Nicaragua
Las tres chispas que hicieron estallar el volcán de abril
Equipo Envío
La insurrección de abril fue precedida por tres hechos provocados por el propio gobierno. Acostumbrados durante una década a abusar de su poder absoluto sin mayor reacción, el régimen se convirtió en el principal desestabilizador de su modelo.
EN LA MIRA DEL GOBIERNO, LAS REDES SOCIALES
El 12 de marzo la Vicepresidenta Rosario Murillo anunció que pediría al Poder Legislativo que realizara un “gran debate nacional” porque “podemos estar siendo influenciados negativamente” por las redes sociales. El anuncio se entendió como una amenaza de control y censura en un espacio aún fuera del control gubernamental.
Fue la juventud la que se preocupó más, pero no salió a las calles a protestar. Tal vez no lo hizo porque pasaban los días y nadie terminaba de aclarar cómo el gobierno ejercería el control que anunciaba.
La juventud que protagonizó el estallido de abril llevaba ya años “viviendo” en las redes sociales. Nicaragua se conectó tarde al Internet, hasta en 1994, y el uso de la red global tuvo un avance muy lento durante muchos años. Y hasta hoy, a pesar del crecimiento vertiginoso experimentado en los últimos cuatro años, Nicaragua es el país menos interconectado de Centroamérica y la brecha entre quienes en Nicaragua acceden al Internet y quienes se quedan fuera es la más amplia de la región. En junio de 2008 ENITEL (Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones) comenzó a ofrecer la conexión a Internet vía teléfono celular en Managua. Desde entonces la brecha tecnológica comenzó a cerrarse rápidamente.
El boom de las redes sociales agarró mayor velocidad en 2014, cuando el gobierno captó que era importante “enganchar” a la juventud a esa herramienta y puso en marcha la “estrategia de comunicación virtual en parques”. Consistió en instalar wi-fi libre y gratuito en los parques, primero en los de Managua y poco a poco en los de las principales cabeceras municipales. El proyecto resultó inmensamente popular, por ser mayoritaria la cantidad de gente, especialmente jóvenes, que tenían teléfono celular, pero no podían pagar el Internet en sus casas.
LA REDES SOCIALES: UN BOOMERANG INESPERADO
El proyecto del wi-fi en los parques no era inocente. No sólo buscaba crear un país interconectado de forma gratuita. También quería “entretener” a la juventud para impedir que se vieran atraídos a participar en cualquier protesta social.
No había olvidado el gobierno lo ocurrido en junio de 2013, cuando fue la primera vez en que las redes sociales -entonces incipientes-, con la etiqueta #OcupaINSS movilizaron a centenares de jóvenes universitarios de Managua a apoyar, en las calles y durante una semana, la protesta de un grupo de ancianos y ancianas, que no habiendo podido cotizar las semanas que establece la ley, y en representación de miles de ancianos en la misma situación, reclamaban al INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) una pensión reducida. La protesta fue pacífica y el número de jóvenes que se unían a ella crecía día tras día. El gobierno decidió sofocarla. Y en el primer fin de semana reprimió a la juventud con extrema violencia valiéndose de sus fuerzas de choque. Dos días antes el diputado oficialista Gustavo Porras calificó la protesta de la juventud como “una conspiración de la derecha”. Unos días después de aquella violencia la juventud se replegó y no volvió a las calles.
La chispa que encendió OcupaINSS no se apagó… OcupaINSS fue el antecedente del estallido juvenil de abril de 2018 y tuvo varias similitudes: jóvenes de Managua defendiendo a ancianos, jóvenes universitarios convocados por las redes sociales, un régimen que responde con una represión violenta… La variable es que los jóvenes de abril ya estaban más familiarizados con las redes sociales.
Si en junio de 2013 fueron los teléfonos inteligentes de los universitarios con más capacidad económica los que movilizaron a la juventud, cinco años después los teléfonos más sencillos de muchísimos más jóvenes que llenaban los parques con wi-fi gratuito tejieron las redes de la rebeldía en todo el país. Muchos adultos creíamos que la juventud estaba absorta, enajenada con ese “juguete” tecnológico, abril nos demostró que era sólo cuestión de tiempo.
UNA CATÁSTROFE ECOLÓGICA Y EL PODER DE LA EMOCIÓN
La otra chispa que hizo estallar el volcán en abril fue el incendio iniciado el martes 3 de abril en la Reserva Biológica Indio-Maíz.
Un fuego incontrolable comenzó a extenderse desde ese día por el valiosísimo bosque tropical húmedo que cubre el sureste de Nicaragua, fronterizo con Costa Rica, un tesoro biológico de valor intangible para Nicaragua y Centroamérica. Acostumbrados a un irresponsable modo de gobernar, en el que las decisiones siempre están ultra-centralizadas, la Vicepresidenta Murillo minimizó el incendio y el gobierno no comenzó a reaccionar hasta el 6 de abril.
Acostumbrados también a gestionar cualquier evento de importancia o silenciándolo o tergiversándolo si no pueden esconderlo, el gobierno se resistió a solicitar ayuda internacional, rechazó la que le ofrecieron bomberos costarricenses, militarizó la zona, impidió a periodistas y ambientalistas independientes ingresar a la reserva y hasta amenazó con retirar su personalidad jurídica a la Fundación del Río, primera organización nacional que encendió la alarma el mismo día 3, con informaciones que recibía directamente de las comunidades ramas y krioles que habitan en la zona incendiada.
Fue la juventud, que en Nicaragua como en todo el mundo, ha ido desarrollando una conciencia de responsabilidad ambiental, intuyendo que el mundo que heredarán está en grave peligro, la que salió a las calles preocupada por la reserva. Desde el primer momento, y día tras día, la entrada de la Universidad Centroamericana (UCA), en el centro de la capital, se convirtió en espacio de las protestas universitarias.
El 11 de abril eran más de 300 los jóvenes de varias universidades, autoconvocados #SOSIndioMaíz en las redes, quienes se mantuvieron durante algunas horas frente a la UCA. “Ortega negligente” decía una de las pancartas. En otro punto del centro de Managua, y con el habitual pulso que el gobierno organiza para “no perder las calles”, unos mil miembros de la Juventud Sandinista (JS) alababan el trabajo gubernamental para apagar el fuego. Hasta ese día no hubo represión.
El 12 de abril creció el número de jóvenes frente a la UCA. Cuando pretendieron marchar por calles céntricas de la capital, reclamando información veraz sobre el incendio, aparecieron por primera vez policías antimotines para impedirlo. Golpearon a varios jóvenes, mientras otros policías protegían la contramarcha de la JS, que desfiló acuerpada por las amenazantes fuerzas de choque del gobierno: hombres en moto, cubierto el rostro con el casco y armados con garrotes o armas de fuego.
Finalmente, el 13 de abril un copioso diluvio, muy frecuente en esa región, el que apagó el incendio. En uno de los seis canales de televisión oficiales un “especialista” dijo que se sentían “muy optimistas” porque se había perdido menos del 2% del bosque.
Otra fue la visión del director del Centro Humboldt, Víctor Campos, quien afirmó que el daño era “irreversible” porque la pequeña zona quemada estaba precisamente en la zona núcleo de la reserva. “Es la mayor catástrofe ecológica en la historia de nuestro país”, se lamentó el científico Jaime Incer Barquero.
LA CHISPA INMEDIATA: LAS REFORMAS AL SEGURO SOCIAL
El gobierno dejó de hablar del incendio y de cómo paliar sus consecuencias. Seguramente pensó que, al igual que las llamas, la conciencia juvenil ya se había apagado. Tal vez no saben que la neurociencia nos ha enseñado que las grandes decisiones que los seres humanos tomamos comienzan siempre con una emoción, nunca con un análisis racional. Las protestas ambientalistas habían dejado ya un enorme acumulado de nuevas emociones en una inicial masa crítica de la juventud universitaria de Managua.
Tan seguro estaba el gobierno de que ya lo tenía todo bajo control que apenas tres días después de cesada la indignación juvenil por el incendio en Indio-Maíz, el lunes 16 de abril en la tarde, Roberto López, presidente del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social), anunció cuáles serían las reformas que finalmente el gobierno implementaría para evitar el colapso financiero de la institución.
Sin decir una sola palabra de las razones estructurales de la crisis del INSS, que, además del natural envejecimiento de la población, tienen que ver con la conocida corrupción del régimen en la institución. López detalló los números de una reforma que dijo “dará un respiro” a las quebrantadas finanzas del INSS durante los próximos diez años.
Como el seguro se quedaría sin dinero para pagar pensiones antes de terminar 2018, el gobierno tenía urgencia y decidió salir al paso a la quiebra por la vía más fácil: sacándole dinero a todo mundo. Los trabajadores asegurados cotizarían más (de 6.25% a 7%), los empleadores cotizarían más (de 19% a 22.5%), a los jubilados se les descontaría un 5% de la pensión y a los nuevos jubilados se les calcularía su pensión en un 10% menos. La contribución del Estado era claramente insuficiente.
No fue una reforma de corto plazo, sino de cortísimo plazo, incluso movida por la desesperación y pensada desde el poder absoluto que no escucha y que no debate.
UNA REFORMA CORTOPLACISTA Y “POR SUS PISTOLAS”
Para salvar al INSS había otro camino, que hubiera supuesto autocrítica y escucha de los expertos en seguridad social del país, que han insistido en opciones de más largo plazo y más justas: eliminar gastos administrativos injustificables y turbias inversiones realizadas con los fondos del INSS, trasladar al presupuesto gastos del seguro social que no se basan en las cotizaciones, conseguir una gestión más transparente, garantizar la autonomía de la institución, dejando de ser coto de empleados muy bien pagados por su lealtad al partido de gobierno.
Pero el gobierno no dialogó con los especialistas ni siquiera tuvo en cuenta a sus aliados de la clase empresarial. Se impuso “por sus pistolas”, en argot nica. Actuaron con la habitual arrogancia que da el poder absoluto.
Como había sido habitual durante años el gobierno decidió cortoplacistamente y presentó aumentos y recortes decididos tras un conflicto con la cúpula empresarial y como una defensa de los trabajadores, no sometiéndose al FMI, que venía sugiriendo desde hacía años aumentar la edad de la jubilación y las semanas a cotizar para obtener una pensión. El gobierno calculó que si sus activistas repetían por doquier que no se modificaba la edad de jubilación (60 años) ni las semanas de cotización (750), que los jubilados recibirían su aguinaldo en Navidad y que el gobierno “revolucionario” no había “obedecido” al FMI, todos los afectados por las reformas quedarían conformes.
Calcularon que la élite empresarial se quejaría, pero terminaría arreglándose con ellos. Después de una década de un gobierno corporativo, donde los empresarios habían ocupado más de 40 cargos en instituciones estatales y habían sido co-artífices en la elaboración de decenas de leyes, donde el corporativismo, denominado “modelo de diálogo y consenso”, hasta se incluyó en el texto de la Constitución, pensaron que el “desentendimiento” con la clase empresarial sería pasajero y manejable.
Lo que quedó fuera del cálculo del régimen fue el espeso caldo de rechazo que se venía cocinando en toda la sociedad, especialmente entre los jóvenes.
El día 18 los universitarios volvieron a salir a las calles en León y en Managua. Por el 5% que el gobierno les quitaba a sus abuelos y a sus abuelas. Por las reformas al seguro social. Y por todo. Por el ya insoportable yugo de un autoritarismo sin límites. Y estalló la conciencia.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica