Nicaragua
En resistencia contra la estrategia del terror
Equipo Envío
A partir del 30 de mayo, después del ataque a la marcha del Día de las Madres, la estrategia del régimen para enfrentar la rebelión popular quedó aún más clara: el recurso a la represión (desmantelar los tranques tirando a matar) y el recurso al terror (amedrentar comarcas y barrios día y noche), acciones todas protagonizadas por la Policía y paramilitares en todo el territorio nacional, con la complicidad de las autoridades locales leales a Ortega.
“RECHAZAMOS CUALQUIER
RESPONSABILIDAD EN LA VIOLENCIA”
La estrategia del régimen se basó en reprimir negando la represión. Negando también la insurrección de abril, que los había convertido en minoría social y en minoría política y que, de adelantarse las elecciones, los convertiría muy probablemente en minoría electoral.
El 31 de mayo, todavía estupefacto el país después del sangriento Día de las Madres, el régimen hizo pública una nota de prensa para dar a conocer su posición. El punto 5 y el 8 de ese texto muestran un grado de cinismo que contradice todo lo que los representantes de Ortega habían asumido días antes en el diálogo respecto a cumplir con las recomendaciones del informe de la CIDH y mostraban que estábamos entrando en otra etapa de profundización de la represión.
“5. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional denuncia enfáticamente todos los crímenes que se han cometido desde el 18 de abril, rechaza cualquier responsabilidad en esa violencia, y afirma categóricamente que cumpliremos nuestro deber de evitar más derramamiento de sangre, más enfrentamiento fratricida, más montajes calumniosos, demostrando cada día de dónde proviene esta acción que busca entronizar el caos acusándonos, cuando la principal prueba de su falacia son los 11 años de Paz, Justicia y Desarrollo, que en Cristianismo y Solidaridad ha conocido Nicaragua”.
“8. En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno, por lo que no podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos, y que a partir de acusaciones infundadas se pretenda restringir la aplicación del deber constitucional de las fuerzas del orden público de contribuir a asegurar a las familias”.
EL INCIERTO “FACTOR ALMAGRO”
El gobierno combinó su estrategia de terror y negación con el “factor Almagro”.
El 1 de junio el régimen publicó el cronograma elaborado bilateralmente con la secretaría general de la OEA, que preside Almagro, cuyo objetivo era el “fortalecimiento de las instituciones democráticas de Nicaragua”. Seguramente ese documento tenía una fecha previa, pero decidieron publicarlo hasta el 1 de junio para dejar claro lo que piensan hacer: seguir reprimiendo porque son víctimas de “una conspiración” y negociar solamente con la OEA todo lo referido a la democracia, sin participar nuevamente en el proceso de diálogo con la Alianza Cívica. El cronograma, que no tuvo en ese momento un desmentido de Almagro, parecía diseñado para llevar al país hasta 2021, cuando Ortega concluiría su período.
LAS “OPERACIONES LIMPIEZA”
Más que las movilizaciones, marchas y plantones masivos de abril y mayo, tranques y barricadas defendiendo a la gente del ingreso de las fuerzas policiales y parapoliciales, organizando territorialmente a la población y concitando la solidaridad de otros pobladores para “mantener” el tranque o la barricada con la donación de alimentos y medicinas, se convirtieron en el único instrumento de presión cívica sobre el régimen que era permanente, que estaba ahí de día y de noche y que lograba cubrir todo el país.
La estrategia de terror del régimen priorizó desde junio el desmantelamiento a sangre y fuego de tranques y barricadas, atacando, secuestrando, encarcelando, también asesinado, a quienes los resguardaban y respaldaban... Auténticos operativos militares se desarrollaron con ese objetivo por todo el país.
Después del desconcierto y los niveles de improvisación que había evidenciado el régimen en los primeros momentos de abril, su apuesta fue organizar un auténtico ejército terrorista, armando con armas de guerra a policías y a centenares de paramilitares que, acompañados por la Policía, cubrieron todo el territorio nacional.
Para conocedores del Ejército, es de los arsenales del Ejército de donde salieron las armas que han usado las fuerzas paramilitares y estas fuerzas, integradas entre otros por asesinos excarcelados para ese trabajo, por pandilleros y narcotraficantes, contaron también con ex-miembros del Ejército, quienes las dirigen, encapuchados, siguiendo en las “operaciones de limpieza” una estrategia con las características de un operativo bélico. Como nunca ha habido respuesta para la pregunta de por qué no ha desarmado el Ejército a los paramilitares contribuye a dar veracidad a la hipótesis de la complicidad del Ejército en los operativos.
UN ESTADO DE SITIO DE FACTO
Las caravanas de fuerzas irregulares -se les denomina paramilitares, parapoliciales, terceros armados…- comenzaron a moverse acompañadas y resguardadas por patrullas de la Policía llenas de efectivos de la Policía y antimotines.
A los “paras” encapuchados, que inspiraban más terror, se les asignó el trabajo sucio: allanamiento de viviendas -a veces saqueadas- y captura de personas. Vecinos pertenecientes a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) entregaban a los paramilitares listas con nombres y dirección de quienes sabían o sospechaban que estaban participando en protestas o en tranques para que los capturaran y llevaran a la cárcel. A otros los torturaron y asesinaron.
En la capital y en el resto del país este accionar criminal provocó en junio y julio un estado de sitio de facto que la propia población se impuso. Cuando caía la tarde la gente se encerraba en sus casas, pero ni siquiera entonces se sentía segura, porque los operativos de limpieza y de captura, también los incendios y saqueos, ocurrían a cualquier hora.
Ocho meses después, este temor a la noche lo mantiene buena parte de la población, especialmente en zonas rurales, en donde todavía circulan campantemente los para¬militares.
SON PRESOS POLÍTICOS
La estrategia del terror se instaló en todo el país a la par de la criminalización de quienes protestaban. Los encapuchados capturaban y llevaban a los así secuestrados ilegalmente a estaciones de la Policía y con más frecuencia a la cárcel de Auxilio Judicial de Managua, conocida como El Chipote.
Detenidos durante un número indeterminado de días, lo que es ilegal, y sin dar información a sus familiares y mucho menos sin permitirles acceso a la defensa, los amenazaban, los golpeaban. Y a quienes consideraban con más liderazgo, los torturaban para obtener información y los han judicializado achacándoles delitos que nunca cometieron.
Éste ha sido un patrón generalizado en todo el país, un patrón que no ha variado en ocho meses. En diciembre, cuando no hay un solo tranque en todo el país, todos fueron desmantelados en julio, se mantenía la cacería de personas.
El CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) recibió cinco denuncias diarias de detenciones ilegales, ejecutadas en el mes de junio. Al finalizar ese mes, la Policía empezó a trasladar a los que mantenía secuestrados en El Chipote a la cárcel Modelo de Tipitapa. La Comisión pro Derechos Humanos (CPDH) ha hablado de la existencia de cárceles clandestinas en donde hay pruebas de que se han practicado torturas.
En las afueras de El Chipote, una prisión usada por Somoza para torturar a sus opositores, se aglomeraron a diario, en junio y hasta mediados de julio, madres, hermanas, padres, familiares de los detenidos, preguntando por los suyos, llevando en las manos cartulinas con sus nombres y sus fotos. El 22 de julio el régimen instaló de forma permanente a turbas para que hostigaran a los familiares e impidieran que el lugar siguiera siendo un espacio para la reunión y la protesta. Al llegar noviembre el régimen tenía 600 presos políticos, buena parte de ellos acusados de “terrorismo”.
LA IGLESIA DESAFÍA EL TERROR
En ausencia de partidos políticos creíbles, los obispos de Nicaragua se han ganado un enorme reconocimiento en esta etapa de la historia nacional. A pesar de sus fragilidades, el papel que han jugado ha resultado imprescindible e insustituible.
La realidad ha convertido a la jerarquía de la iglesia católica, no sólo a los obispos, todavía más a sacerdotes, párrocos, a religiosos y a religiosas, en el sector más creíble y confiable. No había otra institución política, ni otra organización social, con presencia nacional, capaz de asumir ese papel cuando en abril la ciudadanía se rebeló contra el régimen. Desde esos primeros momentos los representantes de la iglesia católica fueron respondiendo a cada vez más retos con compromiso y espíritu de servicio.
En una situación tan extrema, como la que había previsto desde 2017, y siguiendo el mandamiento básico de las grandes religiones de la humanidad, y de la ética más esencial, que ha escrito en la conciencia de los seres humanos “no matarás”, los líderes católicos se han puesto claramente del lado de la gente que ve en peligro su vida y la de los suyos y han protegido a los perseguidos, curado a los heridos y acompañado a quienes luchan por un cambio en el país.
“DIOS ESTÁ CON NOSOTROS”
Ortega y Murillo, quienes pensaban tener bajo control a los líderes de la iglesia católica se equivocaron y hoy los consideran enemigos. Ésta es una de las grandes debilidades del régimen, todavía mayor tratándose de un pueblo tan religioso.
La religiosidad popular, en todas sus expresiones, está de mil modos presente en la rebelión cívica. Imágenes de la Virgen en los tranques de las carreteras y entre los adoquines de las barricadas, autoconvocados con rosarios al cuello o marchando en una mano la bandera y en otra el rosario, pidiendo tiempo en la radio para compartir oraciones que improvisan o basan en textos bíblicos. “Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?” se lee en pancartas en las movilizaciones.
Del lado evangélico, los creyentes de esas denominaciones (un 40% de la población nacional) y los pastores locales también apoyan a la gente y la protegen, de modo similar a como lo hacen los católicos. Los dirigentes evangélicos más conocidos, los más mediáticos, no. Callan o defienden al gobierno abierta o implícitamente, cuando insisten en que “de todos lados hay violencia”, sin señalar quién la inició y cuánta es la desigualdad de fuerzas en esta lucha.
LAS CIFRAS DEL TERROR
El terror aumentó sensiblemente en junio. El día 26 la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) brindó las cifras que había recogido a partir de las denuncias que recibió entre el 18 de abril y el 25 de junio.
Informó de 285 personas asesinadas en el contexto de las protestas, 262 plenamente identificadas y 23 aún en proceso de investigación.
El 96.2% de los muertos eran civiles, el 3.8% policías.
El 56.1% de los muertos (127) tenía edad identificada.
De ellos 21 eran niños y adolescentes y el resto jóvenes menores de 30 años.
La mayoría de los muertos (145) cayeron en Managua.
El municipio de Masaya seguía a la capital en número de muertos: 30.
El 82.2% (235) de los muertos fueron heridos con arma de fuego.
El disparo fue en la cabeza en el 32% de los casos.
La ANPDH contabilizaba 1,500 heridos atendidos en centros hospitalarios, de los cuales 46 han quedado lisiados de forma permanente. Contaba para esas fechas 72 detenidos ilegalmente y 201 que ya lo estuvieron y fueron liberados con señales de haber sufrido torturas y tratos degradantes. Y contabilizaba a 156 personas desaparecidas.
Tan sólo una semana después, y hasta el 2 de julio, la ANPDH contabilizaba ya 309 muertos, 297 de ellos civiles y 253 víctimas de armas de fuego. Cifró en 158 las personas desaparecidas y en más de 200 las detenidas ilegalmente. Todas estas cifras nunca han dejado de aumentar, con variaciones según el recuento de los distintos organismos de derechos humanos.
LAS CIFRAS DEL DESPLOME DE LA ECONOMÍA
En el pulso entre el obcecado aferramiento al poder de Ortega y de Murillo y la determinación de la gente en resistir a ese poder, también al terror y al miedo, la economía nacional comenzó a desplomarse desde abril.
La más resentida ha sido la economía popular: centenares de pequeñas y medianas empresas, de turismo, comercio y servicios fundamentalmente, comenzaron a cerrar o a trabajar menos horas, despidiendo de forma permanente o temporal “hasta nuevo aviso” a miles de personas, una auténtica tragedia en un país en el que el 80% de las empresas son pequeñas y medianas y en donde el desempleo, el subempleo y el empleo informal son los principales problemas de la gente.
Especialmente resentido se vio el turismo. La violencia desatada por el gobierno y el convulso ambiente convirtieron a Nicaragua en un destino poco atractivo, hasta peligrosa. La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo Lucy Valenti fue la primera, y hasta diciembre, la única representante de una cámara gremial del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) que le pidió a Ortega públicamente su renuncia. Según los cálculos de la Cámara de Turismo, las pérdidas alcanzaban ya en junio los 200 millones de dólares y de los 120 mil empleos que garantizaba el turismo ya se habían perdido unos 60 mil.
El masivo y repentino desempleo y el temor a la violencia desatada por el régimen provocaron que a partir de junio centenares de personas, especialmente jóvenes, buscaran apresuradamente su pasaporte para salir del país. Largas y diarias filas en las oficinas de migración eran diarias.
En octubre eran más de 40 mil los nicaragüenses que pedían refugio en Costa Rica. Otras opciones eran Panamá y España. Terminando junio, el Presidente del Banco Central tuvo que reconocer que la meta de crecimiento que el gobierno había fijado para 2018, entre 4.5% y 5% y que hasta entonces pretendió mantener intacta, no era realista: el crecimiento estaría entre el 0.5% y el 1.5%. Con la economía hundida por la crisis y el incremento de la migración lo único que podría crecer serían las remesas familiares.
“ES UN GOLPE DE LA OLIGARQUÍA”
Horas después de que hablara el Banco Central, FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social), vio más negativas las cosas. Proyectó que “tras 72 días de crisis, y ante la falta de voluntad del gobierno para buscar una salida negociada”, en 2018 la economía había perdido ya más de 600 millones de dólares y podría llegar a perder 1,400 millones. FUNIDES calculó que el año cerraría con crecimiento negativo, que el PIB caería entre –0.03% y –5.6% y anunció que se habían perdido en todo el país 215 mil empleos.
Juan Sebastián Chamorro, director de FUNIDES y miembro de la Alianza Cívica, dijo que el país atravesaba por una crisis económica “histórica, la más significativa después de la de 1978” -cuando se intensificó la insurrección contra Somoza-. “Desde 1978 no había ocurrido una recesión tan grande viniendo el país de un crecimiento positivo”, dijo. Consideró muy difícil pronosticar cuánto tiempo costaría recuperar la economía. Para algunos analistas, las consecuencias económicas de la crisis política superaban ya en el mes de en junio el daño que habría causado la aprobación de la Nica Act en el Congreso estadounidense.
A los cálculos de FUNIDES siguieron días después nuevas cifras oficiales. Éstas venían acompañadas de una “interpretación” de la crisis. Las dio el Ministro de Hacienda Iván Acosta, diciendo que eran 250 mil los desempleados como resultado de “un golpe de Estado a la estabilidad del país y a la economía” nacional provocado por “la oligarquía en nombre de la institucionalidad”.
TOMAS DE TIERRAS:
UNA POLÍTICA DE VENGANZA
La estrategia de terror y la apuesta por el caos que llevaba adelante el régimen tocó también a los empresarios con una campaña bien organizada de invasión de fincas y de terrenos privados.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, una de las cámaras empresariales del COSEP, denunció el 20 de junio en un comunicado “un incremento desmedido de invasiones de fincas de nuestros asociados que, al margen de la ley y vulnerando el derecho de la propiedad privada, se comenzaron a registrar desde la primera semana de junio en León y Chinandega y que se han extendido a zonas de Managua, Rivas y Estelí”. Las propiedades invadidas tenían entre 50 y 700 manzanas. A finales de junio habían sido ya invadidas 4 mil manzanas de tierras agropecuarias. En noviembre eran más de 7 mil y algunas habían sido desalojadas por la fuerza por agentes de la Policía, porque en el caos reinante en el país algunas personas se tomaron tierras estatales o pertenecientes a la familia presidencial o a sus allegados.
Con este plan de invasión de tierras, Ortega se vengaba de los empresarios que han respaldado movilizaciones, protestas, tranques o participaron en el diálogo nacional. El impacto futuro de esta promovida anarquía hará más difícil de resolver los problemas de propiedad aún pendientes que arrastraba el país desde el tiempo de las confiscaciones de los años 80.
LA RESISTENCIA DE NICARAGUA LLEGA A LA OEA
La determinación de la resistencia cívica en rebelión contra el régimen ha requerido desde el comienzo de apoyo internacional. Si en junio se desató el terrorismo de Estado, también junio trajo al escenario de la crisis nuevas presiones internacionales sobre Ortega, empezando por las de la OEA. El 5 de junio, en la Asamblea General de la OEA celebrada en Washington y dedicada al tema de Venezuela, la crisis de Nicaragua logró entrar en la agenda del día. No estaba previsto. Irrumpir en ese espacio continental fue un enorme logro de la delegación de la Alianza Cívica, que se desplazó hasta Washington para hacer oír la voz de Nicaragua. Desde ese día la resistencia ciudadana contó con una mayor atención del continente a lo que pasaba en Nicaragua.
La “Declaración en apoyo al pueblo de Nicaragua” aprobada en la OEA el 5 de junio fue presentada en conjunto por el gobierno de Estados Unidos y el de Nicaragua. La firma del representante de Ortega en esta declaración causó sorpresa y suspicacias. El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, las despejó, aclarando después que, según los procedimientos del organismo, sólo con el respaldo del gobierno de Nicaragua se podía conseguir una declaración de ese tipo.
En el plenario de la Asamblea, Trujillo fue explícito: la declaración marcaba el comienzo de la participación de los Estados miembros de la OEA “en la grave situación en Nicaragua” y tenía por objetivo poner fin a “la violencia perpetrada contra la población por el gobierno y sus partidarios y eliminar las prácticas antidemocráticas que el gobierno ha instituido en la última década”.
Y para disipar cualquier sospecha afirmó: “Seamos claros: el gobierno nicaragüense tiene la responsabilidad principal de cumplir con el llamado que hace la declaración al “cese inmediato de actos de violencia, intimidación y amenazas contra el público en general” (ése era el tibio párrafo que se leía en la declaración). Es el gobierno nicaragüense el que ha cometido crímenes graves contra manifestantes pacíficos y contra la propiedad”.
“CON VIOLENCIA NO HAY NEGOCIACIÓN”
Trujillo llegó días después a Nicaragua para una visita de dos días. Habló con los obispos, con los miembros de la Alianza Cívica y con Ortega. Bastante comedidos en sus declaraciones, tanto Trujillo como sus interlocutores, al abandonar el país se comprendió claramente el objetivo de la visita: lograr que Ortega enviara por fin invitaciones para venir a Nicaragua a la Unión Europea, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en una nueva visita, a la CIDH, a lo que se había negado insistentemente en el diálogo nacional.
Días después, y en entrevista con “La Prensa”, Trujillo comentó sólo algo sobre el contenido de la entrevista que había tenido con Ortega: “Le dijimos que Estados Unidos está sumamente preocupado por la violencia, que vamos a estar al tanto de las personas que son responsables de la violencia porque un día van a ser juzgadas por esos crímenes. Le dijimos que mientras haya violencia no hay negociación”.
CUATRO NICARAGÜENSES
SANCIONADOS POR LA LEY MAGNITSKY
Unos días después las palabras de Trujillo se hicieron realidad. El 5 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó la Ley Global Magnitsky a tres nicaragüenses del entorno más cercano a Ortega: a Francisco Díaz, jefe de facto de la Policía y consuegro de Ortega y Murillo; a Francisco López, tesorero del FSLN; y a Fidel Moreno, secretario político del FSLN en Managua.
En el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos se lee que Francisco Díaz “ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”, que Fidel Moreno “ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados pro-gubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas contra el gobierno”. Y que Francisco López es vicepresidente de ALBANISA, presidente de Petronic y tesorero del partido gobernante, y ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno…”
“Como resultado de estas acciones -dice el comunicado- quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de los sancionados dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Y a los estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones con las personas bloqueadas, incluidas con entidades que pertenecen o que están controladas por ellas”.
ORTEGA NO DA NINGUNA SEÑAL DE CAMBIO
El horizonte cerrado que fue dejando en el país la estrategia del terror generó todo tipo de especulaciones sobre una negociación que habría acordado Ortega con funcionarios de Estados Unidos para su salida del gobierno. La visita a Nicaragua en junio de Caleb McCarry, enviado con el aval del Departamento de Estado de Estados Unidos y del senador republicano Bob Corker, influyente presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dio pie a los rumores.
McCarry, experto en temas de transición, se reunió con los obispos y con miembros de la Alianza Cívica. También con Ortega y miembros de su familia ¿Qué salió de esa reunión? Tal vez Ortega le dijo a McCarry sólo lo que éste quería escuchar… Es muy posible que así fuera y así lo demostró el no ver después ni una sola señal de cambio dada por Ortega.
ALMAGRO DA SEÑALES DE CAMBIO
Antes de abril Ortega pensaba terminar su período en 2021 y arreglarse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el que ya había firmado un plan que conducía hasta esa fecha y haciendo sólo algunas reformas al deteriorado sistema electoral.
Pero con la irrupción del tema de Nicaragua en la OEA en junio el lenguaje de Almagro empezó a evolucionar al interpretar lo que pasaba en Nicaragua. En ocasión del incendio provocado por fuerzas parapoliciales que calcinó a seis personas de tres generaciones, incluidos dos bebés, el 16 de junio en su casa en un barrio de Managua, un hecho criminal que tuvo un eco internacional mayor que otros de los previamente cometidos por el régimen, Almagro se refirió, por primera vez y en un twitter, a un hecho que calificó como “represión”, calificando el crimen como “de lesa humanidad” y sentenciando: “No puede quedar impune”. Unos días después, cuando se preparaba una “operación limpieza” en Monimbó, apareció otro twitter de Almagro: “El pueblo de Masaya ha demostrado su heroísmo en las páginas más oscuras de la historia de Nicaragua. Condenamos cualquier tipo de ataque que atente contra la vida y la seguridad de los habitantes de Ticuantepe, Nindirí, Masaya y los Pueblos Blancos”.
El cambio mayor en el lenguaje de Almagro se produjo el 22 de junio en el seno de la OEA. Ese día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en Washington su Informe final sobre Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA. Hacía 15 años que el Consejo no se reunía para escuchar un informe de la CIDH.
La presentación fue precedida por unas palabras de Almagro, que continuó “modulando” su discurso, refiriéndose a “la represión”, aunque sin adjudicar todavía al régimen de Ortega la responsabilidad por ella. Ese día fue el propio Almagro el que “borró” del calendario electoral el año 2021 para proponer otras fechas: la más temprana, dijo, marzo de 2019 y la más lejana, dijo también, agosto de 2019.
“Se necesita esencialmente una respuesta política desde el poder. En la política -dijo- no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular. Es la voluntad popular la que debe prevalecer. Hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. Las elecciones deben ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua, el paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte”.
“ESTE INFORME NO TRADUCE
EL DRAMA DE NICARAGUA”
A las palabras de Almagro siguió la lectura del informe final de la CIDH. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo al presentarlo: “Este documento no es capaz de traducir integralmente el drama que viven hoy las personas en Nicaragua”. Y antes de que la relatora para Nicaragua en la CIDH Antonia Urrejola lo leyera, pidió a los represen¬tan¬tes de los países del continente ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por las víctimas de nuestro país.
El informe final reiteró la interpretación de los hechos que ya contenía el informe preliminar presentado en mayo en Managua,ratificó los patrones identificados de cómo actuaba la violencia estatal y ajustó las cifras: entre el 19 de abril y el 19 de junio, a dos meses del estallido, contabilizaban 212 personas muertas (entre ellas 16 menores de edad, 5 policías y un periodista); entre el 19 de abril y el 6 de junio eran 1,337 las personas heridas (entre ellas 65 policías); y en ese mismo período tenían información de 507 detenidos ilegalmente (421 de ellos jóvenes y adolescentes).
El informe llevaba adjunto los nombres de todas las personas muertas en Nicaragua en los primeros dos meses de la insurrección. A las 15 recomendaciones que el informe preliminar de la CIDH le había hecho al gobierno -no había cumplido ninguna-, el informe final añadía 9 recomendaciones más, que tampoco cumplió nunca el régimen.
“ES UN INFORME NOTABLEMENTE PARCIALIZADO”
En el pleno del Consejo Permanente el Canciller Denis Moncada, rechazó totalmente el informe, calificándolo de “subjetivo, sesgado y notablemente parcializado” y atribuyendo todo lo que ocurría en Nicaragua a “un proceso desestabilizador de un gobierno legítimo”, que inició, dijo, por la divulgación de una noticia falsa de un muerto en la UCA el 18 de abril, aunque no precisó ningún detalle sobre ese hecho, achacando a esa noticia falsa todo lo que siguió después: asesinatos, saqueos y motines...
Después que Antonia Urrejola leyera con voz firme el informe de la CIDH, trece países tomaron la palabra. Once (México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Canadá y Estados Unidos) agradecieron con discursos similares el informe, pidieron el fin de la violencia en Nicaragua y propusieron una salida democrática, constitucional y pacífica en el marco del diálogo nacional. Bolivia respaldó al gobierno de Ortega, aunque muy cautamente. Sólo Venezuela afirmó que en la crisis nicaragüense se ven “los mismos medios, narrativas y voceros” que se emplean contra el gobierno venezolano. La representación de Maduro rechazó el “malicioso” informe de la CIDH y “la forma atropellada” en que se había organizado esa sesión en la OEA.
No tomaron la palabra los representantes de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), que temen ser señalados por los problemas de derechos humanos que tienen lugar en sus países. Tampoco hablaron los pequeños países del Caribe, que reciben petróleo venezolano en términos concesionales por el acuerdo de Petrocaribe. Al finalizar la sesión, se anunció una próxima sesión del Consejo Permanente “para dar seguimiento a lo que pasa en Nicaragua”.
LLEGA A NICARAGUA
LA MIRADA INTERNACIONAL
Para observar lo que pasa en Nicaragua comenzaron a llegar en junio los equipos internacionales para monitorear la situación de los derechos humanos y para investigar algunos crímenes. Su llegada fue resultado de la presión internacional.
El domingo 24 llegó el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), integrado por tres personas del equipo técnico de la CIDH. Llegaron con el plan de coordinarse con los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para asegurar, con acciones y con sugerencias al Estado, el respeto a los derechos humanos en el país. En su primera semana en Nicaragua (25 de junio – 1 de julio), el equipo del MESENI confirmó 18 muertos de forma violenta y “múltiples heridos en el contexto de las protestas”. También constató una de las acciones más usuales en la política de terror del régimen: “hechos de represión selectiva que se manifiestan en detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques”. Recibieron también “abundante información de personas forzadas a huir de sus hogares para esconderse en casas de seguridad en otras partes del país y de quienes huyen del país buscando protección internacional y solicitando asilo”.
La delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) llegó el 25 de junio. Y el 3 de julio llegaron los cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), vinculado al cumplimiento de las 15 primeras recomendaciones de la CIDH, cuya misión sería investigar durante seis meses, prorrogables por otros seis meses, lo sucedido en el país entre el 18 de abril y el 30 de mayo. Abrão dijo que la misión del GIEI sería “tipificar conductas, identificar responsables y generar un plan de reparación integral para las víctimas”.
La desesperación, la impaciencia y la impotencia de las víctimas y de toda la población ante el terror promovido por el régimen, desbordó las expectativas de la gente sobre el poder de cambiar las cosas de los organismos internacionales para detener la represión y castigar a los culpables. Pero el mandato de esos organismos no es ni pacificar el país ni juzgar ni sancionar, es recomendar pautas para mejorar el respeto a los derechos humanos y es investigar algunos crímenes de forma independiente. El juicio y la sanción le corresponden al sistema de justicia nacional (Fiscalía y Poder Judicial), instituciones dirigidas por funcionarios que durante once años sólo han obedecido la voluntad de Ortega.
LA MARCHA DE LAS FLORES
A pesar de que junio terminó bañado en sangre, el país siguió resistiendo la estrategia del terror. Un mes después de la matanza en la multitudinaria manifestación del 30 de mayo, Día de las Madres, el 30 de junio los azul y blanco volvieron a llenar las calles de Managua en la “marcha de las flores”, convocada en memoria de los niños y adolescentes asesinados desde abril.
El primero, Álvaro Conrado, de 15 años, a quien mataron francotiradores de la Policía el 20 de abril cuando llevaba agua a los universitarios refugiados en la Catedral de Managua. El último para esas fechas, el bebé de 14 meses Teyler Lorío, víctima de una bala de paramilitares cuando su padre lo llevaba en brazos por la calle.
Ese día hubo marchas “de las flores” en Matagalpa, Somoto, Ocotal, León y en otros lugares, demostrando la resistencia popular al terror… También ese día hubo flores, luces, banderas azul y blanco y canciones nicaragüenses en 90 ciudades de 30 países del mundo. Los nicaragüenses que viven y trabajan lejos, unidos a ciudadanos solidarios de esos países, celebraron vigilias pidiendo que Nicaragua logre la justicia y la democracia, lo único que puede garantizar la paz y con la paz el fin de la violencia.
QUE EL FUTURO NO NOS SEA INDIFERENTE
En junio se hizo ya patente el masivo estrés emocional impuesto por la política de terror del régimen. Todo mundo padecía: perdió a un familiar o lo podía perder, perdió el empleo o lo podía perder, le asustaba lo que traía la noche y el día siguiente, le asustaba el futuro…
La espiral de violencia en la que el régimen Ortega-Murillo ya había sumido al país pretendiendo aplastar la insurrección cívica había convertido el presente de la mayoría de los nicaragüenses en un tiempo inaceptable, incomprensible en un país civilizado. Y en un futuro para el que la palabra “incertidumbre” se quedaba cortísima.
En junio, el terrorismo de Estado elegido como opción por Ortega y Murillo auguraba ya un futuro de características alarmantes, en las que serán necesarios descomunales esfuerzos para la reconstrucción moral y espiritual de nuestro país.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica