Nicaragua
En resistencia azul y blanco ante el estado de excepción
Equipo Envío
A seis meses de la insurrección de abril, Nicaragua entró en un estado de excepción no declarado, la economía iba en picada y las sanciones de Washington estaban listas para ser aprobadas. La incertidumbre aumentaba frente a la obcecación de la pareja dictatorial por permanecer en el poder, sin conocer ni límites ni escrúpulos.
“DE UN ESTADO DE DERECHO A UN ESTADO DE EXCEPCIÓN”
El 26 de septiembre la comisión de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos inició el proceso legislativo destinado a sancionar a la dictadura Ortega-Murillo con un complejo arsenal de severas y abarcadoras sanciones económicas y políticas. Dos días después, la Policía de Ortega amenazó con procesar judicialmente a cualquier persona o grupo que convocara manifestaciones, calificándolas de “ilegales”, arrogándose atribuciones que no le corresponden y violentando derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución. Desde la CIDH, habló su director Paulo Abrão: “Nicaragua se está transformando de un Estado de Derecho en un Estado de excepción”.
El régimen, que desde abril ha usado y abusado del monopolio de la fuerza, parece cada vez más decidido a recuperar por la fuerza el monopolio de las calles para demostrar que “el Estado son ellos”.
Y para demostrarle a Washington que no les importan las sanciones, que tienen control del país y que “después de ellos… el diluvio”, que sin ellos no habrá en Nicaragua ni estabilidad, ni orden, que sin ellos habrá un vacío de poder, el caos…
ANTE LA RESISTENCIA AZUL Y BLANCO LA “PAX ROMANA”
La obstinación de Ortega y de Murillo de no negociar, de no dialogar, de no convocar elecciones anticipadas, de no brindar una sola señal de cambio, de permanecer en el poder a costa de cualquier presión nacional o advertencia internacional, se ha traducido, mes tras mes en más control y represión, traducida en amenazas, acoso, despidos, capturas, cárcel, torturas, procesos judiciales por terrorismo... y algunos muertos más.
Quieren imponer “el reino del silencio”, dijeron los periodistas independientes del país. Quieren imponer la paz a costa del poder militar, del sometimiento y la capitulación. Una “pax romana” basada en la fuerza de las armas… pero sin posibilidades de desarrollo, porque la economía atraviesa momentos críticos, y ya estaba al borde del abismo.
“LAS MARCHAS AZUL Y BLANCO
SON ILEGALES”
Desde mediados de agosto, y ante la capacidad de movilización demostrada por la población de la capital y de todo el país, burlando la intimidación con que la Policía empezó a esperar las marchas en su inicio y a asediarlas agresivamente en su recorrido, el régimen empleó la infiltración en las movilizaciones pacíficas: los agentes infiltrados provocaban violencia y después el régimen acusaba a los manifestantes de ser los responsables.
Surgieron entonces otras iniciativas de parte de los azul y blanco: lanzar en las calles chimbombas (globos) de esos colores, los de la bandera nacional. Más de una y de dos personas fueron detenidas por hacerlo.
En la nota de prensa de la Policía, del 28 de septiembre, en la que ilegalmente determinó que las marchas azul y blancas eran “ilegales”, afirmaba que tampoco eran “nada pacíficas”. Y para demostrarlo responsabilizó a los manifestantes de haber matado el domingo 25 de septiembre a Matt Romero, de 16 años, otro adolescente asesinado, víctima fatal de los disparos de paramilitares en la frustrada marcha de esa mañana.
Otra táctica para obstaculizar las manifestaciones azul y blancas ha sido ordenar durante semanas consecutivas en octubre a empleados públicos y simpatizantes el hacer contramarchas: han salido todos los días a ondear banderas rojinegras del partido de gobierno en las rotondas de la capital o han tenido que recorrer Managua en extenuantes caminatas “por la paz” o en caravanas de vehículos del Estado, proclamando la “muerte al somocismo”.
Más allá de estas actividades que buscan dar la imagen de “victoria”, ni un solo día el régimen ha abandonado la represión. Ni un solo día ha dejado de apresar a líderes estudiantiles, territoriales y barriales, acusándolos de terrorismo. Muchos liderazgos universitarios de la rebelión cívica están hoy en las cárceles o han tenido que exiliarse. Muchos liderazgos campesinos en zonas rurales han tenido que huir a las montañas para defender sus vidas. La “pax” de Ortega no tiene otro sustento que la extrema violencia ejercida desde el Estado.
A CINCO MESES DE ABRIL QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS
Aunque ya no se sale a las calles masivamente como sucedió hasta septiembre, el rechazo al régimen, el repudio a su actuación, está vivo, permanece latente. Es mayoritario. El 1 de septiembre, el Grupo Cívico Ética y Transparencia realizó un nuevo sondeo telefónico, vía celular, a 1,200 personas elegidas aleatoriamente. EyT había realizado un sondeo similar en julio.
A la pregunta de si era “conveniente” realizar elecciones “prontamente”, el 81% dijo que sí (79% había dicho eso mismo en julio). A la pregunta de si era “ilegal o inconstitucional” acortar el período presidencial, el 68% dijo que no lo era (53% opinó de la misma forma en julio). La valoración que recibió la actuación de Ortega fue mayoritariamente negativa (62%).
Entre el 6 y el 18 de septiembre CID Gallup realizó una encuesta en 1,200 hogares de todo el país. El 60% consideró que se deben adelantar las elecciones, el 34% no opinó así. A esa misma pregunta, con otra formulación -si Ortega debe dejar el poder-, el 61% dijo que debe “renunciar” y el 28% dijo que debe “quedarse”. “El comandante se queda” es la consigna repetida, el estribillo de la canción que cantan hoy simpatizantes y paramilitares.
Tal vez el agresivo e insistente “el comandante se queda”, o peor, la consigna “¡Plomo!”, escrita en muros y camisetas, explica por qué un porcentaje bastante alto, el 11% de los encuestados, no quiso responder a una pregunta tan pertinente en la coyuntura actual. El temor a ser totalmente sincero en las encuestas no puede descartarse, dado el nivel de terror que se ha impuesto.
En la encuesta de CID Gallup, Ortega aparece con el récord de evaluación más baja de todos los gobernantes que ha tenido Nicaragua desde 1990: 57% de los encuestados lo evalúan “muy mal o mal” (el 25% lo evalúa “bien o muy bien”). Su actuación en la crisis es calificada de “muy mala” por el 33% y por el 24% como “mala”, un 57% de rechazo. Respecto al rumbo que lleva el país, mientras al inicio del año, en enero, un 54% veía un rumbo “favorable”, ahora sólo un 13% lo ve así.
Particular interés tienen varias respuestas a la pregunta sobre si consideran terroristas a quienes participan en marchas y participaron en tranques. El 71% dijo que quienes esto han hecho no los hace terroristas, lo que contradice la versión oficial sobre lo que ha ocurrido en el país y pone en entredicho la persecución policial y judicial contra los azul y blanco.
Todos estos porcentajes indicaron que es mayoritario el rechazo al régimen y a la forma violenta y represiva con que ha decidido “superar” la crisis. También es mayoritario el querer un cambio: elecciones adelantadas.
ENCUESTADOS: EL PRINCIPAL PROBLEMA ES POLÍTICO
La crisis económica, que al amanecer del 1 de octubre tenía ya a Nicaragua técnicamente en “recesión” (dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo), ha afectado a cada vez más personas y familias. Desde agosto la propaganda oficial ha insistido en que todo está “normal”, un autoengaño porque el régimen conoce las cifras reales. La realidad diaria desmiente los mensajes de “normalidad”.
El turismo se ha desplomado y su recuperación no será nada fácil. Son 347 mil los empleos perdidos según FUNIDES, 100 mil según el gobierno, que redujo las cifras que había dado hace unos meses.
La drástica caída del consumo y un millón 200 mil personas con posibilidades de sumirse en la pobreza si la crisis se prolonga, más de 100 mil trabajadores dejando ce cotizar al seguro social por haber perdido el trabajo, más de 30 mil nicaragüenses huyendo a Costa Rica, mil millones de dólares de depósitos retirados de la banca privada... demostraban acercándose el fin del año la anormalidad económica reinante en el país.
A pesar de la palpable crisis económica, a la pregunta de la encuesta de CID Gallup sobre cuál problema les causa la mayor preocupación, el 35% respondió que es “la crisis política que vivimos”, a los que hay que sumar al 12% que dijo que lo que más les preocupaba es el “temor por nuestros hijos y la opresión del gobierno”, ambas respuestas muy relacionadas con la incertidumbre que caracteriza la “pax” de Ortega.
Por primera vez en muchísimos años el desempleo no fue el principal problema señalado por la población nicaragüense en una encuesta. Por primera vez apareció la situación política como problema principal. El desempleo apareció en cuarto lugar (13%), ocupando el tercer lugar “el costo de cubrir las necesidades básicas” (27%), realidad vinculada al desastre económico que ha provocado el problema político que Ortega no da señales de querer resolver.
CUÁNTO RESPALDO MANTIENE ORTEGA
Daniel Ortega y Rosario Murillo han derramado mucha sangre y generado un enorme dolor al resistirse a adelantar las elecciones. Se resisten porque saben que las perderían. En 1990 Ortega las adelantó no sólo porque era imperativo parar la guerra civil. Las adelantó confiando porque ni él, ni nadie en el FSLN, pensaban en la posibilidad de perderlas, como muchos funcionarios han reconocido después.
De cara al futuro de una elección anticipada y de los resultados electorales que se obtengan, es relevante la pregunta de CID Gallup sobre la simpatía partidaria: el 67% se declaró “independiente” y el 23% se adscribió al FSLN.
La encuesta no desagrega los resultados ni por sexo ni por edades. Sería interesante haberlo hecho, porque en el tema de la edad una característica de la rebelión de abril y de sus consecuencias es el rechazo a Ortega de “los nietos de la Revolución”, como los llamó Sergio Ramírez. O como dice el sandinista Víctor Hugo Tinoco. ”Se le rebeló toda una generación. Hasta el chavalero de secundaria se identificó con los universitarios.
Las preguntas y respuestas de la encuesta que permiten rastrear con mayor claridad la militancia o la simpatía con que aún cuenta Ortega se mueven entre el porcentaje más alto: el 34% de quienes dijeron que no quieren adelanto de elecciones, lo que es una insistencia de Ortega, y el 20% de quienes consideraron terroristas a quienes participan en marchas y tranques, la versión oficializada por Ortega.
Estos porcentajes indican que Ortega aún conserva un “piso” importante, aunque su base se ha erosionado. Ganó la Presidencia con 38% en 2006, gracias a la reforma constitucional que pactó con Alemán y que, entre otras ventajas para él, redujo a 35% el porcentaje para ganar, que hasta entonces era el 45%. En 2011 se reeligió y nunca sabremos cuáles fueron los resultados reales, por el fraude y las irregularidades que organizó, como lo constataron en sus informes los equipos de observadores de la OEA y de la Unión Europea. De 2016 menos se sabe: volvió a reelegirse en unas elecciones en donde no hubo competencia y la abstención fue mayoritaria.
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA CRISIS ECONÓMICA?
EyT incluyó en su sondeo una pregunta sobre la crisis económica. Por lo acelerado que está siendo el camino al precipicio que lleva la economía nacional, quién sentirá la población que es responsable de esa debacle -Ortega o los azul y blanco- es un dato importante y podría resultar decisivo en unos eventuales comicios futuros.
Y así cómo muchos apuestan a la agudización del desplome de la economía para que Ortega se vea forzado a aceptar una negociación, otros consideran que Ortega calcula quedarse el mayor tiempo posible para agudizar la crisis: así prolongaría el tiempo de la represión y con terror sofocaría las protestas, se iría al exilio más gente, quedarían en el país los más pobres y, por eso, los más vulnerables al clientelismo, el empresariado terminaría adaptándose a la “pax” impuesta y Estados Unidos terminaría aceptando la “estabilidad” lograda. El Estado de excepción que se ha establecido de facto en Nicaragua apunta a eso.
EyT preguntó a quién hace responsable de la crisis económica. El 33% dijo que lo son “el gobierno y sus aliados”, el 20% señaló a “la oposición y sus aliados” y el 38% dijo que responsables son “ambos”. Es un dato que parece confirmar a qué está apostando el régimen.
NICARAGUA, ¿CÓMO VENEZUELA?
La crisis económica que hoy padece Nicaragua se compara a menudo con la que atenaza a Venezuela. En una entrevista con la cadena Al Jazeera, el escritor y ex-Vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez comentó que no hay forma de comparar ambas situaciones, porque hay diferencias abismales entre el poder económico que Maduro tiene, aunque muy desgastado, con el de Ortega.
“Maduro produce un millón de barriles diarios de petróleo -dice Ramírez-, ingresa 70 millones de dólares diarios. Ortega compra el petróleo que necesitamos en el mercado internacional porque Maduro ya no se lo da. Nicaragua tiene una economía dos veces más pequeña que la de Costa Rica y sólo un poquito más grande que la de Haití. Las exportaciones de Nicaragua son de 2 mil y pico de millones de dólares, las reservas brutas del Banco Central son de 4 mil millones de dólares. Esta es una economía muy frágil, muy pequeña, que ha tenido un deterioro tremendo que Ortega no está atendiendo”.
Sin embargo, precisamente por esa pequeñez de nuestra economía Ortega es menos vulnerable. Muy pronto murieron los dinosaurios, mientras se salvaban los pequeños mamíferos… Ortega parece estar apostando a nuestra insignificancia en la geopolítica mundial para quedar atornillado en el poder.
ORTEGA APUESTA POR LA “ECONOMÍA POPULAR”
Parece apostar Ortega a “empobrecer” el país. El 22 de septiembre, hablando a seguidores y empleados públicos obligados a escucharlo, dijo que como Nicaragua no puede esperar a que los grandes capitales -que han roto con él- reactiven la economía, la “solución” reactivadora será “la economía popular”. Obviamente, es una propuesta retórica porque es la economía popular la que está siendo más duramente golpeada por la crisis.
Ese día propuso a sus bases, voluntarias u obligadas, resistir, prometiéndoles que al menos no les faltará comida. Nombró, uno por uno, todo lo que producimos y no importamos: frijoles, maíz, plátanos, naranjas, limones, leche, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo...
Obviamente, no mencionó la falta de crédito para producir todo eso, la caída en el consumo, la reducción del circulante, el desempleo masivo... “Nicaragua es un país -dijo, tratando de levantar el ánimo a su audiencia- que tiene una riqueza básica. Y se levantará a partir de esa riqueza básica y por la seguridad que ha tenido el país, y que tiene nuevamente, porque Nicaragua ha recuperado nuevamente la seguridad”... para rematar afirmando que “eso”, la economía popular y la seguridad recuperada por la “pax” impuesta por la represión, “atrae inversiones”. Una conclusión inverosímil.
UNA SOLUCIÓN POLÍTICA
SÓLO FRENARÍA LA CRISIS ECONÓMICA
Siendo la crisis económica de origen político, los economistas independientes del país y los empresarios sensatos no han dejado de insistir en que sólo podrá detenerse la debacle económica con una solución política, que debe aceptar Ortega y para la que no ha dado, en seis meses, ni una sola señal de estar dispuesta a procurar otra solución que la política represiva.
Desde hace unos meses el consenso nacional y el internacional ha sido amplio y la insistencia, permanente: la crisis no se resolverá con ninguna medida económica, debe resolverse en una negociación que debe surgir de un diálogo nacional con garantes internacionales, hasta desembocar en condiciones para celebrar elecciones anticipadas, que deben ser transparentes, competitivas y observadas.
Sólo así, han repetido las voces más autorizadas en economía, se irá normalizando la economía y también el país. Aclaran también que al iniciarse esa ruta se lograría apenas poner un freno a la crisis, atenderla para detenerla. Cualquier análisis honesto indica que, aun así, pasarán bastantes años hasta que la economía logre reactivarse.
La Unidad de Inteligencia de “The Economist” afirmaba en su más reciente informe que “el panorama económico de Nicaragua se verá gravemente obstaculizado por la crisis política, no sólo a corto plazo, también a mediano plazo”. Y explicaba que, aun cuando la crisis se resolviera pronto, a finales de 2018 o inicios de 2019, sólo hasta el año 2022 Nicaragua recuperaría el crecimiento previo (4.2%) “The Economist” afirma que lo ocurrido con el estallido de abril “constituye el episodio más serio de malestar social en Nicaragua en casi cuatro décadas”.
El pronóstico del economista Néstor Avendaño es aún más conservador: “El problema económico es de confianza -dice- y la confianza no se recupera en el corto plazo. No basta únicamente con restablecer los números económicos que se vislumbraban antes del 18 de abril para decir que ya estamos en condiciones normales. Las veo normalizadas en el largo plazo y el largo plazo en economía es cuatro, cinco, seis, siete y aún más años. Así veo la recuperación del daño que se ha hecho a nuestra economía”.
LA CLASE EMPRESARIAL
TOMA DISTANCIA DE ORTEGA
Además de la propaganda de la “normalidad” conseguida, la urgencia de hacer algo para detener el inocultable descalabro económico, que también afecta a los empresarios sandinistas, a los militares empresarios, también a las empresas de la familia presidencial, llevó a Ortega a sonsacar a la élite de la clase empresarial, su más estrecha aliada durante once años y hasta abril, para atraerla a respaldar su obsesión de permanecer en el gobierno.
En mayo, justo en la víspera de la marcha del Día de las Madres, los tres más grandes capitales del país, dueños de los tres grupos financieros (Carlos Pellas, Roberto Zamora y Ramiro Ortiz) dieron declaraciones por separado en las que le pedían a Ortega cesar la violencia y adelantar las elecciones. Antes que ellos, ya José Adán Aguerri, presidente de los gremios empresariales agrupados en el COSEP, había afirmado en el diálogo nacional: “El país no aguanta una salida a mediano plazo. El país necesita una respuesta ya y el gobierno tiene que dar respuestas políticas contundentes”.
Después, vino la contraofensiva del régimen. Ortega se decidió por el terrorismo de Estado. En dos meses parecía de nuevo fortalecido y nunca más volvieron a expresarse estos tres grandes capitales nacionales. Incluso, aún siguió alguno cabildeando en Washington con algunos congresistas para que no aprobaran la Nica Act.
La determinación de Ortega de continuar en el poder, sus crímenes, sus reiteradas declaraciones de que no habrá adelanto de las elecciones, tampoco diálogo nacional, quitaron argumentos a cualquier cabildeo. No hay defensa alguna para lo que dice o lo que hace.
Conocedores entonces los empresarios de las duras sanciones personalizadas contenidas, no en la Nica Act, sino en la nueva ley que ahora se ha fusionado con esa ley y cuyo proceso para su aprobación definitiva inició en Washington el 26 de septiembre, rechazaron cualquier acercamiento con Ortega.
Las sanciones de la nueva ley son económicas, son extremadamente severas y no sólo van dirigidas contra la familia presidencial, contra su círculo cercano y contra funcionarios de su gobierno, también contra “cómplices” y “colaboradores”. Acercarse a Ortega, reo de tan graves sanciones, sería un suicidio. Terminando el año, el modelo corporativo, que funcionó en Nicaragua durante unos diez años, se apreciaba roto y sin posibilidades de recomposición. El “matrimonio” se ha “divorciado”.
“ESTÁN JUGANDO AL TERRORISMO ECONÓMICO”
El distanciamiento del gran capital explica el agresivo discurso de Ortega el 22 de septiembre ante empleados públicos y simpatizantes, que habían caminado ese sábado “por la paz” una vez más.
Ortega dedicó sus palabras a atacar al empresariado, acusándolos de estar “jugando al terrorismo económico”, de estar “jugando con fuego”. Y los amenazó con que si volvían a decidir otro paro nacional -ha habido tres paros de sólo 24 horas, en junio, julio y septiembre- ordenaría a la Policía a abrir sus empresas a la fuerza.
El furibundo ataque de Ortega esa tarde parece haber sido dirigido específicamente a los bancos de los tres mayores grupos financieros del país, que habían cerrado en los tres paros.
Las cámaras empresariales del COSEP respondieron inmediatamente. Lo hicieron también las empresas nicaragüenses-estadounidenses agrupadas en AMCHAM y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Los tres grupos de la clase empresarial nacional insistiendo en que la solución a la crisis económica tiene que ser una solución política.
El COSEP recordó en su mensaje, que tituló “Nicaragua es la patria de todos”, que la crisis iniciada en abril ha sido producto de “la intolerancia irracional al disenso político”, una elegante manera de dar nombre a la política de terror desatada contra la población en rebeldía.
La Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM) señaló una vez más que el origen de la crisis está en “masivas violaciones de derechos humanos”. FUNIDES afirmó que las amenazas lanzadas por Ortega “exacerban y profundizan la fractura social que actualmente vive el país”. Toda la clase empresarial del país abogó una vez más por reanudar el diálogo nacional para acordar el adelanto de las elecciones.
LA CRISIS DE NICARAGUA
EN EL FORO DE NACIONES UNIDAS
Si nacionalmente a Ortega lo están abandonando sandinistas históricos, los simpatizantes de ocasión y eventuales votantes, en el terreno internacional Ortega no cuenta prácticamente con nadie, cada día está más solo. Y es en ese ámbito en donde no tiene posibilidad alguna amenazar, mucho menos de reprimir. Los crímenes cometidos por Ortega y Murillo en tan breve espacio de tiempo en este tan pequeño país ya son conocidos y repudiados mundialmente.
En septiembre la correlación de fuerzas internacional se hizo aún más negativa para Ortega y Murillo. El 5 de septiembre la crisis de Nicaragua fue tema de debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, un hecho sin precedentes dado el pequeño peso de Nicaragua en la geopolítica internacional y la rapidez con que la tragedia nicaragüense escaló hasta llegar al foro mundial.
Por primera vez, en un foro internacional se le llamó “dictador” a Ortega. De los 15 países que integran el Consejo, 9 expresaron preocupación por la represión gubernamental, por la impunidad en el uso de la fuerza estatal y abogaron por el diálogo como salida a la crisis. Seis consideraron que la crisis nicaragüense no debe ser objeto del Consejo por no representar un peligro para la paz y la seguridad mundial. Todos los que así se expresaron fueron países con gobiernos autoritarios, entre ellos, Rusia y China, dos de las cinco naciones que tienen poder de veto en el Consejo. Rusia empleó un discurso retórico. China, cuatro escuetas palabras.
“NICARAGUA SE ESTÁ CONVIRTIENDO
EN UN PAÍS SIN ESPERANZA”
En el debate en la ONU estuvieron como países invitados Nicaragua, Venezuela y Costa Rica. Nicaragua criticó una vez más la injerencia en sus asuntos internos, Venezuela, la instrumentalización del Consejo de Seguridad por Estados Unidos para atacar a un país soberano. Costa Rica advirtió que la crisis nicaragüense tiene potencial para afectar a toda Centroamérica.
Al inicio del debate se escucharon las palabras de Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien afirmó: “Nicaragua se está convirtiendo en un país sin esperanza y se encuentra en una encrucijada de la cual dependen su paz, su democracia y su futuro”. En representación de la ciudadanía nicaragüense habló Félix Maradiaga, quien presentó un testimonio personal de su participación en la rebelión cívica. Maradiaga se exilió en Estados Unidos desde que el régimen decretó orden de captura contra él acusándolo de financiar el terrorismo. El 23 de septiembre la Policía allanó el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que dirige, requisando documentos para “probar” ese financia-miento.
CORRELACIÓN DE FUERZAS
EN EL FORO DE LA OEA
A la primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nicaragua siguió, una semana después, el 12 de septiembre, la sexta reunión del Consejo Permanente de la OEA sobre el caso Nicaragua. Ese día el organismo regional aprobó una nueva resolución sobre Nicaragua, con el respaldo de 19 países, 4 en contra, 9 abstenciones y 2 ausencias, números bastante similares a los obtenidos ante resoluciones anteriores.
De nuevo, los países del continente insistieron en restaurar el diálogo y en que el régimen facilitara el trabajo de los organismos internacionales de derechos humanos presentes en Nicaragua. Lo nuevo en esa resolución de la OEA de septiembre es el punto 7, en el que hace un llamado a los Estados miembros a tomar “medidas” unilaterales, decididas por cada país, que “coadyuven” a restablecer la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
La OEA se ha movido también en otras direcciones. El grupo de trabajo de 12 países del continente para incidir en la crisis nicaragüense -al que Ortega no ha permitido entrar al país-, presididos por Canadá, se reunió en septiembre con directivos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para conocer el estado de los préstamos millonarios de los que en gran medida depende la economía de Nicaragua.
ORTEGA QUIERE IR A LA ONU Y HABLAR CON TRUMP
Después de todos estos nuevos reveses diplomáticos, y ante las inminentes sanciones del gobierno de Estados Unidos, Ortega quiso reivindicarse y promovió tres nuevas entrevistas a medios televisivos internacionales de Europa: habló a la agencia española EFE, a France 24 y a la alemana Deutsche Welle.
En todas las entrevistas repitió su relato: ha sido víctima¬ de un golpe de Estado fraguado en Washington y ya lo ha su¬perado. A la Deutsche Welle le dijo que Alemania ayudaría “diciéndole a Estados Unidos que no se entrometan en Nicaragua”. También le dijo que era innecesario un diálogo en una mesa con mediadores, porque ya se “está negociando desde la base, con un diálogo en la comunidad y en el barrio”.
A France 24 le dijo que ningún policía y ningún para¬mi¬litar había cometido crimen alguno y que, por eso, ninguno estaba siendo investigado. Y le dio a la periodista esta prueba: “Naciones Unidas no estaba aquí y no los vieron”. Por eso, por no estar en Nicaragua, consideró que el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos era “falso, una infamia”.
Ortega expresó también al medio francés que estaba considerando hablar en la 73 Asamblea General de la ONU y que estando allí era “imperativo” tener “un intercambio y diálogo” con el Presidente Trump, “no sólo en nombre de Nicaragua, también de América Latina”. Días después, Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos en la OEA, un diplomático muy cercano a Trump, le respondió: “No hay nada de qué hablar mientras en Nicaragua sigan los paramilitares violando los derechos humanos”. Y le recordó las sanciones que se avecinaban: “Los generales, paramilitares y policías que están torturando y oprimiendo al pueblo, violando los derechos de los nicaragüenses, van a ser llevados ante la justicia”.
LA DICTADURA ESTÁ MÁS SOLA QUE NUNCA
Daniel Ortega estaba inscrito en la lista de oradores en la Asamblea General de la ONU para hablar la tarde del miércoles 26 de septiembre. Pero ni llegó a Nueva York ni la vocera del gobierno Rosario Murillo informó sobre las razones de su ausencia.
Los Presidentes de Ecuador, Paraguay, Chile y Panamá y la Vicepresidenta de Costa Rica expresaron ante el organismo mundial su preocupación por la crisis nicaragüense. Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa Rica, dijo que “cuando se trata de la vida y la dignidad de las personas, el silencio nos convierte en cómplices”. El Presidente Piñera, de Chile, fue el más explícito al mencionar varias de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua.
Era de esperar que Nicolás Maduro, a quien Ortega cedió el espacio que tenía reservado el día 26, cuando no llegó, defendiera a Ortega. Resultó sorprendente que Maduro ni siquiera mencionó a Nicaragua en su extenso discurso de una hora. Maduro lanzó su esperada diatriba contra el imperialismo y, a la vez, “sacó pecho” mostrando su poder negociador con el imperio hablando de los inmensos recursos de su país: no sólo tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, también “la primera reserva de oro más grande del mundo bajo estándares internacionales”, y también reservas enormes de gas y otros tesoros en el Arco Minero del Orinoco, un territorio del tamaño de la isla de Cuba, en donde ya hay actividades extractivas rusas y chinas para sacar de esa zona oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán, niobio, tantalio y otros minerales valiosos.
ALMAGRO: “ASFIXIAR LA DICTADURA DE ORTEGA”
El silencio de Nicolás Maduro ante el mundo sobre los avatares que afligen a su socio Ortega fue tal vez la señal más patética de la soledad en la que hoy se encuentra el régimen orteguista.
Más doloroso el silencio, después que, en defensa de Maduro, tan sólo días antes, Murillo pidiera la renuncia de Luis Almagro al cargo de secretario general de la OEA por haber dicho que no se debía descartar ninguna opción para derrocar a Maduro, incluida una intervención militar. Murillo afirmó que esas declaraciones constituían “una grave amenaza a la paz y la seguridad internacional”. Con este intemperante reclamo, el régimen puso un definitivo e irreversible punto final al “entendimiento” acordado con Almagro en 2016 para reformar el sistema electoral nicaragüense.
Murillo no sólo criticaba a Almagro por su ataque a Venezuela. “Asfixiar” al régimen de Ortega fue la propuesta que había hecho el secretario general de la OEA el 8 de septiembre al hablar en la 15 Cumbre Latinoamericana celebrada en Miami. “Es inadmisible -dijo ese día refiriéndose a Nicaragua, después de referirse a Venezuela- que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura”. Y exhortó a la comunidad internacional a cumplir con su deber de dar respuestas “para asfixiar la dictadura que también se viene instalando en Nicaragua”.
“SON CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”
Fue la primera vez que Almagro llamó “dictadura” al régimen de Ortega. Horas antes de estas declaraciones había recibido al neurocirujano nicaragüense Jiosmar Briones, en exilio forzoso en Estados Unidos, después de recibir amenazas de muerte.
El doctor Briones le presentó a Almagro las epicrisis de casos de tortura contra participantes en las protestas contra el gobierno, a quienes él había atendido. Particularmente, se refirió conmovido a “los dos casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y personal -dijo conmocionado-, el de dos varones violados con fusiles AK-47, que llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente. No podían ni caminar, sangraban mucho, esos hombres jamás van a volver a ser los mismos de antes. Esos casos marcaron mi vida para siempre…”
Briones también atestiguó ante Almagro que las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua habían dado órdenes de no atender a los manifestantes heridos en las protestas en los hospitales públicos y cómo bastantes médicos, como él, se arriesgaron a no obedecer esa orden. Almagro escuchó conmovido al doctor y dijo después que lo que le había relatado constituía delitos de lesa humanidad, los que no prescriben nunca.
SEVERAS SANCIONES EN DOS LEYES FUSIONADAS
Muchas han sido las declaraciones, resoluciones y mensajes de poderes internacionales llamando la atención de la represión desatada por el régimen Ortega-Murillo. Sin embargo, son las sanciones de Estados Unidos, que durante más de una década tuvo las mejores relaciones con Ortega, las que más inquietan y hasta desmoralizan, no sólo a Ortega y a Murillo, sino a quienes los rodean. Tienen un potencial asfixiante y ponen en peligro la cohesión interna de su más cercano círculo de poder.
El proceso legislativo iniciado en el Senado de Estados Unidos el 26 de septiembre fusionó dos leyes, la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) y la nueva Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción, conocida como la Magnitsky Nica.
LA PROLONGADA ESPERA DE LA NICA ACT
La Nica Act, de la que se ha hablado en Nicaragua desde hace ya dos años ha sido activamente promovida por la congresista republicana Ileana Ross-Lehtinen y ha tenido una prolongada espera en el camino a su aprobación.
Empresarios privados y funcionarios del régimen cabildearon durante meses en Washington para detenerla. Invirtieron millones en lograrlo. Después de la rebelión de abril, la visita que en junio realizó a Ortega el asesor principal para América Latina en el Senado, Caleb McCarry, enviado por el senador republicano Bob Corker, influyente presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue un último intento de Washington para evitar su aprobación.
McCarry vino a ofrecerle a Ortega una “escalera” para que renunciara, a cambio de inmunidad para su familia y seguridad para sus propiedades. Sin embargo, todo lo que sucedió después -ninguna señal de Ortega de aceptar esa salida y una represión brutal- indica que McCarry fracasó y que Ortega le dijo a McCarry lo que éste quería oír, aunque no cumplir. Se le retiró entonces la “escalera” y el proceso legal continuó. El 22 de septiembre Ortega pidió a los congresistas “reflexionar” y no aprobar la ley.
LA “MAGNITSKY NICA”
Viendo la obcecación de Ortega y de Murillo, el 18 de julio, después de dos meses de matanza indiscriminada, en marcha ya la “operación limpieza” el senador demócrata Bob Menéndez, con el respaldo de representantes de ambos partidos, algunos de mucho prestigio, introdujo al Senado otra ley, la llamada Magnitsky Nica.
La fusión de ambas en una sola legislación es lo que finalmente aprobó el 26 de septiembre el comité de relaciones exteriores del Senado, paso considerado el más difícil en el proceso legislativo. El debate y votación en el pleno del Senado y en el pleno de la Cámara de Representantes y la firma del Presidente Trump convertirán en ley este proyecto de fusión de ambas leyes.
Ortega sabía que esto vendría. Pero siguió demostrando su determinación a no abandonar el poder. Todavía el 12 de septiembre, Arturo Cruz, quien fuera embajador de Ortega en Washington en los primeros dos años de gobierno, hablaba así: “Los norteamericanos aún están anuentes, y el resto de la comunidad internacional inclusive, a una salida constitucional y pacífica. No es tan fácil esa salida, sobre todo porque en la sociedad nicaragüense hay mucho dolor y una salida política que incluya a Ortega insinúa que no hay justicia. Ahí la sociedad se colocará ante una gran discusión… No afirmo que Daniel Ortega va a dar elecciones adelantadas. Estoy diciendo que probablemente una situación económica catastrófica lo pueden hacer dar esa opción. Si no da esa salida anticipada van a venir medidas tangibles y fuertes de parte de Estados Unidos… En el Congreso, en el Ejecutivo, en la prensa, en la sociedad, nadie va a objetar la aprobación de la Nica Act… Hasta ahora el alegato de los norteamericanos es: “Jinete, bajate del caballo, pero si no lo hacés voy a tener que botar el caballo”.
Ortega no ha querido bajar del caballo. El 22 de septiembre reiteró que se quedará en el gobierno hasta 2021, se negó nuevamente al diálogo y amenazó con furia a los empresarios. El día 23 ordenó a sus paramilitares disparar a matar en una marcha azul y blanco. Una de las balas segó la vida de un chavalo de 16 años. Y el día 26 no se presentó a la ONU a repetir su relato de que es víctima del terrorismo golpista organizado y financiado en Estados Unidos…
QUÉ DICEN LAS LEYES DE ESTADOS UNIDOS
Las dos leyes fusionadas son complementarias: sancionan al régimen y sancionan a personas.
La Nica Act establece que los representantes del gobierno de Estados Unidos en las instituciones financieras multilaterales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) deben vetar el desembolso de préstamos para Nicaragua, sean nuevos o incluso ya aprobados, aunque no desembolsados,, a no ser que estén destinados a proyectos sociales y humanitarios.
La otra ley, la llamada Magnitsky Nica, impone severas sanciones económicas y políticas a Ortega y a su familia, a funcionarios de todos los poderes del gobierno de Nicaragua y a sus familias, a cómplices y colaboradores financieros y materiales del régimen y a sus familias, a todos por su participación en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción, lavado de dinero y otros delitos vinculados.
Se le llama Magnitsky Nica porque los que aparezcan en las listas recibirán sanciones personalizadas similares a las que establece la Ley Global Magnitsky: se les quita la visa para viajar o residir en Estados Unidos, se les bloquean sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, se les incluye en la lista de la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro, se les coloca bajo el escrutinio de las agencias de inteligencia estadounidenses, se les señala como personas con las que nadie debe negociar o hacer transacciones… Todo eso los convierte en “parias” financieros internacionales.
El ex-embajador Bosco Matamoros señaló que con la Magnitsky Nica “los sancionados saben dónde comienzan las sanciones, pero no donde terminan, porque el sancionado cae en manos de los fiscales del Departamento de Estado, que trabajan con el Departamento del Tesoro: son unos seis mil profesionales con capacidad de investigar lo todo de cualquier persona”.
“HAY QUE PRESIONARLOS”
Carlos Ponce, de la ONG “Freedom House”, con sede en Washington -a quien hace unos años Ortega le prohibió la entrada en Nicaragua-, informó que ya hay “listas muy grandes que se manejan en el Congreso” de las personas sancionables por esta ley y entre ellas aparecen “personas de las Fuerzas Armadas”.
Las leyes ahora fusionadas -dice- son estrategias que hagan ver al círculo que rodea a Ortega que es tiempo de abandonarlo… Daniel Ortega ya ha llegado a niveles de deshumanización tal que no le importa nada. Teniendo una dictadura de ese tipo, no veo otra opción que incrementar las sanciones, que incrementar la presión. Que se presione a los militares que están con Ortega para que vean que sus fondos de pensiones, que tienen en Estados Unidos, están en riesgo. Que su familia, que la tienen estudiando afuera, está en riesgo. Incluso que los mismos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo se preocupen porque el futuro a donde los está dirigiendo Daniel se ve muy sombrío”.
EL EJÉRCITO EN LA FRONTERA
¿Por qué tendría que ser “presionado” el Ejército de Nicaragua? A pesar de que en varias ocasiones ha declarado su jefatura no estar participando en el conflicto, declaraciones en que no ha mencionado siquiera el Ejército la versión del golpe de Estado, los rumores de que en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica están activos miembros del Ejército han sido confirmados por muchas personas.
Lo confirmó doña Francisca Ramírez, líder del movimiento anticanal, con reconocimiento nacional e internacional. Ella tuvo que salir a Costa Rica a finales de septiembre, amenazada de muerte. Su salida del país fue una auténtica odisea, más peligrosa, dijo, por la presencia del Ejército en la frontera.
“Quiero aclarar algo al pueblo de Nicaragua y al mundo entero -afirmó en una entrevista con el diario “La Prensa”-. Y es que el Ejército ha tenido un discurso donde dice que no tiene nada que ver con la situación que está pasando en Nicaragua. Y yo con mis propios ojos pude verificar que están bien activos en la frontera, viendo quién pasa. Tienen una lista donde revisan. Yo pasé la frontera en la madrugada y ya estaba tendido el Ejército. Logré pasar sin que me vieran. Entonces, ellos sí están prestándose a la persecución y a los atropellos que está haciendo el gobierno”.
Luis Carrión, uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN en los años de la Revolución considera que el Ejército sí “tiene que ver” en el conflicto. En entrevista con “La Prensa” dijo: “A Daniel Ortega lo sostiene también una aparente neutralidad del Ejército. Aparente. No estoy seguro, pero yo sospecho que los órganos de inteligencia han estado colaborando con información. Eso no es neutralidad. El hecho de que no salgan soldados uniformados a la calle no quiere decir que no esté participando en el conflicto”.
NICARAGUA ES ESTRATÉGICA
PARA ESTADOS UNIDOS
La ley introducida por el senador Menéndez, la Magnitsky Nica, tuvo desde el comienzo el respaldo de demócratas y republicanos. También el fusionar ambas leyes recibió apoyo bipartidista. Se fusionaba en ambas la ideología liberal de los demócratas, históricamente más preocupados por principios -el respeto a los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la democracia-, y la ideología de los republicanos, más pragmáticos y siempre preocupados por la seguridad nacional (las relaciones de Ortega con Rusia).
El consenso bipartidista para sancionar a Ortega abarca hoy en Washington desde la línea más dura hasta la línea más progresista y liberal. Ese consenso, al que ha conducido el errático y criminal accionar de Ortega, desmiente la versión que ha repetido ante medios internacionales: que quienes han promovido y financiado el golpe de Estado contra él son los republicanos de origen cubano y de línea dura de la Florida.
“El perfil de los firmantes -dice Matamoros- no es ése. Es muy variado y demuestra que Nicaragua preocupa por razones de democracia y por razones de seguridad. Eso nos indica que, como país, Nicaragua se ha convertido para Estados Unidos en una cuestión de orden estratégico”.
NACE LA UNIDAD NACIONAL AZUL Y BLANCO
A casi seis meses de la rebelión de abril, el 4 de octubre, más de 40 organizaciones ciudadanas, territoriales y nacionales, encabezadas por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia constituyeron la Unidad Nacional Azul y Blanco.
En el Manifiesto con el que se presentaron ante la nación afirmaron que con este esfuerzo, tan ansiado y demandado, “iniciamos una nueva etapa de organización y movilización para la conquista de la libertad, la justicia y la democracia”.
Entre las organizaciones hay coaliciones universitarias, representantes de la clase empresarial, del movimiento campesino, académicos, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) en el que hay un conjunto plural de partidos políticos. Lo integran también movimientos juveniles, feministas, eco¬logis¬tas, de la diversidad sexual, organizaciones del Movimiento 19 de Abril de varios departamentos, medios independientes, médicos, comité de madres de caídos, comité de prisioneros y prisioneras políticas, comité por la libertad de los presos políticos...
PARA QUE A NADIE LE DUELA RESPIRAR
Con esta unidad inició una nueva fase la resistencia contra la dictadura, que también estrenó una nueva fase represiva, con un no declarado, aunque impuesto, estado de excepción.
Resistir pacífica y cívicamente con los colores azul y blanco contra tanta represión estaba siendo cada vez más costoso. Seis meses después de abril la meta seguía intacta. Es la que tanta juventud ya intuyó en abril cuando vio caer herido por una bala a Álvaro Conrado, que murió diciendo: “Me duele respirar”.
Resistir hasta lograr una Nicaragua en la que a nadie, nunca más, le duela respirar, es la meta.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica