Entre las incertidumbres del final y las esperanzas del “vamos ganando”

Equipo Envío

Al iniciar el mes de septiembre era muy incierto cuando el estallido de abril tendría una salida creíble, esperanzadora. Dos narrativas sobre el origen de la crisis y de lo que sucedió después, la del régimen y la de la rebelión cívica, se han consolidado, han polarizado a un país herido y parecen irreconciliables, mientras que los efectos de la crisis política en la economía se hacían cada vez más evidentes, más preocupantes.

“TODO TE DEJAMOS PASAR”

En abril, y aún en mayo, se veía más cercana la solución de la crisis. El desproporcionado uso de la fuerza que el régimen empleó contra las primeras protestas de los estudiantes, segando la vida de tantos, crímenes que no se detuvieron ni un solo día desde el 19 de abril, alimentaron exponencialmente la indignación popular y desataron una escalada represiva.

“Todo te dejamos pasar, pero jamás hubieras tocado a nuestros chavalos”, decía la pancarta dirigida a Daniel Ortega que una mujer había escrito a mano y alzaba en la primera movilización masiva de abril. Esas primeras muertes de jóvenes explican cómo empezó todo, cuál fue la chispa, el origen de la rebelión: crímenes que aún hoy el gobierno ni siquiera reconoce que sucedieron. Esa primera chispa encendió un incendio, “resultado de agravios con profundas raíces”, como se lee en el informe de Naciones Unidas.

El gobierno respondió al incendio “disparando a matar” como denunció Amnistía Internacional en su informe de mayo. Resultado: la mayor matanza jamás vista en Nicaragua en tiempos de paz. Esos crímenes inesperados, aún impunes, alimentaron la rebelión.

Hasta el 24 de agosto, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eran ya 322 las personas muertas como saldo del conflicto y más de 2 mil los heridos. Entre ellos, hay también muertos y heridos del lado de quienes defendían al régimen, porque hubo reacciones de legítima defensa y hechos de violencia en respuesta a la violencia institucional. Lo reconoce la ONU en el informe que presentó a fines del mes de agosto. También lo reconoce la CIDH, que volvió a reiterar al concluir agosto: “La gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado”.

La gran mayoría perdió la vida ejerciendo el derecho de reclamar derechos, justicia y democracia, otro gobierno, otro país. Los que la perdieron impidiendo ese derecho van a la cuenta del régimen, que los mandó a matar o a morir. Ésta es la esencia, el núcleo original de la narrativa de quienes se oponen al régimen. Es compartida por dos organismos internacionales de derechos humanos: la CIDH, máximo organismo regional, y la OACNUDH, máximo organismo mundial.

“FUE UN GOLPE DE ESTADO TERRORISTA”

La narrativa del régimen niega que hubiera protestas ciudadanas reprimidas con armas de fuego, niega que se haya violentado el derecho a la protesta. Y afirma que lo que hubo fue golpe de Estado terrorista planificado, organizado y financiado desde Estados Unidos, al que el Estado tuvo que responder para defender el orden constitucional.

No hay duda de que después de seis meses de crisis sería extraño que Estados Unidos no se interesara en sacar alguna ganancia del conflicto. Recursos y experiencia les sobran. Y por sobre todo, las excelentes relaciones que Ortega mantuvo durante más de una década con Washington, casi obliga a Washington a interesarse en Nicaragua. Sin embargo, el interés del Norte en la crisis de Nicaragua es consecuencia de la crisis y no causa de su origen: una insurrección ciudadana.

Que lo ocurrido fuera un golpe de Estado fue una idea plantada por la delegación gubernamental en una de las primeras sesiones del diálogo nacional, cuando la Alianza Cívica, con la mediación de los obispos, propuso como salida a la crisis anticipar las elecciones. Después, el régimen organizó las “operaciones limpieza” para recuperar el control territorial que centenares de tranques y barricadas le habían quitado.

Fue la etapa en la que corrió más sangre en un enfrentamiento extremadamente desigual. Así describe ese momento el informe de la ONU: “A medida que la crisis se desarrollaba el nivel de violencia contra los manifestantes por parte de la policía y de civiles armados aumentó aún más, y también lo hizo el nivel de resistencia de algunos individuos participando en los tranques. Existe amplia información sobre el uso de medios violentos por algunos manifestantes, incluyendo piedras, morteros, armas improvisadas y armas de fuego (fundamentalmente rifles). Sin embargo, no se encontró evidencia de que estos actos violentos hayan sido coordinados o respondieran a un plan preexistente”.

COMO EN LOS AÑOS 80

Concluida la “limpieza”, el régimen terminó de perfilar su versión de los hechos e impuso un “punto final” a su narrativa: en abril hubo un intento de golpe de Estado, los tranques nunca fueron cívicos, en ellos habían terroristas arma¬dos y en los tranques torturaban, asesinaban y robaban. El Estado tuvo que defenderse de golpistas terroristas que buscaban imponerse, pero fueron derrotados y están siendo juzgados como lo que son: terroristas.

El 7 de agosto, después de haber estado presentando cifras contradictorias y dispares sobre las muertes ocurridas en esa etapa, el régimen fijó un número definitivo y una nueva consigna: “Fueron 198. ¡Ellos los mataron! ¡Que paguen por sus crímenes!” En su narrativa, todos los muertos los causaron los terroristas, nadie cayó por disparos de fuerzas oficiales.

La narrativa oficial ha buscado cohesionar a las bases que aún conserva el FSLN de Ortega y convencer a la “izquierda” internacional, asemejándola a la narrativa de los años 80, cuando el gobierno “revolucionario” era víctima de una agresión armada financiada desde Estados Unidos.

No ha habido en cinco meses variante alguna sobre esta versión de lo ocurrido. Lo que hemos visto, en el discurso y en las acciones diarias, es una persistente “huida hacia delante” que parece no tener vuelta atrás. Tiene lógica: durante más de una década la pareja gobernante avanzó, sin mayores obstáculos, en un proyecto dinástico con el fin de perpetuarse en el poder. Desde abril se resisten a aceptar que un plan tan cuidadosamente acariciado se haya hecho trizas inesperadamente. Y así, del terror que les ha causado su propio fracaso ha nacido la política de terror con la que han respondido.

NACIONES UNIDAS: NO HUBO GOLPE DE ESTADO

El informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), que cubre los sucesos de los primeros cuatro meses de la crisis (18 abril-18 agosto) fue presentado en Ginebra y en Managua el 29 de agosto.

Este informe cuestiona la narrativa del régimen: “En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por actos ilícitos o indebidos durante la crisis, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional. Más aún, el Gobierno ha atribuido la responsabilidad por todos los actos de violencia a aquellos que participaron en las protestas, incluidas las 197 muertes oficialmente reconocidas hasta el día 25 de julio”.

Al presentar el informe, Guillermo Fernández Maldonado, quien coordinó la misión en Nicaragua de la OACNUDH, dijo: “Desde la primera reunión que estuvimos en Cancillería, la narrativa de un golpe de Estado fue lo que se nos planteó. Lo que nosotros dijimos es que si ésa era la visión, que nos dieran acceso a la información y a los lugares que la ratificaran y si encontrábamos efectivamente los hechos que sostienen esa visión lo haríamos público. Sin embargo, no nos han respondido ninguna de las solicitudes de información, ni nos han permitido salir de Managua ni ir a ninguno de los lugares que propusimos. La información a la que hemos tenido acceso no apoya esa visión. No hay ningún indicio de golpe de Estado. Por el contrario, desde la perspectiva de derechos humanos lo que hemos encontrado son acciones gubernamentales para responder a una protesta cívica, que están en contra del derecho internacional de los derechos humanos”.

“UN INSTRUMENTO
DE LA POLÍTICA DEL TERROR”

El 30 de agosto Daniel Ortega difamó el informe de Naciones Unidas presentado el día anterior. “Cada vez más en el mundo -dijo ante sus seguidores- ya nadie cree en los organismos internacionales porque se convierten en instrumento de los poderosos, de los que imponen sus políticas de muerte sobre los pueblos del planeta Tierra… Estos organismos de Naciones Unidas, en este caso este organismo que tiene que ver con Derechos Humanos, no es más que un instrumento de la política de la muerte, de la política del terror, de la política de la mentira, de la política de la infamia. ¡Son infames, infames!”

Esa misma noche la Cancillería enviaba al representante de la Oficina de la ONU un mensaje: su estancia en Nicaragua había concluido. Una expulsión de facto.

El informe de la OACNUDH llegó el 5 de septiembre al Consejo Permanente de Naciones Unidas, un gran paso para que las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo trascendieran finalmente el ámbito regional de la OEA y comenzaran a ser conocidas en el organismo mundial. Esto inauguró en el país un tiempo de esperanzas en medio de tantas incertidumbres.

OJOS Y OÍDOS INTERNACIONALES

Ha sido el tema de los derechos humanos el que ha abierto los ojos del mundo a lo que pasa en Nicaragua. Y el logro político más significativo arrancado a Ortega por la rebelión cívica ha sido el forzarlo para que tuviera que admitir la presencia en Nicaragua de organismos regionales e internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, tanto el Mecanismo de Seguimiento (MESENI) de la CIDH, como los cuatro profesionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como el equipo de la OACNUDH, que Ortega tuvo que invitar forzadamente al país a finales de julio no han podido realizar su trabajo.

El único grupo que logró movilizarse libremente y recoger evidencias fue el equipo de máximo nivel de la CIDH que estuvo en el país en mayo y que produjo un informe contundente que puso en alerta a la OEA. Ortega nunca esperó un informe de esa naturaleza. Por eso, lo ha descalificado, tanto en el seno de la OEA como en sus entrevistas internacionales. “Miente, miente todos los días”, dijo Ortega del secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão en una de ellas.

ENCONTRARON UNA MURALLA

A los otros “ojos y oídos internacionales” los ha desconocido. De hecho, han sido ninguneados por todas las autoridades. El equipo de la OACNUDH fue expulsado de facto después de publicar su informe. Al equipo del MESENI de la CIDH y a los expertos del GIEI les ha tolerado que emitan comunicados, que hagan ruedas de prensa, que estén en el país, pero ante ellos colocó una muralla.

Las solicitudes del equipo del MESENI para visitar las cárceles o para asistir a los juicios de las personas acusadas de “terrorismo” o simplemente para viajar fuera de Managua a algunos puntos del país para hablar con la población que ha sido víctima de represión han sido totalmente ignoradas. Todo lo que solicitan deben tramitarlo con la Cancillería y la Cancillería no responde. Igualmente, las solicitudes del GIEI para acceder a los expedientes forenses, judiciales y policiales de los casos que deben investigar nunca les han sido entregados. El MESENI no deja de solicitar colaboración. El GIEI ha dicho en dos comparecencias públicas que no sólo no les facilitan el trabajo ni colaboran, sino que les ponen obstáculos.

El régimen Ortega-Murillo sabe que el instrumento más eficaz para colocar a Nicaragua en el radar internacional ha sido el tema de los derechos humanos. Por eso, para sostener su narrativa, aunque no tuvo más remedio que invitarlos, no tiene más remedio que levantar una muralla ante quienes los evidencian y señalan su responsabilidad.

NADA ESTÁ NORMAL

A cinco meses de la insurrección de abril, la narrativa oficial se “enriqueció” con la afirmación de que en el país ya todo estaba normal… o se estaba normalizando.

Efectivamente, después de dos meses de dificultades en la circulación por carreteras y caminos, el desmantelamiento de los tranques normalizó el tránsito por todas las vías del país. Pero, más allá de ese “logro” sangriento, que tanto deslegitimó a Ortega y a Murillo, ninguna otra realidad volvió a la normalidad en Nicaragua.

Además del luto y la zozobra de las miles de familias que lloran a sus muertos, que viven cuidando heridos, que no cesan de buscar a los desaparecidos, que están ansiosas por la suerte de los miles que han tenido que irse a Costa Rica o están por irse, es la economía la que evidencia la creciente anormalidad.

El presidente del Banco Central anunció en junio que en julio y agosto se normalizaría la situación y se compensarían las pérdidas económicas de abril y mayo, pero nada mejoró… Todos los bancos del país publicaron en los diarios extensas listas de clientes en mora. Los bancos han restringido los créditos. La banca quedó atrapada entre la fuga de depósitos de sus clientes (más de 1 mil millones de dólares en octubre) y la mora de quienes no pueden pagarles.

En septiembre la inversión nacional y extranjera estaba paralizada y una buena parte de las donaciones congeladas. Con la caída de la cooperación petrolera venezolana, las reservas internacionales del país se fueron reduciendo. Un cuarto de millón de personas había perdido sus empleos. El turismo estaba severamente reducido, y será extremadamente difícil una rápida recuperación, porque la imagen del país es negativa: venir a Nicaragua representa un riesgo. El sector de la construcción, el del comercio y el de servicios estaban cada vez más afectados. El consumo se había reducido en un 70% y en consecuencia, la recaudación fiscal había caído bruscamente.

La anormalidad se reflejaba también en las calles. Cuando cae la noche cae gran parte de la actividad en ciudades y zonas rurales. Son muchas las familias que dejaron de enviar sus hijos a las escuelas para protegerlos de la inseguridad. Son miles los alumnos y alumnas de las Universidades del país que no han terminado el año académico. Muchos porque tuvieron que huir del país. Otros porque se declararon en “rebeldía académica” con la consigna “Sin autonomía, calles llenas y aulas vacías”. Otros porque temen llenar las aulas y ser víctimas de la cacería de jóvenes que el gobierno ha desatado. Otros porque por la crisis económica sus familias ya no les pueden pagar los estudios.

RECUPERAR LAS CALLES
Y HACER SENTIR QUE “YA PASÓ TODO”

Ciertamente, a cinco meses después de abril se redujo el número de asesinatos, pero nunca se detuvo la cacería de jóvenes y de cualquier persona sospechosa de haber participado en las protestas. Las continuas detenciones ilegales, que han multiplicado el número de presos políticos impiden que la población “sienta” que el país ya está normal.

El régimen ha buscado “normalidad” promoviendo en los municipios competencias deportivas, ferias de comida o de artesanías, eventos musicales… Los noticieros de los canales oficiales están llenos de “noticias de normalidad”. Las tomas buscan mostrar la masividad de la participación y la alegría de los participantes, pero no siempre lo logran.

Para imponer “normalidad”, el régimen decidió recuperar el control de las calles. Las últimas marchas azul y blanco masivas que se realizaron en Managua sin ser impedidas ni intimidadas en su origen fueron las del 15 y el 18 de agosto. A partir de esas fechas hubo cuatro marchas masivas en Managua pero siempre intimidadas y asediadas. La población las burló y siguieron otras rutas no previstas. En la del 23 de septiembre, la última que fue especialmente asediada, un paramilitar a vista de periodistas y participantes, asesinó de un tiro a un chavalo de 16 años, Matt Romero. Así, hasta que el 28 de septiembre, la Policía, en un comunicado ilegal declaró “ilegales” las marchas…

Otro método que empleó el régimen desde septiembre para recuperar las calles fue organizar continuas marchas de apoyo a Ortega con empleados públicos principalmente, y en Managua tomarse diariamente todas las rotondas de la capital, con números fijos de empleados públicos que, unos por las mañanas y otros por las tardes deben realizar ese “trabajo”. El objetivo es imponer a la población la imagen de que “el comandante se queda”, que la población sienta que “ya ganaron” y que “ya pasó todo”.

CINCO MESES DESPUÉS…

Cinco meses después de abril, la pregunta acuciante en todas partes era ya cómo, cuándo, terminará esto, cuál será la solución, pues era palpable que el conflicto que detonó el estallido de abril no se había resuelto ni se resolverá imponiendo o reprimiendo, sea porque la economía le estaba poniendo límites a la pretensión de Ortega de “quedarse”, sea porque la mayoría de la población mantenía firme la determinación de impedirlo y lograr un cambio.

En septiembre nadie negaba que la brutal política del terror había tenido sus efectos. Había afectado el ímpetu inicial de las protestas cívicas. Hay cienes de hogares enlutados por los muertos. Hay miles de hogares atendiendo aún a heridos graves. Y otros centenares de hogares desesperados por sus familiares capturados, apresados y enjuiciados como terroristas. Miles de personas habían tenido que huir a Costa Rica buscando salvar sus vidas. El colapso de una economía de por sí frágil había dejado ya otras miles en el desempleo y estaba a las puertas una severa crisis financiera.

¿VAMOS GANANDO?

Una de las consignas que más ha pegado en la población es la lanzada todos a diario por el analista político Jaime Arellano, que entrevista en el canal de televisión 100% Noticias a personajes de la vida nacional. “Vamos ganando”, reitera apasionadamente Arellano y lo argumenta de forma didáctica.

Ciertamente, Daniel Ortega y Rosario Murillo están ya derrotados estratégicamente. La derrota estratégica de Ortega se basa en su ilegitimidad, una mancha que lo acompaña desde su reelección en 2016, cuando se apropió del gobierno por tercera vez consecutiva en unos comicios sin oposición, sin observación, ni nacional ni internacional y con índices de abstención nunca vistos en el país.

La derrota estratégica de Murillo es que con la brutalidad represiva con la que ella y él respondieron al despertar de la conciencia jamás conseguirá lo que soñó: llegar a la Presidencia de Nicaragua. La represión hizo ilegítimos a ambos y derrotó el modelo que construyeron durante una década.

El movimiento insurreccional de buena parte del pueblo nicaragüense contra el régimen de Ortega va “ganando” estratégicamente al mantener e insistir, a costa de todo, en el carácter cívico y pacífico de la lucha. El precio que ha pagado ha sido altísimo. Es ese precio pagado en sangre y en dolor el que abrió finalmente los ojos de la comunidad internacional a lo que estaba pasando en Nicaragua. Eso ha aislado a Ortega, lo ha desenmascarado y lo mantiene acorralado. Por los ojos de repudio con los que hoy lo mira el mundo, la rebelión cívica va ganando.

UNA JUVENTUD VALIENTE
Y UNA NACIÓN MÁS UNIDA

Otras ganancias, estratégicas por ser promesas de un futuro mejor para Nicaragua, tiene en su haber la rebelión cívica. Una es el despertar de la juventud, que con valor y decisión abrió el camino para el despertar de muchos. Otra es la incipiente y embrionaria unidad nacional a la que la gravedad de la crisis ha llevado a diversos sectores sociales, a variados intereses y a distintas generaciones para enfrentar juntos a la dictadura.

Después de abril la rebeldía se convirtió en virtud para buena parte de la juventud, que se rebeló contra “el pensamiento único” que trató de imponer el régimen. Mucha de la juventud rebelde tiene raíces sandinistas. La rebelión tiene en su haber el que han quedado más definidas que nunca las fronteras entre Sandinismo y Orteguismo, ganancia más significativa teniendo en cuenta que en el proyecto dinástico era central transmutar el partido FSLN apartando a los combatientes y militantes históricos, con trayectoria y memoria histórica, para rehacerlo con jóvenes, sin otro requisito que ser ciegamente incondicionales del culto a la personalidad de Ortega.

La crisis ha demostrado también que existen en nuestro país sólidos liderazgos nacionales y locales, jóvenes y no tan jóvenes, empresariales y sociales, de mujeres y de hombres. Contamos con un capital humano a la altura de lo que está exigiendo el presente y coherente con los desafíos que traerá un futuro que desde este tiempo de tantas incertidumbres, y de tantas esperanzas, ya avizoramos cada vez más complejo.

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