habla por sí solo. Esto sucede pocos días después de haber ocurrido en este mismo pueblo de los incidentes más relevantes y graves durante el tiempo de estadía de la ONUSAL en este país.

La falta de una protesta y denuncia pública por parte de ONUSAL ante sucesos como los ocurridos durante el motín carcelario en Usulután y la intervención del Coronel Carranza con 250 soldados, en forma ilegal, escandalosa y violatoria de todos los acuerdos, permite que éste siga hasta el momento en su puesto, como otra demostración de la habitual impunidad en este país.

Aquí quiero mencionar también el descubrimiento por nuestros policías de una banda de asaltantes formada por miembros del Ejército en Chalatenango y la intervención de la jefatura de la Misión de frenar el seguimiento en la investigación de este caso, argumentando que ésta podría poner en peligro a la Misión.

Parece que la supresión de una investigación profunda y consecuente en la Oficina Regional de San Miguel en el caso de un triple asesinato, cometido hace aproximadamente 3 meses por el hijo de un oficial del Ejército en plena vía pública y el posterior asesinato del detective policial al cargo de este caso, obedece a esta misma lógica de evitar roces con las instituciones estatales. La actitud estadista del Jefe de Misión parece negar la importancia de la ONG (sic) en la reconstrucción y al mismo tiempo quiere fortalecer la institucionalidad en el país, olvidando que sólo ambas partes pueden garantizar la consolidación de un proceso de paz.

Esta actitud que valora más la buenas relaciones con el gobierno que la defensa de una verificación consecuente de los DDHH y ganar de esta forma la confianza del pueblo salvadoreño, lleva hasta la eliminación de observadores que podrían molestar y entrar en conflictos de intereses con las instituciones del Gobierno.

Así, sanciones como las impartidas contra mi persona - prohibición durante 4 meses de cualquier contacto con autoridades e instituciones del estado como la Policía y los Organos Judiciales- podrían ser interpretados como resultado exitoso de las presiones ejercidas por el Coronel Ciro López Roque, jefe de la PN, por el General Vargas, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Mauricio Gutiérrez Castro y también las acusaciones insólitas ante la Embajada de la CEE que fui objeto por parte de Cristiani Sol, en relación con mi observación de la autopsia de la enfermera belga Veronique Hostie en septiembre/91.

Estos hechos podrían constituir un peligroso precedente para ésta y futuras misiones similares. En lo siguiente le quiero exponer algunos ejemplos personales de la limitación de una verificación y actuación consecuente en casos relevantes.

EN la investigación del asesinato político de un sindicalista de FEASIES, la jefatura impidió la participación del contingente policial de ONUSAL argumentando de que la tarea de nuestra policía sería de acompañar y cooperar con la PN. Por las restricciones de mi trabajo se me apartó de la investigación de este caso y desde entonces no se avanzó nada.

En el caso de un soldado, quien presenció en 1992 la ejecución de 12 personas por inyección de formalina dentro de un cuartel militar, me fue impedido y prohibido pasar estas informaciones relevantes a la comisión Ad-Hoc. En el caso de Veronique Hostie, la jefatura no se vio en la necesidad de defender a un obaservador que estaba cumpliendo con su trabajo; más bien demostró una falta de soberanía en la relación con las instituciones judiciales que, a plena luz querían evitar que la ONUSAL podría formarse una opinión propia al respecto de las circunstancias de la muerte y de lo escandaloso que fue el debido proceso legal-exhumación y autopsia - en este caso.

La amenaza del Coronel López Roque a no permitir más mi entrada a la PN, si yo no cambiaba mi actitud insistente en la verificación de los casos - ver a los presos o investigar a los propios detectives - bastó para que la jefatura considerara mi actuación fuera de lo permitido para un observador de DDHH de la ONU.

El descubrimiento de un escuadrón de la muerte con nombres y direcciones que opera supuestamente contra pequeños delincuentes en la región de Apopa, Mariona y Ciudad Delgado, no pudo obligar a la ONUSAL a que presionara verdaderamente a las autoridades del país, por ejemplo con una publicación, para capturar esta gente, permitiendo así que siga dándose toda una cadena de asesinatos en esta zona.

El hecho de haber expresado mi preocupación ante una captura de miembros del FMLN por supuestos agentes de la PN que se podían identificar como policías y que se sospechaba que se trataba de soldados, y la inmediata protesta del General Vargas causó tanta alerta que el jefe de Misión impartió inmediatamente las sanciones arriba mencionadas, sin siquiera haber escuchado mi versión de los hechos.

Sr. Secretario General, pienso que la verificación de los DDHH y la diplomacia no son siempre compatibles.

Quiero expresarle mi sorpresa e inquietud ante la aparente decisión de reducir esta misión a un nivel más bien simbólico. La ONU tomó bandera en defensa de los DDHH y está en la obligación de cumplir con los compromisos de los Acuerdos de San José. Ante todo, quiero expresarle mi esperanza de que la Misión cumpla con la tares que el pueblo salvadoreño espera de ella que es, según las palabras del Sr. Michael Czerny de la UCA: acabar con el miedo.

Si la Misión no logra este propósito y más bien quiere pintar un imagen de la realidad más blanca de lo que es para justificar el retiro del contingente de DDHH, ella ha fracasado, Con la esperanza de que esta carta sea entendida por usted como una crítica constructiva en favor de los DDHH, que no pueden ser negociables, le saludo atentamente.

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