Guatemala
Desgaste generalizado y pierden los de siempre
Año y medio de gobierno pareciera tiempo suficiente
como para que empiecen a verse algunos logros,
pero lo que se ve es un desgaste generalizado
donde los pobres son cada vez más pobres.
Equipo Envío
La palabra del día en Guatemala es desgaste. En 18 meses de "gobernar" la administración de Jorge Serrano no ha logrado ninguno de sus tres objetivos fundamentales: la firma de un acuerdo de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG); la negociación de un pacto social entre el sector privado, el gobierno y el sector laboral; y el fin de la impunidad.
El segundo presidente civil después de tres décadas de dictaduras militares, quien asumió el poder tras unas elecciones en que más del 60 por ciento del electorado optó por quedarse en casa, parece haber perdido el poco apoyo con el que empezó su mandato. Además, tiene los mismos problemas que su predecesor, Vinicio Cerezo, en cuanto a la reorganización de las fuerzas de seguridad. Cuando todavía no ha cumplido el primer tercio de su mandato, va con el cuarto Ministro de Gobernación tras el despido de Fernando Hurtado Prema afines de julio. Como consecuencia de la deslegitimación de su gobierno, el muy reducido espacio que tenía para tratar de someter a las Fuerzas Armadas, se le ha cerrado y es evidente que los militares siguen teniendo la última palabra.
El desgaste se advierte en la actuación del presidente. Sumamente sensible a cualquier crítica de la prensa, en los últimos meses ha visitado o llamado a varios medios, donde las diferencias de criterios han llegado a los gritos. En círculos diplomáticos se comenta que no hace falta un golpe de estado porque Serrano no tocará al ejército. En julio, algunos sectores le criticaban por viajar a España para las Olimpiadas con una comitiva de 80 personas, a pesar de la crisis, mientras algunos diarios guatemaltecos comentaban que su presencia en el país no importa.
Lo único que aumenta es la miseriaLo cierto es que pareciera que Jorge Serrano vive en otro país. Durante un desayuno con la prensa extranjera en julio, pintó un cuadro económico sumamente optimista, poniendo a Guatemala entre las diez mejores economías del mundo en términos de crecimiento en 1991. Esto puede ser cierto en datos macroeconómicos, pero lo que vive la mayoría es otra cosa: durante la administración de Vinicio Cerezo, un 60 por ciento de la población vivía en la pobreza; actualmente, este porcentaje se acerca al 85 por ciento, según organismos de desarrollo.
La estabilización monetaria se logró mediante una férrea disciplina fiscal para los servicios públicos. En un país con un índice de 53 por ciento de analfabetismo y donde cuatro de cada cinco niños están desnutridos, según la iglesia Católica, en 1991 los presupuestos de educación y salud fueron recortados en el 45 y el 20 por ciento respectivamente. Es cierto que hay crecimiento en ciertos sectores financieros, pero no en la producción, y el éxito del programa económico de estabilización se debe también a factores tan poco confesables como el narcotráfico.
Narcodólares al rescateEn 1991, el sector de la construcción creció en 60 por ciento en una bonanza sin precedentes desde la época post-terremoto, en 1976. Algunos analistas lo atribuyen a la invasión de narcodólares en el país para la construcción de apartamentos y condominios de lujo.
El narcotráfico también contribuye a la estabilidad monetaria con un flujo de dólares sin precedentes hacia el sistema bancario. Sólo el 4 de marzo de este año, 41.5 millones de dólares ingresaron al sistema bancario, en lo que constituyó la entrada más grande de dólares en un solo día durante los últimos cinco años, según fuentes bancarias. Como respuesta, la ayuda estadounidense para combatir el narcotráfico se duplicó de 1.2 millones de dólares en 1991 a 2.5 en 1992. El personal de la DEA también se duplicó en el mismo período convirtiendo a Guatemala en un centro regional para combatir el fenómeno.
Por otro lado, la paz todavía está muy lejos. El diálogo con la guerrilla ha permanecido estancado durante nueve meses en la negociación sobre el tema de los derechos humanos, la segunda parte del primer punto de una agenda de 11 temas. La esperanza de un pacto social también se esfumó en los primeros meses del gobierno Serrano en 1991, cuando fue rechazado por algunos sindicatos. En junio, 23,000 trabajadores del sector salud paralizaron completamente el sistema hospitalario exigiendo aumento salarial.
También en junio, Serrano derogó la ley de compensación social, cancelando así las prestaciones por antigüedad que el estado debía pagar, a un empleado cesado. Esta ley había sido aprobada en 1990 y fue considerada como una conquista laboral, porque generalizó este derecho, pero el sector empresarial nunca estuvo de acuerdo y presionó a Serrano hasta que logró su derogación, reemplazándola con un aguinaldo anual llamado el "bono 14". A pesar de que la introducción del bono estuvo acompañada por una campaña propagandística en todos los medios, la medida fue rechazada por los sindicatos más importantes, lo que provocó la mayor crisis laboral de los últimos años.
En julio, las dos federaciones del sector estatal encabezaron un paro general en protesta y exigieron aumentos salariales para los 150 mil trabajadores del estado. Durante esta jornada de lucha, se organizaron protestas y paros en la capital y se logró paralizar algunos ministerios. Históricamente el movimiento sindical ha sido débil en Guatemala como consecuencia de la represión. Sólo un cuatro por ciento de los trabajadores están sindicalizados y muchos dirigentes se han visto obligados a exiliarse. Además, el gobierno ha sido muy hábil para dividir al movimiento obrero. Debido a esta debilidad, los trabajadores lograron un incremento muy inferior a sus demandas, pero el gobierno se vio forzado a negociar con ellos, en vez de recurrir a la fuerza, simplemente como se acostumbra.
Bailando solos: las cuatro exigencias de la URNGDesde la primera ronda en febrero, cuando las dos comisiones negociadoras se reunieron cara a cara en México no ha habido ningún avance en el diálogo. Más bien, las pláticas han estado a punto de romperse varias veces durante los últimos meses. En febrero se logró alcanzar acuerdos sobre varios puntos, pero después, la negociación se estancó en torno a cuatro exigencias de la URNG:
1) reconocimiento del gobierno a las convenciones de Ginebra;
2) formación de una comisión de "verdad y justicia" para investigar las violaciones a los derechos humanos en el pasado, similar a la comisión de "verdad" en El Salvador;
3) abolición de la Patrullas de Autodefensa Civil (PACs);
4) inmediata aplicación de todos los acuerdos relacionados con los derechos humanos, sin esperar a la firma de un acuerdo total de paz, como propone el gobierno.
Con la intervención de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), encabezada por la Iglesia Católica, parecía que se podría llegar a algún acuerdo preliminar, pero el gobierno se mostró totalmente intransigente. Según observadores, en marzo Serrano dio órdenes a los negociadores gubernamentales para endurecer sus posiciones y rechazar todas las propuestas de la guerrilla.
Este endurecimiento se debe, entre otros factores, al hecho de que en febrero, algunos oficiales del ejército presionaron a Serrano para que tomara una posición más dura. Por otra parte, la firma de los acuerdos de paz en El Salvador generó una intensa oposición al diálogo entre el sector privado, porque los grandes finqueros temen las posibles concesiones económicas que el gobierno podría dar a la URNG. Por primera vez, algunas asociaciones empresariales se manifestaron públicamente en contra del diálogo después de la firma.
Cambiar para continuarEl respaldo internacional a Guatemala en foros como la reunión de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en Ginebra en febrero, contribuyó a generar una actitud triunfalista en la administración Serrano. Algunos países latinoamericanos como México, que en años anteriores habían criticado a Guatemala, dieron un apoyo importante al gobierno para evitar que Guatemala fuera colocada una vez más, entre los peores violadores de derechos humanos del mundo. "La guerrilla debe comprender que el pueblo guatemalteco no los apoya, que la comunidad internacional les dio la espalda en Ginebra, y que la comunidad mundial ha extendido su mano al gobierno guatemalteco. Hemos ganado la guerra militarmente. Hemos ganado la lucha internacional, y estamos ganando el apoyo del pueblo guatemalteco", advirtió Serrano en marzo.
La URNG respondió con el incremento de su actividad militar y en abril se temió la ruptura del diálogo. En mayo, sin embargo, la situación empezó a mejorar debido a los esfuerzos continuos de la CNR que presentó otra propuesta para romper el hielo. Esta propuesta fue aceptada casi de inmediato por Serrano, porque era muy ambigua en todo lo referente al cumplimiento de las leyes internacionales sobre derechos humanos y la abolición de las Patrullas Civiles, tema sobre el que sólo proponía formar un comisión para "investigarlas", dejando sus estructuras intactas mientras tanto.
Naturalmente la URNG rechazó esta propuesta y a fines de mayo la guerrilla hizo pública una contrapropuesta, exigiendo nuevamente la reducción, purga y reorganización de las Fuerzas Armadas. También se trataba el tema del retorno de los miles de refugiados que permanecen en México y su reintegración voluntaria a la sociedad.
La URNG demandó la participación directa de los líderes indígenas en el diálogo, y de la población indígena en general en los gobiernos locales. También exigió el restablecimiento de los derechos que se habían perdido sobre las tierras comunales y, en general llamó a la incorporación de otros sectores sociales al diálogo para convertirlo en un foro de debate nacional. Según esta propuesta, las negociaciones continuarían siendo bilaterales, pero los otros sectores estarían invitados como "observadores" para ser consultados sobre todos los temas en discusión e incorporar sus puntos de vista en un acuerdo final.
La publicación de esta propuesta en mayo tenía el objetivo deliberado y preciso de provocar el debate sobre las negociaciones, que a esas fechas, habían perdido cierta credibilidad a nivel nacional, por la falta de avances. Además, los diferentes sectores sociales están interesados en participar en el diálogo y durante los últimos meses, algunos grupos han publicado sus posiciones y propuestas mediante campos pagados en los diarios, con lo que el debate se ha enriquecido.
Las exigencias de la URNG en cuanto a reforma agraria, reformas tributarias y otros aspectos económicos, generaron una ola de oposición entre el sector privado. El ocho de junio, la poderosa organización empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), publicó una crítica extensa y violenta a la propuesta, rechazando cada punto. Según el CACIF, las reformas propuestas por la guerrilla "socavarían las instituciones y destruirían la propiedad privada".
No cambiar y continuarLa reacción del ejército tampoco fue alentadora. A finales de mayo, el ministro de defensa, el General José García dijo que el ejército se opone a cualquier reducción aunque la guerra termine. Según García, con la consecución de la paz el ejército no verá disminuido su papel preponderante en la sociedad guatemalteca, sino que su función se profundizará porque, afirma, es la única institución, capaz de combatir el narcotráfico y elaborar proyectos serios de desarrollo, como construcción de infraestructura y programas de preservación del medio ambiente y educacionales en zonas rurales aisladas. Las declaraciones de García están respaldadas por las actuaciones de Serrano quien autorizó 24 millones de dólares adicionales al Ministerio de Defensa este año, para incrementos salariales y otros beneficios a los oficiales y reparación de equipo.
También se dio luz verde a otra campaña de contrainsurgencia, que empezó a principios del año, para atacar los frentes rurales más importantes de la guerrilla. El ejército tuvo éxitos militares y la URNG sufrió sus mayores pérdidas de infraestructura de los últimos años. Las Fuerzas Armadas desmantelaron la fábrica más grande de bombas de la URNG en El Quiché y destruyeron una de las bases guerrilleras más importantes en la misma zona. Esta campaña militar ha sido acompañada con una campaña de propaganda gubernamental con el objetivo de destruir la imagen pública de la guerrilla y obtener más concesiones en la mesa de negociaciones.
Mientras aumenta la presión interna sobre el gobierno para que endurezca su posición, la presión internacional para negociar en serio parece disminuir. A fines de mayo, el Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, retiró a su observador, Francesc Vendrell del diálogo, al pedido del Presidente Serrano, quien criticó los esfuerzos de Vendrell por "mediar" en vez de "observar".
En junio, el gobierno publicó su respuesta a la propuesta de mayo de la URNG ignorando todos los planteamientos más importantes y acusando a la guerrilla de retrasar el proceso de negociación con su insistencia en la participación de otros actores. También, rechazó todos los puntos referentes a cambios y reducciones del papel del ejército en la sociedad civil.
La Ley de la Selva en un ambiente generalizado de violencia institucional y delincuenciaMientras tanto, la violencia y la delincuencia se han generalizado. En los diarios se discute acerca de si el ciudadano común debería poder portar su arma y la impunidad sigue en vigencia. Como ejemplo, ya han pasado 11 jueces por el proceso judicial que se lleva a cabo en torno al asesinato de Myrna Mack, la antropóloga asesinada a cuchillazos en 1990, como consecuencia de las amenazas que recibieron estos funcionarios y no hay avances en otros casos de violación de los derechos humanos.
En abril y mayo hubo una ola de bombazos y ataques en la capital, mientras los rumores de un golpe de estado corrieron por la calle. En abril, tres poderosas bombas explotaron en oficinas gubernamentales, hiriendo a más de 20 personas. Sólo el 30 de abril hubo más de 1,000 avisos de bomba en tres horas, creando un ambiente de pánico entre la población. En mayo, la campaña de desestabilización por parte de sectores no-identificados, se expandió con otra ola de bombas en comercios, escuelas y restaurantes - ya no sólo oficinas gubernamentales -, incluyendo un McDonalds en el centro y dos bombas en la parte exterior del Cuartel General del ejército en la capital. El pánico se transforma en terror. La policía desactivó numerosas bombas en diferentes lugares públicos, incluyendo la universidad.
Anteriormente, las campañas de amenazas y bombas han coincidido con intentos de golpe de estado, como en mayo de 1988 y de 1989. Se trata de crear un ambiente de caos y anarquía para justificar un golpe militar que tendría el objetivo de restaurar "el orden". En Guatemala, donde la conspiración parece ser el pasatiempo nacional, las teorías acerca de quienes están detrás de esta campaña abundan. Por su parte el gobierno acusó a la guerrilla que rechazó vehementemente la acusación, la que también fue descartada hasta por las embajadas más cercanas al gobierno.
Estas mismas embajadas opinan que la campaña podría haber sido obra del mismo gobierno tratando de justificar un "estado de excepción", con la suspensión temporal de los derechos ciudadanos. Algunos analistas especulan que pudo haber sido obra de la embajada estadounidense con la colaboración de algunos militares. Según esta teoría, la campaña habría tenido el objetivo de presionar a Serrano para combatir en serio al narcotráfico. Curiosamente, el fin de la campaña coincidió con la extradición de tres narcotraficantes a los Estados Unidos.
Marginación para los mismos de siempreSegún otros analistas, varios grupúsculos de políticos, empresarios, y ex-militares, disidentes de la derecha habrían protagonizado la campaña, no para provocar un golpe, sino para presionar al gobierno para que no de concesiones en sus negociaciones con la guerrilla y con los sectores campesino y laboral, en sus demandas de tierra y de incrementos salariales.
En junio la campaña terminó tan repentinamente como había empezado. En este río revuelto, los pescadores que salieron mejor parados están en el ejército y en algunos sectores financieros. La respuesta del gobierno a la última propuesta guerrillera parece haber sido escrita por el mismo ejército, según analistas. Y en la calle, muchos guatemaltecos, atemorizados y cansados del caos y la anarquía creados por la campaña, comentan que aquí hace falta "mano dura". Con la derogación de la ley de compensación social, los empresarios tuvieron una victoria. También el primero de julio se aprobó una reforma fiscal que convirtió al país en un "paraíso", para los bancos, según un destacado economista. Con esta reforma, las instituciones financieras no pagan impuestos y están exentos hasta del IVA.
Violaciones a los derechos humanos: importa la calidad no la cantidad Las violaciones a los derechos humanos han bajado algo en términos numéricos, según la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado de Guatemala, pero esto sólo se debe a que la represión cada vez es más eficiente y selectiva desde que empezó la llamada transición democrática. Con el caso de Myrna Mack se aprendió que basta con asesinar a una persona clave para atemorizar y callar a todo un sector, aunque esta estrategia no siempre da los resultados esperados.
Este año, uno de los sectores que más ha sufrido la represión es el académico, en particular la Universidad San Carlos (USAC). El 30 de enero, una bomba destruyó las oficinas de la Asociación Estudiantil de Guatemala. En febrero, Manuel Estuardo Peña, un profesor de historia que desarrollaba actividades de organización de la población desplazada de su comunidad, fue asesinado por desconocidos. Una semana después un estudiante de ingeniería fue secuestrado en la capital y también se encontró el cuerpo baleado y torturado de otro estudiante de contabilidad, en las afueras de la ciudad. Durante los últimos meses las amenazas de muerte contra 15 profesores de la USAC han llevado a muchos al exilio. Una bomba en el recinto de la USAC en marzo provocó serios daños en una facultad y otras bombas poderosas en medio del campus fueron desactivadas por la policía durante abril y mayo.
El 10 de abril, la policía abrió fuego contra un grupo de estudiantes que preparaban una marcha tradicional, "la Huelga de los Dolores", festividad que tiene más de un siglo de celebrarse. Como consecuencia, un estudiante resultó muerto y otros seis heridos. La presión nacional e internacional forzó al gobierno a enjuiciar a los 29 policías y soldados involucrados que forman parte de una nueva fuerza paramilitar creada por el gobierno en marzo, como respuesta a las protestas populares: la "Hunapu", una fuerza conjunta de la Policía militar ambulatoria, la Policía nacional y las Fuerzas Armadas como nueva forma de control militar sobre la población urbana.
Sin embargo, la represión no ha cesado contra los estudiantes universitarios y de secundaria quienes protagonizan constantes protestas. En abril hubo una ola de protestas de los alumnos de secundaria en la capital para exigir infraestructura en las escuelas y nuevamente salieron a la calle en julio demandando el cumplimiento por parte del gobierno. Algunas protestas se convirtieron en violentos motines con quema de buses y comercios y la detención de más de 150 estudiantes.
La inteligencia como amenazaDespués de la matanza de la Huelga de Dolores, el Consejo Superior Universitario se reunió con Serrano y el Ministro de Defensa con lo que la campaña contra la universidad pareció calmarse durante un par de meses. En julio, sin embargo, el sector recibió otro golpe con el asesinato de tres estudiantes cuyo vehículo fue ametrallado cuando se dirigían al aeropuerto.
Los asesinos viajaban en un carro blindado, rasgo común de los crímenes políticos. El 24 del mismo mes, una estudiante de historia fue secuestrada en la capital. Estos crímenes demuestran que, a pesar de las demandas del Consejo Superior a Serrano, la campaña en contra de estudiantado, un sector importante y dinámico en cualquier país, no ha terminado.
La estrategia de la represión selectiva no ha sido totalmente exitosa como lo demuestra el caso de Myrna Mack, quien trabajó con la población desplazada y refugiada. Dos años después de su asesinato su trabajo se ha multiplicado. Recientemente, se formó una coordinadora de organismos no gubernamentales de desarrollo y cooperativas dentro de Guatemala para apoyar el proceso de retorno de los miles de refugiados en México. Durante la década pasada, 150,000 guatemaltecos huyeron a México para escapar de la violencia; unos 46,000 de ellos fueron reconocidos como refugiados por el gobierno mexicano y ACNUR y viven en campamentos. Un retorno colectivo se está planificando para los próximos dos años.
Mientras tanto, la guerra fría sigue calentándose en Guatemala. Según los sectores más recalcitrantes del ejército y el gobierno, los organismos que apoyan el retorno son los "aliados de la subversión", porque temen que la población refugiada, altamente organizada y politizada después de los años en el exilio, sirva de base social para la URNG, lo que le daría más fuerza en la mesa de negociaciones. Por lo tanto, el ejército quiere controlar las zonas del retorno pero los ONG de desarrollo son las únicas instituciones, además de la iglesia Católica, que tienen capacidad para trabajar en estas zonas, obstaculizando los planes gubernamentales de controlar a esta población.
"Compartimos la alegría de la gente cuando cayó el muro de Berlín, pero todavía hay que botar otros muros, hasta poder tener una vida digna. Ojalá que algún día esta tierra sea multicolor, no en trajes y paisajes, sino en proyectos, en posibilidades para todos" dijo Rigoberta Menchú, la lideresa indígena y candidata al premio novel, durante su visita a Guatemala en julio último.
¿Cuándo caerá el muro de la impunidad?La única esperanza de Guatemala, en medio de esta crisis constante, sigue siendo la resistencia popular de los diversos sectores que, a pesar de la represión siguen martillando (astillando, desconchando) un poco cada día, los numerosos muros del país. Parece que, para muchos, la ira está venciendo al miedo.
En lo que va del año, comunidades indígenas de 19 municipalidades en 11 provincias, encabezaron protestas masivas y a veces violentas, en contra de los autoridades municipales y exigiendo servicios públicos, como agua potable y alcantarillado. En algunos casos, las protestas se transformaron en motines y provocaron la renuncia de las autoridades locales en masa.
Las ocupaciones de tierra en zonas rurales y urbanas por campesinos, son una constante y grupos de campesinos e indígenas siguen protestando en las puertas del palacio nacional, a pesar de las bombas lacrimógenas y las golpizas salvajes de la policía. La violencia utilizada por la policía contra estos grupos en junio y julio provocó mayor indignación entre la población en general que vio las escenas televisadas de las Fuerzas de Seguridad golpeando con saña a mujeres y niños indígenas. A nivel nacional, el cuadro todavía es oscuro, pero los esfuerzos a nivel local en tantas comunidades de todo el país son prueba de que los muros en Guatemala están cayendo, piedra por piedra.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica