Nicaragua
En vísperas de la insurrección el país estaba en “modo apuesta”
Equipo Envío
El año 2018 inició, no sin tensión, para el gobierno Ortega-Murillo. Durante todo el año 2017 la economía estaba resintiendo ya la reducción de la cooperación venezolana. En noviembre se celebraron elecciones municipales.
El colapsado sistema electoral tuvo que recurrir nuevamente a maniobras fraudulentas y la pareja gobernante se enfrentó de nuevo al silencioso rechazo de la población. En el Pacífico y en Occidente, en la Nicaragua más urbana, la gente volvió a repudiar el sistema electoral con una masiva abstención.
En zonas de la Nicaragua campesina la gente rechazó al gobierno votando contra el FSLN. Y en esa otra Nicaragua que es el Caribe las elecciones hicieron estallar la violencia. El Consejo Supremo Electoral tuvo que maquillarlo todo alterando los resultados en las tres Nicaraguas.
“NO ESPEREMOS SITUACIONES EXTREMAS
PARA DESPERTAR”
Quince días antes de las elecciones, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, logró consenso para emitir un mensaje que iba más allá del evento electoral para, tácitamente, llamar a la reflexión y a la participación sobre lo que estaba ocurriendo en el país y lo que vendrá después.
Los obispos no perdieron palabras en volver a repetir las críticas que hicieron en años anteriores al sistema electoral y al modelo de gobierno. Simplemente, afirmaron que los problemas siguen siendo los mismos y remitieron a los lectores a lo que dijeron en septiembre de 2012, antes de las elecciones municipales de aquel año, en el comunicado que titularon “Podemos tener una patria mejor” y al documento que le entregaron a Daniel Ortega en mayo de 2014, que titularon “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”.
Ahora, en su mensaje, recogían esta cita del Papa Francisco: “En el contexto del mundo actual, en el que la política goza de tan baja estima, nos apremia un estilo de políticos que sirvan a los ciudadanos con misericordia y así desmientan la falacia que presenta a la política como una jauría de depredadores”. Las otras seis citas de Francisco que incluyeron en el texto estaban dedicadas a realzar el valor de la política y el deber de la ciudadanía de participar en la política del país.
Los obispos reconocían lo innegable: “Percibimos y tenemos conciencia de que los tiempos que vivimos no son fáciles, pueden parecer incluso desoladores”. Señalaban que en el país hay “desaliento, desmoralización, pesimismo y desesperanza” y que “el desaliento conduce a refugiarse en sí mismos, a crear una burbuja de autoprotección que termina en una ceguera social”.
Y advertían con preocupación: “No debemos esperar llegar a situaciones extremas para despertar la conciencia de responsabilidad en las cuestiones políticas y sociales”. Y alentaban a la acción: “Nunca olviden que somos nosotros, el pueblo nicaragüense, quien tendrá la última palabra y podrá decidir el horizonte que el país deba tomar. La fuerza que transforma una sociedad es la del pueblo que, animado por la justicia y la libertad se edifica en las virtudes del bien común, la verdad y la justicia social. Seamos actores y no espectadores”. En pocos meses Nicaragua viviría la “situación extrema” a la que se referían los obispos.
GOBIERNO Y EMPRESARIOS
EN “MODO APUESTA”
Parecía que así acabaría el año: maquillados los resultados electorales y advertida la población, cuando en las meras vísperas de Navidad, y en apenas 72 horas, Washington sentó claramente su posición contra el gobierno de Nicaragua.
Declaró que las elecciones municipales de noviembre habían estado “manchadas” por irregularidades y violencia (siete muertos, decenas de personas heridas, lesionadas, maltratadas, detenidas, desaparecidas y huyendo en los territorios de la Nicaragua campesina que decidió votar contra el FSLN y en el Caribe).
Al día siguiente, Washington sancionó con la Ley Global Magnitsky al presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, primer nicaragüense incluido en esa “lista” mundial de maxicorruptos. Y al día siguiente, con respaldo bipartidista -algo inusual en la era Trump-, senadores republicanos y demócratas introdujeron la Nica Act al Senado para su definitiva aprobación. Esta ley afectará los préstamos a Nicaragua de las instituciones financieras multilaterales.
Desde entonces, y con claridad sobre la decidida apuesta de Washington, gobierno y empresarios, estrechos aliados en el modelo corporativo, se colocaron también en “modo apuesta”.
Las relaciones del gobierno de Daniel Ortega con el gobierno de Estados Unidos no habían alcanzado en once años niveles de tanta tensión como los de finales de 2017. La alianza Ortega-COSEP no había estado nunca tan en vilo. Un balde de agua fría cayó sobre quienes desde el poder gubernamental y empresarial se pasaron todo el año insistiendo en que la crisis con Washington era “administrable”.
WARNING:
PETRÓLEOS DE VENEZUELA (PDVSA)
La profundización de la crisis política y económica venezolana comenzó a repercutir directamente en Nicaragua en 2017. Sin recibir de Caracas petróleo ni en las mismas cantidades ni a precios concesionales, y con las sanciones estadounidenses contra la estatal petrolera PDVSA, por fraude y lavado de dinero, los lucrativos negocios de Albanisa (ALBA de Nicaragua S.A) se vieron en problemas.
El temor tocó el sistema financiero nicaragüense. En septiembre de 2017 el gobierno de Estados Unidos advirtió a los bancos nicaragüenses que si tenían relaciones financieras con Albanisa podrían ser también sancionados. Desde entonces, todo el dinero de los negocios del consorcio Albanisa, que estaba depositado en tres bancos del país salió de sus arcas y entró a las del Banco Corporativo (BANCORP), también propiedad de Albanisa hasta la advertencia de Estados Unidos, cuando el gobierno cambió aceleradamente la composición de su consejo directivo para desvincularlo del consorcio. El trasiego de dinero fue notorio: según datos oficiales, en 2017 los depósitos en Bancorp se incrementaron en un 236.5% y sólo en diciembre de 2017 ingresaron a sus arcas casi medio millón de dólares diarios, incluidos los días de fiesta.
Además de los problemas financieros derivados del temor a las sanciones, también se estaban viendo afectadas las exportaciones que grandes y medianos empresarios nicaragüenses hacían a Venezuela (carne, lácteos, café, tabaco…)
Desde 2007, cuando iniciaron mayores relaciones comerciales con Caracas, y porque Nicaragua iba a pagar parte del petróleo con estos productos, el gobierno determinó que todo lo que se exportara a Caracas se hiciera a través de la empresa Albalinisa (ALBA Alimentos), uno de los muchos negocios que coordina Albanisa, cuyo vicepresidente es Francisco López, también tesorero del partido de gobierno, a quien sólo meses después alcanzaría la sanción de verse incluido en la Ley Magnitisky. De convertirse Venezuela en el segundo mercado para las exportaciones nicaragüenses, desde octubre de 2017 las exportaciones disminuyeron y al iniciar 2018 estaban ya en cero. Ningún empresario nica quería correr el riesgo de aparecer vinculado a la sancionada PDVSA.
LA APUESTA DE WASHINGTON
Desde hacía ya tiempo Washington tenía en la mira al gobierno de Ortega por su obvio déficit democrático (fraudes electorales y total control de Ortega de las instituciones, incluidas las militares). En la mira estaba también nuestro país por las estrechas relaciones de Ortega con la Rusia de Putin.
La apuesta de Washington era erosionar a Ortega y para lograrlo, fracturar su alianza con la élite empresarial, su principal soporte al faltar Venezuela. Esa apuesta la combinaban con la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien apostaba a que Ortega cumpliera con el acuerdo de inicios de 2017 con la OEA y terminara aceptando una transformación profunda del sistema electoral nicaragüense para lograr elecciones presidenciales transparentes en el año 2021. Al iniciar 2018, Washington parecía tener más firmeza y más prisa en conseguir elecciones no fraudulentas que Almagro, más complaciente con Ortega.
Al presentar en diciembre de 2017 al Senado la propuesta de ley Nica Act fueron muy significativas las palabras del respetado senador demócrata Patrick Leahy, quien dijo que la intención de la ley era “enviar un mensaje no sólo al gobierno nicaragüense, también a la comunidad empresarial nicaragüense. Y el mensaje es que la corrupción y la impunidad tienen un precio”.
LA APUESTA DEL EMPRESARIADO
Ante la cascada de señales que envió Washington al finalizar el año 2017 la reacción del gobierno no fue otra que el silencio. ¿Desconcierto, cautela, falta de asesoría confiable y capaz?
Tampoco la comunidad empresarial aliada de Ortega supo cómo responder. Más claros que nunca de que Washington parecía decidido a acorralar a Ortega, temieron que en las listas de sancionables apareciera alguno de sus nombres. Todavía al iniciar 2018 grandes empresarios aliados de Ortega continuaban cabildeando en Washington presentando a los congresistas una “narrativa” positiva: Nicaragua mantenía un modelo de estrecha alianza con la empresa privada y eso se había traducido en estabilidad y en crecimiento económico. Desestabilizar Nicaragua con sanciones sólo perjudicaría los logros económicos y promovería más emigración. Aunque cabildeaban aparentando tranquilidad, los empresarios estaban nerviosos.
La élite empresarial inició 2018 aspirando a ser interlocutor clave en la discusión sobre la reforma del sistema electoral que iba a hacer la OEA, primer paso para iniciar un cambio en la ya frágil situación nacional y su apuesta era lograr ese protagonismo, tanto en Washington como en Managua.
LA APUESTA DE ORTEGA
Antes del estallido de abril, Ortega parecía apostar a la insignificancia de Nicaragua, considerando que las sanciones políticas y económicas de Estados Unidos tardarían en llegar y no tendrían tanto efecto en el clima de inversiones. Confiaba en que las ventajas de invertir en Nicaragua, por el bajo costo de la mano de obra y de la tierra, así como por la mayor seguridad ciudadana comparada con la inseguridad y violencia del resto de Centroamérica, compensarían con creces el riesgo político en el que su modelo estaba entrando.
Aunque la apuesta de Ortega hubiera estado basada en un análisis correcto, el cese de los flujos de la cooperación venezolana y la reducción del gasto que ya había tenido que hacer su gobierno auguraba un difícil 2018, con un aumento del desempleo y una reducción de los ingresos del extenso sector informal, en el que han sobrevivido en la década orteguista 8 de cada 10 nicaragüenses. Aún así, en el cálculo de Ortega el descontento popular podría mediatizarse con algunos programas sociales.
2017 concluyó y 2018 inició con las mismas incertidumbres. Aún en marzo altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos no dejaban de hablar de las “dictaduras” del continente, pero sólo mencionaban a Cuba y a Venezuela.
Y ya en marzo era evidente, sacando cuentas, que 2018 sería un año de “vacas flacas”. En esa situación, a Ortega no le quedaba más remedio que ajustar financieramente su modelo para conseguir su objetivo: seguir en el poder en 2021… y “siempre más allá”, una de sus consignas. Entre todos, el ajuste financiero más urgente era impedir la insolvencia anunciada de la Seguridad Social.
Hasta aquí el “modo apuesta” en que llegaron a abril los dos factores de poder: el régimen y la clase empresarial. Todos contaban con que la apuesta de la población sería continuar aguantando y acomodándose a la realidad de toda una década…
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica